Ileana Gabriela Santillan Pacho

Expediente 1706/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1706/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • Ileana Gabriela Santillan Pacho

Actuaciones

  1. Principal

    El diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno, doy cuenta a la Jueza con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste. Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el veintiuno de octubre del dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado artículo del Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguense a los presentes autos los informes justificados rendidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y la Actuaria adscrita a dicha Junta, ambas con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, de las que se advierte que el catorce de octubre del año en curso, la Junta responsable determinó que no quedan pruebas pendientes por desahogar, por lo que le concedió a las partes del juicio laboral 823/2020, el término de tres días para que presenten sus alegatos. Ahora bien, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente, es la omisión de la Junta responsable de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 823/2020 de su índice. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y su Presidente, ambas con sede en esta ciudad, de dictar el laudo en el juicio laboral 823/2020. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Presidenta de la Junta en cuestión y la Actuaria de su adscripción, remitieron con su informe justificado, se advierte que el catorce de octubre del año en curso, la autoridad responsable determinó que no quedan pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral 823/2020, por lo que le concedió a las partes, el término de tres días para que presenten sus alegatos; por lo que la denegación de justicia reclamada por la parte quejosa, dejó de existir. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, como ya se dijo la inactividad procesal en que había incurrido la responsable, cesaron en el momento en que se proveyó la concesión a las partes por el término de tres días para que presenten sus alegatos, lo cual aconteció posterior a la presentación del juicio de amparo, (veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno), impulsando nuevamente el procedimiento y restituyendo a la agraviada a su derecho de impartición de justicia pronta y expedita. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Junta responsable ha dado un nuevo impulso al juicio de origen, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable, lo que en el caso se subsana con el dictado del proveído de catorce de octubre del presente año, pronunciado por tal autoridad, en la que se le otorgó a las partes el término de tres días para que presenten sus alegatos; el cual le fue notificado a las partes en los estrados de esa Junta el quince de octubre de dos mil veintiuno. No es obstáculo para concluir lo anterior, como se ha dicho en párrafos anteriores, el hecho de que la quejosa se duela de la omisión de la Junta responsable, de emitir el laudo correspondiente en el juicio 823/2020, pues se considera que esto es una mera consecuencia de la inactividad en que se incurrió originalmente, y aún si se concediera el amparo de la Justicia Federal en el presente asunto, éste no podría comprender la protección de todo el procedimiento hasta el dictado de la resolución respectiva, pues entre la etapa procesal en que se encuentra el juicio de origen y aquella en que se dicte el laudo, existen también actos procedimentales que requieren el impulso de las partes, y que por lo tanto, podrían no llegar a concretarse, impidiendo con ello la obtención el cumplimiento del fallo federal que en su caso se haya dictado. Si bien es cierto que fue un criterio aceptado por los órganos jurisdiccionales de la Federación, que al reclamarse violaciones al artículo 17 Constitucional, debía otorgarse el amparo para que la autoridad responsable procediera con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implicaba que debía realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así se respetaría lo establecido en el referido precepto constitucional. Tal jurisprudencia es de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta. Ahora bien, la violación a esa garantía se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por otra parte, tratándose de actos negativos, el artículo 80 de la Ley de Amparo dispone que la sentencia que lo conceda, tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a que respete la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicha garantía exija. Conforme a lo anterior, si durante la tramitación del juicio de garantías persiste esa misma condición de retardo u omisión del trámite, debido a la cual la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni emite la resolución correspondiente, debe otorgarse el amparo para que proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implica que debe realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige." Sin embargo, el criterio anterior fue abandonado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil trece, al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, en que se sostuvo que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. Así aparece en la tesis con el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por tal razón, es óbice que no se podría llegar a una conclusión diferente al estudiar el presente asunto en audiencia constitucional, ya que, como ha quedado establecido, aun la concesión del amparo en el presente asunto, no cubriría todos los actos que faltaran realizarse en el juicio original, en atención a los razonamientos vertidos en la jurisprudencia en cita; de modo que, habiendo quedado insubsistente la inactividad procesal atribuida a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante la emisión del catorce de octubre de la presente anualidad, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO. Por otro lado, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado. En base a ello, no obsta que le recaiga el carácter de tercero interesado a "AFORE PROFUTURO G.N.P. Sociedad Anónima de Capital Variable, al ser la contraparte del quejoso en el juicio de origen, y que no haya sido emplazado en este juicio de amparo, pues ello no impide a esta Juzgadora pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito. Encuentra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: RECURSO DE REVISIÓN ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsiste-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que hasta la presente fecha la Jueza Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, mediante oficio 1447/2021, de diez de agosto de dos mil veintiuno, informó a este Juzgado el estado procesal en el que se encuentra la tercería excluyente de dominio número 543/18, y de cuyo contenido se advierte que se fijó para el día dieciséis de junio del año en curso, a las doce horas, el perfeccionamiento de la prueba de confesión a cargo del señor ENRIQUE GAMBOA MEDINA (alias) ENRIQUE ARMANDO GAMBOA MEDINA, del cual se advierte que el citado Gamboa Medina no asistió al desahogo de dicha prueba tal y como se advierte del acta de dieciséis de junio del año en curso, lo que se colige que aún no se ha resuelto dicha tercería; en consecuencia, requiérase nuevamente a la Jueza Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, comunique a este juzgado el estado procesal en el que se encuentra dicha tercería y remita las constancias conducentes, a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo y de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, en el entendido que la autoridad debe de actuar con la celeridad y prontitud debida, a fin de que la sentencia de amparo sea acatada. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad y Medida y Actualización, en términos del artículo conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el escrito signado por David Araba Dorantes Cabrera, en su carácter de defensor particular del quejoso Juan José Gamboa Cetina, por medio del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia firmada en este juicio y formula agravios; por ende, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del escrito de interposición del recurso y el de expresión de agravios a la autoridad señalada como responsable en el presente asunto, así como a la parte tercero interesada Auditor Superior del Estado de Yucatán, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tahmek, Yucatán, y Fiscal Coordinador adscrito a la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción. En tal virtud, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el escrito de interposición del recurso de mérito, así como en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente; y físicamente el disco compacto en formato DVD que contiene la copia autorizada del audio y video de la audiencia relativa al acto reclamado. De igual forma, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias en el momento indicado, a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico, una vez que se encuentre debidamente integrado el mismo. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano