Ilse Ruth Villegas Anaya

Expediente 971/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
971/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • Ilse Ruth Villegas Anaya

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 971/2022-I. Puebla, Puebla, catorce de octubre de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se tuvo no presentada la demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Asunto concluido. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este expediente constituye un asunto concluido. Valoración documental. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, pues la determinación de no presentada implica una resolución que sin decidir el fondo del juicio, lo dio por concluido. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de no presentada. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque se declaró no presentada la demanda en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplases.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 971/2022-I Puebla, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veintidós. DEMANDA NO PRESENTADA. Del estado procesal que guarda el expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido a la quejosa, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, transcurrió del veintiuno al veintisiete de septiembre de dos mi veintidós, sin que esta hubiera presentado escrito aclaratorio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo en cita y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección. ANOTACIONES INTERNAS. Se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno de este juzgado, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese en forma personal a la quejosa (de forma electrónica).

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 971/2022. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la jueza con un escrito recibido -en forma física- registrado con el número de control interno 11585 y con el estado procesal de las presentes actuaciones. Conste. Puebla, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Escrito aclaratorio. Se agrega al expediente el ocurso signado por la quejosa ++++++, por derecho propio, a través del cual pretende cumplir la prevención inicial, que implicaba aclarar los puntos siguientes: ".I. A qué tipo de acto se refiere cuando señala: "LA PROBABLE INTROMISIÓN Y RESGUARDO A LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE REFORMA NUMERO 29, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CALDERÓN TEPEACA ESTADO DE PUEBLA; en dicho inmueble sin orden judicial que sustente dichos actos de molestia.". II. Si desiste de señalar como acto reclamado el aseguramiento del bien inmueble o si insiste en mantener ese reclamo; de inclinarse por esto último, deberá mencionar bajo protesta de decir verdad si dicho aseguramiento ya ocurrió III. Indique si desea desistirse de señalar como autoridades ejecutoras al Fiscal General del Estado de Puebla y la Delegada de la Fiscalía General de La Republica en el Estado de Puebla, pues como se mencionó, tales no tienen facultad para intervenir en un cateo u ordenar un aseguramiento. IV. Exprese cuáles actos en concreto atribuye a los Agentes del Ministerio Público señalados como responsables ejecutoras...". Subsiste la prevención. El escrito aclaratorio revela una desatención a casi todos los puntos de la prevención inicial, motivo por el cual debe quedar subsistente. Esto es así, pues únicamente expresó su deseo de desistirse de tener como autoridades responsables al Fiscal General del Estado de Puebla, Delegada de la Fiscalía General de la República y a los agentes del Ministerio Público señalados como responsables ejecutoras, al indicar que éstos últimos, no tienen facultad de ejecutar el acto reclamado (sin especificar cuál acto); luego, no especificó qué tipo de acto consiste en lo que insiste en mencionar como ".probable intromisión a la propiedad.". En relación con los puntos I y II, aún son inexactos. En efecto, la quejosa nuevamente indica que el acto reclamado lo es la ".probable intromisión a la propiedad.". Sin embargo, en la prevención formulada en el acuerdo de doce de septiembre del año cursante, se requirió a la quejosa para que aclarara cuál es el acto concreto al que se refirió cuando dijo "posible intromisión" pues como se mencionó en dicho proveído, las únicas autoridades que pueden limitar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, son las jurisdiccionales y únicamente podría materializarse a través de una orden de cateo, la cual no fue señalada como acto reclamado. De hecho, la quejosa sólo hizo manifestaciones en torno a ciertos actos de molestia que materializó en la presencia policiaca cerca del inmueble donde habita, al parecer, para tomar fotografías, sin que medie orden judicial, lo cual continúa dejando ambiguo el acto por el cual debe seguirse el presente juicio. Al respecto, resulta indispensable que la quejosa indique en forma expresa, si con tal acto se refiere a una orden de cateo respecto del bien inmueble del que ostenta la posesión, para lo cual debe señalar las autoridades a las que se lo atribuye. En el entendido que son las autoridades jurisdiccionales las únicas que pueden ordenar un acto de ese tipo, conforme a sus facultades legales. Luego, la quejosa indica que el aseguramiento no se ha llevado a cabo, lo que conlleva a la necesidad de que exprese si insiste en mantenerlo como acto reclamado o si se desiste de su señalamiento, pues como se mencionó en el acuerdo de prevención, para poder reclamarlo (el aseguramiento) es necesario que se encuentre materializado, de lo contrario, resultaría imposible analizar su constitucionalidad y legalidad, pues no existiría materia de estudio en esta sede constitucional. De ahí que, es necesario que exprese si es su deseo desistirse del acto señalado como el aseguramiento del bien inmueble que posee. Aunado a ello, la quejosa afirma no reclamar ningún acto de los agentes del Ministerio Público, lo que irremediablemente llevaría al sobreseimeinto por cuanto hace a éstos; sin embargo, resulta necesario que la quejosa manifieste si desea desistirse de señalarlos como autoridades responsables. Bajo ese contexto, es válido afirmar que sigue pendiente la aclaración, en relación a lo expuesto con anterioridad. Por consiguiente, se requiere a la quejosa el desahogo completo de la prevención inicial. Días restantes para desahogar la prevención. La quejosa fue notificada del auto de prevención el trece de septiembre de dos mil veintidós y surtió efectos el mismo día, y presentó su escrito aclaratorio, el trece de los corrientes, esto es, el mismo día que fue notificada. Por lo tanto, aún cuenta con cinco días hábiles posteriores al momento en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para subsanar las irregularidades de su demanda de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO" . En consecuencia, se requiere a la quejosa que desahogue la prevención formulada en el proveído inicial, conforme a los lineamientos señalados en párrafos anteriores. Por último, se le hace notar que en caso de no presentar escrito en el cual aclare los puntos indicados en apartados precedentes, se le hará efectivo el apercibimiento formulado en el proveído inicial: tener la demanda como no presentada. Notifíquese; y de forma personal a la quejosa (electrónicamente)

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 971/2022.. Puebla, Puebla, doce de septiembre de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo promovida por ++++++++++, contra actos del Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al promovente a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias, en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. Así, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues es indispensable que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Prevención. La lectura integral1 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en la precisión del acto reclamado, los hechos que deben constituir los antecedentes del reclamo y las autoridades señaladas como responsables, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. De inicio, en la demanda de amparo la quejosa señaló como acto reclamado destacado lo siguiente: "PROBABLE INTROMISIÓN Y RESGUARDO A LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE REFORMA NUMERO 29, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CALDERÓN TEPEACA ESTADO DE PUEBLA; en dicho inmueble sin orden judicial que sustente dichos actos de molestia.". Sin embargo, de los antecedes de la demanda, únicamente se advierte que la quejosa hace alusión al acto de molestia derivado de la presencia policiaca cerca de un inmueble cuya posesión mantiene a partir de un contrato de arrendamiento, al parecer, para fotografiar ese inmueble, sin que medie una orden judicial. Pese a ello, señalara como autoridades ordenadoras a distintos jueces de distrito y al Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado Por lo anterior, no es claro qué actos les pretende reclamar, pues conforme lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, las autoridades jurisdiccionales en materia penal, son las únicas que pueden limitar el derecho fundamental consistente en la inviolabilidad del domicilio, esto es, a través de una orden de cateo. Esto es así, pues del íntegro análisis de la demanda sólo es posible desprender que la quejosa tiene la posesión derivada de un inmueble y, que teme que elementos que realizan labores de seguridad pública se introduzcan de forma arbitraria, tal como lo han pretendido hacer con diversos inmuebles que pertenecen a sus familiares y vecinos. Lo anterior, resulta contradictorio o, al menos, confuso, pues por un lado señala como autoridades responsables ordenadoras a diversos jueces, quienes sí pueden, a petición del Ministerio Público, limitar el derecho fundamental de marras, pero sólo a través de una orden de cateo, la cual deberá ajustarse a los parámetros establecidos tanto en la ley como en la constitución; sin embargo, la intelección de la demanda impide desprender con claridad qué acto les pretende atribuir, pues no señala como tal la eventual orden de cateo. Asimismo, la quejosa pretende reclamar el posible aseguramiento del bien inmueble del que se ostenta poseedora, pero lo menciona como consecuencia de la intromisión por parte de las fuerzas del orden de forma ambigua, lo cual impide delimitar la litis constitucional en este juicio, pues sólo los Ministerios Públicos se encuentran constitucional y legalmente facultados para desplegar ese tipo de actos cuando en ellos se detenga a una persona por encontrarse cometiendo algún delito en caso de que exista flagrancia o porque sea el medio a través del cual se cometa un delito, se localicen en su interior, objetos y productos de un delito o para detener a una persona determinada; sin embargo, estás últimas hipótesis ajenas a la flagrancia 2 , sólo es posible realizarlas al ejecutar una orden de cateo. 2 Cuando se persigue al probable autor de un delito o porque alguna persona que se encuentra legalmente facultada permita el ingreso de las fuerzas de seguridad. Por otra parte, la eventual orden de cateo constituye un acto futuro e incierto, pues la quejosa considera, a partir de meras conjeturas, que el inmueble que arrienda será cateado y asegurado, sólo porque ha notado que los que parecen ser agentes policiacos, han estado tomando fotografías y rondando su domicilio. Aunado a ello, el artículo 383, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, de no ejecutarse una orden de cateo en la hora y fecha señalados o en los siguientes tres días a su autorización, quedará sin efectos; de ahí que, por los antecedentes que la quejosa narra bajo protesta de decir verdad, se desprende que de haberse autorizado esa técnica de investigación, ya se habría ejecutado o quedado sin efectos. Más aún, de llegarse a admitir la demanda de amparo contra la orden de cateo, en términos del artículo 128, fracción II, párrafo tercero de la Ley de Amparo, no sería susceptible de ser suspendida; por ende, las autoridades responsables estarían en aptitud de ejecutarla. Incluso, para poder reclamar un aseguramiento, es necesario que ya se encuentre materializado; de lo contrario, resultaría imposible analizar su constitucionalidad y legalidad, pues no existiría materia para analizar en esta sede constitucional. Por otra parte, en el capítulo relativo al señalamiento de las autoridades responsables, la quejosa indicó, entre otras, a las siguientes: 1. DELEGADA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE PUEBLA, MAESTRA EN DERECHO ELIZABETH IBARRA SARLAT. 2. DELEGADO REGIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRAN LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. 3. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA. DIRECTOR GENERAL DE APOYO JURÍDICO Y CONTROL MINISTERIAL EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 4. FISCAL ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 5. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 6. CIUDADANO FISCAL DE INVESTIGACIÓN REGIONAL DE LA FISCALÍA DÉL ESTADO DE PUEBLA. 7. CIUDADANO FISCAL DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA DÉ LA FISCALIA DEL ESTADO DE PUEBLA. 8. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN ADSCRITO A LÁ FISCALIÁ GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 9. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA. LIC. ALEJANDRO MENDOZA LÓPEZ. 10. TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL DE TEPEACA, PUEBLA. COMISARIO DE LA GUARDIA NACIONAL ERNESTO GARCÍA SÁNCHEZ EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR ESTATAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN PUEBLA. 11. FISCALIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE SECUESTROS Y EXTORSION. 12. FISCAL ESPECIALIZADO EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 13. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE ALTA INCIDENCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA. 14. TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO ESPECIAL ADSCRITA A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE SECUESTROS Y EXTORSION. En ese sentido, tanto el Fiscal General del Estado de Puebla como la Delegada de la Fiscalía General de La Republica en el Estado de Puebla carecen de facultades para intervenir o dirigir la ejecución de una orden cateo o aseguramiento algún bien inmueble. Esto es así, pues sólo los fiscales que se mencionan son quienes pudieran dirigir la materialización de una orden de cateo o en su caso, asegurar un inmueble si se actualizan las hipótesis antes mencionadas. De ahí que, su señalamiento genérico produce incertidumbre respecto de cuáles son los actos que en concreto se les pretende atribuir (incluidos los fiscales señalados como ejecutoras). Más aún, de conformidad con el artículo 25, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la ejecución de los mandamientos judiciales, se encuentra asignada a los agentes estatales de investigación del Estado de Puebla, al mando del Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Por tanto, se insiste, la precisión de los actos reclamados cuáles los que les imputa de forma particular a cada una de las autoridades responsables es indispensable, pues sólo a partir de que la quejosa los señale con claridad se podrá fijar de manera adecuada la litis constitucional. Sobre todo, porque la suplencia de la queja no llega al extremo de que esta potestad federal, selecciones los actos y autoridades que deben ser llamados al juicio de amparo con la calidad de responsables ordenadoras y ejecutoras, dado que esto corresponde a los solicitantes de la protección constitucional, en términos del artículo 108, fracciones III, IV y V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI EL ACTO RECLAMADO. NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO"3 . Por tanto, con fundamento en los artículos 108 fracciones IV y V, y 114 fracciones I y IV, de la citada legislación, se requiere a la quejosa para que en el plazo de cinco días al en que surta efectos la notificación de este auto, presente escrito en el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad: I. A qué tipo de acto se refiere cuando señala: "LA PROBABLE INTROMISIÓN Y RESGUARDO A LA PROPIEDAD UBICADA EN ++++++++++++++; en dicho inmueble sin orden judicial que sustente dichos actos de molestia.". II. Si desiste de señalar como acto reclamado el aseguramiento del bien inmueble o si insiste en mantener ese reclamo; de inclinarse por ésto último, deberá mencionar bajo protesta de decir verdad si dicho aseguramiento ya ocurrió. III. Indique si desea desistirse de señalar como autoridades ejecutoras al Fiscal General del Estado de Puebla y la Delegada de la Fiscalía General de La Republica en el Estado de Puebla, pues como se mencionó, tales no tienen facultad para intervenir en un cateo u ordenar un aseguramiento. IV. Exprese cuáles actos en concreto atribuye a los Agentes del Ministerio Público señalados como responsables ejecutoras. Conviene indicar a la quejosa un aspecto importante: al desahogar la prevención debe evitar la introducción de antecedentes novedosos, es decir, que presenten un escenario jurídico distinto al que ya informa la demanda origen de este juicio, porque ello podría implicar la comisión del delito especial previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que debería informarse al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que le instruya una carpeta de investigación, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Se apercibe a la quejosa que de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a la parte quejosa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Consulta física del expediente. Se hace saber al interviniente en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica al interviniente que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Autorizados de la quejosa y notificación electrónica. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ++++++ porque además de que así lo solicita la quejosa, se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se autoriza a Jesús Escalante Ramírez, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, porque así fue solicitado. Luego, como lo solicita, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al usuario "++++++++++" lo cual le permitirá dicha consulta y la presentación de escritos por la misma vía (electrónica). De igual forma, se instruye la realización de las notificaciones (sólo las de carácter personal) de manera electrónica a través de ese usuario, porque así lo pidió la quejosa. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial "A", que realicen las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Integración de la demanda original al expediente. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese en forma personal a la quejosa (de forma electrónica)

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