Jaime Alberto Fernandez Gomez

Expediente 1295/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1295/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
24/05/2023

Partes del expediente

  • Jaime Alberto Fernandez Gomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, como lo solicita el autorizado de la parte quejosa en términos de la Ley de Amparo y con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles devuélvansele los documentos que refiere, previa copia certificada que de los mismos y que de la identificación de quien los recoja se deje en autos. Levántese el acta de entrega respectiva. Asimismo, téngase como autorizadas para recibirlos a las personas que señala en su escrito de cuenta. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Jjona

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta minutos del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6910/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1295/2022, quien actúa asistida del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe, sin la asistencia de las partes. Enseguida se da cuenta a la encargada del despacho con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. Asimismo, se hace constar que no obra el informe justificado del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con residencia en esta ciudad; lo anterior, pese a que fue debidamente notificado del oficio por el cual se le requirió tal y como se advierte del acuse de recibo en el que obra el sello de recibido desde el cinco de diciembre del año próximo pasado. La encargada del despacho acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Asimismo, ante la omisión Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, se considera actualizada la hipótesis contenida en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, de lo cual se ordena hacer relación en el momento procesal oportuno. Abierto el periodo probatorio se da cuenta con las documentales ofertadas por la parte quejosa y por las autoridades responsables Director y Presidente del Consejo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y por el apoderado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La encargada del despacho provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen anunciadas, admitidas y desahogadas debido a su propia y especial naturaleza las referidas probanzas ofertadas por las partes en comento y, precluye el derecho a las partes para ofrecer algún otro medio de convicción. Abierto el periodo de alegatos se da cuenta con los formulados por las autoridades responsables Director y Presidente del Consejo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y por el apoderado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La encargada del despacho acuerda: Con apoyo en el precepto 124 de la ley en comento, se tienen formulados los alegatos de dichas autoridades y, precluye el derecho de las partes para realizar algún otro. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de la encargada del despacho para dictar sentencia. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante demanda presentada el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Jaime Alberto Fernández Gómez, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en los términos precisados en el escrito inicial (fojas 3 a 85). Asimismo, estimó que el acto reclamado vulnera sus derechos contenidos en los artículos 1, 3, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este juzgado, la registró con el número 1295/2022, la admitió a trámite mediante proveído de treinta de noviembre siguiente (fojas 86 a 93); otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (reverso de la foja 93); y se pidió el informe justificado a las autoridades responsables. Finalmente, en auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés (fojas 136 y 137), se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó en los términos precisados en líneas precedentes; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, los actos reclamados por Jaime Alerto Fernández Gómez, por propio derecho, consisten en: Al Presidente del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. a) El oficio 1956/2022 de uno de noviembre de dos mil veintidós, por medio del cual se informó al quejoso que en sesión extraordinaria número quince, celebrada el veinticuatro de octubre del mismo año, se aprobó por unanimidad y con carácter de inapelable, no admitir el recurso de inconformidad como medio de impugnación, presentado en la Dirección de la Facultad de Ingeniería Civil, el veinte de octubre de dos mil veintidós, por incumplimiento de los lineamientos establecidos en la minuta acordada por la Universidad y el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, para llevar a cabo el proceso de Concurso de Oposición Interno para la asignación de noventa plazas de profesor de asignatura "B", con carácter definitivo, celebrado los días siete, diez y once de octubre del año en comento, motivo por el que fue desechada su solicitud para participar en el referido concurso y por el que se llegó a la conclusión de que los argumentos del recurso de inconformidad fueron inatendibles e infundados. A la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y al Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. b) La minuta de acuerdos de treinta de agosto de dos mil veintidós, punto dos y su aplicación. Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Director y Presidente del Consejo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el apoderado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al rendir su informe justificado (fojas 95 a 116 y 117 a 133, respectivamente) aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman. Por su parte, el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, fue omiso en rendir el informe justificado dentro de los quince días que se le concedió para tal efecto en acuerdo de treinta de noviembre del año próximo pasado, tal y como se advierte del acuse de recibo que obra dentro del controvertido en que se actúa -lo cual aconteció el cinco de diciembre siguiente-; por tanto, con fundamento en el artículo 117, cuarto párrafo, de la ley de la materia, se presume cierto el acto reclamado por la parte quejosa. Lo que se corrobora con las copias certificadas que adjuntaron dichas autoridades a su informe, documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro: 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. Ahora bien, Director y Presidente del Consejo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el apoderado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en su informe justificado hicieron valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII, XX y XXIII, en relación con los diversos 1° y 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, al considerar que los actos reclamados en la presente instancia no son actos de autoridad, sino derivados de una relación laboral. Pues bien, quien resuelve considera actualizada la causal de improcedencia invocada en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los 1°, 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que los actos que se atribuyen a las responsables no puede considerarse como "actos de autoridad". Para demostrarlo, debe primeramente traerse a cuenta los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los 1°, 5°, fracción II, de la Ley de Amparo que disponen: ""Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". Artículo 5. Son partes en el juicio: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De los artículos transcritos, se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se instituye que autoridad responsable para los efectos del amparo, lo es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en el numeral 5°, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese tenor, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho (considerando aquí los particulares) o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con registro 161133, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Congruente con lo expuesto, debe tenerse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, a aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de atribuciones que le confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o bien, cuando los particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general, por los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad, es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. En el primer caso, tenemos que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, por regla general, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; en dicha relación las autoridades (o los articulares conforme a la nueva redacción de la Ley de Amparo) desempeñan frente al gobernado una actividad soberana, es decir, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, de lo que se sigue que de faltar alguna de esas características no se puede considerar el ejercicio de determinada atribución como acto de autoridad. Atento a lo anterior, es de colegir que, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Por tanto, es necesario proceder a examinar si la naturaleza del acto reclamado por la parte peticionaria de amparo a la funcionaria señalada como responsable, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello entraña la participación de un Órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad autoridad en un caso concreto. En el caso, la parte quejosa reclama lo siguiente: Al Presidente del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. a) El oficio 1956/2022 de uno de noviembre de dos mil veintidós, por medio del cual se informó al quejoso que en sesión extraordinaria número quince, celebrada el veinticuatro de octubre del mismo año, se aprobó por unanimidad y con carácter de inapelable, no admitir el recurso de inconformidad como medio de impugnación, presentado en la Dirección de la Facultad de Ingeniería Civil, el veinte de octubre de dos mil veintidós, por incumplimiento de los lineamientos establecidos en la minuta acordada por la Universidad y el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, para llevar a cabo el proceso de Concurso de Oposición Interno para la asignación de noventa plazas de profesor de asignatura "B", con carácter definitivo, celebrado los días siete, diez y once de octubre del año en comento, motivo por el que fue desechada su solicitud para participar en el referido concurso y por el que se llegó a la conclusión de que los argumentos del recurso de inconformidad fueron inatendibles e infundados. A la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y al Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. b) La minuta de acuerdos de treinta de agosto de dos mil veintidós, punto dos y su aplicación. Lo anterior, pone de manifiesto que la actuación de dichas autoridades no se encuentra revestida de imperio frente al quejoso, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, ya que éstas actúan en un vínculo de coordinación con los particulares, derivado de una relación patronal, que involucra diversos derechos, entre ellos el de autonomía universitaria para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico previsto en el artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado lo anterior, porque de conformidad con lo dispuesto por el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo, las controversias que se presenten entre los patrones y sus trabajadores deben someterse a la decisión de un tribunal laboral, para que sea ésta quien examine la acción ejercida y si la misma es o no procedente: "Artículo 604.- Corresponden a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación o de los Tribunales de las entidades federativas, el conocimiento y la resolución de los conflictos de Trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquellos o sólo entre éstos, derivado de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas. En su actuación, los jueces y secretarios instructores deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.". Conforme a lo anterior, se afirma que en el caso las autoridades responsables carecen del carácter de autoridad, dado que su actuación se materializa en función de sus atribuciones como parte patronal y como consecuencia del vínculo laboral entre éste y el trabajador (aquí quejoso). Es así, pues el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata, sino del tipo de actos que emite, inherente a sus atribuciones o facultades, y la lesión que ocasionan en los derechos humanos tutelados a favor de los gobernados, las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, el presupuesto indispensable para que el estudio del concurso de oposición interno para obtener diversas asignaturas se realice en el amparo, descansa en que en la vía ordinaria, se realice cuando menos como causa de pedir, un planteamiento o pretensión que tenga fundamento en alguna violación y/o transgresión ocasionada en el procedimiento de selección, con independencia que en el juicio laboral se demande o no, la nulidad respectiva. Es decir, es ante los tribunales del trabajo en donde se tiene que determinar por principio, si existe o no la violación horizontal de derechos humanos y solo entonces, a través del juicio de amparo en la vía que corresponda, realizar el análisis vertical de la violación aducida. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 102/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 298 del Tomo XVI, Octubre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia laboral, con número de registro digital 185621, de rubro y texto siguientes: "UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY. LOS CONFLICTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE LAS RELACIONES LABORALES CON SU PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO, DEBEN RESOLVERSE POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Las relaciones de trabajo entre las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y su personal administrativo y académico, están sujetas a las disposiciones del capítulo XVII, del título sexto de la Ley Federal del Trabajo, pues si bien les corresponde exclusivamente a las propias universidades o instituciones regular los aspectos académicos, dada la facultad con que cuentan para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, ello no implica que las decisiones que tomen en los aspectos laborales con su personal, sean jurisdiccionalmente inatacables, pues ese no es el alcance de la autonomía universitaria, ya que el artículo 3o. constitucional establece que las relaciones jurídicas de las universidades públicas autónomas con su personal académico y administrativo son de naturaleza laboral, y deben sujetarse a lo establecido en el apartado A del artículo 123 de la propia Norma Fundamental y a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. En tal virtud, los conflictos entre dichas universidades y sus trabajadores se someterán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, lo que de ningún modo implica una violación a la autonomía universitaria en lo que se refiere al ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrativo, ya que el régimen a que se hallan sujetas y que deriva de sus propias leyes orgánicas, reglamentos y estatutos, no se menoscaba por el hecho de que sus controversias laborales, aun las de orden académico y administrativo, se sujeten a los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que conforme al artículo 353-S de la Ley Federal del Trabajo, dichas Juntas deben ajustar sus actuaciones y laudos no sólo a la Ley Federal del Trabajo, sino también a las normas interiores, estatutarias y reglamentarias de la institución autónoma correspondiente.". Asimismo, la tesis I.4o.T.68 L pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia De Trabajo Del Primer Circuito, consultable en la página 2835 del Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia laboral, con número de registro digital 170423, de rubro y texto siguientes: "UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS. LA ACCIÓN DE NULIDAD DE UN CONCURSO PARA INGRESAR A LABORAR POR PRIMERA VEZ COMO ACADÉMICO, EJERCIDA POR UN PARTICIPANTE QUE NO RESULTÓ GANADOR, ES DE NATURALEZA LABORAL Y SU CONOCIMIENTO CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. El hecho de que aún no se haya iniciado un vínculo contractual entre un participante que no resultó ganador de un concurso efectuado para ingresar por primera vez como académico al servicio de alguna universidad o institución de educación superior que por ley goce de autonomía, no obsta para concluir que la acción que aquél ejerza pretendiendo la nulidad del referido certamen porque en su opinión él fue el vencedor, es de naturaleza laboral, por lo que corresponde conocer de tal conflicto a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues aunque el accionante no tiene la calidad de empleado precisamente porque no resultó ganador, lo cierto es que a través de la acción precisada pretende iniciar una relación laboral con la institución de que se trate; por tanto, si de conformidad con el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje conoce no sólo de conflictos suscitados entre trabajadores y patrones derivados de las relaciones laborales, sino también de hechos íntimamente relacionados con tales vínculos de trabajo, es incuestionable que la referida autoridad es competente para conocer del juicio respectivo, en tanto que la pretensión referida se encuentra "íntimamente relacionada" con una relación laboral. No se opone a lo anterior la circunstancia de que las instituciones como las aludidas cuenten con autonomía para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, en términos de la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues esa "autonomía" no tiene el alcance de hacer inatacable la declaratoria de vencedor del certamen aludido, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 102/2002, de rubro: "UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY. LOS CONFLICTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE LAS RELACIONES LABORALES CON SU PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO, DEBEN RESOLVERSE POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.", sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 298.". En tales condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia antes referidas, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo promovido por Jaime Alberto Fernández Gómez. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jaime Alberto Fernández Gómez, por los actos, autoridades y motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6910/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO ENJUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con los informes justificados que rinden el Director y Presidente del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el apoderado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ambas con residencia en esta ciudad. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas las documentales que anexan las responsables en cita en apoyo a su informe justificado. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.dbdr

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