Jaime Cruz García
Expediente 157/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 157/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jaime Cruz García
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de mayo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 157/2018-l; por el cual, esté órgano de control constitucional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo planteada por Jaime Cruz García, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Sin que haya lugar a remitir el cuaderno en que se actúa al archivo, toda vez que de momento la autoridad oficiante no se pronuncia sobre si acepta o no la incompetencia planteada por este Juzgado Federal. Finalmente, se toma nota de que la citada incompetencia quedó registrada con el número de amparo directo civil 320/2018. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Jaime Cruz García, contra actos que reclama del juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Tancanhuitz, San Luis Potosí y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 157/2018-I. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Previo a hacer pronunciamiento alguno sobre la procedencia del amparo, debe establecerse si este órgano jurisdiccional es competente o no para conocer de la misma. Sentado lo anterior, se tiene que el acto que reclama el promovente consiste en la resolución dictada el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, en el expediente ejecutivo mercantil 129/2015 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Tancanhuitz, San Luis Potosí, en la que la que resolvió declarar procedente la vía y fundada la acción intentada en dicho sumario, por lo que condenó a los demandados Carmela Lárraga Hdz y/o Carmela Lárraga Hernández en su carácter de deudora principal y a Jaime Cruz García -aquí quejoso-, en su carácter de aval, al pago a favor de Fredi Salazar Pérez, de la suerte principal, intereses moratorios, gastos y costas generados en dicha instancia; asimismo, y los requiere para que en un término de tres días realicen el pago de las prestaciones que resultaron condenados. En efecto, el artículo 47, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." Mientras que el diverso 170, es del contenido siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido... Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos..." Del numeral 170 antes transcrito, se advierte que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Asimismo, define como sentencia definitiva o laudo, los que deciden el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. Es preciso mencionar que, en el texto de la Ley de Amparo, el legislador ya no dotó a la sentencia definitiva reclamable en amparo directo, ni a los laudos o resoluciones que sin serlo, ponen fin al juicio, de la exigencia relativa a "respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", requisito que sí establecía la abrogada Ley de Amparo, en su artículo 46. Esto es, en la nueva Ley de Amparo, la sentencia, laudo o resolución definitiva es aquella que pone fin a juicio, sin el requisito de que en su contra no proceda algún recurso que prevea la ley común. Se afirma lo anterior, ya que el principio de definitividad, se encuentra en el tercer párrafo de la fracción I del precitado numeral 170 de la Ley de Amparo vigente, al establecer que, previamente al juicio de amparo, deben agotarse los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales, la sentencia, laudo o resolución reclamada puede ser modificada o revocada, traduciéndose dicha exigencia en un requisito de procedibilidad del juicio de amparo directo y no como un elemento para poder establecer si la sentencia o resolución puede ser reclamada en el amparo uniinstancial. En ese contexto normativo, toda vez que la competencia del Tribunal Colegiado y la procedencia del amparo directo, ya no están estrechamente relacionadas en la nueva Ley de Amparo, pues la primera se surte por el sólo hecho de que se reclame una sentencia que haya decidido el juicio en lo principal, o una resolución que, sin decidirlo en lo principal, lo haya dado por concluido, al margen de que la ley conceda o no un recurso ordinario, por virtud del cual puedan ser modificada o revocada, habida cuenta que esto último incide únicamente en la procedencia o improcedencia del juicio En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 47 de la Ley de Amparo, al reclamarse una resolución de primera instancia que pone fin al juicio ejecutivo mercantil 129/2015 de origen; es que resulta competente el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, con residencia en la capital para conocer de dicha demanda de amparo. No pasa inadvertido que el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no ha sido objeto de reformas y que siga estableciendo la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo directo, en materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal. Sin embargo, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, deriva del 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Carta Magna, de similar contenido y, este último debe prevalecer sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia del Pleno del Trigésimo Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis PC.XXX. J/8 K (10a.), visible en la página 3222, que dice: "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003). Los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 establecen lo que debe entenderse por sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio para los efectos del numeral 44 del propio ordenamiento, "y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", lo cual condujo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interpretar que al existir un recurso ordinario, el Tribunal Colegiado de Circuito no era competente para conocer de la demanda, dada la ubicación de esos dispositivos en el capítulo de competencia; sin embargo, en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril del año citado, simplemente se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide sólo en la improcedencia del juicio, mas no en la competencia del órgano jurisdiccional indicado. Lo anterior es así, ya que en el tercer párrafo del último precepto mencionado se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, en el nuevo contexto normativo resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO". Así como la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tesis II.2o.C.4 K (10a.), visible en la página 3222, que dice: "SENTENCIA DEFINITIVA EN LA NUEVA LEY DE AMPARO. PARA DETERMINAR LA VÍA DE SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO Y LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE ÉSTA, ES INNECESARIO ANALIZAR SI SE AGOTÓ O NO EL RECURSO PROCEDENTE, PUES LA LEGISLACIÓN VIGENTE SÓLO LO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. De conformidad con la legislación de amparo abrogada, se entendía por sentencia definitiva "... las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.-También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia. ..." y por resolución que pone fin al juicio "... aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.". Como se ve, la recurribilidad del acto cuando la ley preveía recurso al respecto, era un elemento que formaba parte de estos conceptos, por lo que constituía un requisito a tomarse en consideración para definir la competencia para conocer de la demanda de amparo directo y en términos del artículo 158 de la propia ley abrogada contra tales actos se surtía la competencia en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito. En la actualidad, de conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente, se entiende por sentencias definitivas las que "... decidan el juicio en lo principal ..." y por resolución que pone fin al juicio "... las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido ...", sin que en esta nueva norma se exija como elemento, que se interponga el recurso correspondiente pues ya no lo prevé así, el cual únicamente impacta a la procedencia del juicio, en términos del propio artículo 170, fracción I, párrafo segundo. En consecuencia, ante esta nueva concepción tanto de sentencia definitiva como de resolución que pone fin al juicio, la competencia para conocer de éstas cuando no han sido impugnadas mediante el recurso procedente, se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito y no de un Juez de Distrito". Consecuentemente, en términos el artículo 47, de la Ley de Amparo, se ordena: I. Remitir el escrito original de demanda y sus copias respectivas al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, con residencia en la capital. II. Formar, con copia de la aludida demanda, el cuaderno de antecedentes respectivo. Sin que sea necesario pronunciarse en términos del numeral 48 de la Ley de Amparo, respecto de la suspensión de los actos reclamados, habida cuenta que no se actualizó ninguno de los supuestos que prevé el diverso artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Abasolo número 617, Despacho 5, zona Centro en esta ciudad. Por otro lado, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Norma Nely Hernández Hernández y/o Elisa Reyes Reyes, toda vez que cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, conforme a lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese personalmente al promovente y cúmplase.
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