Ileana Josefina Solis Caamal
Expediente 2237/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2237/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ileana Josefina Solis Caamal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario Pablo Pérez Pacheco, con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 2305, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad; al que adjunta el testimonio judicial de la resolución pronunciada en el toca 486/2021, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la responsable recurrente Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en contra la sentencia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, de la que aparece que la citada Superioridad que: En su primer punto resolutivo confirmó la sentencia recurrida; y. En el segundo punto, determinó que para los efectos precisado en el fallo impugnado , la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ABELARDO CANCHÉ EB, en contra del acto que reclamó al Director General de Ordenamiento de la Propiedad Rural y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al Delegado en Yucatán de la propia Secretaría, consistente en la omisión de tramitar y dictaminar el proyecto de resolución correspondiente a la solicitud de enajenación onerosa del terreno nacional referente al predio denominado "Boy Beg", con superficie aproximada de 26-57-54-150 hectáreas, ubicado en el municipio de Tixpehual, Yucatán, y la de expedir el folio definitivo a la petición presentada el quince de marzo de dos mil diecisiete. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en el numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como que se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Acúsese recibo vía interconexión; háganse las anotaciones de rigor en el Libro respectivo y agréguese a estos autos las constancias originales del expedientillo que se formó con motivo del recurso de revisión en cita. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
citatorio.- Agréguense a estos autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y anexo que acompaña mediante los cuales cumple con lo que se le solicitó en proveído de dieciocho de los corrientes, de los que se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que las autoridades responsables destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.2" De lo hasta aquí expuesto, se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la parte quejosa reclama de la responsable, la omisión de emplazar al juicio de origen 669/2018, a la parte demanda Asociación Civil para la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación de la Escuela ****, A.C., así como la notificación personal al ratificante *******, para que asista a la prueba ofrecida en autos del juicio reclamatorio laboral en comento. En ese sentido, se tiene que las autoridades responsables Presidenta y Actuario, ambos adscritos la de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, adjuntaron a sus informes justificados, las diligencias de notificación de trece y veinticuatro de octubre del año en curso, de la que se advierte en la del trece de octubre, el emplazamiento de la parte demandada Asociación Civil para la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación de la Escuela Miguel Ángel, A.C., al juicio laboral de origen 669/2018; así como la notificación personal de fecha veinticuatro de octubre del año en curso, al ratificante Jorge Carlos Cabrera Carrillo, para que asista a la prueba ofrecida en autos del juicio reclamatorio laboral en comento. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de las omisiones atribuidas a las autoridades responsables, pues por diligencias de notificación de trece y veinticuatro de octubre del año en curso, de la que se advierte en la del trece de octubre, el emplazamiento de la parte demandada Asociación Civil para la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación de la Escuela ****, al juicio laboral de origen 669/2018; así como la notificación personal de fecha veinticuatro de octubre del año en curso, al ratificante *****, para que asista a la prueba ofrecida en autos del juicio reclamatorio laboral en comento. Por consiguiente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, procede sobreseer con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, fuera de audiencia este juicio de amparo, en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional programada para celebrarse, a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguense a estos autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y anexo que acompaña mediante los cuales cumple con lo que se le solicitó en proveído de dieciocho de los corrientes, de los que se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que las autoridades responsables destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.2" De lo hasta aquí expuesto, se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la parte quejosa reclama de la responsable, la omisión de emplazar al juicio de origen 669/2018, a la parte demanda Asociación Civil para la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación de la Escuela ****, A.C., así como la notificación personal al ratificante *******, para que asista a la prueba ofrecida en autos del juicio reclamatorio laboral en comento. En ese sentido, se tiene que las autoridades responsables Presidenta y Actuario, ambos adscritos la de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, adjuntaron a sus informes justificados, las diligencias de notificación de trece y veinticuatro de octubre del año en curso, de la que se advierte en la del trece de octubre, el emplazamiento de la parte demandada Asociación Civil para la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación de la Escuela Miguel Ángel, A.C., al juicio laboral de origen 669/2018; así como la notificación personal de fecha veinticuatro de octubre del año en curso, al ratificante Jorge Carlos Cabrera Carrillo, para que asista a la prueba ofrecida en autos del juicio reclamatorio laboral en comento. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de las omisiones atribuidas a las autoridades responsables, pues por diligencias de notificación de trece y veinticuatro de octubre del año en curso, de la que se advierte en la del trece de octubre, el emplazamiento de la parte demandada Asociación Civil para la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación de la Escuela ****, al juicio laboral de origen 669/2018; así como la notificación personal de fecha veinticuatro de octubre del año en curso, al ratificante *****, para que asista a la prueba ofrecida en autos del juicio reclamatorio laboral en comento. Por consiguiente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, procede sobreseer con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, fuera de audiencia este juicio de amparo, en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional programada para celebrarse, a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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