Javier Arriaga Zaldivar
Expediente 1003/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1003/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Javier Arriaga Zaldivar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, intégrese a los autos el oficio presentado electrónicamente por Gilberto Vladimir Montalvo González, en su carácter de Defensor Particular de la parte quejosa, mediante el cual solicita a este órgano jurisdiccional que la sentencia dictada en los presentes autos, cause ejecutoria; al respecto, dígasele que se esté a lo acordado en auto de esta data. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercero interesada y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. Maricela. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 1003/2020-A, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Javier Arriaga Zaldívar, por conducto de su defensor particular Gilberto Vladimir Montalvo González; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado electrónicamente el catorce de diciembre de dos mil veinte -ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación-y turnado a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el quince siguiente, Javier Arriaga Zaldívar, por conducto de su defensor particular Gilberto Vladimir Montalvo González, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto siguientes: ... Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, 63, 65 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Javier Arriaga Zaldívar, por conducto de su defensor particular Gilberto Vladimir Montalvo González, contra el acto reclamado a 1. David Rodríguez González, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Incidental
En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de enero de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1003/2020, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, asistido del Secretario Rafael Torres Campos, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo promovida por Gilberto Vladimir Montalvo González, quien se ostenta como defensor particular del quejoso Javier Arriaga Zaldívar, escrito aclaratorio, escrito registrado como 849, así como el auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno (suspensión provisional), e informe previo de la autoridad responsable. De igual forma, el Secretario da cuenta con el informe previo de la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla (Fernando Martínez Espinosa). A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes; y, téngase por rendido el informe previo de la autoridad responsable que así lo hizo, el cual será tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; a lo anterior el Juez de Distrito acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no exhibió pedimento. A lo anterior, el Juez acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Finalmente, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1003/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Gilberto Vladimir Montalvo González, quien se ostenta como defensor particular del quejoso Javier Arriaga Zaldívar; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Gilberto Vladimir Montalvo González, quien se ostenta como defensor particular del quejoso Javier Arriaga Zaldívar, se requirió el informe previo a la autoridad responsable, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de la autoridad señalada como responsable, el acto reclamado en el presente asunto es: - La resolución de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictada por el juez responsable en la carpeta judicial administrativa 370/2019/CHOLULA, en la que niega y declara improcedente la solicitud de audiencia oral de sobreseimiento. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del mismo, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye el acto reclamado - que quedó precisado en el considerando segundo - a la autoridad responsable siguiente: No. Oficio Autoridad responsable. Sentido del informe. 1. JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA (FERNANDO MARTÍNEZ ESPINOSA) RECONOCE Del cuadro precedente, se desprende que la autoridad responsable ordenadora, al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto que se le reclama, por lo que el mismo deben tenerse por ciertos. CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Respecto del acto reclamado precisado en el considerando segundo de la presente resolución interlocutoria, debe señalarse que resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se exponen: Para efectos de la suspensión dentro del juicio de garantías se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Por tanto, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante la negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como ocurre con el acto reclamado, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de acto, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que se solicite la suspensión; y, 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravenga disposiciones de orden público; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, lo que no ocurre en el caso, pues el acto reclamado por la parte quejosa es un acto negativo, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender". Por otra parte, no ha lugar a conceder la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, para efectos restitutorios, es decir, que el juez responsable señale fecha de audiencia oral de sobreseimiento, en la carpeta judicial administrativa 370/2019/CHOLULA, lo anterior porque la presente suspensión no tiene dichos efectos sino que únicamente lo tiene la sentencia definitiva que se dicte en el expediente principal del que deriva este incidente. En efecto, en el presente asunto no aplica la apariencia del buen derecho, puesto que, la parte quejosa manifiesta que existe atipicidad de la conducta que se le acusa al imputado directo, y que por tanto los hechos narrados no constituyen delito; sin embargo, en este incidente de suspensión, no se puede analizar si existe o no delito por falta de pruebas ofrecidas por la Fiscalía, en primer lugar como se indicó, en su caso, el análisis de fondo es materia del expediente principal y en segunda por que no se tienen los elementos necesarios para determinar si existe o no delito. QUINTO. Procedencia de la medida cautelar. No obstante lo anterior, para evitar un daño irreparable al quejoso en etapas previas al juicio, se concede la suspensión definitiva, para el efecto de que concluida la fase intermedia, no se ordene la apertura a la etapa de juicio, hasta en tanto se encuentre firme la sentencia que se pronuncie en el juicio principal del que deriva esta incidencia; lo anterior en términos de la siguiente tesis: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE RECHAZAR EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PROMOVIDO EN LA ETAPA INTERMEDIA. PARA EVITAR UN DAÑO IRREPARABLE AL QUEJOSO EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO, DEBE CONCEDERSE PARA EL EFECTO DE QUE CONCLUIDA LA FASE INTERMEDIA, NO SE ORDENE LA APERTURA A LA ETAPA DE JUICIO, HASTA EN TANTO SE RESUELVA EL JUICIO EN LO PRINCIPAL. En materia penal sólo puede suspenderse el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia (que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura de juicio), como puede advertirse del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; por ende, dicha etapa no debe paralizarse. En el mismo sentido, resulta la petición del quejoso en cuanto a que se paralice la etapa complementaria (que abarca desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación), pues el artículo 150 de la propia ley, en su primera parte, dispone: "En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él..."; de ahí que dichas etapas del sistema penal acusatorio no son susceptibles de suspenderse. Sin embargo, este último precepto, en su parte final, establece que si la continuación del procedimiento puede dejar irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso, la suspensión podrá concederse para el efecto de paralizar el procedimiento y evitar dicha circunstancia; máxime que el primer párrafo del artículo 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que interesa, señala: "El Tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este código.". En estas condiciones, si el acto reclamado lo constituye la determinación del Juez de Control de rechazar el sobreseimiento en la causa promovido por la defensa del inculpado en la etapa intermedia con fundamento en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se solicita la suspensión, a efecto de evitar un daño o perjuicio irreparable al quejoso en etapas previas al juicio, debe concederse la medida cautelar para el efecto de que concluida la etapa intermedia, el Juez de Control no ordene la apertura a la etapa de juicio, hasta en tanto se resuelva el juicio en lo principal." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Gilberto Vladimir Montalvo González, quien se ostenta como defensor particular del quejoso Javier Arriaga Zaldívar, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por la autoridad responsable identificada en el considerando tercero. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Gilberto Vladimir Montalvo González, quien se ostenta como defensor particular del quejoso Javier Arriaga Zaldívar, en términos del considerando quinto de esta interlocutoria y por la autoridad responsable identificada en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE AL QUEJOSO, POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Como está ordenado en esta data en el cuaderno principal con dos copias simples del escrito de demanda, así como con el escrito registrado como 849, provéase lo conducente respecto de la medida cautelar solicitada dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1003/2020, promovido por Gilberto Vladimir Montalvo González, quien se ostenta como defensor particular del quejoso Javier Arriaga Zaldívar, contra un acto del 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla (Fernando Martínez Espinosa). CUESTIONES PRELIMINARES. ...IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Respecto del acto reclamado precisado en el párrafo precedente, debe señalarse que resulta improcedente conceder la suspensión provisional solicitada, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se exponen: Para efectos de la suspensión dentro del juicio de garantías se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Por tanto, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante la negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como ocurre con el acto reclamado, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de acto, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que se solicite la suspensión; y, 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravenga disposiciones de orden público; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, lo que no ocurre en el caso, pues el acto reclamado por la parte quejosa es un acto negativo, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: ...CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. No obstante lo anterior, para evitar un daño irreparable al quejoso en etapas previas al juicio, se concede la suspensión provisional, para el efecto de que concluida la fase intermedia, no se ordene la apertura a la etapa de juicio, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva; lo anterior en términos de la siguiente tesis: ...INFORME PREVIO. En acato a lo establecido por los numerales 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, remítase copia de la demanda y escrito aclaratorio a las autoridades señaladas como responsables y requiéraseles su informe previo que deberán rendir en el plazo de cuarenta y ocho horas, en el que señalarán: Si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen; 2. Podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; y 3. Deberán proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes (de estar en el supuesto). Dicho informe lo podrán rendir vía fax al número telefónico (222) 303 7276 o al correo institucional de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o Fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer. APERCIBIMIENTO AUTORIDADES RESPONSABLES. ...AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que se lleve a cabo la celebración de la audiencia incidental. DOMICILIO. Téngase a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones electrónicas el Portal del Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Óscar Sánchez Terrones, atento a que del dato proporcionado acredita encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Y, se tienen por autorizados con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, al resto de las personas que refiere en su libelo de cuenta, por así haberlo solicitado expresamente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. ...MEDIOS ELECTRONICOS. Ahora, atendiendo a que la parte quejosa solicita el uso de medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente dicha petición, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública de la Secretaria de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: ....En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para los casos en que se requiera la utilización de medios electrónicos autorizados -como acontece en el presente asunto- que requieran la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, estas deberán agendar la cita correspondiente, en cuyo caso será su responsabilidad asistir a la misma. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. ....Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN "EN LÍNEA". ..NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA; PERSONALMENTE AL ANALISTA JURÍDICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES ADSCRITO A ESTE JUZGADO POR CUALQUIER MEDIO DE NOTIFICACIÓN INTERNO DE ESTE JUZGADO; POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Rafael Torres Campos, que autoriza y da fe. Doy fe.
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