Ignacio Quintanilla Montoya

Expediente 1034/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1034/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2018

Partes del expediente

  • Ignacio Quintanilla Montoya

Actuaciones

  1. Principal

    R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **************, contra los actos reclamados al Gobernador Constitucional y Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, consistentes en la intervención en el proceso legislativo, en el ámbito de sus facultades, del numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; y su ejecución atribuida al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta localidad. El amparo se concede por las razones expuestas y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta resolución.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos se advierte, que la Gerente de Recaudación Fiscal, Delegación Regional en el Estado de Nayarit, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con domicilio en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado acompañó copia certificada de las constancias relacionadas con el acto reclamado (fojas 77 a 88); sin embargo, revisadas las mismas se aprecia que se encuentran parcialmente ilegibles de su margen izquierdo, las que, para mayor ilustración, se le acompañan en copia simple; además, tampoco remitió las constancias que dieron origen al mandamiento de ejecución con número de folio 185A0499180005102, las cuales resultan necesarias para resolver el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el dispositivo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, requiérasele a la autoridad responsable de previa cita, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que reciba el oficio de notificación respectivo, remita copias certificadas, completas, legibles y ordenadas de la totalidad de las actuaciones que dieron origen al mandamiento de ejecución con número de folio 185A0499180005102, instruido en contra de la aquí quejosa Universidad Autónoma de Nayarit. Resulta aplicable por analogía la Tesis I.13o. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil uno, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías". Finalmente, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se DIFIERE para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación dentro del plazo que prevé el arábigo 98 de la Ley de Amparo vigente, en contra del proveído de veinte de marzo del año en curso (foja 16). En consecuencia, conforme lo dispuesto en los ordinales 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 Constitucionales, por disposición expresa en su precepto 2°, se declara que el mismo ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de la Materia, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y que en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo. Ahora bien, se establece que el presente expediente se ubica en la fracción I, señalada en el citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, toda vez que la demanda de garantías se tuvo por no presentada, además de que no existen documentos originales exhibidos por las partes; máxime que carece de relevancia documental; por lo tanto, una vez que transcurran más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción.

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