Jaime Rivera Camargo
Expediente 269/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 269/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jaime Rivera Camargo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Se recibe oficio. Por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso por el que se le remitieron las constancias que allegó el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en virtud de que este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por el citado juzgado federal; por tanto, agréguese a los presentes autos, para que obre como constancia. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Causa estado Vista la certificación secretarial que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el acuerdo de once de abril del año en curso, donde se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, no fue recurrido dentro del plazo de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Valoración Al no existir tramite pendiente que realizar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de mayo de dos mil veintidós. Se recibe oficio. Se tiene por recibido el oficio y anexos de cuenta, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual, remite dos tomos de pruebas del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esa ciudad, toda vez que en acuerdo de once de abril del año en curso, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por el citado órgano; por tanto, dada la voluminosidad de las constancias que exhibe la autoridad de referencia, fórmense los anexos uno y dos de pruebas. Como lo solicita el referido órgano de control constitucional, acúsese de recibido. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de mayo de dos mil veintidós. Se recibe comunicación oficial. Se tiene por recibido el oficio y anexo suscrito por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 299/2022, orden 299/2022, enviado para notificar personalmente al quejoso ... el proveído de once de abril de dos mil veintidós, por los motivos que expone. Baja de comunicación. Dese de baja, hágase las anotaciones en el libro correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE-, sin que sea necesario acusar de recibo, toda vez que el propio sistema lo genera automáticamente. Estrados a quejoso. Por otra parte, de la razón actuarial de veintiséis de abril del año en curso, se deprende la imposibilidad que tuvo el actuario judicial adscrito al órgano jurisdiccional exhortado, para notificar personalmente al quejoso ...el acuerdo de once de abril del año actual, por las causas expuestas en la misma; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento que contiene el proveído en cita, por lo que se ordena realizarle la notificación del referido auto y las subsecuentes, aún las de carácter personal, a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal. ------------------------------------------------------------------------------- Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de abril de dos mil veintidós. Recepción de demanda Téngase por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por medio del cual transcribe el acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 331/2022-I-D, de su índice, del que se advierte que ese órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, por los motivos ahí expuestos, y remite el cuaderno original del juicio de amparo en comento. Se acepta la competencia declinada Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia legal declinada y este órgano se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de referencia. Acúsese recibo. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 269/2022. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fundamento del desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que la Juzgadora de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el peticionario señala como acto reclamado: -La resolución de adjudicación de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio oral mercantil 511/2016, del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, mediante el cual se adjudicó el bien inmueble ubicado en privada Manuel José Othon, número seis, entre las calles Escontría y Juárez de la Colonia Obrera, de este municipio, a favor de Mauricio Andrés Zarazúa Salazar, requiriéndosele para que exhibiera el pago correspondiente a la adjudicación en comento. Desechamiento En términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Por las razones expuestas a continuación, se considera que con relación al acto reclamado, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" Lo anterior se afirma así, por las razones siguientes: De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Es corolario de lo anterior, que el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el transcrito numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio de origen, en los términos siguientes: 1) Actos que gozan de autonomía en relación con la ejecución de sentencia; esto es, actos que no tienen como finalidad directa e inmediata cumplimentar la sentencia o laudo dictados en el juicio natural, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata -previo cumplimiento del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo-. 2) Actos dictados en ejecución de sentencia. Hipótesis en la cual el juicio constitucional procede, únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; tratándose de remates contra aquella que los aprueba o desaprueba -en lo sustantivo-, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Ahora, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, prevé que sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa procesal, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordena el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Las consideraciones expuestas en el criterio transcrito parten de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. Debe destacarse que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de derechos sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. En ese contexto, como ya se precisó, el acto reclamado consistente en la resolución dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, por el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, en el juicio oral mercantil 511/2016, mediante la cual se adjudicó el bien inmueble ubicado en privada Manuel José Othon, número seis, entre las calles Escontría y Juárez de la Colonia Obrera, de este municipio, a favor de ***. Sin embargo, dicha determinación no actualiza la hipótesis relativa a la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, ya que aún no se ha aprobado o reconocido el cumplimiento total de lo sentenciado o declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni mucho menos se ha ordenado el archivo definitivo del expediente. Por lo tanto, es evidente que el acto reclamado no puede ser considerado como la última resolución emitida en la etapa ejecutiva del juicio natural. En efecto, el acto que reclama la parte quejosa se ubica en una etapa posterior a la conclusión del juicio natural y concretamente en la etapa de ejecución de sentencia, pero no constituye la última determinación pronunciada en esa fase, ni se ubica en las hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así, por las consideraciones expuestas, se colige la improcedencia del juicio de amparo promovido en contra de la resolución dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio oral mercantil 511/2016, por el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, mediante la cual se adjudicó el bien inmueble ubicado en privada Manuel José Othon, número seis, entre las calles Escontría y Juárez de la Colonia Obrera, a favor de Mauricio Andrés Zarazúa Salazar, por tratarse de un acto emanado de la etapa de ejecución de sentencia, la cual no ha culminado. Esta decisión no implica dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, prevé que en cuanto se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, la parte quejosa podrá reclamar las violaciones cometidas durante el procedimiento que la hubieren dejado sin defensa y hubieran trascendido al resultado de la resolución. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente
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