Javier Alonso Espriella

Expediente 311/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
311/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
17/10/2019

Partes del expediente

  • Javier Alonso Espriella

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Delegado Regional VII de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a través del cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le devolvieron las constancias que remitió como complemento a su informe justificado. En virtud de lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 214 de la Ley de Amparo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Cabe destacar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción I del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. Por otra parte, devuélvase al Delegado Regional VII de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado consistentes en copia certificada de la averiguación previa penal *** de su índice, en un tomo; solicitando el acuse respectivo. Finalmente, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto, hasta en tanto la autoridad citada en el párrafo que antecede, acuse recibo de las constancias que se le devuelven. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por el Delegado Regional VII de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil diecinueve (foja 34 y 35). Ahora bien, la aludida responsable remite copias certificadas de las constancias que integran la averiguación previa penal AP/PGJE/SRZHN/V/III/004/2017 de su índice, y además acompaña la resolución de doce de septiembre del año que transcurre; documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Dada la voluminosidad de las constancias que integran la averiguación previa de referencia, exhibidas por la autoridad responsable de referencia, fórmese el anexo uno de prueba. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso Javier Alonso Espriella es: La omisión del Delegado Regional VII de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, de pronunciarse en la averiguación previa penal AP/PGJE/SRZHN/V/III/004/2017 en relación al no ejercicio de la acción penal decretado en la misma. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo en relación con el 63, fracción V, de la citada legislación, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Como se advierte, los controvertidos constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales del quejoso, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país, que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. De lo expuesto, adquieren relevancia las condiciones que pueden ocurrir para determinar si se está ante una cesación de los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, es decir, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la figura en estudio se actualiza al ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y ello da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, b) Cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En el particular, se actualiza el supuesto descrito en el inciso b) que antecede, puesto que de la copia autógrafa que remitió la autoridad responsable, se advierte el dictado de la resolución de doce de septiembre de dos mil diecinueve, relativa a la revocación del no ejercicio de la acción penal dictado en la averiguación previa AP/PGJE/SRZHN/V/III/004/2017; constancias a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Así, es evidente que la responsable emitió una determinación que constituyó una situación jurídica que destruyó la omisión que originó la presentación de la demanda de garantías, en la que se reclamó la afectación de los derechos primarios del requirente de amparo, habida cuenta que con tal actuación tuvo como consecuencia la destrucción del acto omisivo tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del citado particular. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que el delegado responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica del peticionario de garantías, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que si hubiere resultado fundada la pretensión de la parte quejosa, se haría nugatorio lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que no habría que reestablecer ni que reintegrarle al demandante de amparo, ya que fue restituido en el pleno goce del derecho humano violado. Sentado lo anterior, es inconcuso establecer que no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, deviene incontrovertible que este juicio de garantías debe sobreseerse fuera de audiencia con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. No obstante lo anterior, a fin de robustecer el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con apoyo en el diverso precepto legal 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y del anexo respectivo notifíquese personalmente el presente proveído al quejoso Javier Alonso Espriella. En virtud de lo asentado en párrafos precedentes, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para celebrarse a las once horas con diez minutos del treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Javier Alonso Espriella, atento a su contenido, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tienen hechas las manifestaciones que del escrito de cuenta se desprenden a manera de alegatos, los que en su caso, serán tomados en consideración en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, evitar la reposición del procedimiento e integrar adecuadamente el presente sumario constitucional, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Delegado Regional VII de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de la totalidad de las constancias que integran la averiguación previa penal AP/PGJE/SRZHN/V/III/004/2017, incluyendo el oficio DRVII/00316/2019 de su índice, con el que remitió a este juzgado federal su informe justificado; apercibido que de no atender lo aquí ordenado dentro de la temporalidad señalada, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. ...Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia señalada para el doce de septiembre de la presente anualidad, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Notifíquese, y personalmente al quejoso.

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