Imelda de Jesús Galaviz Reyes
Expediente 646/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 646/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Imelda de Jesús Galaviz Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Puebla, Puebla, trece de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que la parte quejosa no recurrió el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintidós, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 - publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. Puebla, Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Se ordena agregar al expediente, el escrito de cuenta de la quejosa * en representación de su menor hija con iniciales *, donde desahoga la prevención de veintiuno de junio del presente año, y manifiesta lo siguiente: ? Señala como acto reclamado la omisión en determinar el ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación *atribuido a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar de la Fiscalía General del Estado de Puebla. ? Que el expediente de control judicial previo es el *, donde se fijó como fecha de audiencia el quince de febrero de dos mil veintidós. ? Que el veinte de abril de dos mil veintidós, se presentó escrito en la oficialía común del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, en donde se solicitó la continuación de la audiencia de control judicial previo. ? Respecto a las acciones afirmativas solicitadas fueron la preservación de los derechos de la menor establecidos en los artículos 12 y 19 de la Convención de los Derechos del Niño. En ese orden de ideas, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. *Ahora, el acto reclamado se delimitó únicamente en la omisión en determinar el ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación *, atribuido a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De dicha causal se desprende: *Se afirma lo anterior, porque esa omisión de ejercicio de la acción penal reclamada en la demanda de amparo y que es precisada en el escrito aclaratorio de cuenta, tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar la promovente antes de solicitar esta vía de control constitucional. Para demostrar lo anterior, se invoca el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación". *De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." De lo anterior, se obtuvo la regla siguiente: las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por abstenciones, decisiones (determinaciones incluso negativas) u omisiones imputables al ministerio público encargado de una carpeta de investigación, deben acudir ante un juez de control para reclamar ese tipo de actos, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Es más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada que de los artículos 109, fracción XXI, así como 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deriva una ruta ordinaria para impugnar cualquier omisión u abstención del agente del ministerio público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea éste quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en una carpeta de investigación a cargo del ministerio público. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y, en consecuencia, instruir al ministerio público la reanudación de las investigaciones en forma efectiva, hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. O, en su caso, dicho juzgador natural puede revisar la actuación ministerial a fin de que ésta tome un cauce diversa, en el que se repare decisiones que eventualmente vulneren derechos, en particular, de la víctima. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que el acto reclamado por la aquí parte quejosa debe llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con el principio de definitividad, al tratarse de una omisión en determinar el ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación *, atribuido a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en donde aquella tiene el carácter de víctima. De hecho, debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la determinación o decisión combatida en la demanda de protección de derechos fundamentales; motivo por el cual tiene las condiciones necesarias para impugnar esas abstenciones en el procedimiento ordinario de impugnación. Además, si la resolución que se pronunciara después por el juez de control, al examinar las actuaciones practicadas en la indagatoria, fuera adversa al propósito de investigar o darle continuidad a la indagatoria o el promovente estimara que el análisis de la carpeta desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal; podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto (en particular contra la resolución del juez de control que emerja al respecto). Por tanto, se considera que, en el presente caso, el reclamo planteado por la ahora parte quejosa encuentra una causa indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En particular, la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues el acto combatido en la demanda de protección está inmerso en los actos de investigación que acontecen dentro de una carpeta que está en desarrollo aún. Por ello, es inconcuso que debe impugnarlo primero, en la ruta ordinaria que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene el quejoso en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la actuación del ministerio público. Sin que obste a lo anterior, que la parte quejosa haya expuesto que en su momento acudió a dicho medio de defensa (previsto por el artículo 258 del código procesal nacional invocado) y que no se había cumplimentado lo determinado en el mismo por el juzgador de control, aunado a que indica en su escrito de cuenta que la representación social solicitó la continuación de la audiencia de control judicial previo, pues si bien con ello además de evidenciar que se encuentra pendiente la ruta ordinaria de impugnación a la que se acudió con motivo de aquella ocasión, sin embargo, lo cierto es que el acto aclarado en el escrito de cuenta denota que se trata de uno distinto y respecto del cual debe agotarse el principio de definitividad a través de un nuevo medio de defensa que se haga valer con base en dicho precepto legal, ante la autoridad judicial responsable, antes de instar esta vía constitucional. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61, se desecha de plano la demanda y escrito aclaratorio que originó este juicio, pues se actualiza al respecto una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad). Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada, no contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del rubro siguiente: *Anotación interna. Se instruye al oficial encargado de los libros de gobierno, y al oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Comunicación especial con las partes. En términos de lo dispuesto por los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia mediante su similar 9/2022), se toma conocimiento del correo electrónico y un número telefónico proporcionado. Se hace la precisión que dichos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran y en caso de considerarse necesario. Sin que obste, las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 9/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 Poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto1 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye al oficial judicial "A" que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Por último, dado que la parte quejosa no especificó cuál era el domicilio en el que deseaba ser notificada, se tiene como único domicilio para tal efecto el ubicado en el número *.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Se ordena agregar al expediente, el escrito de cuenta de la quejosa * en representación de su menor hija con iniciales *, donde desahoga la prevención de veintiuno de junio del presente año, y manifiesta lo siguiente: ? Señala como acto reclamado la omisión en determinar el ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación *atribuido a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar de la Fiscalía General del Estado de Puebla. ? Que el expediente de control judicial previo es el *, donde se fijó como fecha de audiencia el quince de febrero de dos mil veintidós. ? Que el veinte de abril de dos mil veintidós, se presentó escrito en la oficialía común del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, en donde se solicitó la continuación de la audiencia de control judicial previo. ? Respecto a las acciones afirmativas solicitadas fueron la preservación de los derechos de la menor establecidos en los artículos 12 y 19 de la Convención de los Derechos del Niño. En ese orden de ideas, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. *Ahora, el acto reclamado se delimitó únicamente en la omisión en determinar el ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación *, atribuido a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De dicha causal se desprende: *Se afirma lo anterior, porque esa omisión de ejercicio de la acción penal reclamada en la demanda de amparo y que es precisada en el escrito aclaratorio de cuenta, tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar la promovente antes de solicitar esta vía de control constitucional. Para demostrar lo anterior, se invoca el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación". *De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." De lo anterior, se obtuvo la regla siguiente: las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por abstenciones, decisiones (determinaciones incluso negativas) u omisiones imputables al ministerio público encargado de una carpeta de investigación, deben acudir ante un juez de control para reclamar ese tipo de actos, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Es más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada que de los artículos 109, fracción XXI, así como 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deriva una ruta ordinaria para impugnar cualquier omisión u abstención del agente del ministerio público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea éste quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en una carpeta de investigación a cargo del ministerio público. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y, en consecuencia, instruir al ministerio público la reanudación de las investigaciones en forma efectiva, hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. O, en su caso, dicho juzgador natural puede revisar la actuación ministerial a fin de que ésta tome un cauce diversa, en el que se repare decisiones que eventualmente vulneren derechos, en particular, de la víctima. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que el acto reclamado por la aquí parte quejosa debe llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con el principio de definitividad, al tratarse de una omisión en determinar el ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación *, atribuido a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en donde aquella tiene el carácter de víctima. De hecho, debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la determinación o decisión combatida en la demanda de protección de derechos fundamentales; motivo por el cual tiene las condiciones necesarias para impugnar esas abstenciones en el procedimiento ordinario de impugnación. Además, si la resolución que se pronunciara después por el juez de control, al examinar las actuaciones practicadas en la indagatoria, fuera adversa al propósito de investigar o darle continuidad a la indagatoria o el promovente estimara que el análisis de la carpeta desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal; podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto (en particular contra la resolución del juez de control que emerja al respecto). Por tanto, se considera que, en el presente caso, el reclamo planteado por la ahora parte quejosa encuentra una causa indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En particular, la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues el acto combatido en la demanda de protección está inmerso en los actos de investigación que acontecen dentro de una carpeta que está en desarrollo aún. Por ello, es inconcuso que debe impugnarlo primero, en la ruta ordinaria que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene el quejoso en su condición de víctima, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la actuación del ministerio público. Sin que obste a lo anterior, que la parte quejosa haya expuesto que en su momento acudió a dicho medio de defensa (previsto por el artículo 258 del código procesal nacional invocado) y que no se había cumplimentado lo determinado en el mismo por el juzgador de control, aunado a que indica en su escrito de cuenta que la representación social solicitó la continuación de la audiencia de control judicial previo, pues si bien con ello además de evidenciar que se encuentra pendiente la ruta ordinaria de impugnación a la que se acudió con motivo de aquella ocasión, sin embargo, lo cierto es que el acto aclarado en el escrito de cuenta denota que se trata de uno distinto y respecto del cual debe agotarse el principio de definitividad a través de un nuevo medio de defensa que se haga valer con base en dicho precepto legal, ante la autoridad judicial responsable, antes de instar esta vía constitucional. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61, se desecha de plano la demanda y escrito aclaratorio que originó este juicio, pues se actualiza al respecto una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad). Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada, no contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del rubro siguiente: *Anotación interna. Se instruye al oficial encargado de los libros de gobierno, y al oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Comunicación especial con las partes. En términos de lo dispuesto por los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia mediante su similar 9/2022), se toma conocimiento del correo electrónico y un número telefónico proporcionado. Se hace la precisión que dichos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran y en caso de considerarse necesario. Sin que obste, las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 9/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 Poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto1 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye al oficial judicial "A" que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Por último, dado que la parte quejosa no especificó cuál era el domicilio en el que deseaba ser notificada, se tiene como único domicilio para tal efecto el ubicado en el número *.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que será recibida de manera física, que promueve *, por derecho propio y a favor de la menor de edad identificada con las iniciales *, contra actos de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al promovente a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias, en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues, para ello, es indispensable que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Prevención. La lectura integral1 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en la precisión de las autoridades señaladas como responsables, de los actos reclamados y los antecedentes relativos a éste, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Para demostrarlo, primero, es necesario indicar que en la demanda, la promovente señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "..1.- A la Fiscalía General del Estado de Puebla, le reclama la omisión hacer cumplir al Agente del Ministerio Público la obligación de realizar el ejercicio de la acción penal derivado de la queja sustanciada en el expediente *. 2.- Al Juez de Oralidad Penal y Ejecución, Región Judicial Centro, reclama la omisión de la resolución correspondiente al control judicial previo *. 3.- Al Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la omisión de dictar resolución dentro de la carpeta de investigación * ." Como puede apreciarse los actos reclamados son atribuidos a tres diferentes autoridades y derivan de tres diferentes procedimientos, de lo que se colige que los actos que reclama involucran de hechos de naturaleza jurídica distinta y que éstos para su examen se verificarían a partir de garantías constitucionales y derechos fundamentales diversos (lo que podría conllevar, en su caso, a la separación de juicios respecto de los actos reclamados, pues se insiste los referidos actos reclamados son autónomos e independientes entre sí, dada su naturaleza jurídica y al provenir en atención a la misma a diversas autoridades y distintos tipos de procedimientos, lo que implicaría ordenar remitir los cuadernos de antecedentes correspondientes a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla). Al margen de ello, debe destacarse que de la lectura integral e interpretación de la demanda es dable apreciar que el reclamo de lo que se duele la parte quejosa recae en que la agente del ministerio público no se ha pronunciado sobre la determinación relativa al ejercicio de la acción penal, o en su caso, sobre la judicialización de la carpeta de investigación. Lo anterior, a pesar de que la Juez de Oralidad Penal y Ejecución, Región Judicial Centro, dictó la resolución correspondiente al control judicial previo "* (sic)", y de que promovió el diverso expediente *, ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, cuyo titular no ha hecho cumplir a esa agente del ministerio público con la obligación de realizar el ejercicio de la acción penal en mención. De ahí que resulte necesario prevenir a la parte quejosa para que precise cuál es el acto que en realidad desea reclamar en esta vía de amparo. Sin perderse de vista que también, como parte de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, no se aclara si el expediente control judicial previo es "*" o bien, si es "*", habida cuenta que la audiencia relativa a ese expediente es de quince de febrero de dos mil veintidós. En adición, si bien la parte promovente de la demanda expresa (como parte de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado) que se ha vencido el plazo de treinta días otorgado a la agente del ministerio público en audiencia de control judicial previo de quince de febrero de dos mil veintidós para emitir su determinación, no aclara bajo protesta de decir verdad si solicitó una nueva audiencia de control judicial previo en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al vencer esos treinta días para impugnar la omisión de resolver sobre el ejercicio de la acción penal. Asimismo, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa omitió acreditar la personalidad de tutora legal de la menor de edad (o madre de la menor) identificada con las iniciales *., para promover en esta vía constitucional en su representación. Sin que pase inadvertido lo previsto en el artículo 11 del mismo ordenamiento legal, en el sentido de que en materia penal, bastará la afirmación en ese sentido; pero no debe pasarse por alto que -como se dijo- los actos reclamados de diferentes procedimientos de naturaleza distinta, por lo que era necesario que (como parte de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado) aclara bajo protesta de decir verdad en qué expediente natural, dicha promovente tiene reconocida la personalidad con la que se ostenta respecto de la aludida menor de edad (o madre de la menor) identificada con las iniciales *, o en su caso, hubiera presentado acta de nacimiento para sustentarlo. Por otra parte, la parte quejosa señala como actos reclamados la omisión de acciones afirmativas ante la separación de su hija, sin embargo, del contenido de la demanda de amparo se desprendan que dichas omisiones no constituyen en realidad actos concretos (de naturaleza negativa u omisiva) de autoridad, sino que se trata de argumentos lógico-jurídicos que se formulan ante la omisión combatida en determinar sobre el ejercicio de la acción penal; porque precisamente parten de que ante la falta de emisión de esa determinación, se incurre en la diversa omisión de realizar tales acciones afirmativas a favor de la menor de edad. Por ende, es necesario que también se aclare lo anterior; máxime que como parte de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, la parte promovente no alude cuáles son esas acciones afirmativas, cuándo las pidió, a qué autoridad se las solicitó, qué contestación recayó a su petición. En ese contexto, y a fin de evitar dilaciones innecesarias en la tramitación del presente asunto, en perjuicio de la parte quejosa, es necesario que aclare las irregularidades antes apuntadas. Por tanto, con fundamento en los artículos 108 fracciones I, IV y V, y 114 fracciones I, II, III y IV, de la citada legislación, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días al en que surta efectos la notificación de este auto, aclare lo siguiente: I. Precise si desea señalar como único acto reclamado y única autoridad responsable, los consistentes en la omisión de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en emitir la determinación sobre el ejercicio de la acción penal o, en su caso, la judicialización dentro de la carpeta de investigación *. II. Manifieste, como parte de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad lo siguiente: a. Aclare si el expediente control judicial previo es "*" o bien, si es "*", habida cuenta que la audiencia relativa a ese expediente es de quince de febrero de dos mil veintidós. b. Especifique en cuál de los procedimientos naturales (en caso de que insista en reclamar los actos derivados de éstos) tiene reconocida la personalidad de progenitora de la menor de edad de iniciales *, con la que promueve, o en su caso, presente el acta de nacimiento relativa. c. Exprese si solicitó audiencia de control judicial previo en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al vencer los treinta días antes aludidos, para impugnar la omisión de la representación social en resolver el ejercicio de la acción penal. Es oportuno indicar a la parte quejosa un aspecto importante: al desahogar la prevención debe evitar la introducción de antecedentes novedosos, es decir, que presenten un escenario jurídico distinto al que ya informa la demanda origen de este juicio, porque ello podría implicar la comisión del delito especial previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, que debería informarse al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que le instruya una carpeta de investigación, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis jurisprudenciales recientes. Al margen de lo anterior, se informa a la quejosa que las diferencias que llegaran a detectarse en la firma de su escrito aclaratorio -si lo presenta-, con la firma puesta en la demanda de amparo, podría obligar a disponer un requerimiento para que la ratifique, conforme a los lineamientos aplicables a la situación actual de contingencia sanitaria. Apercibimiento. Apercibida que de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a la parte quejosa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Consulta física del expediente. Se hace saber al interviniente en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia mediante su similar 9/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica al interviniente que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Autorizados de la parte quejosa y domicilio. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios a *, pues así lo solicitó la parte quejosa en forma expresa; además, se encontró registro de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y a la restante persona sólo para oír y recibir notificaciones al carecer de dicho registro. Asimismo, se tiene como domicilio procesal, por única ocasión los dos que precisa ubicados en la ciudad de Puebla, sin embrago, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención señale uno solo para tales efectos. Se le apercibe, que en caso de omitir hacerlo, se tendrá por señalado el primer de los mencionados, ubicado en el *. Acceso electrónico. Como se solicita en la demanda, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico a través del usuario *que corresponde al autorizado de la parte quejosa, pero dicha autorización no incluye hacerle las notificaciones por medio de ese usuario y de manera electrónica, porque no lo solicitó así de manera expresa. Comunicación con la parte quejosa. En términos de lo dispuesto por los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia mediante su similar 9/2022), se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado, sin perjuicio de que señale también un número telefónico para ser contactada en caso de ser necesario. Además, se requiere a las demás partes para que proporcionen un correo electrónico o un número telefónico. Se hace la precisión que dichos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran y en caso de considerarse necesario. Sin que obste, las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial "A", que realicen las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Integración de la demanda original al expediente. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo - de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes
- Iker Gonzalo Macias Honda279/2023
- Ildefonso Bravo Arreola544/2020
- Iliana del Carmen Jiménez Vaquier551/2020
- Ilse Lucía Bernabé Gutierrez908/2018
- Ilse Ruth Villegas Anaya971/2022
- ILSY ADALI ROCHE PEREZ y Otros.463/2023
- Indalecio Cuesta Torres327/2022
- Indalecio Cuesta Torres180/2021
- Inés Cuapio Juárez1080/2017
- Ines Herrera Roman781/2020
- Ines Saturnino Lopez Ponce918/2020
- Ingrid Raziel Romero de Gante387/2018