Ileana Guadalupe Azueta Tut

Expediente 1064/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1064/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
31/10/2018

Partes del expediente

  • Ileana Guadalupe Azueta Tut

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    III. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el once de octubre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    III. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de lo que se desprende de que la parte quejosa no cumplió con la prevención que se le hizo en acuerdo de quince de octubre del año en curso; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, esto es, continúese el presente procedimiento en este expediente, para los efectos legales pertinentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    III. Agréguese a los presentes autos el escrito de la quejosa Ileana Guadalupe Azueta Tut, mediante el cual pretende desistirse del presente juicio de amparo; en consecuencia, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda, prevéngase a la citada quejosa, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca personalmente con identificación oficial vigente con fotografía, ante este Juzgado de Distrito a fin de ratificar el contenido del escrito de cuenta. Lo anterior, debido a que es necesaria la ratificación de dicho memorial ante la presencia judicial, a fin de tener certeza acerca de su voluntad para desistir de la demanda de amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio". Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, se tendrá por no hecha la solicitud a que se contrae en el referido escrito, y consecuentemente, se continuará el trámite de este asunto. Por otra parte, hágase del conocimiento a la parte quejosa que en proveído de once de octubre del presente año, se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, por cesar los efectos del acto reclamado, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/3765/2017, suscrito por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    III. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Secretario General Ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña, del que se advierte que en fecha ocho de octubre del presente año, la Comisión Administradora de los Fondos para Prestaciones Económicas y de Retiro del Sindicato de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, expidió e hizo entrega a favor de la aquí quejosa Ileana Guadalupe Azueta Tut, el cheque número 1981, del Banco Nacional de México, girado el siete de junio pasado, por la cantidad de $1,700.00 (un mil setecientos pesos 00/100 M.N.). Ahora bien, tomando en consideración que la materia del asunto es en esencia, la denegación de justicia de que dijo ser objeto la parte quejosa ante la abstención y/o omisión de la responsable de resolver y dar respuesta, fundada y motivada, en relación con la solicitud para el pago del auxilio por retiro voluntario, siendo el caso, que de las constancias que remitió ésta, se advierte el pronunciamiento respecto de la aludida petición que se duele la parte quejosa, en su acto reclamado; en tal virtud, se impone considerar la pertinencia de decretar el sobreseimiento del presente juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, de acuerdo con las razones siguientes: Cabe acotar que diversas tesis integradas por órganos del Poder Judicial de la Federación sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes tales como: 1) El desistimiento; 2) La muerte del quejoso; 3) La cesación de los efectos del acto reclamado, y; 4) El cambio de situación jurídica. Teniéndose en cuenta que la actualización de alguna de las anteriores hipótesis debe ser tan evidente que ni aún en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, por lo que en consecuencia, el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno entre la sustentada en la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 81 fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De lo anterior, se desprende que cuando la causa de improcedencia que opere en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Además de acuerdo con el principio rector del juicio de amparo, que consagra la obligación del tribunal que conoce de este medio de control constitucional de examinar de oficio y en cualquier etapa del juicio las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, el cual se encuentra plasmado en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procederá a su estudio. En la especie el motivo de inconformidad materia del presente juicio, lo constituye la denegación de justicia por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de resolver y dar respuesta, fundada y motivada, en relación con la solicitud para el pago del auxilio por retiro voluntario, siendo el caso que de las constancias que remitió el citado Secretario General Ejecutivo Secretario General Ejecutivo Nacional de dicho Sindicato responsable, se advierte que en fecha ocho de octubre del presente año, la Comisión Administradora de los Fondos para Prestaciones Económicas y de Retiro del Sindicato de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, expidió e hizo entrega a favor de la aquí quejosa Ileana Guadalupe Azueta Tut, el cheque número 1981, del Banco Nacional de México, girado el siete de junio pasado, por la cantidad de $1,700.00 (un mil setecientos pesos 00/100 M.N.). En ese contexto y tomando en consideración que dicha documental tiene valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es evidente que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la ley de la materia, que a la letra establece, "que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", ya que la autoridad responsable por fecha ocho de octubre del presente año, la Comisión Administradora de los Fondos para Prestaciones Económicas y de Retiro del Sindicato de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, expidió e hizo entrega a favor de la aquí quejosa Ileana Guadalupe Azueta Tut, el cheque número 1981, del Banco Nacional de México, girado el siete de junio pasado, por la cantidad de $1,700.00 (un mil setecientos pesos 00/100 M.N.). Sirve de sustento a las consideraciones anteriores, la tesis jurisprudencial que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Así como la diversa jurisprudencia que aparece en el que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63 fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que en el particular opera de manera notoria, plena e indubitable, una cesación de efectos del acto reclamado originalmente, que no podría ser desvirtuada ni aún en la audiencia constitucional. Por lo anterior queda sin efecto la fecha y hora que tendrá verificativo la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

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