Jacqueline Rodríguez Castañeda
Expediente 696/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jacqueline Rodríguez Castañeda
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado Vista la certificación secretarial ... auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo Como se desprende de la certificación de cuenta al no existir diligencias pendientes que realizar dentro del presente juicio de amparo, archívese como asunto totalmente concluido.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Demanda de amparo e identificación de las partes Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en el Municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el Libro de Gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE- respectivamente, bajo el numeral 696/2022. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fundamento del desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgador de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Acto reclamado La determinación de once de octubre del año en curso, dictada en el juicio extraordinario civil 72/2019 del índice del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en el Municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, notificada por medio de lista el trece de octubre, en donde se desechó de plano el recurso de revocación en contra del auto de veintinueve de septiembre de este año. Actualización de la causal de improcedencia En el caso, se estima que la demanda de amparo promovida por Jacqueline Rodriguez Castañeda es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." " Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante." En efecto, en primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el órgano jurisdiccional, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución. La interpretación del referido precepto legal permite establecer que, por regla general, el juicio de amparo en vía indirecta procede contra actos que tengan verificativo después de concluido el juicio natural, en etapa de ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la cual podrán reclamarse, además, los vicios que, en su caso, se hubieren cometido durante el mismo que hubieren dejado sin defensa a la quejoso y trascendido al resultado de la resolución. No obstante lo anterior, también se han establecido algunas excepciones al criterio general aludido, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. De acuerdo con lo hasta aquí expuesto podemos concluir que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Antecedentes del acto reclamado. Ahora bien, en los antecedentes del acto reclamado, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que se solicitó al Juez de Primera Instancia la ejecución de la sentencia emitida en el juicio extraordinario civil 72/2019, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en el Municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, lo cual se acordó de conformidad, y por ende, se encuentra en etapa de ejecución. Posteriormente, la quejosa interpuso recurso de revocación, el cual resultó improcedente, pues el Juez de origen declaró que en la etapa de ejecución de sentencia no se admitirá recurso alguno. Por ende, si acorde a lo narrado por la quejosa, el acto reclamado acaeció dentro de la fase de ejecución de sentencia, en la que no se ha logrado el objetivo primordial, esto es, la ejecución de la sentencia dictada en el sumario natural; se afirma que las consecuencias del acto reclamado, no pueden ser materia de análisis del presente juicio con independencia de las alegaciones que al respecto se hagan valer, ya que se trata una actuación que no tiene ni guarda una autonomía propia con la ejecución de sentencia. Lo anterior es así, porque como ya se dijo las resoluciones intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del periodo de ejecución de sentencia, no son combatibles a través del juicio de amparo, y solamente en casos excepcionales en que adquieren cierta autonomía, para evitar así abusos del mismo, hipótesis o maniobras que de tolerarse resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias, porque lo trascendente en tal hipótesis es que tales actos procesales tienen como sustento una sentencia que constituye cosa juzgada, cuyo cumplimiento, por ser de interés público, no debe obstaculizarse. Por tanto, y conforme al estado que guarda el procedimiento de origen, es de concluirse que el juzgado de origen no ha dictado la última resolución en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, como no se ha calificado el cumplimiento total de la condena, o declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordenado el archivo definitivo del expediente, el juicio de amparo resulta improcedente, pues será hasta en tanto ello ocurra que se estará en aptitud de controvertir todas las violaciones acaecidas en la fase en mención. Desechamiento En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Autorizado Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Felipe de Jesús Pérez Saucedo, toda vez que cuenta con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como abogado, según se deduce de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Por otra parte, se autoriza únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Gilberto Aguilar Enríquez, en virtud de que no cumplió con el requisito arriba mencionado. Domicilio Se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Francisco I. Madero, número 88 Interior 1, y 2 zona centro, código postal 7900, de esta ciudad. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Demanda de amparo e identificación de las partes Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en el Municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el Libro de Gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE- respectivamente, bajo el numeral 696/2022. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fundamento del desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgador de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Acto reclamado La determinación de once de octubre del año en curso, dictada en el juicio extraordinario civil 72/2019 del índice del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en el Municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, notificada por medio de lista el trece de octubre, en donde se desechó de plano el recurso de revocación en contra del auto de veintinueve de septiembre de este año. Actualización de la causal de improcedencia En el caso, se estima que la demanda de amparo promovida por Jacqueline Rodriguez Castañeda es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." " Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante." En efecto, en primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el órgano jurisdiccional, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución. La interpretación del referido precepto legal permite establecer que, por regla general, el juicio de amparo en vía indirecta procede contra actos que tengan verificativo después de concluido el juicio natural, en etapa de ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la cual podrán reclamarse, además, los vicios que, en su caso, se hubieren cometido durante el mismo que hubieren dejado sin defensa a la quejoso y trascendido al resultado de la resolución. No obstante lo anterior, también se han establecido algunas excepciones al criterio general aludido, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. De acuerdo con lo hasta aquí expuesto podemos concluir que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Antecedentes del acto reclamado. Ahora bien, en los antecedentes del acto reclamado, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que se solicitó al Juez de Primera Instancia la ejecución de la sentencia emitida en el juicio extraordinario civil 72/2019, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en el Municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, lo cual se acordó de conformidad, y por ende, se encuentra en etapa de ejecución. Posteriormente, la quejosa interpuso recurso de revocación, el cual resultó improcedente, pues el Juez de origen declaró que en la etapa de ejecución de sentencia no se admitirá recurso alguno. Por ende, si acorde a lo narrado por la quejosa, el acto reclamado acaeció dentro de la fase de ejecución de sentencia, en la que no se ha logrado el objetivo primordial, esto es, la ejecución de la sentencia dictada en el sumario natural; se afirma que las consecuencias del acto reclamado, no pueden ser materia de análisis del presente juicio con independencia de las alegaciones que al respecto se hagan valer, ya que se trata una actuación que no tiene ni guarda una autonomía propia con la ejecución de sentencia. Lo anterior es así, porque como ya se dijo las resoluciones intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del periodo de ejecución de sentencia, no son combatibles a través del juicio de amparo, y solamente en casos excepcionales en que adquieren cierta autonomía, para evitar así abusos del mismo, hipótesis o maniobras que de tolerarse resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias, porque lo trascendente en tal hipótesis es que tales actos procesales tienen como sustento una sentencia que constituye cosa juzgada, cuyo cumplimiento, por ser de interés público, no debe obstaculizarse. Por tanto, y conforme al estado que guarda el procedimiento de origen, es de concluirse que el juzgado de origen no ha dictado la última resolución en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, como no se ha calificado el cumplimiento total de la condena, o declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordenado el archivo definitivo del expediente, el juicio de amparo resulta improcedente, pues será hasta en tanto ello ocurra que se estará en aptitud de controvertir todas las violaciones acaecidas en la fase en mención. Desechamiento En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Autorizado Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Felipe de Jesús Pérez Saucedo, toda vez que cuenta con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como abogado, según se deduce de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Por otra parte, se autoriza únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Gilberto Aguilar Enríquez, en virtud de que no cumplió con el requisito arriba mencionado. Domicilio Se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Francisco I. Madero, número 88 Interior 1, y 2 zona centro, código postal 7900, de esta ciudad. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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