ILSY ADALI ROCHE PEREZ y Otros.
Expediente 463/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 463/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ILSY ADALI ROCHE PEREZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 463/2023-IX. Puebla, Puebla, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Se informa nueva denominación de este Juzgado. Visto el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que, a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad de Puebla, cambió de denominación a Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, ubicado en avenida 23 Poniente, número 2509, planta baja, colonia Volcanes de la ciudad de Puebla, código postal 72410. Por tanto, se informa a las partes que todas aquellas comunicaciones oficiales y escritos relativos a los asuntos que corresponden a este órgano jurisdiccional deberán de dirigirse bajo su nueva denominación. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que los quejosos no interpusieron recurso de queja contra el proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se tuvo por no presentada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente porque constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acaecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, ya que se tuvo por no presentada la demanda de amparo - lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-, pero fue otorgada la suspensión de plano en el proveído inicial. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su depuración. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos irremplazables) para devolver a los quejosos. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. Por último, se deja establecido que no se formó el incidente de suspensión, en el trámite de este juicio, razón por la cual es inviable emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 463/2023-III. Puebla, Puebla, diez de mayo de dos mil veintitrés. No es parte la Asesora Jurídica. Se agrega a los autos el escrito signado por +++ Asesora Jurídica Federal Especializada en Personas en Movilidad y sujetas a Protección Internacional (Migrantes) adscrita a la Delegación Puebla del Instituto Federal de Defensoría Pública, por medio del cual realiza diversas manifestaciones, entre ellas la solicitud para que se le tenga aceptando y protestando el cargo como asesora jurídica de los directos quejosos. Sin embargo, se descarta realizar pronunciamiento al respecto debido a que como ella misma lo manifestó, no es parte en el presente juicio de amparo. Aunado a lo anterior, tampoco se advierte que los promoventes solicitaran se designara en este juicio alguna representante especial a favor de los menores. No obstante a lo anterior, se advierte que el ocho de mayo del actual, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, debido a que los quejosos no ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor, en la cual fueron asistidos por la licenciada + representante en suplencia de la Procuraduría de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Razón actuarial. Por otro lado, se agrega a los autos la razón del actuario judicial adscrito, donde manifiesta encontrarse imposibilitado para notificar el oficio: 9235/2023 Supervisora del Departamento de Adopciones del Sistema Estatal DIF del Gobierno de Puebla. Empero, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto porque mediante acuerdo de ocho de mayo del actual, se tuvo por no presentada la demanda de amparo y se dejaron sin efectos todas las providencias y medidas emitidas en el acuerdo inicial, relativas a la suspensión de plano de los actos combatidos, atribuidas a las autoridades responsables. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 463/2023-III Puebla, Puebla, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Demanda no ratificada. Se agregan al expediente las razones asentadas por la actuaria adscrita, de las cuales se advierte que los quejosos fueron localizados, en las instalaciones de la Casa de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes del Sistema Estatal DIF. Además, la actuaria adscrita asentó que los quejosos +, a simple vista, no presentan lesiones físicas, observándose en buen estado de salud. Asimismo, éstos manifestaron que no es su deseo ratificar la demanda de amparo presentado a su favor por sus padres +. Luego, en virtud de que los directos quejosos no ratificaron la demanda de amparo promovida en su favor, se procede a hacer efectivo el apercibimiento señalado en acuerdo de seis de mayo de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la referida solicitud de amparo. En tales condiciones, se dejan sin efecto todas las providencias y medidas emitidas en el acuerdo inicial, relativas a la suspensión de plano de los actos combatidos, atribuidas a las autoridades responsables. Anotaciones internas Se ordena hacer las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. Informes de las responsables. Finalmente se agrega a los autos únicamente para constancias los informes signados por la Jefa del Departamento Jurídico y Atención al Migrante de la Secretaria de Gobernación, donde entre otras cuestiones informa que se promovió en representación de los quejosos amparo contra el acto aquí reclamado, sin embargo tampoco ratificaron las demandas de amparo promovidas a su favor. Sin embargo, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto, porque la presente demanda se tuvo por no presentada ante la no ratificación por parte de los directos quejosos. Notifíquese; vía electrónica a la parte promovente y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 463/2023-III. Puebla, Puebla, seis de mayo de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales presentada -a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación- por ++++, contra actos del "Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Puebla" y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Exhortación para tramitación del juicio en línea De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se reserva proveer respecto de la admisión. La parte promovente señala como actos reclamados los siguientes: ". 1. La prolongación en la detención, alojamiento y/o confinamiento que ejecuta sobre la persona de los menores quejosos desde el día veintiséis de abril del año dos mil veintiséis, en la Casa de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes del Sistema Estatal DIF, ubicada en calle: ++. 2. La violación al derecho de audiencia y debida defensa, que se comete en contra de los menores quejosos quienes desde el día veintiséis de abril del año dos mil veintiséis, se encuentran privados de su libertad personal en la ++, Puebla y separados de sus padres. 3. La incomunicación de la que son objeto los menores quejosos, por parte de la autoridad responsable, quienes, desde su ingreso a la Casa de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes del Sistema Estatal DIF, ubicada en calle: Privada 6 Norte, Esquina con Privada, 1ra. Central, Colonia El Riego de San Francisco, de la Ciudad de Puebla, Puebla, se les ha impedido se comuniquen con sus padres, familiares y/o persona de confianza. 4. La violación al derecho de los menores quejosos a solicitar el reconocimiento de la Calidad de Refugiados en este país, en términos de lo que establece el artículo 11 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos." Luego, se advierte que los actos reclamados se relacionan con los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, lo cual permite que la demanda de amparo pueda ser promovida por cualquier persona -como en la especie acontece -. De ahí que, conforme lo establece el artículo 15, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, se reserva proveer respecto de la admisión de la demanda de amparo hasta en tanto se logre la comparecencia de los agraviados directos; y, en su caso, la ratificación de la demanda de amparo. Al respecto, resulta aplicable el criterio VI.1o.A.3 K (11a.) emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, undécima época, libro 12, abril de 2022, tomo IV, página 2853 (registro digital 2024397), cuyo rubro dispone: "RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO URGENTE PROMOVIDA POR UN TERCERO A FAVOR DEL QUEJOSO. ES EXIGIBLE SIEMPRE, CON INDEPENDENCIA DE LA CALIDAD DEL AGRAVIADO Y LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMEN VIOLADOS." Suspensión de oficio y de plano No se tramitará el incidente de suspensión, porque los actos materia de este juicio y que fueron indicados en el acápite previo, convergen a algunos supuestos de urgencia, previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, motivo por el cual serán materia de la suspensión de plano como se verá enseguida. Por tanto, con fundamento en los artículos 15, segundo párrafo y 126 de la Ley de Amparo, se suspenden de oficio y de plano los actos de incomunicación y aquéllos que tuvieran como resultado la expulsión o deportación del país en contra de los directos quejoso, para que continúen en el lugar donde se encuentran detenidos a disposición de este órgano jurisdiccional, así como para que también cese cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal que se realice en contra de los menores. Sin embargo, se formulan las acotaciones siguientes: La suspensión de plano nunca podrán utilizarla los quejosos para solicitar que se descarten las medidas de seguridad o de contingencia sanitaria, que a la fecha se apliquen en las instalaciones donde está detenida; Tampoco podrá alegarse que, la suspensión permite a los quejosos la visita de familiares y defensores (abogados) sin respetar las medidas administrativas, seguridad y contingencia sanitaria, que a la fecha aplique la institución en donde se encuentren detenidos o alojados; La suspensión de plano jamás podrá utilizarse para exigir condiciones que impliquen privilegios respecto de las demás personas detenidas o alojadas, salvo alguna situación excepcional relacionada con la salud de la impetrante de amparo y que obligara a proporcionarle atención médica especializada para salvaguardar su vida; Si la presentación de los quejosos deriva de acción de control migratorio por parte del propio Instituto Nacional de Migración o elementos de la policía federal y/o guardia nacional -en auxilio y coordinación con el Instituto-, estas deberán poner a disposición de la autoridad correspondiente a los quejosos, en un término que no podrá exceder de treinta y seis horas, conforme lo dispone el artículo 68 de la Ley de Migración; sin embargo, dichas autoridades deberán acatar de manera estricta lo dispuesto por los numerales 66 y 67 de la Ley de Migración, esto es, con el debido respeto a sus derechos humanos; Asimismo, para que en todo caso sean puestos en libertad, en el supuesto de encontrarse en calidad de presentados en la estación migratoria en razón de un procedimiento administrativo que se siguió en su contra y no por la comisión de algún delito. Para lo cual, el órgano administrativo deberá dictar las medidas de aseguramiento (diversas a la privación de la libertad) a fin de asegurar que no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria o asilo político, entre ellas la obligación de presentarse ante aquel cuantas veces le sea exigido, otorgar garantía suficiente a satisfacción de la autoridad o establecer domicilio o lugar en el que permanecerán. Incluso, los deberán proveer de asistencia de un defensor o defensora que les asignen a los menores migrantes. Lo anterior, pues de conformidad con el comunicado 090/2023 de quince de marzo del año en curso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó entre otras cuestiones que en todo procedimiento migratorio el Estado se encuentra obligado a asignar un defensor o defensora de oficio para la persona migrante y que el plazo máximo de detención y alojamiento en estaciones migrantes es de treinta y seis horas luego del cual, las personas que se encuentren sujetas a un proceso migratorio habrán de continuarlo en libertad. Por lo que en caso de haber transcurrido esas 36 horas debe decretar su libertad con las medidas necesarias para la continuación del procedimiento administrativo1 . En caso de que los quejosos estén sujetos a un procedimiento administrativo migratorio, el alojamiento temporal deberá ser únicamente en lugares habilitados para tal efecto, tal y como lo dispone el artículo 99 de la Ley de Migración; y, La suspensión de plano nunca podrá utilizarse para detener la tramitación del procedimiento administrativo migratorio o cualquier otro tipo de investigación seguida en contra de los quejosos. Por otro lado, a fin de que las autoridades señaladas como responsables, acrediten el cumplimiento a la suspensión de plano, deberán rendir informe a este juzgado dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS y se le hace notar que de no rendir ese informe pueden incurrir en la comisión del delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, la cual sanciona con prisión, multa, destitución e inhabilitación al servidor público que en el carácter de autoridad, desobedezca un acuerdo de suspensión debidamente notificado. Para dar mayor celeridad al trámite de este asunto, se indica a las autoridades responsables que dicho informe deberán enviarlo al correo institucional de este juzgado: No obstante, en caso de que la información remitida contenga anexos que, por su voluminosidad, no puedan ser remitidos de manera electrónica, el informe se deberá rendir dentro del mismo plazo, de manera presencial en las instalaciones de éste órgano jurisdiccional en los horarios establecidos para tal efecto. Gestiones que deberá realizar el actuario adscrito. Se ordena al actuario encargado del presente asunto (según el número) proceda de inmediato a localizar a los directos quejosos +, en las instalaciones de la Casa de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes del Sistema Estatal DIF -ubicado en Privada seis norte, esquina con +, así como en los albergues en su caso, en la demás instalaciones que dicho instituto tenga habilitadas para recibir migrantes. Por lo que de no localizarlos en el lugar referido en el escrito de demanda, será procedente comenzar la búsqueda en las instalaciones mencionadas, porque constituyen las dependencias a las que regularmente son llevadas las personas migrantes -al margen de los informes que habrán de requerirse más adelante-. Una vez el actuario encuentre a los directos quejosos, les deberá notificar este acuerdo de manera personal; y, además, en la misma diligencia les requiera para que en ese momento o en el plazo de tres días contados a partir del siguiente a cuando surta efectos la notificación, manifiesten si ratifican, o no, la demanda presentada de manera electrónica a su favor por sus padres +. Para la ratificación de la demanda, se ordena al actuario constituirse en las instalaciones en mención. En esas instituciones pregunte por cualquiera de las autoridades señaladas como responsables o incluso diversas, a las que deberá solicitar le sean presentados los quejosos en cita. Además, deberá indicar que en dicha diligencia no podrá estar presente Supervisora del Departamento de Adopciones del Sistema Estatal DIF, del Gobierno de Puebla, dadas las manifestaciones expuestas por los promoventes consistentes en la coacción que al parecer pretende ejercer en los menores. Asimismo, el actuario judicial deberá en la diligencia de notificación, dar fe del estado físico en el cual se encuentren los quejosos, sin que exista obligación de tomarle fotos, pues basta la fe pública que tiene para sustentar algún maltrato o tormento (en caso de existir). Pero lo anterior tampoco impide al mencionado fedatario, que de considerar necesarias, y tener los medios para ello, recabe fotografías de los quejosos. Se ordena y faculta al actuario respectivo para que, en caso de no encontrar a los quejosos, los busque en las dependencias en las que tenga conocimiento que pueda encontrarse en especial en aquellas donde pudiera albergase o encontrarse personas menores de edad, o en caso en las siguientes: Fiscalía General del Estado de Puebla, Delegación en Puebla de la Fiscalía General de la República, Casas de Justicia o Centro de Justicia Penal, Juzgados Oralidad y Ejecución, Juzgados de control, Juzgados Penales en esta ciudad y zona conurbada, Centros Penitenciarios de la ciudad de Puebla y de Cholula, Complejo de Seguridad Pública Municipal de San Andrés Cholula, edificio perteneciente al C-4. Se hace notar al actuario judicial que si fuera imposible la localización de los quejosos, pese a la búsqueda que realice, deberá elaborar la razón correspondiente y presentarla de inmediato al secretario de guardia, para que se provean las medidas necesarias a la localización de aquél como lo ordena el artículo 15 de la Ley de Amparo. Máxime que todas las autoridades del Estado Mexicano tenemos el deber de intervenir contra los actos contrarios a los derechos fundamentales, en particular los que lleguen a generar una desaparición forzada de personas y otros de esa gravedad, como deriva de los artículos 1 y 22 de la constitución federal. Lo cual se orienta en la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE ESTE DELITO SON VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LOS INVESTIGA" 2 . 2 De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la desaparición forzada de personas constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Bajo este contexto, se deja establecido que de resultar infructuosa la búsqueda de los quejosos, habrá de ponderarse la necesidad de considerar las hipótesis relativas a la figura de desaparición forzada de personas. Requerimiento al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Puebla y Jefe del Departamento Jurídico y Atención al Migrante de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Puebla, así como Director de la Casa de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes del Sistema Estatal DIF. Por otro lado, a fin de corroborar la ubicación de +, se requiere al TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, al JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y ATENCIÓN AL MIGRANTE DE LA ESTANCIA PROVISIONAL MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, así como al DIRECTOR DE LA CASA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL DIF que en el improrrogable plazo de doce horas contadas a partir de cuando reciban el oficio de notificación, informen a disposición de qué autoridad están los quejosos en mención, el lugar donde se encuentran detenidos, puestos a disposición o alojados, los motivos de ello y si ya fueron puestos en libertad, custodia o consignada ante la autoridad judicial Incluso, deberán informar si ya fueron puestos en libertad, en caso de ya haber transcurrido 36 horas, a fin de que continúen su proceso migratorio en libertad. También deberán informar si ha cambiado la situación jurídica de los quejosos por ejemplo que se hubiera decretado su custodia a favor de un tercero, o en su caso, su arraigo contra aquella, ejercido acción penal o ejecutado alguna orden de aprehensión o judicializado carpeta investigación, si se ha celebrado audiencia inicial, entre otros supuestos. Por otro lado, deberán informar a cargo de quien quedó la asistencia de los menores, es decir de que defensor o defensora pública. Se apercibe a las autoridades antes requeridas, que de no informar al respecto en el plazo concedido, se le impondrá a la omisa una multa de TRESCIENTAS unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario)3 , de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Es necesario mencionar que las anteriores medidas se adoptan con el fin de localizar a los quejosos. Notificaciones electrónicas y acceso al expediente electrónico, autorizados. Ahora, del escrito de tutela se desprende la solicitud de los promoventes de recibir notificaciones de forma electrónica, así como la autorización para acceder al expediente electrónico. Como consecuencia de su solicitud expresa, se autoriza el acceso y consulta del expediente 3 Véase al respecto, el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente desde el veintiocho de enero de esta anualidad (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis); así como la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización electrónico al usuario "", así como se instruye la realización de las notificaciones (sólo las de carácter personal) de manera electrónica a través de ese usuario, porque así lo solicitaron de manera expresa los promoventes En relación a los medios de contacto no procesales (correo electrónico y teléfono) que indica en su demanda, solo serán considerados por los actuarios judiciales, cuando la situación lo amerite para tener contacto con los quejosos. Por otra parte, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo Claudia Ibeth Espinoza Oropeza y Teresa Adriana Velázquez Suárez porque así lo solicitaron los promoventes y se encontró registro de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado se tiene a Pablo Delgado Campos y Laura Janet Morales Polo, por autorizados únicamente para recibir notificaciones, porque así lo indicó de manera expresa la parte quejosa. Autorización para toma de fotografías Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de manera personal a los directos quejosos en su lugar de internamiento; a la Agente del Ministerio Público adscrita; por oficio a las autoridades responsables; y cúmplase todo lo indicado en líneas previas.
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