Jael Gonzalo Hernández Camacho

Expediente 18/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 36 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
18/2021
Año
2021
Actuaciones
36
Última actuación
01/07/2022

Partes del expediente

  • Jael Gonzalo Hernández Camacho
  • Titular de la Dirección de Profesiones del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, primero de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, como en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 18/2021, promovido por Jael Gonzalo Hernández Camacho; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de enero de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, Jael Gonzalo Hernández Camacho, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Secretario de Educación en el Estado de Michoacán y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 5°, 8°, 9° y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 18/2021 y en proveído de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se admitió; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Solicitud de ampliación de demanda. Por escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, Jael Gonzalo Hernández Camacho, manifestó su deseo de ampliar la demanda en contra del Rector de la Universidad Vasco de Quiroga, respecto del acto reclamado consistente en "la omisión en registrar mi título profesional de manera digital ante la Dirección General de Profesiones". Ampliación que fue admitida por este juzgado de distrito el veintidós de junio de dos mil veintiuno. Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que la parte quejosa reclama omisiones y la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, en atención a la lectura integral de la demanda y de su ampliación, los actos reclamados por el quejoso, consisten en: A la Secretaría de Educación en el Estado: La falta de respuesta al escrito presentado el veintiséis de noviembre del dos mil veinte. La omisión de registrar su título universitario ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. La omisión de realizar las gestiones necesarias ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública a efecto de que pudiera solicitar y obtener su cédula profesional federal. A la Dirección de Profesiones del Estado de Michoacán: La falta de respuesta al escrito presentado el veintiséis de noviembre del dos mil veinte. La omisión de registrar su título universitario ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. La omisión de realizar las gestiones necesarias ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública a efecto de que pudiera solicitar y obtener su cédula profesional federal. Al Titular de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal: La omisión de realizar las gestiones necesarias a efecto de que pudiera solicitar y obtener su cédula profesional federal. La omisión de realizar las gestiones necesarias ante la Universidad Vasco de Quiroga a efecto de que pueda solicitar y obtener su cédula profesional. Al Rector de la Universidad Vasco de Quiroga: La omisión de realizar las gestiones necesarias ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública a efecto de que pudiera solicitar y obtener su cédula profesional federal. La falta de respuesta al escrito presentado el once de noviembre de dos mil veinte. La omisión de registrar su título de manera digital ante la Dirección General de Profesiones. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Antes de analizar los actos reclamados que se estiman inexistentes y toda vez que varios de ellos son omisiones, es pertinente aclarar que, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad responsable para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. En otras palabas, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Es aplicable la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 53, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de 1998, Materia Común-Administrativa, Novena Época, registro 196080, de rubro y texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. También es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 104/2018 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito], publicada en la página 926 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018 Tomo I, Décima Época, Materia Común, registro digital 2018110, la cual es del tenor siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Asimismo, dada la diversidad de actos y razones por las cuales son inexistentes, se abordará su análisis en diversos apartados o incisos. La falta de respuesta al escrito presentado el veintiséis de noviembre del dos mil veinte atribuido a la Dirección de Profesiones del Estado de Michoacán. El Director de Profesiones del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado adujo que no era cierto ese acto atribuido por el quejoso, toda vez que dio respuesta a su escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, a través del oficio Se.Semsys.Dp366/2020, emitido el seis de diciembre de dos mil veinte, el cual además fue notificado al correo electrónico del quejoso el dieciocho de diciembre del citado año. Asimismo, adjunto a su informe el oficio referido en el párrafo anterior y la imagen de la que se advierte que fue enviado al correo jael_gonzalo@hotmail.com. Ahora bien, de las constancias que exhibió el referido Director, se advierte que, efectivamente, el seis de diciembre de dos mil veinte, el Director de Profesiones del Estado de Michoacán, emitió el oficio Se.Semsys.Dp366/2020, de cuya lectura se advierte que a través del mismo dio respuesta al escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte. En ese contexto, es evidente a la fecha de presentación de la demanda -trece de enero de dos mil veintiuno - no existía la omisión reclamada por la parte quejosa, pues ya se había dado respuesta a su escrito [el seis de diciembre de dos mi veinte]. Es aplicable -en lo conducente- la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 79, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, registro 206346, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". No es impedimento a lo anterior que la responsable no haya acreditado que la respuesta haya sido notificada al quejoso en la dirección que señaló para tal efecto en el escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte ya que éste tuvo conocimiento de dicha respuesta cuando se le dio vista con el informe justificado rendido por la Dirección de Profesiones del Estado de Michoacán. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 36/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 469 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época, Materia Administrativa, registro digital 194060, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes". La falta de respuesta al escrito presentado el once de noviembre del dos mil veinte atribuido al Rector de la Universidad Vasco de Quiroga. El Rector de la Universidad Vasco de Quiroga, negó el acto consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el once de noviembre de dos mil veinte, al respecto adujo que el escrito no fue dirigido a él, pues no se hizo referencia al cargo de Rector ni tampoco menciona su nombre, sino al "Director de la Universidad Vasco de Quiroga", por lo que se ignora si era intención del quejoso presentarlo ante el Director de la licenciatura en medicina o algún otro; aunado a que no contiene sello institucional de recibido de la oficina de Rectoría ni la firma de recibido de él, por lo que señala que al no haber recibido dicho documento tampoco existe la omisión de darle respuesta. En esas condiciones, le correspondía a la parte quejosa acreditar su dicho, máxime, como correctamente lo señala el Rector de la Universidad Vasco de Quiroga, el escrito no se encuentra dirigido a él ni tiene sello de recibido por parte de la institución educativa a su cargo. Sin embargo, el promovente del amparo no ofreció medio de convicción a través del cual probara fehacientemente que el acto omisivo de molestia que dice reclamar afecte el derecho fundamental de petición, ya que para ello era necesario exhibir el original del acuse de recibo que revelara la solicitud elevada a la autoridad responsable; y, por ende, que no le han dado contestación a la misma. Se afirma lo anterior, porque cuando se demanda la omisión de una obligación (aspecto negativo) la parte quejosa tiene el deber procesal de acreditar la existencia de dicha obligación a efecto de demostrar que su incumplimiento es susceptible de actualizarse. Máxime si se toma en consideración que el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concibe que la petición se presenta ante la autoridad en un medio físico (por escrito); por lo que, para demostrar que aquélla se formuló, debe existir constancia de su recepción por la autoridad (acuse de recibo) para que le sea contestada toda solicitud que eleven a las autoridades, dentro de un plazo que se considere prudente para analizar la petición formulada de acuerdo a su naturaleza y así estar en aptitud de darle respuesta congruente. En el caso, no es dable tener por cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable consistente en la omisión de contestar su escrito presentado el once de noviembre de dos mil veinte, ya que resultaba necesario que la parte quejosa acreditara haber generado la obligación a la autoridad referida, para que estuviera obligada a realizar el acto positivo, esto es, acreditar la respuesta a la solicitud formulada. En efecto, si bien es cierto que el quejoso adjuntó a su demanda el multirreferido escrito, éste va dirigido al "DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA" y no obra sello de acuse por parte de la responsable, como se advierte de la imagen que se inserta a continuación: En ese contexto, al no haber acreditado la parte quejosa que formuló la solicitud a la autoridad responsable, cuya carga de la prueba le corresponde, debe tenerse por inexistente el acto omisivo reclamado en el presente juicio. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, del tomo IV, Sexta Época, Materia Común, Apéndice 2000, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." La omisión de registrar su título universitario ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y de realizar las gestiones necesarias ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública a efecto de que pudiera solicitar y obtener su cédula profesional federal, atribuidos a la Secretaría de Educación en el Estado y a la Dirección de Profesiones del Estado de Michoacán; la omisión de realizar las gestiones necesarias a efecto de que pudiera solicitar y obtener su cédula profesional federal y de realizar las gestiones necesarias ante la Universidad Vasco de Quiroga a efecto de que pueda solicitar y obtener su cédula profesional, atribuidos al Titular de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal; y, la omisión de realizar las gestiones necesarias ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública a efecto de que pudiera solicitar y obtener su cédula profesional federal y de registrar su título de manera digital ante la Dirección General de Profesiones atribuido al Rector de la Universidad Vasco de Quiroga. Para que este juzgador esté en aptitud de analizar la existencia de dichos actos, se estima necesario traer a glosa la normativa que contiene las facultades o atribuciones de las autoridades responsables: Atribuciones Dirección de Profesiones del Estado de Michoacán LEY DE PROFESIONES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO "ARTÍCULO 7. Atribuciones de la Dirección de Profesiones. La Dirección tendrá las facultades y obligaciones siguientes: I. Vigilar y promover el cumplimiento de esta Ley; II. Tendrá a su cargo la organización, desarrollo, control y vigilancia del ejercicio profesional en el Estado de Michoacán de Ocampo; III. Realizar el registro de títulos profesionales o diplomas; IV. Expedir las cédulas profesionales con efectos de patente, necesarias para el ejercicio profesional; V. Otorgar el dictamen de registro a los colegios de profesionistas, que cumplan con los requisitos; VI. Supervisar el funcionamiento de los colegios de profesionistas y suspender y cancelar su registro por las causas señaladas en esta Ley, previo el procedimiento de audiencia y defensa contemplado en el Reglamento; VII. Vigilar que los colegios, asociaciones y profesionistas en lo individual, cumplan con un Programa de Servicio Social Profesional; VIII. Expedir constancia de acreditación a los órganos certificadores; IX. Llevar el registro de las instituciones de Educación Media Superior y Superior que expidan Título, Diploma, Especialidad o Grado Académico, respecto a los estudios que en las mismas se hayan cursado; así como de los planes de estudio de las licenciaturas, especialidades, maestrías, o doctorados que en éstas se lleven; X. Cancelar el registro de los títulos, diplomas o grados académicos a que se refiere esta Ley, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada dictada por autoridad judicial competente y consecuente de la cédula profesional; XI. Otorgar la autorización provisional a los estudiantes que hayan comprobado la terminación de los estudios en los niveles de profesional técnica, licenciatura y especialidad previo cumplimiento de los requisitos que establezca la Ley y su normatividad secundaria; XII. Expedir constancias de actualización, práctica profesional y educación continua, acreditadas por las instituciones educativas registradas y por los colegios de profesionistas previo el pago de los derechos correspondientes; XIII. Elaborar un listado de las constancias o certificados de participación en los cursos de capacitación y de educación continua expedidos por las instituciones educativas registradas y por los colegios de profesionistas a sus miembros; XIV. Formar comisiones técnicas encargadas de estudiar y dictaminar los campos de acción de las carreras técnicas, profesionales y grados académicos, en coordinación con los colegios de profesionistas y organismos especializados de las dependencias de Gobierno; XV. Efectuar a través de su personal capacitado, inspecciones a los lugares de trabajo de los que se ostenten como profesionistas, a efecto de comprobar que cuentan con los requisitos y autorizaciones legales correspondientes en la materia; XVI. Pedir informes a los colegios de profesionistas respecto al ejercicio profesional de sus afiliados; XVII. Expedir la autorización para ejercer como perito; XVIII. Elaborar, organizar y actualizar permanentemente el Padrón de Profesionistas en el Estado; XIX. Arbitrar, a petición de parte, en los conflictos que se susciten entre los colegios de profesionistas, entre los miembros de éstos o con otros profesionistas, o entre profesionistas y sus clientes, emitiendo el laudo correspondiente; XX. Aplicar las sanciones en materia de profesiones conforme a las disposiciones legales aplicables, así como resolver los recursos que promuevan en el ámbito de su competencia; XXI. Solicitar la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y en los diarios de mayor circulación cuando se justifique y acuerde conveniente, las resoluciones y comunicaciones en materia de profesiones; XXII. Ordenar anualmente, dentro de los diez primeros días del mes de enero, la publicación en el Periódico Oficial del Estado de la lista completa de los profesionistas que fueron registrados y autorizados para el ejercicio profesional durante el año anterior; XXIII. Proporcionar información respecto al registro o expedición de constancias o autorizaciones que lleva a cabo la Dirección de Profesiones a quien demuestre interés jurídico, procurando garantizar la protección de los datos personales; XXIV. Solicitar y verificar datos relacionados con las instituciones de Educación Superior, de enseñanza normal, de profesional técnica y colegios de profesionistas, sobre regulación, apoyo, organización y control del ejercicio profesional en la República Mexicana y en el Extranjero; XXV. Llevar control de los profesionistas que residan y ejerzan en el Estado, aun cuando declaren no ejercer su profesión en la entidad; XXVI. Llevar la estadística del ejercicio profesional en el Estado; XXVII. Vigilar que la publicidad profesional se realice con los requisitos que establece la presente Ley, su Reglamento, y demás disposiciones aplicables; XXVIII. Hacer del conocimiento al Ministerio Público de los actos u omisiones que puedan ser constitutivos de delito, en que incurran quienes se ostenten como profesionistas o usurpación de profesiones; XXIX. Promover la celebración de convenios de colaboración con instituciones de Educación Superior, profesional técnica o de enseñanza normal, para efecto de participar en programas de becas y actividades tendientes a lograr la titulación, registro y autorización en forma expedita; XXX. Coordinar en el Estado el servicio social profesional y vigilar su debido cumplimiento con el auxilio de las instituciones de educación superior, de los colegios de profesionistas, o de los profesionistas en particular; XXXI. Vigilar que los profesionistas extranjeros que ejerzan en el Estado, cumplan con las disposiciones legales correspondientes; XXXII. Proponer a través de la Secretaría de Educación, al Ejecutivo del Estado, el costo del registro del título, diploma y la expedición de la cédula profesional con efectos de patente, el cual deberá ser accesible y oportuno para que sea inserto en el proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio que corresponda para su consecuente aprobación por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; y, XXXIII. Las demás que se encuentren establecidas en esta Ley y su Reglamento y en otras disposiciones legales aplicables. La Dirección de Profesiones se coordinará con la Secretaría de Educación, para el cumplimiento de las atribuciones de este capítulo en las que dicha Secretaría deba intervenir. Atribuciones del Secretario de Educación en el Estado de Michoacán LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO "Artículo 31. A la Secretaría de Educación, le corresponden las atribuciones que expresamente le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo y las siguientes: I. Planear, programar, desarrollar, supervisar y evaluar la educación en coordinación con la Federación y los municipios, en los tipos y niveles que le corresponda, bajo la cultura de la no violencia y educación para la paz, en cumplimiento al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia; II. Prestar el servicio público de educación en concurrencia de los municipios y de la Federación conforme a las leyes y reglamentos aplicables; III. Proponer las normas y políticas en materia educativa que se deban llevar a cabo en el Estado, con enfoque en la promoción de los derechos humanos, la cultura de la paz, la inclusión en todas sus modalidades y para todos los segmentos, la equidad y la perspectiva de género; IV. Emitir opinión sobre el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos tanto regionales como locales del Estado, así como solicitar a la autoridad educativa federal la actualización y modificaciones de los planes y programas de estudio tanto para atender el carácter regional, local, contextual y situacional de los procesos de enseñanza aprendizaje y la recuperación de los saberes locales, como para garantizar los derechos en la materia de todas las personas y de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en el Estado. Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la autoridad educativa estatal deberá garantizar la participación y consulta a los diversos actores sociales involucrados en la educación y los procesos educativos, de conformidad también con los artículos 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 del Convenio 169 de la OIT y 4, numeral 3, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el caso de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, la consulta habrá de ser previa, libre, informada y culturalmente adecuada; en el caso de personas con discapacidad, la consulta habrá de ser real, accesible y con participación efectiva de las personas con discapacidad y las asociaciones que las representan; V. Generar políticas educativas en las que se reconozca la igualdad sustantiva entre todas las personas, promover programas y contenidos relativos para evitar prácticas discriminatorias en el ámbito de su competencia; VI. Coordinarse con la autoridad correspondiente para el fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, observando los principios rectores y objetivos dispuestos por la Federación en la materia; VII. Administrar y organizar la distribución oportuna de los libros de texto gratuito en los planteles educativos y vigilar su correcta utilización; VIII. Expedir los certificados, otorgar las constancias y diplomas; revalidar los estudios, diplomas, grados o títulos equivalentes a la enseñanza que se imparta en el Estado, en los términos de la ley de la materia, así como llevar la supervisión y registro de los mismos; IX. Otorgar, negar o revocar autorizaciones a los particulares para impartir la educación primaria, secundaria, normal y demás niveles educativos, de conformidad con las leyes de la materia; X. Operar el Sistema de Información Integral de la Educación en el Estado, en todos los niveles educativos, manteniendo actualizados los datos estadísticos y los indicadores, para la toma de decisiones óptimas y asertivas; XI. Garantizar la alfabetización de la población y el acceso a la educación para adultos en todos los niveles, en el que se incluya la capacitación en el uso de la tecnología; XII. Organizar, operar y desarrollar el Sistema de Otorgamiento de Becas, coadyuvando con la autoridad federal en las acciones necesarias para su fortalecimiento; XIII. Promover y coordinar la participación social para la educación, en las regiones, municipios y comunidades, de conformidad con los lineamientos y políticas que se dicten por las autoridades correspondientes; XIV. Formular, dirigir, vigilar y promover la política estatal en materia de cultura física y deporte y los programas que del mismo se deriven; XV. Coordinar y promover actividades educativas tendientes al conocimiento de los diversos ecosistemas del Estado, así como a la preservación, conservación y el uso social del entorno físico y de los recursos naturales con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, el Gobierno Federal y municipal y con miembros de los sectores social y privado; XVI. Suscribir, operar y vigilar la ejecución de convenios de coordinación en materia de educación, deporte, cultura y otras áreas educativas, con las dependencias, organismos e instituciones públicas o privadas en el ámbito estatal, nacional e internacional, en coordinación con las instancias competentes; XVII. Proponer y ejecutar los convenios de coordinación, en materia de mejoramiento de infraestructura y equipamiento escolar, conforme a la ley en la materia; XVIII. Proponer y ejecutar los convenios de coordinación que en materia educativa, científica y tecnológica celebre el Estado con la Federación y los municipios; XIX. Participar en los procesos de ingreso, selección, promoción, evaluación y permanencia de personal docente, en términos de las leyes correspondientes y los criterios que establezca al respecto la autoridad federal; XX. Impulsar los procesos de capacitación y formación continua de los trabajadores del Sistema Educativo Estatal, fortaleciendo la adquisición sistemática y permanente de habilidades y competencias, incluidas las socioemocionales y digitales acordes a los nuevos contextos socioeducativos; XXI. Representar al Gobernador ante cualquier organismo, instancia, entidad o institución pública o privada, de carácter educativo, en el ámbito estatal, nacional e internacional; XXII. Coordinar, vincular y organizar en el ámbito de su competencia, a las entidades del sector, y emitir las políticas para su funcionamiento, de conformidad con la legislación en la materia; XXIII. Apoyar y coordinarse con los organismos de protección civil en el desarrollo de programas de seguridad y emergencia; XXIV. Apoyar dentro del ámbito de su competencia, la difusión y campañas de carácter educativo para fortalecer los comportamientos de ética, transparencia y rendición de cuentas del personal del sistema educativo; XXV. Impulsar, promover y operar programas y acciones tendientes a la prevención de las adicciones, alcoholismo, trastornos alimenticios, salud emocional y mental, en la sociedad civil y todos los niveles educativos, en coordinación con las instancias competentes, evaluando el impacto de las mismas; XXVI. Promover y realizar en coordinación con las dependencias y entidades correspondientes, programas de capacitación técnica especializada en las ramas agropecuaria, industrial y de servicios; XXVII. Ejecutar las políticas, programas y acciones en materia de gobierno digital y mejora regulatoria que promuevan la eficiencia, economía, eficacia y calidad en la Administración Pública Estatal; XXVIII. Organizar y desarrollar la educación artística, en coordinación con la Secretaría de Cultura, que se imparta en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes populares; y, XXIX. Las demás que le confieran las normas jurídicas aplicables. Atribuciones de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA "ARTÍCULO 40. La Dirección General de Profesiones tiene las atribuciones siguientes: I. Vigilar el ejercicio profesional, en términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México; II. Gestionar, de conformidad con las instrucciones de la persona Titular de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación, lo conducente para desarrollar la participación de los colegios de profesionistas y demás instancias pertinentes en la elaboración de las normativas y criterios para el reconocimiento de licencias y certificados a prestadores de servicios profesionales de otros países con los que México tenga celebrados tratados sobre la materia; III. Registrar los títulos profesionales y grados académicos, así como expedir cédulas profesionales con efectos de patente. Tratándose de títulos profesionales y grados académicos expedidos en el extranjero, requerirán de revalidación de estudios otorgada, en términos de los artículos 142 y 144 de la Ley General de Educación; IV. Expedir autorizaciones para el ejercicio temporal de su profesión a los profesionales cuyo título se encuentre en trámite; V. Expedir autorización a los pasantes de las diversas ramas para ejercer profesionalmente; VI. Expedir autorización para el ejercicio de una especialidad a quienes tengan título profesional registrado; VII. Registrar la creación de los colegios de profesionistas y la de sus Federaciones; VIII. Comunicar a la Dirección General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia, las conductas que presuntamente podrían considerarse como delitos o infracciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, en términos de dicha Ley, a efecto de que se presenten las querellas y denuncias que correspondan, y IX. Auxiliar a la persona Titular de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación en las acciones que promuevan, consoliden y amplíen las relaciones de la Secretaría y los colegios de profesionistas, así como en la instrumentación de medidas tendientes a elevar la calidad de los servicios profesionales a que refieren las fracciones II y III del artículo 11 del presente Reglamento". LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO "ARTÍCULO 23. Son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones: I. Registrar los títulos de profesionistas a que se refiere esta Ley, de conformidad con los artículos 14, 15 y 16 de este ordenamiento; II. Llevar la hoja de servicios de cada profesionista, cuyo título registre, y anotar en el propio expediente, las sanciones que se impongan al profesionista en el desempeño de algún cargo o que impliquen la suspensión del ejercicio profesional; III. Autorizar para el ejercicio de una especialización; IV. Expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos de patente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales; V. Llevar la lista de los profesionistas que declaren no ejercer la profesión; VI. Publicar en los periódicos de mayor circulación todas las resoluciones de registro y denegatorias de registro de títulos; VII. Cancelar el registro de los títulos de los profesionistas condenados judicialmente a inhabilitación en el ejercicio y publicar profusamente dicha cancelación; VIII. Determinar, de acuerdo con los colegios de profesionistas, la sede y forma como éstos desean cumplir con el servicio social; IX. Sugerir la distribución de los profesionistas conforme a las necesidades y exigencias de cada localidad; X. Llevar un archivo con los datos relativos a la enseñanza preparatoria, normal y profesional que se imparta en cada uno de los planteles educativos; XI. Anotar los datos relativos a las universidades o escuelas profesionales extranjeras; XII. Publicar, en el mes de enero de cada año, la lista de los profesionistas titulados en los planteles de preparación profesional durante el año anterior; XIII.- Proporcionar a los interesados informes en asuntos de la competencia de la Dirección; XIV.- Integrar y mantener una base de datos actualizada con la información señalada en las fracciones II, V y VII de este artículo, misma que deberá ser compartido en los términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y XV.- Las demás que le fijen las leyes y reglamentos". Atribuciones de la Universidad Vasco de Quiroga LEY DE PROFESIONES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO "ARTÍCULO 10. Obligaciones de las Instituciones de Educación. Las instituciones de Educación Media Superior y Superior en el Estado independientemente de quien les haya otorgado el Reconocimiento y Validez de Estudios, conforme a los términos de esta Ley, están obligados, en materia de profesiones a: I. Registrarse en la Dirección, la cual expedirá la constancia respectiva en la que se expresará claramente: a) El nombre de la institución; b) La fecha de su expedición; c) El tipo, niveles y generalidades que la Dirección le solicite respecto a la educación que imparta; II. Proporcionar a la Dirección el nombre, nivel y modalidad de los programas que impartirá, el o los domicilios donde los efectúe, el mapa curricular, la organización del servicio social y las formas de obtención del título, diploma o grado; III. Informar a la Dirección dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se celebren los exámenes de graduación, los nombres y carreras de quienes hayan aprobado; IV. Promover en sus planes de estudios el análisis de las obligaciones y derechos que conlleva el ejercicio profesional; y, V. Cuando establezcan nuevas carreras o cursos, en cualquier nivel profesional, deberán acreditar la gestión, autorización y registro ante la Secretaría de Educación e informar por escrito a la Dirección de Profesiones". "ARTÍCULO 15. Instituciones y Organismos Autorizados para la expedición de títulos, diplomas y grados profesionales. Están autorizados para la expedición de títulos y diplomas profesionales: I. Las Escuelas, Facultades e Institutos dependientes del Gobierno Federal y Estatal, autorizadas por la Secretaría de Educación Pública; II. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y, III. Las Universidades, Facultades, Escuelas e Institutos que obtengan reconocimiento o autorización de la Secretaria de Educación Pública o de la Secretaría de Educación en el Estado". De los numerales transcritos se advierte que las atribuciones de la Dirección de Profesiones del Estado de Michoacán, son las siguientes: Vigilar y promover el cumplimiento de la Ley de Profesiones del Estado de Michoacán de Ocampo. La organización, desarrollo, control y vigilancia del ejercicio profesional en el Estado de Michoacán de Ocampo. Realizar el registro de títulos profesionales o diplomas. Expedir las cédulas profesionales con efectos de patente, necesarias para el ejercicio profesional. Otorgar el dictamen de registro a los colegios de profesionistas, que cumplan con los requisitos. Supervisar el funcionamiento de los colegios de profesionistas y suspender y cancelar su registro por las causas señaladas en la ley de la materia, previo el procedimiento de audiencia y defensa contemplado en el Reglamento. Vigilar que los colegios, asociaciones y profesionistas en lo individual, cumplan con un Programa de Servicio Social Profesional. Expedir constancia de acreditación a los órganos certificadores. Llevar el registro de las instituciones de Educación Media Superior y Superior que expidan Título, Diploma, Especialidad o Grado Académico, respecto a los estudios que en las mismas se hayan cursado; así como de los planes de estudio de las licenciaturas, especialidades, maestrías, o doctorados que en éstas se lleven. Cancelar el registro de los títulos, diplomas o grados académicos a que se refiere esta Ley, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada dictada por autoridad judicial competente y consecuente de la cédula profesional. Otorgar la autorización provisional a los estudiantes que hayan comprobado la terminación de los estudios en los niveles de profesional técnica, licenciatura y especialidad previo cumplimiento de los requisitos que establezca la Ley y su normatividad secundaria. Expedir constancias de actualización, práctica profesional y educación continua, acreditadas por las instituciones educativas registradas y por los colegios de profesionistas previo el pago de los derechos correspondientes. Elaborar un listado de las constancias o certificados de participación en los cursos de capacitación y de educación continua expedidos por las instituciones educativas registradas y por los colegios de profesionistas a sus miembros. Formar comisiones técnicas encargadas de estudiar y dictaminar los campos de acción de las carreras técnicas, profesionales y grados académicos, en coordinación con los colegios de profesionistas y organismos especializados de las dependencias de Gobierno. Efectuar a través de su personal capacitado, inspecciones a los lugares de trabajo de los que se ostenten como profesionistas, a efecto de comprobar que cuentan con los requisitos y autorizaciones legales correspondientes en la materia. Pedir informes a los colegios de profesionistas respecto al ejercicio profesional de sus afiliados. Expedir la autorización para ejercer como perito. Elaborar, organizar y actualizar permanentemente el Padrón de Profesionistas en el Estado. Arbitrar, a petición de parte, en los conflictos que se susciten entre los colegios de profesionistas, entre los miembros de éstos o con otros profesionistas, o entre profesionistas y sus clientes, emitiendo el laudo correspondiente. Aplicar las sanciones en materia de profesiones conforme a las disposiciones legales aplicables, así como resolver los recursos que promuevan en el ámbito de su competencia. Solicitar la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y en los diarios de mayor circulación cuando se justifique y acuerde conveniente, las resoluciones y comunicaciones en materia de profesiones. Ordenar anualmente, dentro de los diez primeros días del mes de enero, la publicación en el Periódico Oficial del Estado de la lista completa de los profesionistas que fueron registrados y autorizados para el ejercicio profesional durante el año anterior. Proporcionar información respecto al registro o expedición de constancias o autorizaciones que lleva a cabo la Dirección de Profesiones a quien demuestre interés jurídico, procurando garantizar la protección de los datos personales. Solicitar y verificar datos relacionados con las instituciones de Educación Superior, de enseñanza normal, de profesional técnica y colegios de profesionistas, sobre regulación, apoyo, organización y control del ejercicio profesional en la República Mexicana y en el Extranjero. Llevar control de los profesionistas que residan y ejerzan en el Estado, aun cuando declaren no ejercer su profesión en la entidad. Llevar la estadística del ejercicio profesional en el Estado. Vigilar que la publicidad profesional se realice con los requisitos que establece la presente Ley, su Reglamento, y demás disposiciones aplicables. Hacer del conocimiento al Ministerio Público de los actos u omisiones que puedan ser constitutivos de delito, en que incurran quienes se ostenten como profesionistas o usurpación de profesiones. Promover la celebración de convenios de colaboración con instituciones de Educación Superior, profesional técnica o de enseñanza normal, para efecto de participar en programas de becas y actividades tendientes a lograr la titulación, registro y autorización en forma expedita. Coordinar en el Estado el servicio social profesional y vigilar su debido cumplimiento con el auxilio de las instituciones de educación superior, de los colegios de profesionistas, o de los profesionistas en particular. Vigilar que los profesionistas extranjeros que ejerzan en el Estado, cumplan con las disposiciones legales correspondientes. Proponer a través de la Secretaría de Educación, al Ejecutivo del Estado, el costo del registro del título, diploma y la expedición de la cédula profesional con efectos de patente, el cual deberá ser accesible y oportuno para que sea inserto en el proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio que corresponda para su consecuente aprobación por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; y, Las demás que se encuentren establecidas en esta Ley y su Reglamento y en otras disposiciones legales aplicables. De igual manera, se advierte que las atribuciones del Secretario de Educación en el Estado de Michoacán, son: Planear, programar, desarrollar, supervisar y evaluar la educación en coordinación con la Federación y los municipios, en los tipos y niveles que le corresponda, bajo la cultura de la no violencia y educación para la paz, en cumplimiento al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia. Prestar el servicio público de educación en concurrencia de los municipios y de la Federación conforme a las leyes y reglamentos aplicables. Proponer las normas y políticas en materia educativa que se deban llevar a cabo en el Estado, con enfoque en la promoción de los derechos humanos, la cultura de la paz, la inclusión en todas sus modalidades y para todos los segmentos, la equidad y la perspectiva de género. Emitir opinión sobre el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos tanto regionales como locales del Estado, así como solicitar a la autoridad educativa federal la actualización y modificaciones de los planes y programas de estudio tanto para atender el carácter regional, local, contextual y situacional de los procesos de enseñanza aprendizaje y la recuperación de los saberes locales, como para garantizar los derechos en la materia de todas las personas y de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en el Estado. Generar políticas educativas en las que se reconozca la igualdad sustantiva entre todas las personas, promover programas y contenidos relativos para evitar prácticas discriminatorias en el ámbito de su competencia. Coordinarse con la autoridad correspondiente para el fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, observando los principios rectores y objetivos dispuestos por la Federación en la materia. Administrar y organizar la distribución oportuna de los libros de texto gratuito en los planteles educativos y vigilar su correcta utilización. Expedir los certificados, otorgar las constancias y diplomas; revalidar los estudios, diplomas, grados o títulos equivalentes a la enseñanza que se imparta en el Estado, en los términos de la ley de la materia, así como llevar la supervisión y registro de los mismos. Otorgar, negar o revocar autorizaciones a los particulares para impartir la educación primaria, secundaria, normal y demás niveles educativos, de conformidad con las leyes de la materia. Operar el Sistema de Información Integral de la Educación en el Estado, en todos los niveles educativos, manteniendo actualizados los datos estadísticos y los indicadores, para la toma de decisiones óptimas y asertivas. Garantizar la alfabetización de la población y el acceso a la educación para adultos en todos los niveles, en el que se incluya la capacitación en el uso de la tecnología. Organizar, operar y desarrollar el Sistema de Otorgamiento de Becas, coadyuvando con la autoridad federal en las acciones necesarias para su fortalecimiento. Promover y coordinar la participación social para la educación, en las regiones, municipios y comunidades, de conformidad con los lineamientos y políticas que se dicten por las autoridades correspondientes. Formular, dirigir, vigilar y promover la política estatal en materia de cultura física y deporte y los programas que del mismo se deriven. Coordinar y promover actividades educativas tendientes al conocimiento de los diversos ecosistemas del Estado, así como a la preservación, conservación y el uso social del entorno físico y de los recursos naturales con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, el Gobierno Federal y municipal y con miembros de los sectores social y privado. Suscribir, operar y vigilar la ejecución de convenios de coordinación en materia de educación, deporte, cultura y otras áreas educativas, con las dependencias, organismos e instituciones públicas o privadas en el ámbito estatal, nacional e internacional, en coordinación con las instancias competentes. Proponer y ejecutar los convenios de coordinación, en materia de mejoramiento de infraestructura y equipamiento escolar, conforme a la ley en la materia. Proponer y ejecutar los convenios de coordinación que en materia educativa, científica y tecnológica celebre el Estado con la Federación y los municipios. Participar en los procesos de ingreso, selección, promoción, evaluación y permanencia de personal docente, en términos de las leyes correspondientes y los criterios que establezca al respecto la autoridad federal. Impulsar los procesos de capacitación y formación continua de los trabajadores del Sistema Educativo Estatal, fortaleciendo la adquisición sistemática y permanente de habilidades y competencias, incluidas las socioemocionales y digitales acordes a los nuevos contextos socioeducativos. Representar al Gobernador ante cualquier organismo, instancia, entidad o institución pública o privada, de carácter educativo, en el ámbito estatal, nacional e internacional. Coordinar, vincular y organizar en el ámbito de su competencia, a las entidades del sector, y emitir las políticas para su funcionamiento, de conformidad con la legislación en la materia. Apoyar y coordinarse con los organismos de protección civil en el desarrollo de programas de seguridad y emergencia. Apoyar dentro del ámbito de su competencia, la difusión y campañas de carácter educativo para fortalecer los comportamientos de ética, transparencia y rendición de cuentas del personal del sistema educativo. Impulsar, promover y operar programas y acciones tendientes a la prevención de las adicciones, alcoholismo, trastornos alimenticios, salud emocional y mental, en la sociedad civil y todos los niveles educativos, en coordinación con las instancias competentes, evaluando el impacto de las mismas. Promover y realizar en coordinación con las dependencias y entidades correspondientes, programas de capacitación técnica especializada en las ramas agropecuaria, industrial y de servicios. Ejecutar las políticas, programas y acciones en materia de gobierno digital y mejora regulatoria que promuevan la eficiencia, economía, eficacia y calidad en la Administración Pública Estatal. Organizar y desarrollar la educación artística, en coordinación con la Secretaría de Cultura, que se imparta en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes populares. Las demás que le confieran las normas jurídicas aplicables. De los numerales transcritos también se obtienen las atribuciones de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal, las cuales son: Vigilar el ejercicio profesional, en términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. Gestionar, de conformidad con las instrucciones de la persona Titular de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación, lo conducente para desarrollar la participación de los colegios de profesionistas y demás instancias pertinentes en la elaboración de las normativas y criterios para el reconocimiento de licencias y certificados a prestadores de servicios profesionales de otros países con los que México tenga celebrados tratados sobre la materia. Registrar los títulos profesionales y grados académicos, así como expedir cédulas profesionales con efectos de patente. Expedir autorizaciones para el ejercicio temporal de su profesión a los profesionales cuyo título se encuentre en trámite. Expedir autorización a los pasantes de las diversas ramas para ejercer profesionalmente. Expedir autorización para el ejercicio de una especialidad a quienes tengan título profesional registrado. Registrar la creación de los colegios de profesionistas y la de sus Federaciones. Comunicar a la Dirección General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia, las conductas que presuntamente podrían considerarse como delitos o infracciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, en términos de dicha Ley, a efecto de que se presenten las querellas y denuncias que correspondan. Auxiliar a la persona Titular de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación en las acciones que promuevan, consoliden y amplíen las relaciones de la Secretaría y los colegios de profesionistas, así como en la instrumentación de medidas tendientes a elevar la calidad de los servicios profesionales. Registrar los títulos de profesionistas. Llevar la hoja de servicios de cada profesionista, cuyo título registre, y anotar en el propio expediente, las sanciones que se impongan al profesionista en el desempeño de algún cargo o que impliquen la suspensión del ejercicio profesional. Autorizar para el ejercicio de una especialización. Expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos de patente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales. Llevar la lista de los profesionistas que declaren no ejercer la profesión. Publicar en los periódicos de mayor circulación todas las resoluciones de registro y denegatorias de registro de títulos. Cancelar el registro de los títulos de los profesionistas condenados judicialmente a inhabilitación en el ejercicio y publicar profusamente dicha cancelación. Determinar, de acuerdo con los colegios de profesionistas, la sede y forma como éstos desean cumplir con el servicio social. Sugerir la distribución de los profesionistas conforme a las necesidades y exigencias de cada localidad. Llevar un archivo con los datos relativos a la enseñanza preparatoria, normal y profesional que se imparta en cada uno de los planteles educativos. Anotar los datos relativos a las universidades o escuelas profesionales extranjeras. Publicar, en el mes de enero de cada año, la lista de los profesionistas titulados en los planteles de preparación profesional durante el año anterior. Proporcionar a los interesados informes en asuntos de la competencia de la Dirección. Integrar y mantener una base de datos actualizada con la información señalada en las fracciones II, V y VII de este artículo, misma que deberá ser compartido en los términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Finalmente, también se obtienen las atribuciones de la Universidad Vasco de Quiroga: Registrarse en la Dirección de Profesiones del Estado de Michoacán. Proporcionar a la Dirección de Profesiones del Estado de Michoacán, el nombre, nivel y modalidad de los programas que impartirá, el o los domicilios donde los efectúe, el mapa curricular, la organización del servicio social y las formas de obtención del título, diploma o grado. Informar a la Dirección de Profesiones del Estado de Michoacán dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se celebren los exámenes de graduación, los nombres y carreras de quienes hayan aprobado. Promover en sus planes de estudios el análisis de las obligaciones y derechos que conlleva el ejercicio profesional. Cuando establezcan nuevas carreras o cursos, en cualquier nivel profesional, deberán acreditar la gestión, autorización y registro ante la Secretaría de Educación e informar por escrito a la Dirección de Profesiones del Estado. Autorización para la expedición de títulos y diplomas profesionales. En ese contexto, se estima que son inexistentes los actos consistentes en la omisión de registrar su título universitario ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y de realizar las gestiones necesarias ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública a efecto de que pudiera solicitar y obtener su cédula profesional federal, atribuidos a la Secretaría de Educación en el Estado y a la Dirección de Profesiones del Estado de Michoacán; la omisión de realizar las gestiones necesarias a efecto de que pudiera solicitar y obtener su cédula profesional federal y de realizar las gestiones necesarias ante la Universidad Vasco de Quiroga a efecto de que pueda solicitar y obtener su cédula profesional, atribuidos a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal; y, la omisión de realizar las gestiones necesarias ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública a efecto de que pudiera solicitar y obtener su cédula profesional federal y de registrar su título de manera digital ante la Dirección General de Profesiones atribuidos al Rector de la Universidad Vasco de Quiroga. Lo anterior es así, toda vez que entre las facultades con las que cuentan las autoridades mencionadas, no se encuentra la obligación de realizar lo reclamado por el quejoso; esto es, registrar su título universitario ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y de realizar las gestiones necesarias ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública a efecto de que pudiera solicitar y obtener su cédula profesional federal; de realizar las gestiones necesarias ante la Universidad Vasco de Quiroga a efecto de que pueda solicitar y obtener su cédula profesional; de registrar su título de manera digital ante la Dirección General de Profesiones. Y si bien la Dirección General de Profesiones entre sus facultades tiene la relativa a registrar los títulos profesionales y grados académicos, así como expedir cédulas profesionales con efectos de patente, también es verdad, que no se advierte que dicha dependencia deba realizar gestiones con la institución académica correspondiente [en este caso la Universidad Vasco de Quiroga] para la emisión de una cédula profesional federal. Aunado al hecho de que si bien el quejoso señala que pretende obtener una cédula profesional federal, la Dirección de Profesiones del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado adujo que a partir del primero de octubre de dos mil dieciocho, se dio por terminado el Convenio para coordinar y unificar el registro profesional, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Michoacán de Ocampo, publicado el 19 de septiembre de 1974, por lo que la Dirección a su cargo era la encargada de registrar título profesional, grado académico o diploma de especialidad y expedir las cédulas profesionales definitivas con efectos de patente a través de la institución educativa mediante el uso de la plataforma de la Secretaría de Educación en el Estado-cédula digital. Dichas cédulas de patente tendrán validez oficial a nivel nacional, lo anterior se obtuvo de la siguiente página oficial de la Secretaría de Educación Educación | SEE ratifica la validez de la cédula profesional con efectos de patente (michoacan.gob.mx), de la que se obtuvo: De ahí que, en todo caso, el trámite se debe realizar ante las dependencias el Estado de Michoacán y no a nivel federal; y si lo que pretende el quejoso es una cédula expedida por la Secretaría de Educación Pública, nada tienen que ver las autoridades estatales, pues el trámite lo puede efectuar directamente el quejoso en línea en la página web de la Dirección General de Profesiones Dirección General de Profesiones (sep.gob.mx), remite a una diversa donde se establecen los pagos a seguir para el registro del título y expedición de cédula Captura de solicitud (sep.gob.mx). Aunado a lo anterior, el Rector de la Universidad Vasco de Quiroga, al rendir su informe justificado adujo que la institución a su cargo no cuenta con RVOE federal y que el quejoso ha sido omiso en solicitar y cumplir los requisitos para la expedición de su cédula profesional estatal y el promovente del amparo no desvirtuó dicha manifestación. En tales condiciones, procede sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los actos reclamados a las autoridades indicadas en el considerando anterior. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Cuarto. Certeza del acto reclamado. El Secretario de Educación en el Estado, al rendir su informe justificado, respecto de la falta de respuesta al escrito presentado el veintiséis de noviembre del dos mil veinte, adujo que no era cierto el acto reclamado; sin embargo, el mismo debe tenerse por cierto, ya que posterior a ello manifestó que no era la autoridad competente, sin embargo, en atención al derecho de petición del quejoso, a Dirección de Profesiones dio contestación a su escrito. Es aplicable al caso a tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Quinto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso, este Juzgado de Distrito estima que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de la falta de respuesta al escrito presentado el veintiséis de noviembre del dos mil veinte, al Secretario de Educación en el Estado. Para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en estudio, se estima pertinente traer a glosa la porción normativa que la regula: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando haya cesado los efectos del acto reclamado;." De lo anterior se observa, que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, entre otros actos, el quejoso reclama del Secretario de Educación en el Estado, la falta de respuesta al escrito presentado el veintiséis de noviembre del dos mil veinte. Por su parte, de las constancias que remite la citada responsable, se advierte que el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, emitió el oficio SG/CJEE/EJSE/0167/2021, mediante el cual dio respuesta a la petición formulada por el quejoso, al respecto adujo que dicha petición fue turnada a la Dirección de Profesiones de la Subsecretaría de Educación Media superior y Superior, al ser un asunto de su competencia, lo cual se efectuó mediante diverso oficio SE/OS/SP/1572/2020 de treinta de noviembre de dos mil veinte. De ahí, que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía violada, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, lo que la misma garantía exija, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter omisivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro, cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Por otra parte, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, hizo valer la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, respecto el acto en estudio no se analizará ya que al quedar demostrada las causales de improcedencia analizada en este considerando, sería ocioso analizarlas, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia Común, Novena Época, registro 195744, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Tampoco se analizará la causa de improcedencia hecha valer por la Agente del Ministerio Pública adscrita, por lo que ve al resto de los actos reclamados, ya que como se advierte del considerando tercero de este fallo, fueron declarados inexistentes. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jael Gonzálo Hernández Camacho por los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el diverso tercero. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy nueve de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del catorce de marzo de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 18/2021. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la parte quejosa y con las exhibidas por el Rector de la Unidad Académica Santa María y apoderado jurídico de la Universidad Vasco de Quiroga A. C. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los formulados por la parte quejosa, por el representante legal del Secretario en Educación en el Estado, con residencia en esta ciudad y por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos descritos con antelación y por precluído el derecho de las demás partes para realizarlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López Juez Séptimo de Distrito en el Estado.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente y del estado de autos se advierte que aun cuando el oficio 9308 con el que se requirió a la autoridad responsable el informe justificado, fue enviado vía correo electrónico oficial dgp.cedulaprofesional@nube.sep.gob.mx; en cambio, no se tiene la certeza que la autoridad lo haya recibido y mucho menos esté enterada de su contenido. Por tanto, se ordena girar nuevamente el oficio 9308 al Titular de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal, con residencia en la Ciudad de México, con copia simple de la ampliación de demanda para que sea legalmente notificado y este en aptitud de rendir el informe solicitado en autos. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional y en su lugar se fijan para su verificativo las once horas del catorce de enero de dos mil veintidós. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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