Ileana Alejandra Lopez Colli
Expediente 252/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 252/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ileana Alejandra Lopez Colli
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse.
- Principal
Vista la demanda de garantías de cuenta, promovida por ****, contra el acto que reclama del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida. Seguidamente, se procede a proveer en relación a la admisión de la demanda de amparo de cuenta, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado consistente la omisión o falta de notificación del acuerdo de pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral número 1019/2018, así como la omisión de notificarle la fecha y hora para su reinstalación, actos que le atribuye al Actuario de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en atención a lo siguiente. En efecto, respecto de dichos actos reclamados al Actuario de la Junta Laboral responsable, la suscrita advierte de oficio que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que a continuación se transcriben: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)." De la interpretación del segundo de los numerales transcritos se advierte, que el término "autoridad" para los efectos del amparo, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar, el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y no quien únicamente tiene la ineludible obligación de acatar lo que se le ha ordenado. Tiene aplicación al caso, por analogía de razón, la Jurisprudencia número VII.2º.C.J/2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 388, Tomo II, del mes de septiembre de 1995 al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. EN EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS ACUERDOS EN EL PROCEDIMIENTO, LO ES EL JUEZ Y NO EL SECRETARIO DEL JUZGADO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si bien los acuerdos pronunciados en un juicio son firmados, además de por el juez, por el secretario del juzgado, la intervención de éste es únicamente con el objeto de dar fe de dichos actos, como se desprende del contenido de los artículos 38 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, y 34, inciso A), fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, de ahí que la responsabilidad en el pronunciamiento de lo acordado en el procedimiento sea del juez, por ser quien dicta los acuerdos que constituyen lo actuado en el procedimiento, por ende, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es a éste a quien, en tales casos, debe considerarse como autoridad responsable y no al secretario del juzgado, de quien, en tal aspecto, deviene improcedente el juicio de garantías en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 11 de dicho ordenamiento legal". Así como la diversa Jurisprudencia número VI.1o.P. J/6, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, misma que es consultable en la página 1176, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, Materia Común, del rubro y tenor literal siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL DILIGENCIARIO O ACTUARIO, NO TIENE ESE CARÁCTER CUANDO ÚNICAMENTE LLEVÓ A CABO LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Tratándose de la notificación de la sentencia que una autoridad responsable ordena con apoyo en la legislación adjetiva vigente, el actuario o diligenciario que la efectuó no tiene el carácter de autoridad responsable ejecutora para efectos del juicio de garantías, porque de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. En tal virtud, si en la demanda de amparo directo, al mencionado servidor público se le atribuyó la simple notificación de la sentencia, es evidente que no tiene el carácter de autoridad responsable ejecutora para los efectos del juicio de amparo, dado que su proceder se circunscribió única y exclusivamente a notificar lo que ha ordenado la Sala o el tribunal respectivo". En efecto, un Actuario puede tener el carácter de autoridad ejecutora, cuando realiza materialmente el emplazamiento a juicio o notificaciones en el procedimiento respectivo, pues son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos, y que ordena su ejecución la junta a la que pertenece. Ahora, cuando se le atribuye un acto autónomo, que tiene que ver con sus funciones, como en el caso particular, un acto omisivo, carece del carácter de autoridad responsable, pues no tiene facultad decisoria; facultad que sí la tiene el Presidente de dicha junta, quien tiene la obligación de vigilar el desempeño y comportamiento de su personal jurídico para, en su caso, hacer valer los medios disciplinarios que tiene a su alcance en aras de la correcta prosecución de los procedimientos laborales que le atañen. Por tanto, el acto omisivo que la quejosa atribuye al Actuario de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en la falta de notificación del acuerdo de pruebas ofrecido por ambas partes dentro del expediente laboral número 1019/2018, así como la fecha y hora para su reinstalación, no son autónomos, sino que derivan del mandamiento que realizó el presidente de la junta, por lo que carece de imperio para decidir si realiza o no de manera autónoma lo ordenado; consecuentemente, esa autoridad en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de amparo; y si ha omitido en ejecutar alguna notificación ordenada, lo único que implicaría es un desacato a un mandamiento dado por su superior jerárquico. Por consiguiente, si en el presente asunto, la peticionaria de amparo señaló como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el amparo es improcedente respecto del acto que se le atribuye, toda vez que dicha autoridad, tratándose de actos omisivos no tiene el carácter de autoridad responsable, por carecer de las facultades decisorias a que se refiere el artículo 5 de la Ley de Amparo, puesto que no le concede ese tipo de facultades las funciones propias de su cargo, ya que dicho funcionario, como se dijo solo tiene la facultad de ejecutar el mandamiento dado por su superior jerárquico. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión de la que esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es DESECHAR LA PRESENTE DEMANDA, por notoriamente improcedente respecto del acto reclamado al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y arbitraje del Estado, en términos del numeral 113 de la ley de la materia. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado para ello en su escrito de demanda; asimismo, ténganse como sus autorizados en los términos amplios del artículo del 12 de la Ley de Amparo a José Ricardo Escalante Dzib y Alejandra Natali Hevia Suárez; y a los diversos señalados, con las limitaciones que establece el referido numeral. Se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
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