Janett Basurto Barrios

Expediente 427/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
427/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Janett Basurto Barrios

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que el auto de dos de septiembre del año en curso, que desechó la demanda promovida por Janett Basurto Barrios, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al Artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes -SISE-. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Demanda de amparo identificación de las partes. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ...por propio derecho y en representación de la menor de edad identificada con las iniciales C.A.B.B, contra actos que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se tiene por acreditado el entroncamiento familiar en tenor del acta de nacimiento que acompaña a su demanda. En ese sentido, toda vez que el presente juicio es promovido en favor de un menor de edad; en consecuencia, con apoyo en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos en que afecten a niñas, niños y adolescentes" (puntos 9 y 10, capítulo III, de las Reglas de actuaciones generales); así como en la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16, párrafo I), este órgano jurisdiccional ordena salvaguardar la privacidad de dicha participación infantil a través del resguardo de su identidad, lo anterior en aras de proteger su derecho fundamental a la privacidad e intimidad; para efecto de lo cual se deberá sustituir el nombre del menor quejoso en el presente procedimiento constitucional con sus iniciales, en todo proveído dictado en el presente asunto. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 427/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. Dicho artículo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; lo anterior, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza en párrafos siguientes se efectúa en términos de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, con número de registro 192097, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y que debe interpretarse en su integridad, por lo que, si la parte quejosa señala de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el juez de distrito lo corrija, a fin de que la promovente no vea obstaculizado su acceso a la justicia. En ese contexto, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala reclama lo siguiente: El acuerdo dictado el seis de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio de reconocimiento de la paternidad expediente 568/2015 del índice del Juzgo Mixto de Primera Instancia en Tamazunchale, San Luis Potosí, mediante el cual desecha el recurso de revocación promovido por la impetrante contra el diverso auto de veintiséis de julio del año en cuso, en el que la responsable le negó la admisión de los informes que solicitaba requiriera al Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos y Jefa del Departamento de Recursos Humanos, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal, San Luis Potosí, respecto a las recepciones y datos de cuentas bancarias del demandado en aquel juicio. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, los que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De las disposiciones normativas transcritas, se advierte que el amparo indirecto, contra actos, omisiones, o resoluciones provenientes de un juicio, se encuentra limitado en su procedencia, a aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, lo que implica que una violación procesal que no produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material de derechos sustantivos. Como se desprende, el legislador, con dicha aclaración, proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían dos condiciones: -La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, -La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual (a diferencia de los sustantivos), sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento seguido en forma de juicio, momento en el cual sus consecuencias pueden consumarse en forma efectiva. Al efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en los derechos humanos y fundamentales previstos en la constitución federal, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución o sentencia favorable en el juicio o procedimiento, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. En estos casos, es procedente el amparo directo, pues como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque la parte afectada obtuviese sentencia o resolución favorable a sus intereses, por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse algún derecho sustantivo. Efectivamente, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que tan solo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por dicha razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia o resolución correspondiente para poder combatirlos mediante el juicio de amparo indirecto o directo, según sea el caso, siempre que afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, expresado bajo protesta de decir verdad, se tiene que dentro del juicio de reconocimiento de la paternidad expediente 568/2015 del índice del Juzgo Mixto de Primera Instancia en Tamazunchale, San Luis Potosí, se emitió el proveído de veintiséis de julio del año en curso, en el cual juez natural determinó no admitir los informes que la actora -aquí disconforme- solicitaba requiriera al Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos y Jefa del Departamento de Recursos Humanos, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal, San Luis Potosí, respecto a las recepciones y datos de cuentas bancarias del demandado en aquel juicio, y que contra ese pronunciamiento se interpuso recurso de revocación, el cual fue desechado en auto de seis de agosto de dos mil veintiuno, -acto que constituye el acto reclamado-. Lo anterior pone de relieve que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados son intraprocesales y no son de imposible reparación, porque no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino únicamente derechos procesales o adjetivos; porque: a.- Solo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, y no sustantiva, toda vez que la resolución reclamada no afecta derechos sustantivos (verbigracia, el patrimonio), sino únicamente procesales relacionados con la integración del juicio de origen, en virtud de que solamente se niega a admitir documentales en vía de informes que ofreció la parte actora en el juicio natural. b.- Lesión que no trasciende al resultado del fallo, toda vez que los actos reclamados no impiden la debida integración de la litis, sino por el contrario, es a fin de integrar debidamente el sumario judicial; tampoco ocasionan el retardo de la solución del procedimiento o que se siga de manera ociosa; ni determinan definitivamente el rumbo del juicio de origen, por la posibilidad de que la parte quejosa pueda obtener una sentencia favorable. c.- Además, en caso de que la sentencia no fuese favorable, la parte quejosa, estaría en posibilidad de impugnarlas a través del juicio de amparo directo, en el que podría hacer valer las violaciones alegadas como vicios del procedimiento, de conformidad con el artículo 172 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, al tratarse de una cuestión de pruebas de la parte quejosa en el juicio de origen, en todo caso tendrá repercusiones intraprocesales que incluso pudieran ser analizadas en amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que le resulte desfavorable, como violación procesal. En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Cabe precisar que las tesis que se invocan, en el dictado de la presente resolución, relativas a la interpretación de la abrogada Ley de Amparo, resultan aplicables al presente asunto, aun cuando se hayan integrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, al no oponerse a los principios y situaciones que deben atenderse en los temas que aquí se han tratado sobre la Ley de Amparo vigente, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir en estos puntos procesales de la nueva ley, es evidente que tales criterios cobran cabal aplicabilidad conforme a lo dispuesto por el artículo "Sexto" transitorio del decreto invocado. Autorizados. Ahora bien, por cuanto hace a la autorización que la quejosa realiza respecto de ..., se advierte que no proporcionan el número de cédula profesional respectivo, o en su defecto el número de registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; y en tales condiciones, no es posible realizar la consulta correspondiente en Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de verificar si dichas personas cuentan con el requisito en mención. Lo que es necesario a fin de evitar homonimias y tener la certeza de que las partes están asesoradas con expertos en Derechos que afrontarán sus responsabilidades. Atento a lo anterior, se tiene a ....como autorizados de la parte quejosa, únicamente en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 del citado ordenamiento legal, es decir, a efecto de oír y recibir notificaciones. Acceso al expediente electrónico. Por otra parte, la promovente solicita acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo a través de su autorizado. En este sentido, toda vez que éste tiene como nombre de usuario "LABASTIDA", el cual se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación); en consecuencia, al advertirse que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza únicamente la consulta electrónica del presente expediente, no así como la presentación de promociones vía electrónica en el presente juicio de amparo, pues carece de las facultades amplias a que se refiere el ordinal 12 de la Ley de Amparo. Notificaciones vía electrónica. Por otra parte, la quejosa en su ocurso constitucional solicita que las notificaciones en el presente juicio se realicen por vía electrónica. En tales condiciones, en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, una vez que la solicitante de la protección de la justicia federal, manifestó expresamente su pretensión para recibir las notificaciones de manera electrónica. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de amparo, todas las notificaciones que se realicen en el presente asunto, aún aquellas que sean de carácter personal, realícense por vía electrónica por así haberse solicitado expresamente. En la inteligencia que se tendrán por realizadas una vez que la promovente haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, y se consulte el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Notifíquese.

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