Ines Herrera Roman
Expediente 781/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 781/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ines Herrera Roman
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 781/2020-I Puebla, Puebla, veinte de octubre de dos mil veinte. Se agrega al expediente el oficio de cuenta signado por el secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. En él, acusa recibo del oficio 22025/2020, y demás anexos y comunica que dicho tribunal colegiado aceptó la competencia declinada en proveído de ocho de octubre de dos mil veinte y asume el conocimiento de la demanda de amparo que originó el presente expediente. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente expediente constituye un asunto concluido. Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años.2 Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Caratula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones del Libro de Gobierno. Se instruye a la Analista Jurídica SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Revisión del expediente. Por último, se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 191/2020-I Puebla, Puebla, ocho de octubre de dos mil veinte. Se agrega al expediente el oficio de cuenta signado por el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, Nayarit. En él, comunica que aceptó la competencia declinada en proveído de uno de octubre de dos mil veinte y asume el conocimiento de la demanda de amparo que originó el presente expediente. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Caratula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones del Libro de Gobierno. Se instruye a la Analista Jurídica SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Revisión del expediente. Por último, se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA: JUICIO DE AMPARO 781/2020-I. Puebla, Puebla, ocho de octubre de dos mil veinte. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo suscrita por por derecho propio, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y otra autoridad responsable. En consecuencia, se ordena formar el expediente de protección de derechos, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-21, causante de la enfermedad COVID-19. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Incompetencia legal. La lectura integral de la demanda, así como la documental exhibida por la quejosa e incluso, lo precisado en el inciso a) del capítulo del acto reclamado en el que específica el punto resolutivo de la determinación reclamada, que a letra dice: ".envíese copia certificada de la sentencia a la directora general de ejecución de sentencias y medidas de la secretaria general de gobierno para su conocimiento y para que dé cumplimiento a la presente resolución." Permiten observar que la quejosa señala como acto reclamado la sentencia dictada el dos de septiembre de dos mil veinte, dentro del toca de apelación **, emitida por la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, así como la notificación de dicha resolución practicada a la promovente. Conforme a lo señalado en el capítulo del acto reclamado, así como en los antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que dicha resolución reclamada confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia sin tomar en cuenta las violaciones al debido proceso de la causa penal instruida en su contra. Precisado lo anterior, es menester señalar que la Ley de Amparo en sus artículos 1073 y 1704, dispone de modo expreso los casos en los que el juicio de amparo debe pedirse ante los jueces de distrito y cuándo ante los tribunales colegiados de circuito, dicho en otras palabras, precisa la procedencia del juicio de garantías ya sea en la vía directa o en la indirecta. En torno a este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia número 51/2004, señaló que de conformidad con los indicados artículos, así como de lo dispuesto en el diverso 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se puede establecer que por exclusión, cuando los actos de autoridad que se reclamen sean ajenos a los previstos en el artículo 158 de la Ley de Amparo anterior a la vigente (hoy artículo 170 de la Ley de Amparo), que enumera a las sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio o laudos, procederá el amparo indirecto, lo que, a contrario sensu, hace concluir que cuando se reclamen esos actos (sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio y laudos), procederá el amparo directo. Bajo tales argumentos la sala en comento, definió los supuestos que demarcan la procedencia del amparo directo, de la siguiente manera: ". 1) Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) Ésta (sentencia) resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada, y b) Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, tratándose de la sentencia dictada en primera instancia, en materia civil siempre que la ley así lo autorice. 2) Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, (es oportuno recordar que conforme al principio de definitividad, para efectos de la promoción del juicio de amparo (directo o indirecto), deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio de garantías) y, 3) Los laudos son las sentencias definitivas dictadas en los juicios del orden laboral." La jurisprudencia aludida es del tenor literal siguiente: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural." Al cobijo de los anteriores razonamientos, en opinión de esta operadora jurídica, el acto que por esta vía reclama la quejosa y que ha quedado precisado en líneas anteriores, es de aquéllos contra los cuales procede el amparo directo, pues se trata de una sentencia definitiva de segunda instancia que puso fin a un juicio de naturaleza penal. Luego, si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Amparo, los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del amparo directo, este órgano de control constitucional declara carecer de competencia legal para resolver este asunto, por lo que se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno del Sexto Circuito, por considerarse que es a un tribunal de dicha materia a quien corresponde resolver este asunto, salvo que el tribunal colegiado en turno determine lo contrario. Por tanto, se ordena formar cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias; y solicítese de manera atenta al tribunal de mérito, se sirva acusar recibo del mismo y haga saber a esta autoridad la resolución que tenga a bien dictar respecto a la competencia que se le declina. Anotaciones internas. Se ordena a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y a la oficial administrativa que se encarga de los libros de gobierno, realicen las anotaciones correspondientes a la declinación de competencia legal por territorio. Además, se hace notar que la declaración de incompetencia legal representa un egreso, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad deberá archivarse este juicio como definitivamente concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Domicilio procesal de la quejosa. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo (ubicado en esta ciudad de Puebla), así como autorizados para tales afectos a Lázaro Morales Flores y Gregorio Rodríguez Luna, por así haberlo solicitado de manera expresa. No pasa inadvertido que en la demanda de amparo, proporcionó como medio de notificación dos correos electrónicos. Sin embargo, dichos medios no están previstos en la Ley de Amparo, como medios para realizar notificaciones personales. Pese a lo anterior, podrá considerarse como un medio para establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, no así para notificarla, pues esto último deberá hacerse únicamente en la forma y términos previstos por la ley de la materia. Por ello, se le reitera el exhorto de optar por la vía de notificación electrónica, debido a la contingencia sanitaria por el citado fenómeno de salud pública. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a los quejosos el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. ..., procédase en su momento a la digitalización del presente asunto6 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Cuaderno de antecedentes y registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena formar expedientillo (cuaderno de antecedentes) con las constancias necesarias, dado que el original del presente juicio habrá de remitirse por la declaración de incompetencia legal. Asimismo, se ordena a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Notifíquese; en forma personal a la quejosa; y cúmplase.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes
- Ilse Ruth Villegas Anaya971/2022
- ILSY ADALI ROCHE PEREZ y Otros.463/2023
- Imelda de Jesús Galaviz Reyes646/2022
- Indalecio Cuesta Torres327/2022
- Indalecio Cuesta Torres180/2021
- Inés Cuapio Juárez1080/2017
- Ines Saturnino Lopez Ponce918/2020
- Ingrid Raziel Romero de Gante387/2018
- Inocencio Moreno Barojas31/2019
- Irais Alejandro Medina861/2018
- Irene Azcarate García955/2018
- Irene Martínez Luna49/2018