Jacinta Mata Sánchez

Expediente 267/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
267/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
03/10/2019

Partes del expediente

  • Jacinta Mata Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, mediante el cual envía los autos originales del juicio de amparo número 267/2019-IV, promovido por Jacinta Mata Sánchez, así como testimonio del recurso de queja penal 83/2019, en cuyo punto resolutivo determinó: "ÚNICO.- Es infundada la queja interpuesta por ***, por conducto de su autorizado, contra el proveído de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio de amparo indirecto 267/2019-IV, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles." En tales condiciones, acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y glósese el cuadernillo de antecedentes de queja únicamente a partir del escrito de expresión de agravios, ello en virtud del que el resto de las actuaciones ya obran en autos. Ahora, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 267/2019-IV, así como el escrito de agravios materia del recurso de queja interpuesto por el autorizado del solicitante de amparo. Asimismo, se toma nota de que dicho recurso se admitió y quedó registrado con el número de queja 83/2019. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito signado por Luis Ángel Contreras Malibran, autorizado de la promovente Jacinta Mata Sánchez, atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo de su representada; en ese sentido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y demás relativos a la Ley de Amparo, y en acatamiento al numeral 101 del referido ordenamiento legal, ríndase el informe con justificación que refiere el citado precepto legal, manifestando la certeza del acto impugnado, sosteniéndose la legalidad del mismo y en apoyo remítase los autos originales del presente sumario constitucional, además del escrito de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, para la substanciación del recurso que se hace valer, ordenándose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. ... De ahí que, conforme al principio de economía procesal y de pronta impartición de justicia previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal resulta innecesario requerir a la promovente para que dentro del término de tres días señale las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad de instancia a fin de que resuelva el recurso que se hace valer conforme lo dispone el artículo 101 de la Ley de Amparo; ello en virtud, de que éstas no podrían ser diversas a la demanda que promovió el diecisiete del mes y año en curso, así como el acuerdo que desechó la misma del dieciocho siguiente. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Jacinta Mata Sánchez, contra actos que reclama del Juzgado Segundo Familiar en esta ciudad y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 267/2019-IV. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la tesis III.1o.C.7 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 424, Tomo IV, Noviembre de 1996, Registro 200905, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo permite el desechamiento de plano de la demanda de garantías, sólo en caso de que, examinada ésta, se encuentre algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, la interpretación lógica y racional de tal precepto, conduce a establecer que un motivo de improcedencia tiene esas características cuando se desprende de dicho escrito y no cabe la menor posibilidad de desvirtuarlo en forma alguna. Por tanto, si mediante la aportación de pruebas es factible desvanecer la causa de improcedencia que se deduce de la citada demanda, el Juez de Distrito no debe desechar ésta, sino admitirla y seguir el trámite correspondiente, para brindar al quejoso la oportunidad de ofrecer elementos de convicción tendientes a demostrar la procedencia de su acción constitucional." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que aquí reclama la promovente del amparo: consiste en: "V.- ACTOS RECLAMADOS.- De las Autoridades señaladas como Responsables Ordenadora y Ejecutora reclamo: a).- La falta de NOTIFICACIÓN del auto o acuerdo pronunciado en el Expediente número 98/2003 por la diversa Responsable C. JUEZ SEGUNDO FAMILIAR en esta ciudad en fecha 7 de junio de 2019 relativo a la solicitud de revocar la libertad a la C. IRMA CARDOZA RODRÍGUEZ, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 417 fracción II del Código de Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí." En tales condiciones, por lo que ve al acto que se reclama descrito con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, este aplicado a contrario sensu, así como el artículo 170 y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo. Los artículos y fracciones en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles agrarios o del trabajo, se consideraran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando. XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato, los cuales, por ende, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderle por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión juridica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes juridicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desgloce del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que encuentran su sustento en la jurisprudencia número P.J/. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 39, Registro 2006589, libro 7, junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aun que no lesionara derechos sustantivos, ya que con esta decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "..aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De igual forma, se cita en lo conducente, la tesis: VII.4o.P.T.7 P (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, registro: 2005857; localizable en la página: 1944, del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II; de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y contenido siguiente: "SENTENCIA ABSOLUTORIA EN MATERIA PENAL. LA OMISIÓN DE NOTIFICARLA PERSONALMENTE A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO O A SU REPRESENTANTE LEGAL, PARA PROMOVER EL RECURSO DE APELACIÓN, ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 173, FRACCIÓN XXII, ANÁLOGA A LA DE SU FRACCIÓN XIX, INCISO B), ÚLTIMA PARTE, DE LA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO AQUÉLLA NO SE REFIERA DIRECTAMENTE A LA REPARACIÓN DEL DAÑO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN ABROGACIÓN PAULATINA). El artículo 114 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, en abrogación paulatina a partir del 11 de mayo de 2013, impone la obligación a los órganos jurisdiccionales de notificar personalmente a las partes cualquier resolución impugnable mediante el recurso de apelación, haciendo extensiva tal formalidad respecto del ofendido, la víctima o su representante legal, "en tratándose de la reparación del daño", cuya literalidad excluye de la obligación de realizarla cuando el tema sea distinto. Sin embargo, la intelección del citado precepto, no debe ser rigorista ni restringida, sino extensiva, tomando en cuenta que el nuevo marco constitucional ha reconocido una serie de derechos a favor del sujeto pasivo del delito, colocándolo como una verdadera parte procesal en el juicio penal, en atención, además, a los principios pro persona y de progresividad, en aras de privilegiar los derechos humanos de acceso a la justicia, de recurso efectivo y de protección más amplia a las personas. Por tanto, conforme a las fracciones II y IV del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), también debe notificársele personalmente toda resolución que sea impugnable mediante dicho medio, pese a que no se refiera a la reparación del daño, pero que indirectamente pueda afectarla, como son los aspectos referentes a la acreditación del delito y la responsabilidad penal del enjuiciado, pues es obvio que también esos apartados afectan su calidad de parte activa en el proceso penal, así como su derecho humano a conocer la verdad y a que se castigue al culpable, porque son el presupuesto que justifica la procedencia de la reparación del daño. Así, cuando se omita la notificación de una sentencia absolutoria al ofendido, la víctima o a su representante legal, se actualiza la violación a las reglas del procedimiento prevista por el artículo 173, fracción XXII, análoga a la diversa fracción XIX, inciso b), última parte, de la Ley de Amparo, que establece que en materia penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando al dictarse sentencia definitiva absolutoria, o un acto que se refiera a la libertad del imputado, no se hayan respetado, entre otros, los derechos de la víctima u ofendido del delito a que se le permita intervenir en el juicio debidamente." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1186, del Tomo XXVII, Mayo de 2003, Registro 184249, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Así pues, como se adelantó, el referido acto reclamado consistente en la falta de notificación del acuerdo emitido por el juez responsable en el proceso penal 98/2003 de origen, en el que se negó la petición que formuló la quejosa en relación a revocar la libertad caucional de la procesada Irma Cardoza Rodríguez, no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no reviste la categoría de un derecho "sustantivo", consagrado en la Constitución o en los tratados internacionales en los que nuestro país sea parte. Ello es así, toda vez que la afectación que provoca el mencionado acto no es actual, sino que produce solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, en cuya hipótesis podrá hacer valer esa situación al inconformarse contra la resolución que resuelva en definitiva el juicio natural, y podrá hacer valer alegaciones en contra de dicho acto reclamado, pues dicha notificación puede ser analizada por el superior de instancia del juez aquí responsable y ordenarse la reposición del procedimiento de acuerdo a lo que establece el artículo 106 del Código de Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí; incluso de resultarle adversa la citada impugnación, podrá reclamar dicha situación como violación a las leyes del procedimiento al momento de promover el juicio de amparo directo correspondiente. En efecto, como se dijo, el solicitante de amparo reclama la falta de notificación del acuerdo emitido por el juez penal responsable, en el que negó al solicitud formulada por la quejosa, de revocar la libertad caucional que viene gozando la procesada Irma Cardoza Rodríguez en dicho sumario penal; alegando la solicitante de amparo que la falta de notificación personal de dicho auto provoca una violación de difícil e imposible reparación, aun emitiéndose un fallo condenatorio en contra de la procesada. Sin embargo, como se ha dicho, la omisión de notificar en forma personal a la quejosa en su calidad de víctima dicho proveído, no trasgrede en forma sustancial algún derecho fundamental de ésta, pues como se ha mencionado, el hecho de que la procesada continúe en libertad durante la sustanciación del proceso criminal que se le instaura, no provoca una violación a algún derecho fundamental de la solicitante de amparo; y en caso contrario dicha sentencia podría ser recurrida y señalar en el medio de impugnación la transgresión procesal aquí apuntada, o bien, promover el juicio de amparo directo de no ser atendida sus pretensión de acuerdo a sus intereses por el órgano jurisdiccional de apelación. Aunado al hecho de que, de la lectura de los conceptos de violación la promovente de amparo no controvierte el auto en el que se negó revocar la libertad de la indiciada en términos del artículo 417, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, (como lo solicitó la quejosa ante el juez de origen); sino que únicamente cuestiona el hecho de que ese proveído no se le notificó personalmente, lo que en modo alguno -la forma de notificación- incide en la esfera de derechos sustantivos de la justiciable, aquí peticionaria de amparo. En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos artículos 107, fracción V, este aplicado a contrario sensu, así como el 170 y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Por otra parte, se tiene a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Damián Carmona, número 712, de la colonia Rotarios, de esta ciudad. Asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Ángel Contreras Malibrán toda vez que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tiene como autorizado para el único efecto de oír y recibir notificaciones de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 24 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Pérez Sánchez, ello por así haberlo solicitado el impetrante. Por otro lado, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese, y personalmente a la parte promovente. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, asistido de Luis Ignacio Arredondo Veytia, secretario que autoriza y da fe.

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