Jacinto Gómez Ramírez

Expediente 433/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
433/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/09/2021

Partes del expediente

  • Jacinto Gómez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno por el que se desechó la demanda de amparo, promovida por **************, en su carácter de Síndico Municipal, en representación del A*****************, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En ese contexto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de María Santos Flores Martínez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Demanda de Amparo e identificación de la parte quejosa. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ..., contra actos que reclama de la Comisión Federal de Electricidad, Subadministrador de Servicios Básicos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 433/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En esta tesitura, del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes: "I. LA AUTORIDAD RESPONSABLE O AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo como autoridades responsables, las siguientes: A). COMO ORDENADORAS: 1. LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, A TRAVÉS DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE (.) 2. LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, ZONA COMERCIAL VALLES, DIVISIÓN COMERCIAL GOLFO CENTRO, A TRAVÉS DE QUIÉN LEGALMENTE LA REPRESENTE (.) 3. EL C.P. CARLOS BENJAMÍN PÉREZ OYARVIDE, RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, ZONA COMERCIAL VALLES, DIVISIÓN COMERCIAL GOLFO CENTRO (.) 4. EL ARQ. MANUEL PEREZ HERNANDEZ, RESPONSABLE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA DIVISIÓN COMERCIAL GOLFO CENTRO (.) B). COMO EJECUTORAS: 1. EL C.P. ARMADO DAMIÁN MAR FARIAS, RESPONSABLE DE GESTION DE COBRANZA OFICINAS DIVISIONALES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, EN LA DIVISIÓN COMERCIAL GOLFO CENTRO (.)." "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- 1).- De las autoridades señaladas como ordenadoras reclamo la ORDEN DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P., UBICADAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, ZONA CENTRO, PALACIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. sin cumplir las formalidades constitucionales y procesales, dictadas en contra del Ente que represento y que son del todo contrarias a derecho y sin que se justifique legalmente el actuar. 2).- De las autoridades que señalo como responsables ejecutoras, la ejecución de la ORDEN DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P., UBICADAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, ZONA CENTRO, PALACIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. sin cumplir las formalidades constitucionales y procesales, dictadas en contra del Ente que represento y que son del todo contrarias a derecho y sin que se justifique legalmente el actuar." Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, éstos últimos interpretados en sentido contrario, los que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables." Del contenido de los preceptos transcritos se advierte que es indispensable que los actos reclamados, para efectos del juicio de amparo, se atribuyan a una autoridad, teniendo tal carácter las que, por disposición legal, se encuentran en un plano de supra a subordinación en relación con el gobernado, y que al emitir un acto de forma unilateral, es decir, sin la voluntad del particular, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de éste. En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente caso la quejosa señaló como autoridades responsables a la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, a través de quien legalmente la represente; la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, Zona Comercial Valles, División Comercial Golfo Centro, a través de quién legalmente la represente; el C.P. Carlos Benjamín Pérez Oyarvide, Responsable del Departamento Comercial de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, Zona Comercial Valles, División Comercial Golfo Centro; el Arq. Manuel Pérez Hernández, Responsable de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos en la División Comercial Golfo Centro y el C.P. Armado Damián Mar Farias, Responsable de Gestión de Cobranza Oficinas Divisionales de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, en la División Comercial Golfo Centro; personas morales que no pueden ser consideradas como autoridades para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, tal y como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, al resolver la contradicción de tesis 250/2017, en la que sostuvo, en lo medular, lo siguiente: "Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014. La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: `Art. 75. La ley reputa actos de comercio: V. Las empresas de abastecimientos y suministros; XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código.´ `Art. 1,049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4°, 75 y 76, se deriven de los actos comerciales.´ Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por lo tanto, la Comisión Federal de Electricidad, no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio." En ese sentido, actualmente subsiste el criterio de que el servicio de suministro energía eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad es un acto de comercio, que se ubica en el ámbito del derecho mercantil, ya que la contratación de dicho servicio participa de dicha naturaleza jurídica. En consecuencia, si el acto reclamado se relaciona con la prestación de dicho servicio de suministro de energía eléctrica, proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, a partir de la relación comercial entre la parte promovente con dicha empresa productiva del estado, dicho acto no puede considerarse proveniente de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues con independencia de la naturaleza jurídica de dicha entidad, lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los actos relacionados o que deriven de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica -como el señalado como reclamado- deben considerarse de naturaleza mercantil. En ese orden de ideas, cuando la Comisión Federal de Electricidad emite actos o incurre en omisiones, con motivo de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, no actúa en una relación jurídica de supra a subordinación, es decir, no actúa con imperio, imponiendo su voluntad en forma directa y unilateral, creando, modificando o extinguiendo por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los particulares; en consecuencia, no puede ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo. Al respecto cabe precisar que con apoyo en las jurisprudencias de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.", previamente citadas, se atiende al criterio de excepción antes señalado, motivo por el cual, al existir jurisprudencia temática emanada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe impedimento legal o jurisprudencial alguno para desechar la presente demanda de amparo. Atento a lo anterior, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ..., en su carácter de Síndico Municipal, en representación del Ayuntamiento de Tanlajás, San Luis Potosí, contra la orden de suspensión del servicio de energía eléctrica en las oficinas administrativas -registro civil- del municipio de Tanlajás, San Luis Potosí, ubicadas en calle Venustiano Carranza sin número de la zona centro de esa localidad, que reclama a las responsables que denominó como Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, a través de quien legalmente la represente; la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, Zona Comercial Valles, División Comercial Golfo Centro, a través de quién legalmente la represente; el C.P. Carlos Benjamín Pérez Oyarvide, Responsable del Departamento Comercial de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, Zona Comercial Valles, División Comercial Golfo Centro; el Arq. Manuel Pérez Hernández, Responsable de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos en la División Comercial Golfo Centro y el C.P. Armado Damián Mar Farias, Responsable de Gestión de Cobranza Oficinas Divisionales de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, en la División Comercial Golfo Centro; ello con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del trámite el resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 constitucional; lo que incluso le permite acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Por otra parte, resulta pertinente señalar que si bien es cierto, este órgano jurisdiccional ha admitido demandas de amparo en contra del corte del suministro de energía eléctrica, ello obedeció a que en tales caso, se encontraban involucrados derechos de menores, tales como la educación y la salud. Autorizados. Ahora bien, se tiene a ....como autorizados del quejoso, únicamente en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, a efecto de oír y recibir notificaciones, toda vez que no proporcionan el número de cédula profesional, o en su defecto el número de registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; y en tales condiciones, no es posible realizar la consulta correspondiente en Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de verificar si dichas personas cuentan con el requisito en mención. Domicilio. Por otro lado, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Pujal, número 24, entre Obregón y Galeana, zona centro, en esta ciudad, código postal 79000. Correo electrónico y número telefónico. Toda vez que la parte quejosa señala el correo electrónico abogadoslp@hotmail.com.mx, así como el número telefónico 4811244128; se toma conocimiento de éstos para entablar comunicaciones no procesales, únicamente en caso de estimarse pertinente. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN AL QUEJOSO QUE DICE: Número de expediente: 433/2021 Acuerdo: Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Demanda de Amparo e identificación de la parte quejosa. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ..., contra actos que reclama de la Comisión Federal de Electricidad, Subadministrador de Servicios Básicos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 433/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En esta tesitura, del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes: "I. LA AUTORIDAD RESPONSABLE O AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo como autoridades responsables, las siguientes: A). COMO ORDENADORAS: 1. LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, A TRAVÉS DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE (.) 2. LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, ZONA COMERCIAL VALLES, DIVISIÓN COMERCIAL GOLFO CENTRO, A TRAVÉS DE QUIÉN LEGALMENTE LA REPRESENTE (.) 3. EL C.P. CARLOS BENJAMÍN PÉREZ OYARVIDE, RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, ZONA COMERCIAL VALLES, DIVISIÓN COMERCIAL GOLFO CENTRO (.) 4. EL ARQ. MANUEL PEREZ HERNANDEZ, RESPONSABLE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA DIVISIÓN COMERCIAL GOLFO CENTRO (.) B). COMO EJECUTORAS: 1. EL C.P. ARMADO DAMIÁN MAR FARIAS, RESPONSABLE DE GESTION DE COBRANZA OFICINAS DIVISIONALES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, EN LA DIVISIÓN COMERCIAL GOLFO CENTRO (.)." "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- 1).- De las autoridades señaladas como ordenadoras reclamo la ORDEN DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P., UBICADAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, ZONA CENTRO, PALACIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. sin cumplir las formalidades constitucionales y procesales, dictadas en contra del Ente que represento y que son del todo contrarias a derecho y sin que se justifique legalmente el actuar. 2).- De las autoridades que señalo como responsables ejecutoras, la ejecución de la ORDEN DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P., UBICADAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, ZONA CENTRO, PALACIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. sin cumplir las formalidades constitucionales y procesales, dictadas en contra del Ente que represento y que son del todo contrarias a derecho y sin que se justifique legalmente el actuar." Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, éstos últimos interpretados en sentido contrario, los que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables." Del contenido de los preceptos transcritos se advierte que es indispensable que los actos reclamados, para efectos del juicio de amparo, se atribuyan a una autoridad, teniendo tal carácter las que, por disposición legal, se encuentran en un plano de supra a subordinación en relación con el gobernado, y que al emitir un acto de forma unilateral, es decir, sin la voluntad del particular, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de éste. En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente caso la quejosa señaló como autoridades responsables a la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, a través de quien legalmente la represente; la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, Zona Comercial Valles, División Comercial Golfo Centro, a través de quién legalmente la represente; el C.P. Carlos Benjamín Pérez Oyarvide, Responsable del Departamento Comercial de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, Zona Comercial Valles, División Comercial Golfo Centro; el Arq. Manuel Pérez Hernández, Responsable de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos en la División Comercial Golfo Centro y el C.P. Armado Damián Mar Farias, Responsable de Gestión de Cobranza Oficinas Divisionales de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, en la División Comercial Golfo Centro; personas morales que no pueden ser consideradas como autoridades para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, tal y como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, al resolver la contradicción de tesis 250/2017, en la que sostuvo, en lo medular, lo siguiente: "Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014. La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: `Art. 75. La ley reputa actos de comercio: V. Las empresas de abastecimientos y suministros; XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código.´ `Art. 1,049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4°, 75 y 76, se deriven de los actos comerciales.´ Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por lo tanto, la Comisión Federal de Electricidad, no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio." En ese sentido, actualmente subsiste el criterio de que el servicio de suministro energía eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad es un acto de comercio, que se ubica en el ámbito del derecho mercantil, ya que la contratación de dicho servicio participa de dicha naturaleza jurídica. En consecuencia, si el acto reclamado se relaciona con la prestación de dicho servicio de suministro de energía eléctrica, proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, a partir de la relación comercial entre la parte promovente con dicha empresa productiva del estado, dicho acto no puede considerarse proveniente de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues con independencia de la naturaleza jurídica de dicha entidad, lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los actos relacionados o que deriven de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica -como el señalado como reclamado- deben considerarse de naturaleza mercantil. En ese orden de ideas, cuando la Comisión Federal de Electricidad emite actos o incurre en omisiones, con motivo de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, no actúa en una relación jurídica de supra a subordinación, es decir, no actúa con imperio, imponiendo su voluntad en forma directa y unilateral, creando, modificando o extinguiendo por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los particulares; en consecuencia, no puede ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo. Al respecto cabe precisar que con apoyo en las jurisprudencias de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.", previamente citadas, se atiende al criterio de excepción antes señalado, motivo por el cual, al existir jurisprudencia temática emanada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe impedimento legal o jurisprudencial alguno para desechar la presente demanda de amparo. Atento a lo anterior, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ..., en su carácter de Síndico Municipal, en representación del Ayuntamiento de Tanlajás, San Luis Potosí, contra la orden de suspensión del servicio de energía eléctrica en las oficinas administrativas -registro civil- del municipio de Tanlajás, San Luis Potosí, ubicadas en calle Venustiano Carranza sin número de la zona centro de esa localidad, que reclama a las responsables que denominó como Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, a través de quien legalmente la represente; la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, Zona Comercial Valles, División Comercial Golfo Centro, a través de quién legalmente la represente; el C.P. Carlos Benjamín Pérez Oyarvide, Responsable del Departamento Comercial de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, Zona Comercial Valles, División Comercial Golfo Centro; el Arq. Manuel Pérez Hernández, Responsable de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos en la División Comercial Golfo Centro y el C.P. Armado Damián Mar Farias, Responsable de Gestión de Cobranza Oficinas Divisionales de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, en la División Comercial Golfo Centro; ello con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del trámite el resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 constitucional; lo que incluso le permite acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Por otra parte, resulta pertinente señalar que si bien es cierto, este órgano jurisdiccional ha admitido demandas de amparo en contra del corte del suministro de energía eléctrica, ello obedeció a que en tales caso, se encontraban involucrados derechos de menores, tales como la educación y la salud. Autorizados. Ahora bien, se tiene a ....como autorizados del quejoso, únicamente en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, a efecto de oír y recibir notificaciones, toda vez que no proporcionan el número de cédula profesional, o en su defecto el número de registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; y en tales condiciones, no es posible realizar la consulta correspondiente en Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de verificar si dichas personas cuentan con el requisito en mención. Domicilio. Por otro lado, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Pujal, número 24, entre Obregón y Galeana, zona centro, en esta ciudad, código postal 79000. Correo electrónico y número telefónico. Toda vez que la parte quejosa señala el correo electrónico abogadoslp@hotmail.com.mx, así como el número telefónico 4811244128; se toma conocimiento de éstos para entablar comunicaciones no procesales, únicamente en caso de estimarse pertinente. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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