Javier Amastal Chapuli

Expediente 754/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
754/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
03/05/2017

Partes del expediente

  • Javier Amastal Chapuli

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el oficio 3658 signado por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, y atento a su contenido, se tiene a la citada autoridad informando que en proveído de veintiocho de abril pasado, tuvo por recibidas las pólizas de fianza 1682564 y 1683729, que le fueron remitidas mediante oficio 333 de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, del índice de este Juzgado. Cúmplase

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del incidente de suspensión, de los que se advierte que mediante interlocutoria y proveído, de trece y dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente (fojas 32 vuelta y 51), la parte quejosa exhibió las pólizas de fianza números 1682564 y 1683729, expedidas por la afianzadora Primero Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable, por las cantidades de $8,764.00 (ocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos, cero centavos moneda nacional) y $15,000.00 (quince mil pesos, cero centavos moneda nacional) la primera, con el fin de garantizar la posible multa a imponer y la segunda de éstas, para garantizar su libertad provisional bajo caución; es decir, ambas garantías fueron exhibidas para garantizar las obligaciones procesales a su cargo en la causa penal 183/2016, del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, y atento a que por auto de nueve de agosto de ese mismo año, se ordenó el archivo del expediente principal del cual deriva esta incidencia como asunto concluido, por lo que respecto de dicha libertad se le devuelve plena jurisdicción al juez de la causa. Por tanto, remítanse dichas pólizas de fianza al Juez de lo Penal de Cholula, Puebla (por conducto del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado), y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Se apercibe a dicho juez penal que de omitir hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Lo anterior para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO AL JUEZ DE LO PENAL DE CHOLULA, PUEBLA.Así lo proveyó y firma María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante el Secretario Hugo Alberto Carmona Olguin, quien autoriza y da fe.San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del incidente de suspensión, de los que se advierte que mediante interlocutoria y proveído, de trece y dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente (fojas 32 vuelta y 51), la parte quejosa exhibió las pólizas de fianza números 1682564 y 1683729, expedidas por la afianzadora Primero Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable, por las cantidades de $8,764.00 (ocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos, cero centavos moneda nacional) y $15,000.00 (quince mil pesos, cero centavos moneda nacional) la primera, con el fin de garantizar la posible multa a imponer y la segunda de éstas, para garantizar su libertad provisional bajo caución; es decir, ambas garantías fueron exhibidas para garantizar las obligaciones procesales a su cargo en la causa penal 183/2016, del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, y atento a que por auto de nueve de agosto de ese mismo año, se ordenó el archivo del expediente principal del cual deriva esta incidencia como asunto concluido, por lo que respecto de dicha libertad se le devuelve plena jurisdicción al juez de la causa. Por tanto, remítanse dichas pólizas de fianza al Juez de lo Penal de Cholula, Puebla (por conducto del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado), y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Se apercibe a dicho juez penal que de omitir hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Lo anterior para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 09 DE agosto DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de julio de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Se advierte que la sentencia de amparo emitida el veintidós de junio de dos mil dieciséis, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos de que el Juez responsable realizara lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de ocho de mayo de dos mil dieciséis (fojas 350 a 359, Anexo I), y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) De forma específica en el apartado del cuerpo del delito deberá precisar con qué medios de prueba se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito de DESOBEDENCIA Y RESISTENCIA DE PARTICULARES Y COHECHO, lo que deberá explicar de manera fundada y motivada, es decir, cómo es que con las pruebas que obran en autos, se demuestra que el activo, por lo que hace al primer ilícito: i) Empleó la fuerza, el amago o la amenaza, ii) Se opuso a que la autoridad Pública o sus Agentes ejercieran alguna de sus funciones o se resistió al cumplimiento de un mandato; y iii) Que este mandato sea legítimo o se ejecute en forma legal. Y, por lo que hace al segundo de los delitos: i) Que directamente o indirectamente, por sí o por interpósita persona, dió u ofreció dinero, algún servicio o cualquier otra dádiva; b) A la persona encargada de un servicio público, sea o no funcionario; y, c) Para que hiciera o dejara de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones. Lo anterior, a efecto de cumplir con la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener. b) Del mismo modo, deberá indicar con base en los elementos de convicción que obran en el expediente de origen, cuál fue la forma de autoría o participación en que incurrió el inculpado en la comisión del delito de COHECHO que se le atribuye, expresando las razones que tiene para considerarlo así. 2) Deberá notificar la determinación de término constitucional a las partes; y, 3) Remitir a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora." (fojas 48 vuelta a 49 vuelta). Resolución que el quince de julio de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 66 a 69). Ahora bien, mediante oficio 8661 de veinticinco de julio de dos mil dieciséis (fojas 90 a 99), la autoridad responsable Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, remitió copia certificada de la resolución emitida el diecinueve de julio de dos mil dieciséis en la causa penal 183/2016 de su índice, de la cual se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de ocho de mayo de dos mil dieciséis (foja 92). - Con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, emitió una nueva resolución de término constitucional, en el cual, volvió a decretar contra el aquí quejoso Javier Amastal Chapuli, auto de formal prisión por su probable responsabilidad del delito de DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA DE PARTICULARES, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Penal del Estado de Puebla, así como el diverso ilícito de COHECHO, previsto y sancionado por los artículos 426 fracción II y 427 del Código Penal del Estado de Puebla. - Resolución que procedió a notificar a las partes, entre ellas personalmente al aquí quejoso (fojas 100 y 100 vuelta). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Así, de la referida resolución de término constitucional, se advierte que el juez de la causa establece los elementos del cuerpo del delito de desobediencia y resistencia de particulares, al establecer lo siguiente: "De acuerdo a la descripción típica del delito de DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA DE PARTICULARES, la corporeidad del mismo exige la concurrencia de los siguientes elementos materiales, objetivos y externos: Al que empleando la fuerza, el amago o la amenaza. Se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones o se resista al cumplimiento de un mandato." (foja 94). Asimismo, el juez del proceso establece que los elementos de prueba con los cuales se tienen por acreditados dichos elementos del cuerpo del delito, son las declaraciones de los remitentes Lenin Jiménez García, Francisco Gaona Sánchez, Sandra Liliana Navarrete Sánchez y José Guadalupe Romero Valencia (fojas 94 a 95 vuelta). Igualmente, en dicha resolución el juez de origen especifica que el delito de desobediencia y resistencia de particulares, se acredita ya que el aquí quejoso empleó la fuerza física para oponerse a que los agentes de la policía ejercieran sus funciones, además de resistirse al cumplimiento de un mandato legítimo, al establecer: "Por otro lado, de la declaración de los remitentes se acredita que el inculpado JAVIER AMASTAL CHAPULI, que al hacer uso de la fuerza física Javier Amastal Chapuli, se opuso a que lo asegurara utilizando la fuerza física ya que tiro varios golpes y patadas al cuerpo del remitente que lo aseguró, por lo que se acredita que con tal desplegamiento de movimientos que el inculpado se opuso a que los agentes de la autoridad pública ejercieran sus funciones como es detener a una persona que se encuentra cometiendo un delito es decir el flagrancia, ya que se desprende que su detención fue por el hecho de cometer otro delito (cohecho) que más adelante se analizará. Por último en cuanto al elemento de delito consistente en que el inculpado se resistió a un acto de autoridad en este caso legítimo o legal, se acredita el mismo, puesto que de la declaración de los remitentes se percibe que el oficio número 504/2016/DMZS-I, de tres de mayo de dos mil dieciséis, signado por la Agente del Ministerio Público, Zona Metropolitana Sur, Mesa Uno de la Fiscalía General del Estado de Puebla, fue signado a los remitentes para efectos de investigar al inculpado y otros, por lo cual fueron entrevistados y ante ello les ofrecieron dinero para efecto de que no los investigaran, por lo cual se desprende que trataron de que los policías remitentes, no cumplieran con su trabajo a cambio de dinero." (foja 95). Por otro lado, por cuanto hace al delito de cohecho, el juez de la causa establece los elementos del cuerpo de dicho ilícito, al establecer lo siguiente: "De acuerdo a la descripción típica del delito de COHECHO, la corporeidad del mismo exige la concurrencia de los siguientes elementos materiales, objetivos y externos: El que directa o indirectamente, por sí o por interpósito apersona, de u ofrezca dinero, algún servicio o cualquier otra dadiva. A la persona encargada de un servicio público, sea o no funcionario. Para que haga o deje de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones." Asimismo, el juez A Quo establece que los elementos de prueba con los cuales se tienen por acreditados dichos elementos del cuerpo del delito, son las declaraciones de los remitentes Lenin Jiménez García, Francisco Gaona Sánchez, Sandra Liliana Navarrete Sánchez y José Guadalupe Romero Valencia (foja 96). Igualmente, el juez responsable estableció que el delito de cohecho imputado al aquí quejoso, lo cometió éste directamente por sí mismo, al ofrecer dinero a los elementos de policía para que lo dejaran de investigar, es decir, dejaran de hacer algo justo relacionado con sus funciones, al establecer lo siguiente: "Por otro lado en cuanto al elemento del delito consistente en que dicho ofrecimiento se realice a una persona encargada de un servicio público, sea o no funcionario, se acredita que tal ofrecimiento fue a una persona encargada de un servicio público como son los remitentes, ya que la declarar los mismos se acreditaron como policías ministeriales, cuyas funciones son prevenir el delito así como investigar actos delictivos, motivo por el cual se tiene por demostrado dicho elemento, por otro lado con las misma declaraciones de los remitentes se acredita que tal ofrecimiento fue para que los elementos del orden público dejaran de investigar a los inculpados, tal y como lo había ordenado el agente del ministerio público investigador mediante el oficio número 504/2016/DMZS-I, de tres de mayo de dos mil dieciséis, signado por la Agente del Ministerio Público de la Dirección de Agencias del Ministerio Púbico, Zona Metropolitana Sur, Mesa Uno de la Fiscalía General del Estado de Puebla, lo cual se tiene como un acto justo pues dicha investigación fue ordenada dentro de una investigación ministerial respecto a la posible comisión de un delito y por lo cual el agente del Ministerio Público en términos de los artículos 4 y 19 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, podía auxiliarse de los remitentes para llevar a cabo tal investigación, por lo que se considera justo dicho mandato de investigación que intentaron no se llevara a cabo por parte del inculpado Javier Amastal Chapuli y otros. Y, finalmente, en dicha determinación el juez del proceso estableció que la forma de intervención del aquí quejoso en la comisión del delito de cohecho fue material y directa en términos del artículo 21, fracción I del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, al establecer lo siguiente: "Por lo que podemos concluir que de los elementos de convicción que obran dentro de la indagatoria resultan indicios suficientes para tener por justificado en qué grado de probabilidad el inculpado JAVIER AMASTAL CHAPULI intervino de manera material y directa como autor de la ejecución del delito de COHECHO, pues de forma directa y no por interpósita persona ofreció dinero a un funcionario público para que dejara de ejecutar un acto legítimo o acto de autoridad que le había sido asignado." (foja 97 vuelta). Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento..."

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de julio de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos el oficio y anexo signado por el Juez de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto; sin embargo, no ha lugar a dar vista con tales constancias en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor pues, de las mismas se advierte que el juez nuevamente incurrió en deficiencias formales para que este órgano de control constitucional se encuentre en aptitud de determinar si está o no cumplida la sentencia. Lo anterior es así, ya que si bien, el juez de la causa el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, dicto una nueva resolución en la que dejó sin efectos la resolución reclamada de ocho de mayo de dos mil dieciséis y con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada dictó otra en la que decretó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso, dentro de la causa penal 183/2016 de su índice, omitió remitir las constancias de notificación realizadas a las partes procesales, que fue uno de los efectos de la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la autoridad responsable de referencia, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias conducentes con las que acredite haber notificado a las partes de la referida determinación. Signifíquese a dicha autoridad que subsiste el apercibimiento decretado por auto de quince de julio de dos mil dieciséis.

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