Jaime Alberto Fernandez Gomez
Expediente 471/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 471/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jaime Alberto Fernandez Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 471/2023, con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste.Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado o se hubiera recibido promoción alguna a través de la cual impugne el fallo constitucional; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción Ill, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de ser conservable dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, transfiérase el juicio a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 28 de septiembre de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 471/2023, promovido por Jaime Alberto Fernández Gómez, por su propio derecho; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintitrés (fojas 3-7) en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, Jaime Alberto Fernández Gómez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 1°, 8°, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró con el número de expediente 471/2023 y en proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, la admitió (foja 8); solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Carácter de tercero. En auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de tercero interesado a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y se ordenó su emplazamiento. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue emitido por una autoridad con sede en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, con los criterios transcritos y en atención a la lectura integral de la demanda, el acto reclamado por el quejoso al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), consiste en: La resolución dictada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente IMAIP/REVISIÓN/1249/2022, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta de solicitud de información con folio 160353322000518 por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En la referida determinación la responsable declaró infundado el medio de impugnación y confirmó la respuesta del sujeto obligado. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), al rendir su informe justificado a través del Comisionado Presidente, adujo que era cierto el acto reclamado (reverso foja 17). Certeza que se corrobora con la prueba documental que allegó la mencionada autoridad responsable, consistente en copias certificadas del expediente IMAIP/REVISIÓN/1249/2022, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta de solicitud de información con folio 160353322000518 por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo [un tomo]. Prueba con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, ya que entre las constancias que integran el referido expediente, se encuentra la resolución de veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 394182, la cual es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, lo conducente es examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, las partes no invocaron causa de improcedencia de la acción constitucional alguna ni de manera oficiosa se advierte por este juzgador la existencia de una de ellas; por lo que procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Lo anterior, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 50/2010 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito], registro digital 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, se considera pertinente narrar algunos hechos relacionados con el acto reclamado, los cuales se obtuvieron del expediente IMAIP/REVISIÓN/1249/2022: El diecisiete de octubre de dos mil veintidós, Jaime Alberto Fernández Gómez, presentó vía "Plataforma Nacional de Transparencia" (PNT), la solicitud de información con folio 160353322000518, la cual fue en los términos siguientes: "Vengo a solicitarle a la Dirección de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a efecto de que informe quiénes y cómo se ha integrado la Comisión Académica Dictaminadora en los Departamentos de Ciencias Básicas y Matemáticas, Materiales y Humanidades durante el periodo 2000 dos mil a la fecha". El veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, la Jefa del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, emitió resolución de información, de conformidad con los resolutivos siguientes: "PRIMERO. La facultad de Ingeniería Civil de la UMSNH mediante oficio de comunicación interna emitió respuesta a lo solicitado de la siguiente manera: Considerando que la búsqueda en los archivos y/o registros de la facultad, de la copiosa cantidad de información solicitada, implica la asignación de personal, con la correspondiente inversión de tiempo, de trabajo adicional a sus respectivas actividades laborales, me permito informarle que, para dar atención a la petición, se ha elegido la modalidad de consulta directa, la cual se podrá llevar a cabo el día 7 de diciembre de 2022, así como los días 11 y 18 de enero de 2023, en un horario de 19:00 a 20:00 horas en el edificio C de Ciudad Universitaria, nombrando al Dr. Carlos Alberto Júnez Ferreira y al M.C. Amor Ramiro Guzmán Chávez, Secretario Académico y Secretario Administrativo de esta Facultad, respectivamente, para que atiendan, en lo conducente, al solicitante, de acuerdo con los lineamientos y disposiciones que tenga a bien turnar el Departamento a su digno cargo, con el propósito de hacer efectivo el acceso a la información. SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución por el medio establecido para tal efecto de conformidad con los artículos 66, fracción II y 67 de la Ley Estatal de Transparencia". Inconforme con dicha determinación, Jaime Alberto Fernández Gómez, a través de correo electrónico, recibido físicamente ante el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el catorce de diciembre de dos mil veintidós, interpuso recurso de revisión en los términos siguientes: "Por este medio me permito presentar recurso de revisión en contra de la resolución de fecha 29 de noviembre de 2022, dictada por la Jefa de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dentro del expediente número 059/22/SV, notificado el 30 de noviembre vía correo electrónico (aún y cuando la impresión señala 29 de noviembre de 2022). Recurso que se interpone en atención a que no se me está entregando la información solicitada, toda vez que se pretende que sea mediante consulta, sujeto a una fecha y un horario". El veintidós de marzo de dos mil veintitrés, el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, declaró infundado el recurso de revisión interpuesto en contra de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y confirmó la respuesta del sujeto obligado. Para llegar a dicha determinación, la responsable argumentó lo siguiente: Consideró que la propuesta de consulta directa ofrecida por el sujeto obligado era oportuna, toda vez que aseguró contar con la información solicitada, pero debido a su cantidad, el procesamiento de la misma implicaría recurso humano y material excesivo; por lo que otorgó el acceso mediante consulta directa, lo que no supone obstrucción al ejercicio del derecho de acceso a la información del ciudadano. Aunado a lo anterior, los sujetos obligados deben regir sus acciones conforme a los principios de transparencia y máxima publicidad; sin embargo, no se encuentran obligados a procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a como se encuentre en sus archivos. Como sustento a lo anterior, citó el criterio 03/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como en el emanado por dicha responsable, los cuales son, respectivamente, los siguientes: No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información (Criterio emitido por el INAI). "El artículo 1° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo establece que dicho ordenamiento tiene por objeto proteger, promover y garantizar el derecho de acceso a la información pública. Por su parte, el artículo 6°, fracción XIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo señala que se entiende por información el conjunto de datos que, obrando en documentos, son susceptibles de consulta y, la fracción XVII establece que información pública es el registro, archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en posesión de los sujetos obligados. Asimismo, el artículo 9°, tercer párrafo, de la ley aludida señala que la información se proporcionará en el Estado en que se encuentre en poder de los sujetos obligados y que no se impone la obligación de presentarla conforme al interés del solicitante. En consecuencia, los sujetos de la Ley de la materia no tienen obligación de elaborar documentos ad hoc para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información, sino que el derecho de acceso a la información se garantiza con el registro, archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en posesión de los sujetos obligados en el formato que la misma así lo permita o se encuentre" (Criterio emitido por IMAIP). En atención a la literalidad de los criterios transcritos, la información solicitada debe entregarse en el estado en se encuentre, sin existir obligación por parte del sujeto obligado de proporcionarla como lo solicita el ciudadano. Lo que se corrobora con los artículos 70 y 72 de la Ley de Transparencia, ya que si bien en la entrega de información debe privilegiarse la modalidad elegida por el recurrente; sin embargo, en los casos que el acceso a la misma implique un procesamiento de datos extraordinario, la información se entregará en la forma en que lo permita el documento de que se trate. Resolución de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, para combatir tal determinación en esta vía constitucional, el quejoso en sus conceptos de violación, manifiesta que la autoridad responsable viola en su perjuicio su derecho de petición, ya que el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), no se cercioró que la información solicitada sobrepasara la capacidad del sujeto obligado, ya que, no obra constancia de que la hubiera requerido a la Unidad de Transparencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por lo que no hay números exactos de las copiosas cantidades de la información solicitada, máxime que, generalmente son tres personas que integran las comisiones dictaminadoras y que en ocasiones se reeligen las mismas. También señala que la responsable no cuida el cumplimiento de la fracción III de la disposición general de los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas", ya que lo debieron citar en el domicilio del sujeto obligado, es decir, en las instalaciones de la Unidad de Transparencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (DTAI) y no en la Facultad de Ingeniería de esa institución educativa, ya que es una persona de la tercera edad y con discapacidad motora, lo cual es bien sabido por el sujeto obligado, por lo que debieron establecer lineamientos factibles para tener acceso a la información solicitada, pues no hay datos exactos de cuánto tiempo iba a durar la consulta directa a la que lo pretendían someter, ni mucho menos informaron si contaban con las condiciones necesarias de las instalaciones del lugar citado para una persona de la tercera edad y con discapacidad motora. Motivos de inconformidad con son infundados en una parte e inoperantes en otra. Son carentes de razón en la parte en la que señalan que la autoridad responsable viola en su perjuicio el derecho de petición, ya que el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), no se cercioró que la información solicitada sobrepasara la capacidad del sujeto obligado, ya que, no obra constancia de que la hubiera requerido a la Unidad de Transparencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por lo que no hay números exactos de las copiosas cantidades de la información solicitada, máxime que, generalmente son tres personas que integran las comisiones dictaminadoras y que en ocasiones se reeligen las mismas. Para evidenciar dicha calificativa se estima necesario traer a glosa los artículos 64 al 83 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, los cuales regulan el "Procedimiento de acceso a la Información Pública" y son del tenor siguiente: "TÍTULO TERCERO PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CAPÍTULO ÚNICO DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Artículo 64. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en la presente Ley. Artículo 65. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. Artículo 66. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes: I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; II. Domicilio o medio para recibir notificaciones; III. La descripción de la información solicitada; IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; y, V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. Artículo 67. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia. Artículo 68. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen. Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles. Artículo 69. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; II. El costo de envío, en su caso; y, III. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda. Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley Federal de Derechos, los cuales se publicarán en los sitios de Internet de los sujetos obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó. Los sujetos obligados a los que no les sea aplicable la Ley Federal de Derechos deberán establecer cuotas que no deberán ser mayores a las dispuestas en dicha ley. La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante. Artículo 70. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la información clasificada. En todo caso se facilitara su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. Artículo 71. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días hábiles, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información. Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en la presente Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de información adicional. El requerimiento formulado por el sujeto obligado, al que refiere el primer párrafo del presente artículo, no podrá por ningún motivo, realizarse con la finalidad de no proporcionar la información, evadir la obligación a través de simulaciones o interpretaciones forzadas respecto de la solicitud presentada por el solicitante, mediante preguntas que presuman la intención de no querer proporcionar la información, o que vaya en contra de forma manifiesta, a los principios rectores de la materia de acceso a la información. El solicitante podrá interponer recurso de revisión ante el Órgano del Estado garante, siempre que de la prevención o requerimiento realizado por el sujeto obligado, éste presuma que se formula con la finalidad de evadir la responsabilidad de proporcionar la información solicitada, o que dicha prevención sea contraria a los criterios establecidos por los órganos garantes de acceso a la información. La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento. Artículo 72. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. Los anexos de un documento se consideran parte integral del mismo. Por lo anterior, ante solicitudes de información relacionadas con documentos que incluyen anexos, los sujetos obligados deberán entregarlos, con excepción de aquellos casos en que el solicitante manifieste expresamente su interés de acceder únicamente al documento principal. En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental, aun y cuando de la interpretación realizada por el sujeto obligado, se desprenda que se contiene la respuesta en diversos documentos, para lo cual deberá dar respuesta en los términos establecidos en la presente Ley. Artículo 73. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días. Artículo 74. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. Artículo 75. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. Artículo 76. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. Artículo 77. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información. La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado. Artículo 78. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información. Artículo 79. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes. Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior. Artículo 80. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la información deban ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: a) Confirmar la clasificación; b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y, c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece esta Ley. Artículo 81. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia: I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y, IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. Artículo 82. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma. Artículo 83. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la información. De los numerales transcritos se advierte, en lo de interés, lo siguiente: Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la información clasificada. En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días hábiles, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. Los anexos de un documento se consideran parte integral del mismo. Por lo anterior, ante solicitudes de información relacionadas con documentos que incluyen anexos, los sujetos obligados deberán entregarlos, con excepción de aquellos casos en que el solicitante manifieste expresamente su interés de acceder únicamente al documento principal. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental, aun y cuando de la interpretación realizada por el sujeto obligado, se desprenda que se contiene la respuesta en diversos documentos, para lo cual deberá dar respuesta en los términos establecidos en la presente Ley. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. Como se puede advertir, de los preceptos transcritos no se advierte que el Instituto responsable tenga el deber de requerir al sujeto obligado que acredite la cantidad de información solicitada, sino como correctamente lo señaló la responsable al rendir su informe justificado, de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, la única obligación de la UMSNH era precisar de forma fundada y motivada que para proporcionar la información se sobrepasaría sus capacidades técnicas y así lo hizo, pues al efecto adujo la búsqueda en los archivos y/o registros de la facultad de ingeniería, de la copiosa cantidad de información solicitada, implicaba la asignación de personal, con la correspondiente inversión de tiempo, de trabajo adicional a sus respectivas actividades laborales. Máxime el quejoso tampoco señaló algún artículo que obligara al instituto responsable a requerir al sujeto obligado, en este caso, la UMSNH, para que acreditara que la información solicitada era copiosa. De igual manera es infundado el motivo de disenso en el que manifiesta el quejoso que la responsable no cuida el cumplimiento de la fracción III de la disposición general de los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas", ya que lo debieron citar en el domicilio del sujeto obligado, es decir, en las instalaciones de la Unidad de Transparencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (DTAI) y no en la Facultad de Ingeniería de esta institución educativa, ya que es una persona de la tercera edad y con discapacidad motora, lo cual es bien sabido por el sujeto obligado, por lo que debieron establecer lineamientos factibles para tener acceso a la información solicitada, pues no hay datos exactos de cuánto tiempo iba a durar la consulta directa la que me pretendían someter, ni mucho menos informaron si cuenta con las condiciones necesarias de las instalaciones del lugar citado para una persona de la tercera edad y con discapacidad motora. Para justificar dicha calificativa, se estima necesario transcribir el contenido de la fracción III de la disposición general de los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas", el cual es del tenor siguiente: "Septuagésimo. Para el desahogo de las actuaciones tendientes a permitir la consulta directa, en los casos en que ésta resulte procedente, los sujetos obligados deberán observar lo siguiente: [.] Indicar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá llevar a cabo la consulta de la información debiendo ser éste, en la medida de lo posible, el domicilio de la Unidad de Transparencia, así como el nombre, cargo y datos de contacto del personal que le permitirá el acceso; [.] ". Como se advierte del numeral transcrito, señala que se debe indicar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá llevar a cabo la consulta de la información, debiendo ser este en la medida de lo posible, el domicilio de la Unidad de Transparencia, esto es, no es obligatorio que se realice en esta unidad, lo cual tiene mayor razón de ser en el caso que nos ocupa porque el sujeto obligado manifestó que era mucha la información solicitada ya que abarcaba desde el dos mil la fecha, por lo que sería más complicado trasladar los documentos correspondiente de la Facultad de Ingeniería a la Unidad de Transparencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por lo que refiere el quejoso que es una persona de la tercera edad y con discapacidad motora, tal circunstancia -contrario a lo señalado por el quejoso- no se hizo del conocimiento del sujeto obligado y tampoco se advierte que éste supiera de tal condición del solicitante, pues al presentar su solicitud de información únicamente adujo: "Vengo a solicitarle a la Dirección de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a efecto de que informe quiénes y cómo se ha integrado la Comisión Académica Dictaminadora en los Departamentos de Ciencias Básicas y Matemáticas, Materiales y Humanidades durante el periodo 2000 dos mil a la fecha". Además, contrario a lo señalado por el quejoso, al dar respuesta a la solicitud de información, el sujeto obligado sí precisó la duración de la consulta, pues al afecto señaló "se ha elegido la modalidad de consulta directa, la cual se podrá llevar a cabo el día 7 de diciembre de 2022, así como los días 11 y 18 de enero de 2023, en un horario de 19:00 a 20:00 horas en el edificio C de Ciudad Universitaria". Finalmente, son inoperantes los conceptos de violación del quejoso, ya que no combatieron la totalidad de argumentos en los que se basó la responsable para declarar infundado el recurso de revisión interpuesto por el quejoso y confirmar la respuesta del sujeto obligado. Ello es así, ya que únicamente adujo -en esencia- que la responsable violó en su perjuicio su derecho de petición, ya que no se cercioró que la información solicitada sobrepasara la capacidad del sujeto obligado; que no cuidó el cumplimiento de la fracción III de la disposición general de los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas", ya que lo debieron citar en el domicilio del sujeto obligado; que éste no proporcionó datos exactos de cuánto tiempo iba a durar la consulta directa a la que lo pretendían someter, ni mucho menos informó si contaban con las condiciones necesarias de las instalaciones del lugar citado para una persona de la tercera edad y con discapacidad motora. Esto es, no combatió los diversos argumentos de la responsable consistentes en: Consideró que la propuesta de consulta directa ofrecida por el sujeto obligado era oportuna, toda vez que aseguró contar con la información solicitada, pero debido a su cantidad, el procesamiento de la misma implicaría recurso humano y material excesivo; por lo que otorgó el acceso mediante consulta directa, lo que no supone obstrucción al ejercicio del derecho de acceso a la información del ciudadano. Aunado a lo anterior, los sujetos obligados deben regir sus acciones conforme a los principios de transparencia y máxima publicidad; sin embargo, no se encuentran obligados a procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a como se encuentre en sus archivos. Como sustento a lo anterior, citó el criterio 03/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como en el emanado por dicha responsable, los cuales son, respectivamente, los siguientes: No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información (Criterio emitido por el INAI). "El artículo 1° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo establece que dicho ordenamiento tiene por objeto proteger, promover y garantizar el derecho de acceso a la información pública. Por su parte, el artículo 6°, fracción XIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo señala que se entiende por información el conjunto de datos que, obrando en documentos, son susceptibles de consulta y, la fracción XVII establece que información pública es el registro, archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en posesión de los sujetos obligados. Asimismo, el artículo 9°, tercer párrafo, de la ley aludida señala que la información se proporcionará en el Estado en que se encuentre en poder de los sujetos obligados y que no se impone la obligación de presentarla conforme al interés del solicitante. En consecuencia, los sujetos de la Ley de la materia no tienen obligación de elaborar documentos ad hoc para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información, sino que el derecho de acceso a la información se garantiza con el registro, archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en posesión de los sujetos obligados en el formato que la misma así lo permita o se encuentre" (Criterio emitido por IMAIP). En atención a la literalidad de los criterios transcritos, la información solicitada debe entregarse en el estado en se encuentre, sin existir obligación por parte del sujeto obligado de proporcionarla como lo solicita el ciudadano. Lo que se corrobora con los artículos 70 y 72 de la Ley de Transparencia, ya que si bien en la entrega de información debe privilegiarse la modalidad elegida por el recurrente; sin embargo, en los casos que el acceso a la misma implique un procesamiento de datos extraordinario, la información se entregará en la forma en que lo permita el documento de que se trate. Ello, porque en su caso debió precisar, por qué estimaba que el hecho que hubiera otorgado el acceso mediante consulta directa, sí suponía una obstrucción al ejercicio del derecho de acceso a la información del ciudadano; tampoco, la razón o el fundamento que obligada al aquí tercero interesado a procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a como se encuentre en sus archivos, contrario a lo señalado por la responsable; los motivos por los cuales no eran aplicables los criterios en los que se apoyó la responsable para emitir su resolución; porqué el sujeto obligado sí tenía el deber de proporcionar la información en la forma en que la solicitó; y, por qué no eran aplicables los artículos 70 y 72 de la Ley de Transparencia En esas condiciones, el acto reclamado no transgrede los derechos contenidos en los artículos 1°, 8°, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ende se debe negar el amparo solicitado, sin que se hubiera advertido motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Felipe Magaña Medina, contra el acto reclamado a la Delegación del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, por las razones y para los efectos contenidos en el considerando quinto del presente fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista, personalmente a la quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas del catorce de julio de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 471/2023. Enseguida, el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con los medios de convicción ofertados por la parte quejosa, consistentes en la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana; asimismo, con las documentales allegadas por el Comisionado Presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP). Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con las manifestaciones del Comisionado Presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP). El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable de referencia formulando alegatos y por precluído el derecho de las demás partes para realizarlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán.
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