Ileana del Socorro Pacho Castillo

Expediente 92/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
92/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • Ileana del Socorro Pacho Castillo
  • Ilena Mariel Urbina Pacho

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada el catorce de julio de dos mil veintidós, dictada en el toca 30/2022, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por las quejosas Ileana del Socorro Pacho Castillo e Ileana Mariel Urbina Pacho, contra el auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós; resolución en la que aparece que la citada Superioridad resolvió: "ÚNICO.- Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ILEANA DEL SOCORRO PACHO CASTILLO e ILEANA MARIEL URBINA PACHO, contra el auto dictado el veinticinco de enero de dos mil veintidós, por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el juicio de amparo indirecto 92/2022-VI." Ahora bien, tal como solicita, acúsese el recibo correspondiente vía interconexión y háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese como asunto totalmente concluido y hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó el presente juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, se hace la indicación de que las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Ilse Alpuche Aguilar, Secretaria de Juzgado con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio 911/2022, remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Mérida, con el cual acusa de recibo el oficio 5776/2022, en el que se le remitió vía interconexión, el recurso de queja interpuesto por las quejosas Ileana del Socorro Pacho Castillo e Ileana Mariel Urbina Pacho, contra del auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, indicando que fue admitido a trámite el aludido recurso asignándole el número de toca 30/2022 de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la cuenta que antecede, agréguese a los mismos el escrito presentado por la parte quejosa, por medio del cual, interpone recurso de queja contra el proveído de veinticinco de enero de año en curso, a través del cual se desechó de plano la demanda de amparo. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA PARTE RECURRENTE, toda vez que a través de proveído de veinticinco de enero de año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo, al considerarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. En tal virtud, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 281 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad de Mérida, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente; asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado por Ileana del Socorro Pacho Castillo e Ileana Mariel Urbina Pacho, con el cual cumple la prevención realizada en proveído de trece de enero del año en curso, y aclara su demanda respecto a los antecedentes del acto reclamado precisados en dicho auto. Ahora, nuevamente la demanda de amparo de cuenta promovida por las citadas quejosas, contra actos del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, y de otra autoridad, se advierte que, en el caso, se actualiza de forma manifiesta e indudable un motivo de improcedencia, lo que conduce a DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la presente demanda de amparo. En efecto, previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Por tanto, debe precisarse que las quejosas señalan como acto reclamado, la resolución de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral, en la carpeta administrativa marcada con el número 220/2021, en la cual resuelve que la carpeta de investigación marcada con el número U1/518/2018, correspondiente a la unidad de Delitos Comunes de Trámite de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, ya se encuentra judicializada desde el momento que el fiscal solicitó audiencia para imputar. En el caso, se estima procedente desechar la demanda de amparo intentada, toda vez que al respecto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, aplicada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos preceptos que en lo atinente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". - "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". - Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". - Acorde con tales preceptos, la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar sus actos, deviene de la afectación que éstos pudieran ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. En ese sentido, para considerar que a las personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, después, la afectación personal y directa producida por el acto reclamado, por ende, no se tendrá por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia, si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal o, en su caso, de existir, no resienta afectación alguna por el acto. En efecto, el juicio de amparo será procedente cuando el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que no acontece en la especie. Luego, de la demanda de amparo se advierte que las promoventes reclaman del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral, la judicialización de la carpeta de investigación, al dar acceso a la solicitud que hizo la representación social para formular imputación, dentro de la carpeta judicial administrativa 220/2021, es decir, la consecuencia de la consignación hecha por la autoridad ministerial, respecto de los hechos materia de investigación de la carpeta de investigación; lo cual, en todo caso, constituye un acto futuro de realización incierta, pues inclusive de la propia narrativa de las quejosas en su escrito aclaratorio, se advierte que la representación social responsable, el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se reservó el derecho para formular imputación, y que éstas no han sido citadas a efecto de que se les formule imputación, dentro de la carpeta judicial administrativa 220/2021, la cual resuelve la diversa carpeta de investigación U1/518/2018. Además, la parte quejosa no reclamó alguna orden de aprehensión o citación para formular imputación dictada dentro de la carpeta judicial administrativa citada, pues éstas no existían; por tanto, el acto aquí reclamado, por sí mismo no causa una afectación real y actual a la esfera jurídica de las quejosas; ya que, en su caso, lo que podría causar dicha afectación, sería, como se dijo, que se le librara un orden de aprehensión o de citación, lo cual no fue reclamado por la parte quejosa. Por tanto, la determinación que llegue a tomar la Juez de Control con motivo de la consignación hecha por la autoridad ministerial (la cual, en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede ser una orden de citación, comparecencia o aprehensión) se traduce en actos futuros e inciertos, entendiéndose por tales aquellos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de que las autoridades señaladas como responsables decidan ejercer o no, alguna de sus atribuciones que la ley les afecta. Por tanto, la actuación de la autoridad jurisdiccional, depende de la conducta que asuma, ya que se trata de una actitud que pueden o no realizar, circunstancia que es incierta, por tanto, la parte promovente no encuadra dentro de la hipótesis prevista en el citado artículo 5°, fracción I, de la Ley de la Materia, toda vez que lo reclamado no produce una afectación real y actual en su esfera jurídica, es decir, no le genera un agravio. En efecto, se ha mencionado que por agravio debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En torno a las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que, por estar una situación próxima a suceder, exista la segunda de que le causará dicha afectación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, volumen 199-204, primera parte, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Por tanto, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente a ocurrir. Por ende, su realización presente es cuando los efectos del mismo operan a la parte promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya concluyeron; e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician, pero existen datos objetivos que crean certeza de que ocurrirán, y no meramente subjetivos o deducidos por inferencias. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad causa a una persona determinada, un daño o perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente, no puede reputarse propiamente como integrante de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5°, fracción I, de la Ley de la Materia, condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique a la parte quejosa. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo, y si se promueve, en este supuesto, el mismo se torna improcedente. Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, se puede advertir que en los actos futuros e inciertos, su realización está sujeta a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una proximidad certera en la realización del perjuicio, que el invocado numeral y fracción exige como condición para que pueda promoverse el juicio. Apoya a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 1740, Tomo XLI, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. El amparo es improcedente contra esa clase de actos, y debe sobreseerse respecto de ellos" De igual modo sirve de apoyo, la tesis aislada del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-1, Febrero de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, que al efecto señala: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." En esa virtud, se insiste, si la parte quejosa reclamó del Juez responsable, una determinación en la que indicó que la carpeta administrativa de origen ya se encontraba judicializada, dicho acto, por sí mismo, no causa una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, ya que, como se dijo, en todo caso, lo que podría causar dicha afectación, sería que se librara una orden de aprehensión o de citación a la parte quejosa, lo cual no fue reclamado en la especie. Siendo que, como quedó expuesto en párrafos precedentes, en la determinación que por esta vía pretende reclamar la parte quejosa, el Juez responsable únicamente indicó que la carpeta de investigación natural ya se encontraba judicializada, quedando a salvo los derechos de la autoridad ministerial para solicitar la audiencia de formulación de la imputación, cuando lo estimare pertinente; de lo que se sigue que dicha resolución no ocasiona agravio alguno, personal y directo, a la parte quejosa, habida cuenta que no tiene ejecución alguna en su persona, puesto que será hasta en tanto se solicite fecha y hora para tal efecto, o se libre alguna orden de aprehensión o de citación, en que, en su caso, se le parara perjuicio, lo que no ha acontecido en la especie, como se desprende de lo narrado por la parte quejosa en su demanda de amparo primigenia y escrito aclaratorio. En esa virtud, si la resolución reclamada únicamente precisa una determinada situación jurídica de la carpeta natural, esto es, que la misma ya se encuentra judicializada, sin acto de ejecución alguno contra la parte quejosa, es notorio que la misma no le ocasiona algún perjuicio personal, actual y directo. En consecuencia, en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el citado artículo 5°, fracción I, de la Ley de la Materia, toda vez que lo reclamado por la parte quejosa no produce una afectación real y actual en su esfera jurídica, es decir, no le genera un agravio. Bajo esa tesitura, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda promovida por Ileana del Socorro Pacho Castillo e Ileana Mariel Urbina Pacho, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia antes ponderada. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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