Irene Azcarate García

Expediente 955/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
955/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
12/11/2018

Partes del expediente

  • Irene Azcarate García

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación precedente y el estado procesal del juicio, se advierte que la quejosa omitió impugnar el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, que tuvo no presentada la demanda origen de este juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido acuerdo ha quedado firme (causó estado). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo y carece de relevancia documental. Por último, se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.

  2. Principal

    Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido a la quejosa para desahogar el requerimiento formulado en acuerdo de ocho de octubre de dos mil dieciocho, transcurrió del diecisiete al veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, sin que lo hubiera hecho, a pesar de estar notificada para ello, como se advierte de la constancia de notificación respectiva. Bajo este contexto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de ocho de octubre de dos mil dieciocho y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección.

  3. Principal

    Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe +++, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Penal de los de la Ciudad de Puebla (sic) y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura armónica e integral de la demanda, se advierten diversas irregularidades en cuanto a la denominación de las autoridades responsables, y los actos reclamados, motivo por el cual debe requerirse la aclaración correspondiente. Para demostrar lo anterior, se hace notar la imprecisión en el señalamiento de algunas responsables, en específico de algunas de las que citó la quejosa con la siguiente denominación: Ciudadano Fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por sí y a través de sus elementos o agentes. Ciudadano Fiscal de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por sí y a través de sus elementos o agentes (sic). Ciudadano Fiscal de Investigación Metropolitana, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por sí y a través de sus elementos o agentes (sic). Ciudadano Fiscal de Investigación Regional, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por sí y a través de sus elementos o agentes (sic). Ciudadano Agente del Ministerio Público Investigador en Delitos Culposos (sic). Tales denominaciones resultan imprecisas debido a las reformas legislativas que se hicieron a la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, motivo por el que ninguna denominación de las autoridades en cita, puede coincidir con las fiscalías que existen a la fecha en la Fiscalía General del Estado de Puebla. Se afirma lo anterior, pues del Acuerdo del Fiscal General del Estado, por el que establece la Estructura Orgánica de la Fiscalía General del Estado, se advierte dicha dependencia cuenta con cuatro Fiscalías Generales o Especializadas -de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, de Investigación Metropolitana y de Investigación Regional -. Las cuales a su vez cuentan con las Direcciones Generales, Direcciones, Unidades, Subdirecciones y Jefaturas o Departamentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. De lo anterior, se desprende que no existe en sí, un fiscal encargado de cada una de las fiscalías antes citadas, como lo señala la quejosa. Ello, pues si llegara a admitirse la demanda, se imposibilitaría la notificación a las referidas autoridades -al margen de que ninguna existe con esas denominaciones - como ha sucedido en otros asuntos que han terminado en sobreseimiento, por la falta de una autoridad concreta. Luego, es indispensable que la quejosa proporcione la denominación concreta y actual de las autoridades que pretende involucrar en este juicio, pues los órganos de protección carecen de facultades para elegir la autoridad que debe ser llamada, pues el numeral 108 fracción III, de la Ley de Amparo impone esa carga al quejoso. Por otra parte, sólo resta decir que la irregularidad en los actos reclamados, estriba en que la quejosa reclama las distintas órdenes que señala en la demanda a las siguientes autoridades: Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Segundo Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Tercero Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Cuarto Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Quinto Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Sexto Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Séptimo Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Octavo Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita a los Juzgados Municipales del Distrito Judicial de Cholula (sic); y Agente del Ministerio Público adscrita a los Juzgados Penal y Civil del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla (sic); Sin embargo, las citadas autoridades, carecen de facultades para librar las distintas órdenes que señala en la demanda. Pues, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que los agentes del ministerio público adscritos a los juzgados penales en el sistema tradicional, únicamente realizan funciones dentro de un proceso penal tramitado en el juzgado al cual se encuentran adscritos. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV, y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad efectué la siguiente aclaración: Proporcione las denominaciones correctas, actuales y completas de las siguientes autoridades: Ciudadano Fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por sí y a través de sus elementos o agentes. Ciudadano Fiscal de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por sí y a través de sus elementos o agentes (sic). Ciudadano Fiscal de Investigación Metropolitana, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por sí y a través de sus elementos o agentes (sic). Ciudadano Fiscal de Investigación Regional, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por sí y a través de sus elementos o agentes (sic). Ciudadano Agente del Ministerio Público Investigador en Delitos Culposos (sic). Indique: si desea excluir a las siguientes autoridades del presente juicio: Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Segundo Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Tercero Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Cuarto Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Quinto Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Sexto Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Séptimo Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Octavo Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita a los Juzgados Municipales del Distrito Judicial de Cholula (sic); y Agente del Ministerio Público adscrita a los Juzgados Penal y Civil del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla (sic); Se hace saber a la quejosa que al desahogar el requerimiento formulado, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una para cada autoridad responsable, una para el tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia, y dos para el incidente de suspensión. Además, se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace saber a la quejosa que esta prevención, habrá de evitar que se le deje en estado de indefensión (por las autoridades imprecisas) para conseguir una pronta impartición de justicia como lo ordena el artículo 17 constitucional. Por otra parte, como lo solicita la quejosa, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo (en la ciudad de Puebla); y quedan autorizadas para los mismos efectos, las personas de que señala en la demanda, pues omitió conferirles facultades amplias. En cambio, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista de nombre +++, por estar registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. También se hace saber a la quejosa que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, a ella y las personas autorizadas en la demanda de amparo, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se le hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse la autorizada (y el quejoso) al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellos, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información

  4. Principal

    SE DEJÓ CITATORIO A LAPARTE PROMOVENTE. Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe +++, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Penal de los de la Ciudad de Puebla (sic) y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura armónica e integral de la demanda, se advierten diversas irregularidades en cuanto a la denominación de las autoridades responsables, y los actos reclamados, motivo por el cual debe requerirse la aclaración correspondiente. Para demostrar lo anterior, se hace notar la imprecisión en el señalamiento de algunas responsables, en específico de algunas de las que citó la quejosa con la siguiente denominación: Ciudadano Fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por sí y a través de sus elementos o agentes. Ciudadano Fiscal de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por sí y a través de sus elementos o agentes (sic). Ciudadano Fiscal de Investigación Metropolitana, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por sí y a través de sus elementos o agentes (sic). Ciudadano Fiscal de Investigación Regional, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por sí y a través de sus elementos o agentes (sic). Ciudadano Agente del Ministerio Público Investigador en Delitos Culposos (sic). Tales denominaciones resultan imprecisas debido a las reformas legislativas que se hicieron a la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, motivo por el que ninguna denominación de las autoridades en cita, puede coincidir con las fiscalías que existen a la fecha en la Fiscalía General del Estado de Puebla. Se afirma lo anterior, pues del Acuerdo del Fiscal General del Estado, por el que establece la Estructura Orgánica de la Fiscalía General del Estado, se advierte dicha dependencia cuenta con cuatro Fiscalías Generales o Especializadas -de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, de Investigación Metropolitana y de Investigación Regional -. Las cuales a su vez cuentan con las Direcciones Generales, Direcciones, Unidades, Subdirecciones y Jefaturas o Departamentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. De lo anterior, se desprende que no existe en sí, un fiscal encargado de cada una de las fiscalías antes citadas, como lo señala la quejosa. Ello, pues si llegara a admitirse la demanda, se imposibilitaría la notificación a las referidas autoridades -al margen de que ninguna existe con esas denominaciones - como ha sucedido en otros asuntos que han terminado en sobreseimiento, por la falta de una autoridad concreta. Luego, es indispensable que la quejosa proporcione la denominación concreta y actual de las autoridades que pretende involucrar en este juicio, pues los órganos de protección carecen de facultades para elegir la autoridad que debe ser llamada, pues el numeral 108 fracción III, de la Ley de Amparo impone esa carga al quejoso. Por otra parte, sólo resta decir que la irregularidad en los actos reclamados, estriba en que la quejosa reclama las distintas órdenes que señala en la demanda a las siguientes autoridades: Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Segundo Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Tercero Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Cuarto Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Quinto Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Sexto Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Séptimo Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Octavo Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita a los Juzgados Municipales del Distrito Judicial de Cholula (sic); y Agente del Ministerio Público adscrita a los Juzgados Penal y Civil del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla (sic); Sin embargo, las citadas autoridades, carecen de facultades para librar las distintas órdenes que señala en la demanda. Pues, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que los agentes del ministerio público adscritos a los juzgados penales en el sistema tradicional, únicamente realizan funciones dentro de un proceso penal tramitado en el juzgado al cual se encuentran adscritos. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV, y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad efectué la siguiente aclaración: Proporcione las denominaciones correctas, actuales y completas de las siguientes autoridades: Ciudadano Fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por sí y a través de sus elementos o agentes. Ciudadano Fiscal de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por sí y a través de sus elementos o agentes (sic). Ciudadano Fiscal de Investigación Metropolitana, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por sí y a través de sus elementos o agentes (sic). Ciudadano Fiscal de Investigación Regional, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por sí y a través de sus elementos o agentes (sic). Ciudadano Agente del Ministerio Público Investigador en Delitos Culposos (sic). Indique: si desea excluir a las siguientes autoridades del presente juicio: Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Segundo Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Tercero Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Cuarto Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Quinto Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Sexto Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Séptimo Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Octavo Penal (sic); Agente del Ministerio Público adscrita a los Juzgados Municipales del Distrito Judicial de Cholula (sic); y Agente del Ministerio Público adscrita a los Juzgados Penal y Civil del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla (sic); Se hace saber a la quejosa que al desahogar el requerimiento formulado, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una para cada autoridad responsable, una para el tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia, y dos para el incidente de suspensión. Además, se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace saber a la quejosa que esta prevención, habrá de evitar que se le deje en estado de indefensión (por las autoridades imprecisas) para conseguir una pronta impartición de justicia como lo ordena el artículo 17 constitucional. Por otra parte, como lo solicita la quejosa, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo (en la ciudad de Puebla); y quedan autorizadas para los mismos efectos, las personas de que señala en la demanda, pues omitió conferirles facultades amplias. En cambio, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista de nombre +++, por estar registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. También se hace saber a la quejosa que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, a ella y las personas autorizadas en la demanda de amparo, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se le hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse la autorizada (y el quejoso) al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellos, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información

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