Ignacio Robles Estrada

Expediente 257/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
257/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
30/04/2019

Partes del expediente

  • Ignacio Robles Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, en específico el proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual el Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, por sí y en su carácter delegado de las autoridades responsables, solicitó se procediera con la continuación del trámite del incidente de revocación de la suspensión definitiva concedida en autos. Asimismo, en dicho proveído se le indicó a la responsable que una vez que se resolvieran los recursos de queja que se encontraban en trámite ante el Tribunal Colegiado se continuaría con el trámite del incidente de revocación planteado; ahora bien, al quedar acreditado el supuesto anterior, como se desprende de los oficios remitidos por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, de los que se observa que mediante proveídos de dieciocho de mayo y veintitrés de julio, ambos de dos mil dieciocho, dictados dentro de los recursos de queja 243/2018 y 263/2018, de su índice, causaron estado los diversos acuerdos de ocho y dieciséis de mayo del año anterior, por los que desecharon los citados medios de impugnación. Consecuentemente, con el objeto de continuar con la secuela procesal del incidente de que se trata, este Órgano Jurisdiccional con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, en correlación con los numerales 358 al 364, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ley de la materia, por disposición de su numeral 2, señala las DOCE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia de alegatos, la cual se celebrará concurran o no las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio número 315/2019, de veintinueve de marzo de la presente anualidad, signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, por el que remite los autos originales del Juicio de Amparo Indirecto número 1977/2018 (auxiliar 84/2019), en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada el veintinueve de marzo del año en curso, y de la que se advierte que sobreseyó en el juicio de amparo. Agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo, a partir de su envió. Asimismo, ténganse por recibido un legajo de constancias que obran por separado. Acúsese el recibo de estilo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia simple de la indicada resolución a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    ***TEPIC, NAYARIT, DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este órgano jurisdiccional el veintitrés de enero del año en curso (fojas 79 a 81), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veinticuatro de enero de este año (foja 84), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la promovente el treinta del mes próximo pasado (fojas 85 a 87); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del uno al siete de este mes. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "** En ese sentido, mediante resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 44 a 60), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".lo que procede es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables le restituyan en sus derechos fundamentales violados, en acatamiento a lo dispuesto en el dispositivo 77, fracción I, con relación al 78, ambos de la Ley de Amparo; por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la quejosa la cantidad de $4,386.72 pesos, por concepto de "DER. INSCR. INSTRUM. PUBLICO O PRIVADO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, la cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó, relativos al instrumento público "4,106", emitido por el Notario Público 20, con sede en Tepic, Nayarit, que se pagó el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a la contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto (...)" Resolución que causó ejecutoria el tres de enero de dos mil diecinueve (fojas 67 a 69). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Se desincorporara de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en el precepto 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 de la citada ley de ingresos y se abstuviera de aplicarlo en contra de la quejosa, hasta en tanto fueran reformados. Le devolviera a la agraviada única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $4,386.72 (Cuatro mil trescientos ochenta y seis pesos 72/100 Moneda Nacional), por concepto de "DER. INSCR. INSTRUM. PUBLICO O PRIVADO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés del mes próximo pasado (fojas 79 a 81), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, exhibió copia con firma original del cheque número 0001077, expedido por la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, valioso por la cantidad de $4,210.03 (Cuatro mil doscientos diez pesos 03/100 Moneda Nacional), por concepto de la suma que en su momento erogó la solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y su actualización correspondiente, el cual le fue entregado a la promovente del amparo el veintidós de enero del año en curso. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $4,386.72 (Cuatro mil trescientos ochenta y seis pesos 72/100 Moneda Nacional), luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de instrumento público o privado, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la parte promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que el recaudador responsable tenía que devolver la cantidad de $4,106.72 (Cuatro mil ciento seis pesos 72/100 Moneda Nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 9 y 32) y el dieciocho de enero del año en curso, la autoridad responsable expidió el cheque antes indicado (foja 80); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil dieciocho a enero de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de agosto del año próximo pasado entre el índice para el mes de diciembre de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado; esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil dieciocho fue de 100.492; y para el mes de diciembre de la anualidad anterior fue de 103.020 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0251. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $4,209.79 (Cuatro mil doscientos nueve pesos 79/100 Moneda Nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $103.07 (Ciento tres pesos 07/100 Moneda Nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que el recaudador responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la quejosa la cantidad de $4,210.03 (Cuatro mil doscientos diez pesos 03/100 Moneda Nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la agraviada era de $4,209.79 (Cuatro mil doscientos nueve pesos 79/100 Moneda Nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $4,210.03 (Cuatro mil doscientos diez pesos 03/100 Moneda Nacional), es decir, entregó el excedente de $0.24 (Cero pesos 24/100 Moneda Nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría requerir a la quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizaría la autoridad responsable para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. **

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que la parte quejosa Ulises Emmanuel Ramírez García no ha proporcionado los datos referidos en el oficio DJC/610/2019, lo anterior, para estar en posibilidades de acatar la ejecutoria de amparo, no obstante de haber sido notificada el uno de febrero del actual año, como lo acredita con la documental que acompaña, motivo por el cual solicita se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo por falta de interés del agraviado; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el libelo y anexo de cuenta para los efectos legales correspondientes. Luego, como el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado a la disidente; en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable ejecutora Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, deberá restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a).- Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b).- Poner a su disposición el numerario a entregar y c).- Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento total al fallo protector concedido en autos, ajustándose estrictamente a los efectos de la sentencia concesoria. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Además, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la Ley citada. Con independencia de lo anterior, requiérase a la parte accionante del amparo, para que en términos del artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, en el plazo de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante la autoridad responsable en mención, a hacer entrega de la documentación que se le solicita, para lo cual adjúntesele copia del oficio de cuenta y anexo; lo anterior, en razón de que este Órgano Jurisdiccional requiere determinar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en autos, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.

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