Jaime Oyarvide Ramirez

Expediente 260/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
260/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
30/07/2019

Partes del expediente

  • Jaime Oyarvide Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por Jaime Oyarvide Ramirez, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese. Lo proveyó y firma Jorge Francisco Bañales Camberos, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dos de julio de dos mil diecinueve, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3160/2019 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 1a./J. 14/2010, publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 164525, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Jaime Oyarvide Ramírez, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de nueve del mes y año en curso, atento a lo anterior, se tiene a la parte quejosa dando cumplimiento. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la tesis III.1o.C.7 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 424, Tomo IV, Noviembre de 1996, Registro 200905, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo permite el desechamiento de plano de la demanda de garantías, sólo en caso de que, examinada ésta, se encuentre algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, la interpretación lógica y racional de tal precepto, conduce a establecer que un motivo de improcedencia tiene esas características cuando se desprende de dicho escrito y no cabe la menor posibilidad de desvirtuarlo en forma alguna. Por tanto, si mediante la aportación de pruebas es factible desvanecer la causa de improcedencia que se deduce de la citada demanda, el Juez de Distrito no debe desechar ésta, sino admitirla y seguir el trámite correspondiente, para brindar al quejoso la oportunidad de ofrecer elementos de convicción tendientes a demostrar la procedencia de su acción constitucional." Esencialmente, el citado criterio interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. De la lectura integral de la demanda, se aprecia que el promovente reclama: Del Juzgado para Regional de Penas y Medidas de Seguridad del Sexto Distrito Judicial, con sede en Ciudad Valles: El auto de catorce de junio de dos mil diecinueve, emitido en la causa penal 290/2016, en el que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso en contra del auto de trece de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual se admitió el recurso de apelación formulado por el Agente del Ministerio Público Adscrito al juzgado responsable así como de la parte ofendida en el juicio natural, Martha Leticia Posadas González, señalada aquí como tercera interesada, en contra de la resolución de dieciséis de abril del año que transcurre, en la cual se concedió el beneficio de la libertad anticipada, en favor del procesado, aquí quejoso. Atento a lo anterior, respecto del referido acto atribuido al Juzgado para Regional de Penas y Medidas de Seguridad del Sexto Distrito Judicial, con sede en Ciudad Valles, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. ..] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." De la disposición constitucional transcrita se desprende que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Cabe destacar que del propio precepto se advierte que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. En congruencia con esta previsión constitucional, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Como se puede apreciar, el precepto legal transcrito reitera el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de nuestro país, virtud de que establece que tratándose de actos dentro de juicio el amparo en la vía indirecta procede cuando sus efectos sean de imposible reparación, destacando el legislador que por ellos se entiende los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Acorde con la definición dada por el legislador en la ley reglamentaria, se puede concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la constitución o en algún tratado internacional del que el Estado sea parte, de modo que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreparable. Esto es, el supuesto de procedencia se actualiza cuando tales actos cumplen concomitantemente con las siguientes notas distintivas: a) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, b) Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga resolución favorable a sus intereses. De lo antes expuesto, se puede concluir que el legislador trató de evitar que los juicios naturales se interrumpan constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que fuese presentando en el procedimiento natural y que se estimase perjudicial por algunas de las partes; en el entendido de que para salvaguardar los derechos de los justiciables, el propio legislador estableció como regla excepcional la posibilidad de que se impugnen desde luego únicamente aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos; cuestión que se justifica solamente en la medida de que tal violación no podría ser reparada ni aun obteniendo pronunciamiento favorable, por lo que en ese supuesto ningún caso tendría esperar a que ésta se dictara para poder combatir un acto de esa naturaleza. De lo anterior se desprende que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente, para que un acto de autoridad pueda catalogarse como de imposible reparación -para la procedencia del juicio de amparo-, debe producir una afectación material a derechos sustantivos, cuyas consecuencias sean tan graves que impidan su ejercicio, y no una simple lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que probablemente no trascienda el resultado del fallo. En torno al tema de trato, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria dictada al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 13/2011, que declaró infundada la petición de modificación del criterio 1ª./J.108/2005, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", en la parte toral, señaló: "(.) las violaciones procesales están sujetas al principio de concentración. En efecto, este principio tiende a que el proceso se realice en el menor tiempo posible y con la mayor unidad lo que determina que las cuestiones accidentales o incidentales no deben entorpecer el estudio del debate fundamental. Para ello, es necesario, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. De acuerdo con lo anterior, es claro que las violaciones procesales están sujetas a dicho principio toda vez que el interesado no puede impugnarlas mediante juicios de amparo independientes, sino que debe esperarse a que se dicte la sentencia definitiva y en el juicio de amparo directo que se promueva en su contra plantear todas y cada una de dichas violaciones. Con tal forma de proceder se garantiza la concentración de tales violaciones al poderlas resolver simultáneamente en una sola sentencia. (.) En efecto, según se vio, el fundamento para impugnar los actos dentro de juicio a través del amparo indirecto está contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional. Este precepto establece de manera clara que tales actos son impugnables a través del amparo indirecto únicamente cuando tengan una ejecución de imposible reparación, sin que de su lectura se aprecie que aluda a actos que sin tener una ejecución de tal naturaleza causen una afectación "en grado predominante", "superior", "de gran entidad" o algún otro concepto análogo. En congruencia con lo anterior, es claro que estos últimos conceptos carecen de sustento constitucional, de manera que no pueden servir de fundamento para justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de un procedimiento. Aunado a lo anterior, es inexacto que la incorrecta desestimación de la excepción de improcedencia de la vía tenga como consecuencia que se sujete al demandado al "desarrollo ocioso e innecesario de un procedimiento bajo normas equivocadas", lo que produce una afectación en "grado predominante o superior". Se dice que ello es inexacto porque, con independencia de que los conceptos "afectación en grado predominante" o "afectación superior" no están previstos ni en la Constitución General ni en la Ley de Amparo como requisitos para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dentro del procedimiento (en tanto que la Ley Fundamental alude a una afectación "de imposible reparación"), lo cierto es que si la sentencia fuese favorable a los intereses del demandado, la afectación que pudo haberle ocasionado la incorrecta desestimación de su excepción desaparecería por completo, de manera que dicha sentencia produciría los efectos legales correspondientes, lo que demuestra que el procedimiento del que emanó no sería ocioso e innecesario. No escapa a la atención de este Tribunal Pleno que los efectos de una sentencia de amparo que declara fundado un concepto de violación de naturaleza procesal consisten, por regla general, en dejar insubsistente la sentencia reclamada y ordenar la reposición del procedimiento a partir del momento en que tal violación tuvo lugar, lo que implica que las partes deban sujetarse nuevamente al procedimiento natural a partir de la etapa procesal correspondiente. Al respecto, debe decirse que ello es una consecuencia natural del principio de concentración antes expuesto y se actualiza con cualquier violación procesal que haya trascendido al sentido del fallo, con independencia del grado de afectación (leve o grave) que produzca. Luego, al ser la reposición del procedimiento una consecuencia necesaria y lógica del amparo que se concede por una violación procedimental, es claro que el hecho de que las partes se sujeten nuevamente al procedimiento natural no constituye un elemento jurídico que permita adoptar la conclusión relativa a que tales violaciones puedan ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto. Estimar lo contrario, es decir, considerar que algunas violaciones procesales -que no tienen una ejecución de imposible reparación- son impugnables mediante el juicio de amparo indirecto por producir una "afectación en grado predominante" o "afectación superior" generaría inseguridad jurídica, dado que daría lugar a hacer interpretaciones subjetivas (ante la indeterminación de estos últimos conceptos) para establecer casuísticamente los actos dentro de juicio susceptibles de combatirse mediante el amparo indirecto...". Consideraciones de las que se deduce en esencia lo siguiente: a) Que las violaciones procesales están sujetas al principio de concentración; b) Que los conceptos "en grado predominante", "superior", "de gran entidad" o algún otro concepto análogo, carecen de sustento constitucional; y, c) Que estimar lo contrario, daría lugar a hacer interpretaciones subjetivas para establecer casuísticamente los actos dentro de juicio susceptibles de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto. d) Es de importancia destacar que en la resolución en comento el Pleno del Alto Tribunal analizó el concepto "actos de imposible reparación" según la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, y en cuya norma no se definía su significado; en consecuencia, por mayoría de razón el criterio ahí sustentado cobra vigencia para la interpretación del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia vigente, en la medida de que en él el legislador destacó, como se dijo, por ellos se entiende los que afectan materialmente derechos sustantivos. Pues bien, del relato de antecedentes que bajo protesta de decir verdad formuló el promovente, al que se asigna el valor probatorio de una confesión expresa en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se obtiene que: - Que el dieciséis de abril del año en curso el Juez Regional de Penas y Medidas de Seguridad del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, dictó resolución en favor del procesado, aquí quejoso en la causa penal 65/2019 instruida en su contra, otorgándole el beneficio de la libertad anticipada. - Inconformes con esa determinación el Agente del Ministerio Público adscrito al citado juzgado y la ofendida, aquí señalada como tercera interesada Martha Leticia Posada González, interpusieron recurso de apelación. - En proveído de trece de mayo del año en curso, el juez responsable, admitió el citado medio de impugnación y lo remitió para su calificación. - El dieciséis de mayo del año que transcurre el aquí quejoso, interpuso recurso de revocación en contra del auto de trece de mayo del año de la presente anualidad, emitido por el juez natural; quien en determinación de catorce de junio del año que transcurre lo declaró improcedente -siendo este el acto del que se duele la parte quejosa-. Bajo ese tenor, como se anticipó, se considera actualizada la hipótesis de improcedencia del juicio constitucional prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Se estima así, en virtud de que la única consecuencia jurídica que genera la determinación de catorce de junio del año que transcurre, al dejar subsistente el auto de trece de mayo del año de la presente anualidad, en el que se dio trámite al recurso de apelación entablado contra la resolución de dieciséis de abril del año en curso dictada en favor del aquí quejoso, es que atento al principio de unidad procesal en la apertura de la segunda instancia del juicio, el inconforme quede vinculado con la parte recurrente hasta su resolución final, por lo que toda determinación dictada en el trámite del citado medio de impugnación constituye una violación procesal, cuya impugnación debe proponerse, en este caso en el juicio de amparo indirecto que se promueva en contra de la resolución que recaiga en caso de que resulte desfavorable a los intereses del quejoso. De manera que el proveído reprochado no genera una afectación de imposible reparación a los derechos sustantivos del amparista pues versan sobre un derecho meramente adjetivo o procesal, ya que sus efectos se traducen únicamente en que se continúe con el trámite del recurso de apelación hasta su resolución final; pero ello no significa que necesariamente deba dictarse una sentencia desfavorable en contra del promovente del amparo o que forzosamente se emita una determinación parcial en su detrimento; de manera que pese a la sustanciación del citado medio de impugnación, es factible que el justiciable obtenga una resolución en favorable a sus intereses. En efecto, si la resolución que dicte el tribunal de alzada le resulta favorable, la afectación que pudo resentir el aquí quejoso, con motivo de la admisión del recurso de apelación entablado contra la resolución dictada en su favor, desaparecería por completo, al haber quedado enteramente satisfecha su pretensión fundamental; lo que demuestra que dicha afectación no trasciende a derechos sustantivos, en tanto que no quedaría huella alguna en la esfera jurídica del interesado. De lo contrario, esto es, si la determinación fuese adversa a sus intereses, podría impugnar la violación de que ahora se duele mediante el juicio de amparo indirecto, que sería la vía correcta para su impugnación. Con motivo de lo expuesto, se desecha de plano la demanda de amparo en términos de los previsto en el numeral 113 de la Ley de la materia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de julio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Jaime Oyarvide Ramírez, contra actos del Juzgado Regional de Penas y Medidas de Seguridad del Sexto Distrito Judicial con sede en ciudad Valles San Luis Potosí. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 260/2019-I. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en los artículos 114, fracciones I, y V y 110, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente, para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve, con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes y bajo protesta de decir verdad: De cumplimiento a lo estipulado en el artículo 108, fracción VI de la Ley de Amparo, esto es, manifieste cuales son los preceptos constitucionales que estimó violentados. Precise con claridad cuál es el juicio del que emana el acto reclamado, si el expediente 290/2016 o la causa penal 65/2009, toda vez que del capítulo de hechos hace mención de ambos registros, sin especificar a qué tipo de procedimiento corresponde cada uno; y, en el caso de que uno emane del otro debe precisarlo; asimismo diga cuál es el delito que se le imputó. Aclare la fecha que menciona en el capítulo de hechos, toda vez que narra: "me fue debidamente notificado el proveído de fecha 13 del mes y año en curso"; lo anterior tomando en consideración que aún no llega la data que refiere; por lo tanto, debe precisar si se trató de un error y de ser así, precise la fecha correcta; lo anterior para estar en aptitud de bien proveer. Informe si el juez que señala como responsable remitió los autos para la substanciación el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de dieciséis de abril del año en curso y que autoridad conoce de él. Los anteriores datos resultan necesarios para estar en condiciones de proveer lo que corresponda respecto a la demanda de amparo. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 63, Tomo IX, Febrero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 220365, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO.- Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." Así como la Jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1079, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2005636, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado.". Se apercibe a la parte quejosa de mérito, que de que de no cumplir con lo indicado dentro del término legal concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda planteada, con fundamento en el transcrito artículo 114, penúltimo párrafo, del ordenamiento legal en cita. Por otra parte, téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Tamaulipas, número 35, Interior 3, colonia Obrera, de esta ciudad. Por otro lado, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jose Luis Sánchez Labastida, Yoloxochitl García Oyarvide y Noé Hernández Luciano, no así a Ruth Noemí Bautista Enríquez, en virtud de que esta última, no cuenta con cédula profesional de licenciados en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por el Actuario adscrito a este juzgado, solo en caso de que no le sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese personalmente.

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