Jahaira Perez Macswiney
Expediente 866/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 866/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jahaira Perez Macswiney
- Marisa Macswiney Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo referido, el cuaderno único del incidente de suspensión es susceptible de conservarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 17 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, transfiéranse el juicio y el cuaderno único del incidente de suspensión. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 866/2023; promovido por Marisa Macswiney Martínez por su propio derecho y como representante legal de Jahaira Pérez Macswiney; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintitrés (foja 3), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Marisa Macswiney Martínez por su propio derecho y como representante legal de Jahaira Pérez Macswiney, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este juzgado, la registró con el número 866/2023, mediante auto de once de julio de dos mil veintitrés (foja 24) se desechó respecto del acto reclamado al Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Menor en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y se admitió respecto el Juez de dicho órgano, a quien le solicitó su informe con justificación y otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés (foja 39) se reconoció el carácter de tercera interesada a Claudia Vanesa García Villegas, en su carácter de actora dentro del juicio de origen, así como a Izzet Vázquez Rubio, en cuanto adjudicataria del inmueble rematado en dicha controversia judicial. Finalmente, en proveído de once de agosto de dos mil veintitrés, se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado consignado en el acta que antecede, por lo que ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tuvo ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Marisa Macswiney Martínez, por su propio derecho y en cuanto representante legal de Jahaira Pérez Macswiney, reclama del Juez Segundo Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de esta ciudad: El embargo del departamento en condominio ubicado en el lote 2, de la manzana 129, de la calle 4, número 517, del condominio habitacional denominado Villas del Pedregal III Segunda Etapa, del Municipio y Distrito de Morelia, inscrito bajo el número 00000011, del tomo 00010298, llevado a cabo en el juicio ejecutivo mercantil 1387/2019 promovido por Claudia Vanesa García Villegas, en contra de Gisela Eva Morales Ruíz; y, Como consecuencia de lo anterior, el remate y adjudicación de dicho bien en favor de Izzet Vázquez Rubio, así como la actuación de catorce de junio de la anualidad que transcurre, por medio de la cual se le puso en posesión el mismo. Tercera. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo Menor en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 38), lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe, consistentes en testimonio autorizado del juicio ejecutivo mercantil 1387/2019, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, corresponde ahora examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Causales de improcedencia infundadas. No se actualiza la causal de improcedencia respecto de la quejosa Jahaira Pérez Macswiney. La tercera interesada Claudia Vanesa García Villegas esgrime, que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; argumento que deviene infundado respecto de la quejosa Jahaira Pérez Macswiney. En efecto, el citado precepto legal, en relación con los artículos 5°, fracción I, del mismo ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Federal, disponen en su orden lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. [.]" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De los dispositivos transcritos se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando los actos reclamados no lesionan el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. Según se tiene de las porciones normativas reproducidas, es parte agraviada quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; empero, en tratándose de juicios de amparo contra actos o resoluciones provenientes de tribunales como en la especie ocurre, se debe aducir exclusivamente un interés jurídico. En primer término, debe establecerse que la accionante de tutela constitucional, comparece a este juicio ostentándose propietaria del inmueble que defiende, de acuerdo al contrato de compraventa celebrado el veintinueve de abril de dos mil trece por la demandada en el juicio de origen Gisela Eva Morales Ruíz como vendedora y la quejosa Jahaira Pérez Macswiney en cuanto compradora, respecto del inmueble consistente en el departamento en condominio ubicado en el lote 02 dos, de la manzana 129, de la calle 4 cuatro, número 517, del condominio habitacional denominado Villas del Pedregal III, segunda etapa, del Municipio y Distrito de Morelia, Michoacán, el cual fue ratificado ante el Notario Público Número 52, con ejercicio y residencia en esta ciudad, en la propia fecha (veintinueve de abril de dos mil trece). Documento que a juicio de quien resuelve, es apto para acreditar su interés jurídico, porque el mismo es de fecha cierta y además suscrito con anterioridad al acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que el contrato privado de compraventa que exhibió, al haber sido ratificado ante notario público cumple con las hipótesis que la Jurisprudencia 1a./J. 44/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 77 del tomo XXI, junio de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades." Pero además, el concepto de fecha cierta tratándose de documentos privados resulta útil en el ámbito de la acreditación del interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, porque con el mismo se consigue como objetivo, que en este juicio de amparo se demuestre no solamente la existencia de un derecho (en su caso, un derecho real como la propiedad), derivado de un acto contenido en un documento privado, sino que además se pruebe que dicho derecho existió con anterioridad al acto reclamado. Da apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 21/2010, consultable en la página 259 del Tomo XXXI, Abril de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable." En consecuencia, si el documento que nos ocupa fue presentado para su ratificación ante el referido fedatario público el veintinueve de abril de dos mil trece, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo; lo que genera prueba plena de que el documento que tuvo a la vista el notario, existía precisamente en el momento en que se tuvo a la vista. De manera que, desde ese preciso momento, ese documento es de fecha cierta, porque existe certidumbre de que existía en la fecha en que fue presentado ante el notario. Sin que impida estimar lo anterior, la manifestación de la tercera interesada en el sentido de que el inmueble que nos ocupa, sigue apareciendo inscrito en el Registro Público de la Propiedad en favor de la demandada; toda vez que, la inscripción en el aludido Registro sólo tiene efectos declarativos -no constitutivos- y, por tanto, no es un requisito obligatorio para la validez de la compraventa, que al ser un contrato consensual se perfecciona con la voluntad de las partes, aunque el acto traslativo de dominio no esté inscrito a favor del nuevo propietario. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 62/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Civil, Página 250, Novena Época, Registro 168141, que dice: "EMBARGO. ES ILEGAL EL TRABADO SOBRE UN INMUEBLE QUE ESTÁ FUERA DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA CIERTA POR EL QUE SE TRANSMITIÓ NO ESTÉ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Si se tiene en cuenta que el embargo no constituye un derecho real para el acreedor porque se trata de uno personal que sólo puede enderezarse contra la persona, pero sin llegar al extremo de alcanzar bienes con los que no se garantizó el adeudo y que ya salieron de su patrimonio, resulta evidente que es ilegal el embargo trabado sobre un inmueble que está fuera del dominio del deudor a causa de un contrato privado de compraventa de fecha cierta que no se ha inscrito en el Registro Público de la Propiedad. Lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto que conforme al artículo 2829 del Código Civil para el Estado de Michoacán la falta de registro ocasiona que los derechos no sean oponibles a terceros, también lo es que el acreedor no puede considerarse un tercero para efectos de registro, ya que no tiene un derecho real sobre la cosa embargada, sino uno personal que originó el embargo, por lo que éste no puede ser oponible a quienes adquirieron el bien con anterioridad. Además, si se atiende a que, por un lado, el mandamiento de ejecución debe recaer en bienes del deudor y, por el otro, que la inscripción en el aludido Registro sólo tiene efectos declarativos -no constitutivos- y, por tanto, no es un requisito obligatorio para la validez de la compraventa, que al ser un contrato consensual se perfecciona con la voluntad de las partes, aunque el acto traslativo de dominio no esté inscrito a favor del nuevo propietario, de ello no pueden prevalerse los acreedores quirografarios." Tampoco resulta óbice, la alegación en el sentido de que los firmantes se identificaron con credenciales vencidas, dado que basta imponerse de su contenido, para poder advertir que en la data en que tuvo verificativo el acuerdo de voluntades, las mismas se encontraban vigentes. Causales de improcedencia fundadas. Actualización de causal de improcedencia de la quejosa Marisa Macswiney Martínez. Al respecto, se considera que, en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5°, fracción I, del mismo ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Federal, transcritos en párrafos precedentes. En efecto, el "interés jurídico", desde un punto de vista general, es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho que tienden a satisfacer las necesidades fundamentales de los individuos y grupos sociales, está referido a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que sólo el sujeto de esos derechos puede acudir al juicio de amparo. Siendo la base del concepto anterior, la noción de derecho subjetivo, se precisa su titularidad. A partir de ello, se da la facultad de exigir, siendo correlativa de un deber jurídico, que implica cumplir con esa exigencia. Luego, si existe una violación o desconocimiento, ello representa el incumplimiento de la obligación. De esta manera, el agravio es entendido como toda restricción o privación de un derecho o imposición de un deber que ordena o realiza una autoridad del Estado. La definición de interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se puede advertir de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 1a. /J. 168/2007, en la página 225, del Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Enero de 2008, Novena Época, registro 170500, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Entonces, para acreditar el interés jurídico necesariamente la parte promovente del juicio de amparo debe demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. De ahí que, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa debe acreditar fehacientemente el interés jurídico (y no de otra clase), que le asiste para reclamar el embargo que se trabó en el departamento en condominio descrito en líneas precedentes, así como sus consecuencias, como lo son, el remate, la adjudicación y desposesión. Es así, porque cuando se reclama un acto referente a la propiedad o posesión o que vulnere ese derecho respecto de bienes muebles o inmuebles, debe acreditarse la posesión legítima respectiva, para demostrar que se tiene interés jurídico y pedir el amparo, pues el artículo 14 constitucional tutela la posesión jurídica y no la simple detentación material de los bienes respectivos; por lo tanto, en el caso que nos ocupa la quejosa Marisa Macswiney Martínez, debió acreditar fehacientemente el interés jurídico que le asiste para defender los actos inherentes al inmueble materia del acto reclamado. De ese modo, en el escrito inicial de demanda la citada amparista aduce que el acto reclamado vulnera su esfera de derechos, toda vez que tenía la posesión derivada del inmueble, en razón a que era quien le daba mantenimiento, cubría los servicios públicos como agua, luz, contribuciones; que lo amuebló con dinero que le dio su hija. Atento a lo anterior, debe decirse que la quejosa carece de interés jurídico necesario para acudir a la presente instancia constitucional, porque basa su pretensión de una situación de hecho no derivada de un derecho, como pudiera ser una cuestión contractual. Esto es, la posesión que mantenía la quejosa, surge de que era quien le daba mantenimiento, lo amuebló y cubría los servicios, lo que no significa que se le hubiese transmitido algún derecho real sobre el mismo, por lo que resulta una simple ocupante, de ahí que su posesión no sea susceptible de ser protegida a través del juicio de amparo. Se dice de esta manera, dado que el hecho de que la accionante pudiera ejercer algún acto vinculado con la detentación del bien inmueble del que se ordenó su desalojo, en modo alguno les genera interés jurídico para instar el juicio de amparo, pues tal circunstancia -la posesión material del inmueble- no le otorga la legítima posesión del mismo, pues tampoco demostró que ésta hubiese sido ejercida de manera originaria o derivada. De ahí que es inconcuso que la no demostración de que la posesión que se ejerce comprende el uso, disfrute y disposición de la cosa (según el tipo de posesión de que se trate), implicará que se trata de una simple tenencia material de un bien, respecto de la cual no es posible su tutela a través del amparo. Por ende, se insiste en que, pese a que la quejosa refiere que las autoridades la desalojaron del domicilio, ello es insuficiente para considerar que cuentan con una causa legal que pueda generarles el tipo de posesión tutelada por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues lo cierto es que, no es jurídicamente válido aceptar que los familiares del titular de un derecho de posesión que viven en el inmueble por una situación de parentesco, tengan también el carácter de poseedores y, por ende, la diligencia por la cual se ordena su desalojo no les afecte su interés jurídico, ya que como se dijo, se trata de simples ocupantes. Estimar lo contrario, daría lugar a que en los juicios en los que se ordene una diligencia como la que se trata, debieran ser llamados todos los ocupantes del mismo a efecto de respetar su garantía de audiencia y defensa, lo cual es jurídicamente inadmisible. Tiene aplicación a lo anteriormente dicho, el criterio jurisprudencial II.2o.C. J/10, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el cual es del rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 Constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal". Además, cobra aplicabilidad la tesis 2a. LIII/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE. El interés jurídico necesario para promover amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el inmueble relativo, incluyendo la servidumbre; por ello, aunque el quejoso alegue habitar el inmueble, del que es propietario su hijo, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, pues tal circunstancia no demuestra la posesión que pudiera ser garantizada por la ley". En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado por Marisa Macswiney Martínez, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Por tanto, al no advertir alguna otra ya sea invocada por las partes, o de oficio por este juzgador, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados por la diversa quejosa Jahaira Pérez Macswiney. Quinta. Estudio de los conceptos de violación respecto de la quejosa Jahaira Pérez Macswiney. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La quejosa Jahaira Pérez Macswiney señala, que el embargo del inmueble resulta ilegal, dado que a la fecha en que se llevó a cabo, ya había salido del patrimonio de la demandada Gisela Eva Morales Ruíz, en virtud del contrato de compraventa que celebró con la accionada, el veintinueve de abril de dos mil trece (antes que se trabara el embargo en el inmueble, esto es, del veintidós de noviembre de dos mil diecinueve), respecto del departamento en condominio ubicado en el lote 02 dos, de la manzana 129, de la calle 4 cuatro, número 517, del condominio habitacional denominado Villas del Pedregal III, 2Da segunda etapa, del Municipio y Distrito de Morelia, Michoacán. Conceptos de violación que estudiados en su conjunto, son infundados, ya que no es cierto como lo afirma, que los actos de los que se duele, vulneren en su perjuicio las garantías de audiencia y debido proceso y que por ello, debe incorporársele a la contienda jurisdiccional de origen y tampoco es cierto que sea tercero extraña a juicio, sino causahabiente sustantiva de la demandada Gisela Eva Morales Ruiz (causante) en el juicio de origen, al haberla sustituido y por ello, debe estimarse que ya fue oída y vencida a través de ésta, como se demostrará a continuación. Para hacerlo, en primer término debe indicarse que el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo para las personas que ostenten la calidad de extrañas a juicio; al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que al respecto existen dos supuestos, para considerarlas con esa calidad: a) Terceros extraños en sentido estricto: Son aquellos que sin ser parte de un juicio se les pretende afectar un derecho (sujetos que no forman parte de una controversia); o, b) Terceros extraños al procedimiento por equiparación: Son aquellos que siendo parte de la relación jurídica procesal, no fueron emplazados o fueron citados en forma distinta de la prevista por la ley. En el caso, Jahaira Pérez Macswiney se ostenta como tercera extraña en estricto sentido, pues no forma parte del juicio natural; por ende, debe considerarse que la afectación principal es que no se le haya llamado al contradictorio natural para deducir sus intereses, por lo que no se integró debidamente la relación jurídico procesal en ese asunto. En ese orden, cuando el gobernado acude a promover el juicio de amparo indirecto ostentando la calidad de tercero extraño en estricto sentido, el Juez de Distrito debe proyectar su análisis de constitucionalidad sobre si existía o no necesidad de que el agraviado fuera llamado al contradictorio natural, por lo cual el estudio de este asunto, inicialmente, se enfocará en determinar tal circunstancia, ya que los demás actos reclamados dependerán del resultado del análisis de tal aspecto. Dicho lo anterior, debe precisarse que el artículo 14 constitucional, dispone que cualquier acto privativo tiene que seguirse mediante un procedimiento jurisdiccional ante los tribunales previamente constituidos para ello, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que son los requisitos necesarios para garantizar la defensa adecuada del afectado antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De forma tal que, si esos requisitos no se respetan no se estaría cumpliendo con la garantía de audiencia, que es precisamente evitar la indefensión del afectado. Se invoca como sustento de lo anterior, la jurisprudencia P./J. 47/95 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 200234, Novena Época, Materias(s): Constitucional, Común, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Ahora bien, existen casos en los que, por las circunstancias en las cuales se da la transmisión de un bien, se entiende que la garantía de audiencia a favor del propietario se cumple al momento en que se oye a quien le transmitió; ello sucede cuando se actualiza la figura de la causahabiencia sustantiva. Con relación a la figura jurídica de la causahabiencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 83/2006-PS, determinó, entre otras cosas que: 1. La causahabiencia es una figura jurídica que se da siempre que se transmite un bien o un derecho y consiste en que la persona que lo recibe soporta sus cargas. 2. Se encuentra integrada por dos personas: (i) causante, que es la persona que transmite el bien; y (ii) causahabiente, que es la persona a quien se le transmite dicho bien. 3. Existen dos tipos de causahabiencia, a saber: a) Causahabiencia sustantiva que consiste en que quien adquiere un bien o derecho se subroga en los derechos de su causante, pero además soporta las cargas inherentes al bien o al derecho que adquiere, de tal manera que siempre que un bien tenga algún gravamen o carga y se transmita a otra persona, ésta será causahabiente de aquél y soportará esas cargas. Ello puede darse cuando se transmite un bien que tiene como carga un derecho real (como sucede cuando se transmite un bien hipotecado, caso en el cual si en un juicio se quisiera hacer efectiva la carga que reporta el bien transmitido, existe el derecho del acreedor de demandar del nuevo propietario haciendo efectiva la carga que pesa sobre el bien) o bien cuando se transmite y sobre él existe otro tipo de cargas no reales (como sucede en los casos en que se adquiere un bien sobre el cual existe un contrato de arrendamiento, contrato que por disposición legal no termina por la transmisión de la propiedad); y, b) Causahabiencia procesal, que consiste en que quien adquiere un bien o derecho que está siendo discutido dentro del juicio, debe estarse a lo que se decida en ese juicio sin que se le dé audiencia al adquirente del bien, que se considera como oído y vencido en el juicio a través de su causante y, por ello, no puede interponer una tercería excluyente de dominio ni puede ostentarse como un tercero extraño en el juicio de amparo. Ambos tipos de causahabiencia tienen como efecto que quien adquiere determinados bienes o derechos soporte ciertas cargas, sólo que la carga que soporta el causahabiente. Por su parte, en relación con la citada figura jurídica, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2013, determinó, entre otras cosas que por virtud de la causahabiencia, el concepto de "parte" de un negocio jurídico se extiende a la persona que substituye al causante, de manera que no se le puede tener como tercero, a pesar de no haber intervenido para nada en la celebración del mismo. Señaló, que son causahabientes a título particular, el cesionario y el subrogatario, ya que sustituyen a los primitivos titulares de los derechos y obligaciones cedidos o subrogados, como si personalmente hubiesen intervenido en la formación de la relación jurídica que les dio origen. Precisó, que para la existencia de la causahabiencia a título particular, se requiere que una o varias personas hayan celebrado un acto o negocio jurídico determinado, y que con posterioridad, a su celebración, una de las personas que celebró dicho acto jurídico sea substituida por otra, en su calidad de parte del mismo. Que cuando dos o más personas celebran un acto jurídico, entablan una "relación jurídica", por virtud de la cual, una puede exigir a la otra el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Cada obligación asumida por cada una de las partes es correlativa a un derecho de la parte contraria, de manera que la contraparte está facultada para exigir el cumplimiento de la obligación asumida por su contraria. Así, si dos personas celebran un contrato de compraventa, poniéndose de acuerdo en el precio y cosa objeto del contrato, el comprador queda obligado a pagar el precio acordado, y el vendedor a transmitir la propiedad de la cosa. Quedando ambas partes facultadas para exigir de su contraparte el cumplimiento de la obligación asumida. Sin embargo, una vez agotadas las obligaciones asumidas por las partes, el contrato se termina, debido a que se cumplió con su objeto. Tomando en cuenta que no queda obligación alguna pendiente, y por lo tanto, ningún derecho correlativo para exigir su cumplimiento, el contrato se da por terminado. Por ende, la Primera Sala determinó que la causahabiencia sólo puede tener lugar mientras continúa vigente la relación jurídica en la cual el causahabiente se substituye, puesto que si el contrato ha dejado de surtir efectos y se ha dado por terminado, ya no hay obligaciones que cumplir ni derechos correlativos para exigir su cumplimiento. Esto es, no es posible que un tercero se integre como parte a un acto jurídico que ha cesado. De igual forma, en la mencionada ejecutoria, la Primera sala refirió que el contrato de compraventa, es por regla general "de ejecución instantánea", porque las prestaciones de las partes se ejecutan en un solo momento. Salvo la excepción, en que la compraventa sea a plazos, por regla general, las obligaciones de las partes se agotan en el momento en que se celebra. Lo que señaló, sucede cuando se adquieren mercaderías para el consumo cotidiano, y que también es muy frecuente en la compraventa de inmuebles. Incluso en los casos de inmuebles adquiridos con créditos hipotecarios, la compraventa se agota en el momento en que se firma la escritura de compraventa, en cuyo caso, el comprador adquiere la propiedad del inmueble, y por ello puede hipotecarlo en el mismo acto a favor de su acreedor, y el vendedor obtiene en ese mismo acto el pago del precio. Lo que se prolonga en el tiempo es el contrato de mutuo que celebran simultáneamente el propietario del inmueble y el acreedor hipotecario. De manera que, salvo en aquellos casos en que se celebre un contrato de compraventa con reserva de dominio, o se pacte el pago del precio a plazos, por regla general, las obligaciones derivadas del contrato de compraventa se agotan en el momento en que la misma se celebra. La jurisprudencia que derivó de dicha contradicción es la 1a./J. 82/2013 (10a.), visible en el Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 951, Materias(s): Civil, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2004657, del rubro y texto siguiente: "CAUSAHABIENCIA. NO EXISTE ENTRE QUIEN ADQUIERE UN DERECHO DE PROPIEDAD DEL TITULAR REGISTRAL Y LOS TITULARES REGISTRALES ANTERIORES AL VENDEDOR, SI SE TRATA DE COMPRAVENTAS DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE EL ADQUIRENTE SEA EN AUTOMÁTICO TERCERO DE BUENA FE REGISTRAL. La "causahabiencia" es la sustitución de la persona de quien directamente emana el negocio jurídico, por otra que queda ligada por los efectos de dicho negocio como si personalmente hubiese intervenido en la formación de la relación jurídica que le dio origen. Por virtud de la causahabiencia, el concepto de "parte" de un negocio jurídico se extiende a la persona que sustituye al causante, de manera que no se le puede tener como tercero, a pesar de no haber intervenido para nada en la celebración del mismo. En esa tesitura, el causahabiente se integra a la relación jurídica original, por virtud de la cual, una de las partes puede exigir a la otra el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Sin embargo, una vez agotadas las obligaciones asumidas por las partes, el contrato se termina, debido a que se cumplió con su objeto. De manera que la causahabiencia sólo puede tener lugar mientras continúa vigente la relación jurídica en la cual el causahabiente se sustituye, puesto que no es posible que un tercero se integre como parte a un acto jurídico que ha cesado. Ahora bien, el contrato de compraventa es por regla general "de ejecución instantánea", porque las prestaciones de las partes se ejecutan en un solo momento. Salvo cuando se celebre con reserva de dominio, o se pacte el pago del precio a plazos, por regla general, las obligaciones derivadas del contrato de compraventa se agotan en el momento en que la misma se celebra. De manera que en la compraventa de ejecución instantánea no hay un acto jurídico en el cual un tercero pueda sustituirse en calidad de causahabiente. Sostener lo contrario, implicaría que toda persona que adquiera la propiedad de un bien resulta ser causahabiente del primer titular. El causahabiente a título particular se coloca en la situación jurídica que tenía su causante en relación con un acto jurídico concreto, en el cual lo sustituye, de manera que se integra a una relación jurídica determinada, para asumir las obligaciones derivadas de esa relación jurídica exclusivamente; mas no puede atribuírsele la obligación de cumplir con las obligaciones que hayan asumido terceros con quienes no tiene vínculo jurídico alguno. No obstante, el hecho de que no exista la causahabiencia aducida, y por lo tanto, no se pueda ejercitar una acción personal, no quiere decir que el tercero adquirente resulte ser, en automático, un tercero de buena fe registral, puesto que sólo puede tener dicho carácter quien: (a) haya adquirido un derecho real sobre el inmueble de que se trate de quien aparece como titular registral, por virtud de un acto jurídico que se presuma válido al momento de la adquisición o de una resolución judicial; (b) haya inscrito en el Registro Público de la Propiedad a su favor el derecho real adquirido; (c) haya adquirido a título oneroso, entendiendo por tal, que debe existir una proporción razonable entre el valor de la cosa y el precio o contraprestación pagado por ella; y, (d) siempre y cuando no haya pruebas suficientes de su conocimiento respecto de los vicios del título de su vendedor, en su caso, o éstos no se desprendan claramente del propio Registro Público de la Propiedad. Cuestiones que el juzgador debe valorar en cada caso concreto para determinar si el tercero es de buena fe registral o no, pues la ausencia de buena fe del tercero adquirente no se debe a que sea causahabiente de los titulares anteriores a su vendedor, sino a que no puede aducir desconocimiento de los vicios de su título. Bajo la óptica jurídica anterior, debe decirse en lo que interesa que: Es causahabiente sustantivo quien se subroga de los derechos de su causante, pero además soporta las cargas inherentes al bien o al derecho que adquirió de manera que, siempre que un bien tenga algún gravamen o carga y se transmita a la persona, ésta será causahabiente de aquél y soportará las cargas. La compraventa, es por regla general "de ejecución instantánea", porque una vez agotadas las obligaciones asumidas el contrato se termina. La causahabiencia tiene lugar, mientras continúa vigente la relación jurídica, como ocurre en la compra venta a plazos. En el caso sujeto a regularidad constitucional, debe puntualizarse en primer término, que como ya se dijo, la quejosa sí acreditó en esta instancia de amparo su interés jurídico, en la medida que a su escrito inicial de demanda acompañó el contrato de compraventa de inmueble celebrado el veintinueve de abril de dosmil trece, por Gisela Eva Morales Ruiz, por conducto de su representante legal Felipe Rodríguez Sedeño, como vendedora y la quejosa Jahaira Pérez Macswiney, como compradora, cuyo objeto fue el departamento en condominio, ubicado en el Lote Dos de la manzana Ciento veintinueve, de la calle cuatro, marcada con el número oficial 517, del Condominio habitacional denominado "Villas del Pedregal III", Segunda Etapa, en el Municipio de Morelia, Michoacán. De la misma forma, debe tenerse presente que dicho contrato no es de "ejecución instantánea", porque las prestaciones de las partes no se ejecutaron en un solo momento, al haber sido pactado a plazos, según se hizo constar de la manera siguiente: "OCTAVA.- Manifiesta la parte vendedora bajo protesta de decir verdad, que el inmueble objeto de esta operación de compraventa, a la fecha tiene un gravamen que se deriva de un crédito hipotecario otorgado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, "FOVISSSTE" situación que conoce y acepta la parte compradora y no obstante ello acepta realizar dicho acto jurídico, comprometiéndose además la compradora a depositar mensualmente a la cuenta bancaria que le indique la parte vendedora el importe de los descuentos que le realicen en su área de trabajo, hasta su total liquidación. NOVENA. Asimismo manifiestan ambas partes su conformidad, de que en caso de que la parte compradora se llegara a retrasar en el pago de alguna de las mensualidades, la parte compradora se compromete a pagar un interés moratorio del 5% cinco por ciento sobre el pago total de la mensualidad y en el caso en que se llegara a retrasar en el pago de tres mensualidades consecutivas, ambas partes deberán comparecer ante notario público, a fin de cancelar y dejar sin efecto el presente contrato, debiendo pagar el comprador un porcentaje del 25% veinticinco por ciento sobre el valor total del inmueble". Bajo esas consideraciones, inicialmente podría considerarse que si existe documento de fecha cierta que acredita que la quejosa adquirió la titularidad del bien inmueble controvertido, desde el veintinueve de abril de dos mil trece, esto es, con anterioridad a que se declarara en el juicio de origen mediante sentencia ejecutoria la procedencia de la acción de su contraria, lo cual aconteció el catorce de septiembre de dos mil veinte, en teoría si existe obligación legal de llamar a esa contienda jurídica a la quejosa Jahaira Pérez Macswiney. Pese a ello, en el caso el suscrito estima que en la especie se actualizada la figura de la causahabiencia sustantiva, dado que la quejosa adquirió un bien inmueble subrogándose a los derechos de su causante, soportando las cargas inherentes al mismo. Además que el contrato respectivo no ha cesado, en virtud que al momento de su celebración no se agotaron las obligaciones asumidas, sino que la quejosa se comprometió a seguir pagando mensualmente el crédito hipotecario otorgado a la demandada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por ello, la figura de la causahabiencia de que se trata excluye a la del tercero extraño a juicio, porque por las circunstancias en las cuales se adquirió el bien o el derecho, en donde el acto jurídico no ha cesado, el causahabiente ha tenido audiencia a través de su causante, de tal forma que no puede comparecer a juicio alegando que se le priva de sus bienes sin que se le haya oído y vencido previamente. Atento a lo anterior, la peticionaria de amparo no puede interponer una tercería excluyente de dominio ni ostentarse como un tercero extraño en el juicio de amparo, en todo caso, lo narrado solo da lugar a que solicite el saneamiento por evicción, previsto en la legislación civil, pero no implica que se vulnere su derecho de audiencia por no haber sido llamada al juicio o procedimiento en que se afectó ese derecho, dado que para resolverse no era necesaria su integración a la relación jurídico procesal. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2158, del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXVII, quinta época, que dice: "CAUSAHABIENTES. El causahabiente se encuentra sujeto a las resultas del juicio seguido contra su causante, y no tiene el carácter de tercero extraño al juicio, que no pueda ser afectado por la sentencia pronunciada." Así como la diversa tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3266, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XLIII, quinta época, del tenor siguiente: "CAUSAHABIENTE DEL DEMANDADO. El causahabiente del demandado en un juicio, nunca puede ser considerado como tercero extraño al mismo, para los efectos del amparo." En las condiciones apuntadas, ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Jahaira Pérez Macswiney, toda vez que no demostró que el acto reclamado infrinja en su perjuicio, los derechos fundamentales consignados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Marisa Macswiney Martínez por su propio derecho, en contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo del presente fallo, por las razones expuestas en el diverso cuarto. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jahaira Pérez Macswiney, contra el acto reclamado a la Juez Segundo Menor en Materia Civil con residencia en esta ciudad, por los motivos expresados en la consideración quinta de este fallo. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 19 de septiembre de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con diez minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 866/2023. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la parte quejosa y con las exhibidas por la autoridad responsable. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, hace constar que obran los alegatos vertidos por la tercera interesada Claudia Venesa García Villegas; asimismo, se hace constar que las demás partes no formularon alegatos. 04/04/24 17:27:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 KARLA MARTINEZ ARENAS El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tienen por formulados los alegatos de mérito en términos de lo que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo y se tiene por precluído el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.
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