Jaime González Alonso
Expediente 251/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 251/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maria del Rosario Jimenez Sandria
- Jaime González Alonso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, mediante el cual remite testimonio autorizado de la resolución emitida el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en la queja administrativa 225/2018 de su índice, en cuyos puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Es INFUNDADO el recurso de queja. SEGUNDO. Se CONFIRMA el auto recurrido." En tales condiciones, acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese personalmente a los promoventes.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de julio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitieron las copias certificadas de los autos originales del juicio de amparo 251/2018-III, así como el escrito de agravios materia del recurso de queja interpuesto por la representante común de los promoventes. Asimismo, se toma nota de que dicho recurso se admitió y el mismo quedó registrado con el número de queja administrativa 225/2018. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el escrito signado por la promovente María del Rosario Jiménez Sandria, atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, que desechó la demanda de amparo; en ese sentido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y demás relativos a la Ley de Amparo, y en acatamiento al numeral 101 del referido ordenamiento legal, ríndase el informe con justificación que refiere el citado precepto legal, manifestando la certeza del acto reclamado, sosteniéndose la legalidad del mismo y en apoyo remítase copia certificada de los autos originales del presente sumario constitucional, además del escrito de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa, en turno, del Noveno Circuito, con residencia en la capital, así como copia del mismo para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, para la substanciación del recurso que se hace valer. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de julio de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, manifiesta que no se pudo llevar acabo la diversa notificación a los aquí promoventes en el domicilio que señalaron para oír y recibir notificaciones en su libelo Constitucional (foja 2), ubicado en Independencia número 10, colonia 20 de Noviembre de esta ciudad, a fin de notificarles el proveído del veintiocho de junio de dos mil dieciocho, sin poder llevarlas a cabo por las circunstancias a que alude en su razón actuarial (foja 36). En tales condiciones, toda vez que en el presente sumario Constitucional el domicilio señalado por la parte quejosa resulta inexacto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a la Actuaria adscrita a este Juzgado Federal, notificar a la parte promovente el auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto designen nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Abril de 2006, página 1058, cuyo tenor literal y rubor son los siguientes: "NOTIFICACIÓN PERSONAL. CUANDO DE LA RAZÓN ACTUARIAL SE DESPRENDA QUE NO EXISTE EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, PROCEDE ORDENAR QUE SE HAGA POR LISTA. La fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo dispone que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de la casa o despacho, la notificación personal se hará por lista, lo cual obedece a la imposibilidad de realizarla ante la inexistencia de un domicilio; consecuentemente, atendiendo al principio de derecho ubi eadem ratio, idem ius, que establece que donde existe la misma razón, debe existir el mismo derecho, se concluye que dicho dispositivo también resulta aplicable en los casos en que de la razón actuarial se advierta que fue imposible realizar la notificación personal ordenada por no existir el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones; y, en tal virtud, lo procedente es ordenar que dicha notificación se efectúe por lista." Notifíquese y cúmplase. Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueven María del Rosario Jiménez Sandria, María del Socorro Castillo Ramos y Jaime González Alonso, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades; que consideran violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 251/2018-III. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia , cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio Constitucional; además, que este motivo, como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Cabe destacar que de no actualizarse esos requisitos, esto es, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener incertidumbre de su actualización, no debe ser desechada la demanda, sino que atendiendo a que por regla general debe estimarse procedente el juicio de amparo (se debe admitir), pues, de lo contrario se estaría privando a la parte promovente de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto o actos que estima le causan perjuicio; por tanto, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada, máxime que la admisión de la demanda, no impide al juzgador un pronunciamiento a este respecto con posterioridad De este modo, puede concluirse que si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, éstas no deben considerarse idóneas para provocar el desechamiento de la demanda, a menos que su existencia sea incontrovertible, absoluta y categórica, aspectos que determinan la calidad de manifiesta y notoria; pues, de lo contrario, esto es, en caso de surgir alguna duda sobre la procedencia o no del juicio, lo correcto es admitir a trámite la demanda, brindando con ello a la parte quejosa la oportunidad de desestimar las causas de improcedencia relativas, y sólo en el caso de que no lo hiciere, entonces podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio. Afirmación que se corrobora con la tesis, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Sentado lo anterior, se tiene que los promoventes por esta vía reclaman lo siguiente el decreto por el que se suprime la veda en las cuencas hidrológicas que se indican, se establece zona de veda en las cuencas hidrológicas Arroyo Zarco, Río Ñadó, Río Galindo, Río San Juan 1, Río Tecozautla, Río San Juan 2, Arroyo El Puerquito o San Bartolo, Arroyo Altamira, Río Santa María 1 y Embalse Zimapán y, zona de reserva parcial de aguas nacionales superficiales para uso ambiental o conservación ecológica en la cuenca hidrológica Río Pánuco 2, en la Subregión Hidrológica Río Pánuco, de la región hidrológica número 26 Pánuco, en sus artículos 3, 4 y 5, los cuales establecen por un lado, que las concesiones o asignaciones otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor, serán reconocidas siempre que el título esté vigente y no se haya incurrido en causas de suspensión, revocación o extinción; y por el otro, que los volúmenes disponibles, no comprometidos por medio de las reservas parciales establecidas por tal Decreto, se podrán explotar, usar o aprovechar mediante título concesión o asignación debidamente emitida, atendiendo la disponibilidad media anual de las aguas superficiales y conforme al orden de presentación. Se cuestionan ambos artículos solamente en tanto violan el derecho a acceder y usar los recursos hídricos de forma equitativa y sustentable; así como, la fracción II del artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales. En tales condiciones, por lo que ve a los actos que se reclaman descritos con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción I, del numeral 5, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, concatenados con la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos y fracciones en comento disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) De las normas transcritas se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo y, además, cumpla las condiciones formales que contiene el propio precepto y que se traducen en que el interesado alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es claro que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso ya que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada. Dicho principio es reglamentado por el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia al disponer, en lo conducente, que son partes en el juicio de amparo el quejoso, es decir, la persona que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de tal legislación y produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como se ve, al tenor de las disposiciones aplicables, el juicio de amparo puede ser promovido tanto por la persona que alegue tener interés jurídico, como por aquella que afirme le asiste un interés legítimo en el asunto, sin que éste último concepto jurídico se traduzca en una apertura absoluta para que cualquier persona acuda al juicio de amparo, por cualquier motivo, sustentándose en un interés simple. Para comprender el tipo de interés que requiere un ciudadano para encontrarse legitimado para solicitar el amparo de la justicia federal, conviene precisar en qué consiste el interés jurídico, el legítimo y, por ende, el simple. Para la promoción del juicio de amparo, no basta una inclinación de ánimo porque, por sí sola, no es susceptible de producir consecuencias jurídicas. De ahí que el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquél que puede tener cualquier persona, por alguna acción u omisión del Estado, pero que no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado, en caso de satisfacerse. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Robustece lo anterior, la tesis 1a. XLIII/2013 (10.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, página 822, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". La contrapartida al interés comentado es el interés jurídico, que tiene como presupuesto indispensable que se cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad. Lo anterior significa que son dos los supuestos que generan el interés jurídico: la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado, así como el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. En otras palabras, el interés jurídico para combatir un acto de autoridad mediante el juicio de amparo, resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las anteriores afirmaciones la jurisprudencia, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO: El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". Por su parte, el interés legítimo es definido por la doctrina como una institución que faculta a todas aquellas personas, que sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo protegido por una norma objetiva, tienen interés en que la violación al derecho o libertad sea reparado. Esto es, el interés legítimo implica el reconocimiento de la legitimación del ciudadano, cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado, que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. El presupuesto del interés legítimo es la existencia de normas que imponen una conducta obligatoria de la administración pública, la cual no es acorde al derecho subjetivo de los particulares que se ven afectados por los actos de autoridad, esto es, dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que genere un derecho subjetivo, además, se origina debido a una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Se trata del reflejo de una utilidad que al gobernado le proporciona la actuación legal del poder público, aunque es necesario exigir al quejoso la presencia de un factor especial que lo distinga de la generalidad de las personas: el interés legítimo debe ser personal y actual. En efecto, el perjuicio que sufre el titular de un interés legítimo puede ser indirecto, es decir, que el medio de defensa de que se trate es procedente aunque el perjuicio que sufra el quejoso sea a través de un acto dirigido incluso a otro gobernado. Cabe excluir, pues, a quien se queja del agravio ocasionado al público o a un tercero, pero no a quien se queja de un perjuicio que él mismo sufre aunque sea por medio de un acto dirigido a un tercero. De ahí que, el interés legítimo se traduce en un perjuicio cierto a una persona con motivo de un acto de autoridad, con independencia de que cuente o no con derechos subjetivos. En tales condiciones, el interés legítimo asiste a quien siendo titular de un derecho fundamental ostenta un interés para su defensa ante una eventual trasgresión, y no puede asimilarse al genérico del respeto de los derechos, sino como consecuencia de un interés propio, cualificado y específico, que habrá de determinarse atendiendo al tipo de derecho comprometido, a la especial relación -legal o de hecho- con su titular y a la posición de quien lo hace valer. Lo anterior, ya que lo tutelado en el juicio de amparo no es la legalidad en abstracto o cualquier derecho subjetivo sino de un tipo de bien preciso, que en la especie, son los derechos fundamentales. De ahí que, el juicio de amparo se constriñe como una vía para la reparación de violaciones concretas de derechos y no como medio de control abstracto de la validez de actos o disposiciones normativas desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Por lo tanto, el juicio de amparo no abre una vía de impugnación abstracta sino un cauce para obtener la reparación de las violaciones concretas de derechos fundamentales de que hayan podido ser objeto las situaciones jurídicas subjetivas cuya tutela tiene atribuidas. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Ahora bien, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional el hecho de que la legitimación para promover el juicio de amparo, conforme al artículo 5, fracción I, de la ley de la materia, se estableció en favor de quien alegue no sólo un interés legítimo individual sino también uno colectivo, como en la especie acontece. En cuanto al interés legítimo colectivo, de la doctrina se advierte que dentro de éste se considera a los derechos o intereses de incidencia colectiva o difusos para efectos de su protección jurisdiccional, los cuales se traducen en situaciones jurídicas supraindividuales, que las distinguen del interés general de cualquier ciudadano. Asimismo, el referido autor sostiene que el interés legítimo no debe confundirse con la acción popular (que descansa en un interés simple). En tanto, esta última acción se dirige a satisfacer el interés de la comunidad, el de todos. En cambio, el interés legítimo reconducido en su aspecto de protección de derechos o intereses difusos y colectivos normalmente se refiere a círculos de interés más reducidos, intereses de determinados grupos o colectividades (médicos, abogados, trabajadores de una empresa, usuarios de un servicio prestado por determinada empresa, etcétera), que sólo en supuestos excepcionales llega a coincidir con la totalidad de la comunidad, convirtiéndose con ello en interés general. Esto es que la legitimación para la tutela de los intereses difusos y colectivos se funda en la titularidad de un específico interés legítimo cuya invocación por el demandante es precisa para su reconocimiento mientras que la acción popular se sustenta en el mero interés en la legalidad: cualquier persona, por el hecho de invocar su condición ciudadana, está legitimada para impugnar un acto determinado. En este sentido, la acción popular se concede a todos los sujetos de derecho capaces de la comunidad social y no a los de una determinada colectividad o grupo de personas. Además, sostiene que para la existencia de la acción popular se requiere necesariamente el reconocimiento expreso del ordenamiento jurídico, lo que no precisa la acción fundada en un interés legítimo supraindividual (difuso y colectivo). En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad que se impugna en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica de los promoventes, ya sea porque no le impone obligación alguna, porque no tiene un derecho subjetivo específico o un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor de los quejosos. Apoya lo anterior la jurisprudencia, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Como se ve, el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, quien, además de satisfacer los requisitos formales que el propio precepto prevé, debe ser titular de un derecho, o bien, tener interés legítimo, ya sea individual o colectivo. Es decir, el juicio de amparo puede ser promovido tanto por la persona que diga tener interés jurídico como por aquella que afirme le asiste un interés legítimo en el asunto, y para establecer su procedencia es indispensable examinar el caso concreto a efecto de establecer qué tipo de interés le es exigible. Establecido todo lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que los promoventes carecen de interés legítimo colectivo como ciudadanos para controvertir en la vía de amparo el decreto por el que se suprime la veda en las cuencas hidrológicas que se indican, se establece zona de veda en las cuencas hidrológicas Arroyo Zarco, Río Ñadó, Río Galindo, Río San Juan 1, Río Tecozautla, Río San Juan 2, Arroyo El Puerquito o San Bartolo, Arroyo Altamira, Río Santa María 1 y Embalse Zimapán y, zona de reserva parcial de aguas nacionales superficiales para uso ambiental o conservación ecológica en la cuenca hidrológica Río Pánuco 2, en la Subregión Hidrológica Río Pánuco, de la región hidrológica número 26 Pánuco, en sus artículos 3, 4 y 5, los cuales establecen por un lado, que las concesiones o asignaciones otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor, serán reconocidas siempre que el título esté vigente y no se haya incurrido en causas de suspensión, revocación o extinción; y por el otro, que los volúmenes disponibles, no comprometidos por medio de las reservas parciales establecidas por tal Decreto, se podrán explotar, usar o aprovechar mediante título concesión o asignación debidamente emitida, atendiendo la disponibilidad media anual de las aguas superficiales y conforme al orden de presentación. Se cuestionan ambos artículos solamente en tanto violan el derecho a acceder y usar los recursos hídricos de forma equitativa y sustentable; así como, la fracción II del artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales; ello, en razón de que no señalan cuál es la afectación indirecta que en relación con un derecho de grupo o colectivo resienten en su perjuicio ni señalan cuál es la calidad o cualidad de ese grupo que le hace diferenciarse de la totalidad de la ciudadanía, para así poder excluir el mero interés simple en la legalidad o el interés general. Además, los solicitantes del amparo no evidencian ni señalan en forma alguna cómo el acto reclamado irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o colectiva, en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige el artículo 5o, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limitan a basar su pretensión en un interés simple derivado de su condición de ciudadanos residentes en esta Entidad Federativa, pues aducen que como parte de la sociedad tienen interés en que el acceso y uso del agua en nuestra región, la misma tiene que ser concesionada de forma equitativa, y tanto su concesión como su asignación deben asegurar que su uso resulte sustentable, esto es, se aduce un interés igual al de la generalidad de los gobernados que radican en esta Entidad Federativa, pero no refiere las características especiales que guardan su situación frente al orden jurídico, que los coloquen en un punto diferenciado de la situación general y que lo legitimen para promover el juicio de amparo pues ni siquiera refiere cuál sería el derecho colectivo o de grupo que se les afecta y que los desligan de la generalidad y cuya afectación se traslada hasta su esfera particular de derechos causándoles un daño actual y real. En ese sentido, se estima que la parte promovente no demostró la existencia de un "interés legítimo", esto es, un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que, de prosperar la acción, se tradujera en un beneficio jurídico en su favor, por lo que no es dable aceptar que se encuentra en una situación de afectación o lesión en sentido amplio que permita a este órgano jurisdiccional tener por acreditado el principio de parte agraviada, de lo contrario, el juicio de amparo quedaría desnaturalizado y dejaría de cumplir con la finalidad para la que fue creado. En tal circunstancia, al actualizarse en la especie de manera notoria, la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el diverso 5, fracción I, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, concatenados con la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es desechar la demanda en estudio por su manifiesta e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo. Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar la subgarantías de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la jurisprudencia, que a la letra dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sirve de apoyo al caso la jurisprudencia que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1./J. 107/2012 (10.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Por otra parte, téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Independencia, número 10, colonia 20 de Noviembre, zona Centro de esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Miguel Cano López, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. De igual forma, se tiene como autorizada de la parte quejosa para el único efecto de oír y recibir notificaciones de conformidad con el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Amparo a Martha Elena Velázquez Castillo; ello, por así solicitarlo expresamente. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por el Actuario adscrito a este juzgado, solo en caso de que no le sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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