J. Ventura Cruz Jaimez

Expediente 1126/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1126/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
10/03/2022

Partes del expediente

  • J. Ventura Cruz Jaimez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite el Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Huetamo, Michoacán, mediante el cual, devuelve sin diligenciar, por las razones que expone, el despacho 49/2022, del índice de este juzgado, que se libró para que la autoridad auxiliar verificara el emplazamiento de la tercera interesada. De lo anterior no se hace mayor pronunciamiento en virtud de que en proveído de ocho de marzo del año en curso se dio de baja la comunicación oficial en mención y se ordenó el archivo del juicio de amparo que nos ocupa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que se sobreseyó en el presente juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyanse el juicio y el original del incidente, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que acompañó al presente asunto, toda vez que es innecesaria su retención. Finalmente, del estado de autos se advierte que en proveído de veinte de enero del año en curso se giró atento despacho al Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Huetamo, Michoacán, a efecto de lograr el emplazamiento de Magdalena Cornejo Hernández; ello, sin que la autoridad auxiliar haya devuelto la comunicación oficial referida. Ahora, toda vez que no son necesarias las constancias relativas al emplazamiento de la parte tercera interesada en virtud de que en proveído de diez de febrero de dos mil veintidós se sobreseyó en el presente asunto, se ordena dar de baja el despacho 49/2022, del índice de este juzgado. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de diez de febrero de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de febrero de dos mil veintidós. Vistos los autos de cuenta, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese contexto, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Ahora bien, es pertinente establecer que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. b) Por sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. En el caso que nos ocupa, se actualiza el supuesto contenido en el inciso b. Para evidenciar lo anterior, debe recordarse que el acto reclamado en el presente juicio de amparo es el proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ordinario oral familiar 410/2021, sobre divorcio sin expresión de causa promovido por J. Ventura Cruz Jaimes frente a Magdalena Cornejo Hernández. En dicho auto, la juez responsable -entre otras cuestiones- fijó como pago de alimentos provisionales a favor de Magdalena Cornejo Hernández un salario mínimo general vigente mensual, el cual ascendía a la cantidad mensual de $4,251.60 cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos 60/100 moneda nacional, vigente a partir de enero de dos mil dos mil veintiuno, asimismo determinó que dichos alimentos tendrían un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al índice nacional de precios al consumidor publicado por el Bando de México, con la salvedad que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. Asimismo, debe destacarse que entre las constancias que remitió la juez responsable al rendir su informe justificado, se encuentra la audiencia preliminar, celebrada el trece de diciembre de dos mil veintiuno y en la parte de "Revisión de medidas cautelares" determinó lo siguiente: "Se modificó el monto de la pensión alimenticia provisional fijada en auto de fecha 16 dieciséis de noviembre del año en curso, para ahora quedar fijada en el equivalente a una unidad de medida y actualización, la cual a la fecha asciende a la cantidad mensual de $2,724.45 dos mil setecientos veinticuatro pesos 45/100 moneda nacional, contados a partir de hoy [.]". En ese tenor, es evidente que cesaron los efectos de dicho acto reclamado, toda vez que lo determinado en la etapa de "Revisión de medidas cautelares" de la audiencia preliminar de trece de diciembre de dos mil veintiuno sustituyó al acto reclamado, esto es, al proveído de dieciséis de noviembre del mismo año. Lo anterior es así, porque si en el acto reclamado el juez fijó el monto correspondiente al pago de alimentos provisionales; y en la audiencia preliminar de trece de diciembre de dos mil veintiuno, modificó dicha cantidad, es claro que lo sustituyó. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la tesis I.3o.C.769 C emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, visible en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, Registro 165869: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo conducente es sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con el ordinal 63, fracción V, del referido ordenamiento. El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a su celebración acorde al principio de economía procesal bajo el cual se constituye el juicio de amparo, a efecto de tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento del derecho de pronta administración de justicia tutelado por el artículo 17 Constitucional. Sustenta lo anterior la jurisprudencia II.2o.P. J/23, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia Penal Del Segundo Circuito, publicada en la página 991 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Novena Época, Materia Común, registro digital 173878, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". En consecuencia, se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las once horas con treinta minutos del día de hoy. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista, mediante oficio a la autoridad responsable y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

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