Jaime Rivera Camargo

Expediente 357/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
357/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • Jaime Rivera Camargo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, catorce de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, de la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, mediante el cual remite testimonio autorizado de la resolución emitida el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en el recurso de queja civil 253/2020 de su índice, en cuyo punto resolutivo determinó: "ÚNICO. - Es infundado el recurso de queja. En ese contexto, acúsese recibo a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el aludido sistema. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso b), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de diciembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la Ciudad de San Luis Potosí, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitieron -vía electrónica- las constancias que integran el presente asunto y el escrito de expresión de agravios, a efecto de tramitar el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Se toma conocimiento de que dicho medio de impugnación se admitió y quedó registrado con el número de queja civil 253/2020. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa ***; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de cuatro de noviembre del año en curso, que desechó la demanda de amparo. En ese contexto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y demás relativos a la Ley de Amparo, y en acatamiento al numeral 101 del referido ordenamiento legal, ríndase el informe con justificación que refiere el citado precepto legal, manifestando la certeza del acto reclamado, y atento a lo establecido en el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase vía electrónica la totalidad de las constancias que integran el presente asunto, además del escrito de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, en turno, para la tramitación de la queja interpuesta. De ahí que, conforme al principio de economía procesal y de pronta impartición de justicia previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal resulta innecesario requerir a la parte promovente para que dentro del término de tres días señale las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad de instancia a fin de que resuelva el recurso que se hace valer conforme lo dispone el artículo 101 de la Ley de Amparo; lo anterior en virtud, de que aquéllas no podrían ser diversas a la demanda, así como el acuerdo que desechó la misma. Atento a lo anterior, en el caso se estima innecesario formar un cuaderno de antecedentes respecto del presente asunto, ello sin perjuicio de que en caso de que el órgano destinatario, estime necesario para resolver las constancias físicas, se provea lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Demanda de amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos que reclama del Juez Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 357/2020. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior, se advierte que en el caso el acto reclamado se hace consistir en: El auto por el que la autoridad responsable Juez Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, tuvo a la parte actora en el expediente 511/2016 de su índice, exhibiendo el peritaje de avalúo del inmueble que le quejoso señala tener en propiedad. En tales condiciones, por lo que ve al acto que se reclama descrito con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al efecto establecen: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Esto es así, en atención a que, de la lectura integral de la demanda de amparo queda evidenciado que el acto reclamado no refiere en modo alguno a la orden relativa al otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien en controversia. En esta tesitura, se aprecia que no se está en el supuesto para la procedencia del juicio constitucional, porque una vez iniciada la etapa de ejecución de sentencia, conforme a la Ley de Amparo, este resulta improcedente en contra de resoluciones dictadas o actuaciones practicadas intermedias en ese periodo; puesto que a contrario sensu, el controvertido constitucional únicamente resulta procedente, tratándose de procedimientos de remate, frente a la última resolución dictada en esa etapa de ejecución, esto es, aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en donde se podrán alegar las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Es importante destacar que el periodo que abarca la etapa de ejecución de sentencia o laudo, constituye la satisfacción de la obligación emanada del fallo dictado en el juicio respectivo, lo que estriba en un verdadero título que proviene directamente de la condena determinada en la sentencia o laudo y dicha ejecución puede llevarse a cabo de manera forzosa o voluntaria; es volitiva, cuando quien se encuentra obligado otorga cumplimiento espontáneamente; en cambio es forzosa, cuando la satisfacción se alcanza a través de los medios previstos por la ley con independencia de la voluntad del obligado o aún en su contra. En este orden de ideas, la etapa de ejecución inicia cuando existe la declaratoria por parte de la autoridad de que el fallo dictado se ha elevado a la categoría de cosa juzgada, obligando a las partes a estar y pasar por lo fallado, con la consiguiente obligación para quien perdió la contienda, de efectuar el pronto y cabal cumplimiento en la satisfacción de la condena a favor del actor, pues es inconcuso que los derechos litigiosos emanados de la controversia, al dictarse el fallo y considerarse con efectos irrecurribles, en virtud del auto que la declara ejecutoriada, dota al enjuiciante de la posibilidad de pedir en el menor término posible y dentro de los cauces de la ley, el cumplimiento de la condena. Sobre esta tesitura, el periodo de ejecución debe entenderse como un lapso en el que debe privar la celeridad. El espíritu sobre la prontitud en la integración y término de dicha fase procesal se encuentra recogido en el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuya finalidad primordial lo constituye el hecho de que el juicio constitucional resulta improcedente contra todos aquellos actos que tiendan a la obstrucción del proceso de ejecución del que se habla, limitando la posibilidad que las partes puedan acudir a su promoción, sino es frente a la última determinación dictada en el procedimiento de remate respectivo, o sea, aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Es así que la razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior fue impedir que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer el proceso de ejecución, por constituir el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, logra restaurar la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Por tales razones, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia a la última resolución que pusiera fin a ese procedimiento, el cual tratándose de remate constituye aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega del bien rematado, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. En este orden de ideas, de la demandada de amparo se advierte que el auto que en esta vía se reclama - que cabe señalar el quejoso indica en su apartado de acto reclamado que es de fecha dieciocho de agosto de dos mil veinte y en el relativo a los antecedentes indica que fue emitido el veinte de agosto del presente año - , dictado por el Juez Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, en los autos del juicio oral mercantil número 511/2016, de su índice, en el que se tuvo a la parte actora, exhibiendo el peritaje de avalúo del inmueble que le quejoso señala tener en propiedad, constituye una actuación emitida en la etapa de ejecución de sentencia en el juicio natural, pues así lo señala expresamente el promovente en su escrito de cuenta, en los términos siguientes: "ÚNICO: Ante la autoridad que señaló como responsable, se instruyó el juicio oral mercantil 511/2016, que en contra del impetrante, promovió CIA MEXICANA DE SERVICIOS MINEROS, S.A. DE C.V., por conducto de su apoderado legal GUSTAVO EMMANUEL VÁZQUEZ GONZÁLEZ, siendo el caso que se dictó sentencia condenatoria en contra del compareciente (.) En ese sentido, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, solicito se me conceda la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas competencias, dicten las medidas urgentes y esenciales y me SEA reivindicado en mis derechos como parte procesal considerando que se ésta llevando todo un procedimiento de remate." Determinación que, conforme a lo antes expuesto no constituye la última resolución de esa fase (de ejecución), tratándose del procedimiento de remate, pues en ella no se ha ordenado el otorgamiento de la escritura de adjudicación ni la entrega del bien rematado, por lo que las violaciones procesales que en su caso pudieran derivar del acto tildado de inconstitucional, son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto hasta en tanto se pronuncien en el juicio natural los aludidos mandatos, aunque se dicten en distintas determinaciones. Máxime que de la narración de los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, se observa que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad realiza aseveraciones en el sentido de que tiene conocimiento de la tramitación del juicio de origen e incluso de que se ha emitido sentencia condenatoria en su contra, de ahí que al tener el carácter de parte en dicho juicio, debe esperar a que se emita la última resolución para controvertir todas las actuaciones de índole procesal que estime le causen perjuicio y que se hayan emitido durante el procedimiento de ejecución. En estas circunstancias es que este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para analizar la legalidad del acto de autoridad reclamado, dado que en el particular con la emisión y ejecución de éste, no se encuentra actualizada la hipótesis a que se refiere el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Autorizados. Se tiene como autorizado, en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 del citado ordenamiento legal a María Vianey Espitia Orta y Francisco Coronado Nieto, toda vez que se advierte que no proporcionaron el número de cédula profesional respectivos, o en su defecto el número de registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; y en tales condiciones, no es posible realizar la consulta correspondiente en Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de verificar si dichas personas cuentan con el requisito en mención. Orienta lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada el viernes siete de agosto de dos mil veinte, registro 2021840, que es del siguiente tenor: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Domicilio. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa, el ubicado en calle Galeana 23-A, entre 16 de septiembre y Escontria, Zona Centro de ciudad. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Notifíquese y personalmente al promovente.

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