Ignacio Luna Olague
Expediente 2267/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2267/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 13/04/2021
Partes del expediente
- Ignacio Luna Olague
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Tepic, Nayarit, trece de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se desprende que mediante oficio y anexo signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en este sumario constitucional por parte del Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, por la que se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Armando Ibarra Aguilar. En relación con lo anterior, por acuerdo de ocho de diciembre del dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al quejoso el dieciocho de diciembre del año próximo pasado, surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió como se estableció en la certificación de cuenta; sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el dieciséis de enero de dos mil veinte, se sobreseyó y concedió el Amparo y protección de la Justicia Federal en el juicio por las razones y fundamentos ahí expresados. Dicha concesión, para los siguientes efectos: "1. Los artículos 23, fracción VII, 12, 13 y 14 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil quince, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa, determinadas en la impresión de determinación de pago exhibida por la quejosa previstas en el artículo 24, fracción VII, de la ley declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que dicho recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 12, 13 y 14 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa. En ese contexto, de la documental descrita allegada por la quejosa, se observa que ésta, además de las de las erogaciones relatadas, efectuó el pago de multa por pago extemporáneo de las contribuciones analizadas; no obstante, al ser inconstitucional el cobro de derechos por refrendo de licencia e impuestos adicionales, el cobro de multa por pago extemporáneo no tiene sustento al quedar insubsistente la obligación de pagarlos. Por tanto, a los afectos relatados, debe sumarse que: 4. La autoridad exactora no realice el cobro de multa por pago extemporáneo prevista en la impresión revalidación de permiso de alcoholes de forma anual que la parte quejosa exhibió con su demanda; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa por ese concepto. 5. Por último, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto". Luego, a través del oficio y anexo signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó a este juzgado federal la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que el tres de diciembre de dos mil veinte, devolvió a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica (SPEI) la cantidad de $13,704.64 (trece mil setecientos cuatro pesos 64/100 moneda nacional) y por diverso comunicado recibido en este juzgado el seis de noviembre del año próximo pasado, remitió las operaciones aritméticas efectuadas; la cual debía de encontrarse actualizada, en virtud que de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual indica que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión, se advierte que el que fue pagado el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve y el tres de diciembre de dos mil veinte, se efectuó la devolución indicada en el párrafo que antecede, por la cual la autoridad responsable pretendió devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de agosto de dos mil diecinueve a octubre de dos mil veinte. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de septiembre de dos mil veinte (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); por lo que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil diecinueve fue 103.687; y para el mes de septiembre de dos mil veinte fue 108.114. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.042695. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por el monto de $13,144.31 (trece mil ciento cuarenta y cuatro pesos 31/100 moneda nacional) menos $3.00 (tres pesos moneda nacional), por el pago de la comisión bancaria, esto es la cantidad de $13,141.31 (trece mil ciento cuarenta y un pesos 31/100 moneda nacional), se obtiene que el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago es la cantidad de $13,702.37 (trece mil setecientos dos pesos 37/100 moneda nacional) y no la cantidad que devolvieron las responsables; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $561.06 (quinientos sesenta y un pesos 06/100 moneda nacional). Ahora bien, mediante el oficio y anexo señalados en párrafos que anteceden, se desprende que la autoridad exactora entregó a la parte quejosa la cantidad de $13,704.64 (trece mil setecientos cuatro pesos 64/100 moneda nacional), por concepto del derecho reclamado; sin embargo, se pone en evidencia que se pagó en su totalidad la actualización a la parte quejosa, equivalente a $561.06 (quinientos sesenta y un pesos 06/100 moneda nacional), sin que pase desapercibido que dicha autoridad haya pagado la cantidad de $2.27 (dos pesos 27/100 moneda nacional) como excedente, según en los cálculos que realizó. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías, por una parte sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración; además, que no se tramitó incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en la circular SECNO/10/2021 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El levantamiento de la suspensión implica que se debe continuar el trámite del presente asunto, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque con los siguientes ajustes: 1.1. Comunicación a las partes. De conformidad con las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó el regreso al esquema de contingencia del artículo 1 del Acuerdo General 13/2020 a partir del uno al nueve de febrero y del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente, se suspendieron los plazos en esas fechas y en base a la circular SECNO/10/2021 en que se ordenó de nueva cuenta la aplicación del Acuerdo General 21/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. 1.2. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.2.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 1.2.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.2.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, la secretaria o el secretario encargado de la tramitación del asunto brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario de las 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes. Los datos de contacto de la secretaria o el secretario encargado del asunto serán proporcionados en las instalaciones del juzgado, previa cita para acudir que haga el interesado. 1.2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 1.2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada de este juzgado para su consulta por los interesados. 1.2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.3. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2. ESTADO PROCESAL. Se encuentra pendiente de calificar el cumplimiento dado al fallo protector por parte del ente responsable. En relación a ello, como se precisó en la certificación de cuenta, el término de tres días otorgados a las parte quejosa mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento efectuado por los entes responsables, aun no fenece, toda vez que dicha notificación se realizó el dieciocho de diciembre de la anualidad de previa cita, por lo que no transcurrió ninguno de los días otorgados, dado que, como se asentó, a partir del uno al nueve y del diez al quince de febrero de la presente anualidad, se suspendieron los términos procesales en los juicios tramitados en este juzgado, por lo que, en el caso, se reanudará hasta que las partes queden notificadas previamente del auto de reanudación 3. LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA ACTUARIOS EN MATERIA DE NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 3.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede); lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 3.2. Excepcionalmente, las notificaciones se harán de forma personal, cuando así se ordene en la resolución respectiva. 3.3. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 1jdo24ctoaj@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 5. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE REANUDACIÓN. Este acuerdo deberá ser notificado en los términos siguientes: 5.1. Por oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas. 5.2. Por lista a la parte quejosa, la que deberá publicarse en la entrada de este juzgado. Notifíquese en los términos indicados.
- Principal
Tepic, Nayarit, ocho de diciembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio comunicado de cuenta, suscrito por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, en representación de las autoridades responsables pertenecientes a dicha secretaría y anexo, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite copia del reporte de transferencia bancaria SPEI, a la cuenta proporcionada por la parte quejosa; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte aludida, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, con apercibimiento que de no hacerlo, con apoyo en la ejecutoria de referencia y demás constancias que obran en el presente sumario, este órgano jurisdiccional se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Por otro lado, visto el ocurso suscrito por el quejoso ********************, mediante el cual solicita se requiera por el cumplimiento a las autoridades responsables y se les hagan efectivos los apercibimientos decretados en autos, toda vez que éstas no han dado cumplimiento al fallo protector. Al respecto, dígase al promovente que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que como se le indicó en el párrafo que antecede, los entes responsables informaron la manera en que acataron los extremos de la sentencia de amparo, por lo que se le dio vista con dicho cumplimiento a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa los trámites internos que cada dirección realiza de acuerdo a su reglamento interior, para la devolución de las contribuciones; sin embargo, si su intención es que se le otorgue un plazo mayor para dar cumplimiento a las sentencias de amparo, dígasele que la Ley de Amparo en su artículo 192, es categórica en otorgar términos para el cumplimiento de las ejecutorias, por lo que, deberá agilizar los trámites a fin de que quede cumplida la referida ejecutoria en el menor tiempo posible, a fin de no violentar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. Consecuentemente, agréguese el citado libelo para los efectos legales a que haya lugar e infórmese lo anterior al citado ente responsable. Notifíquese.
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