Ignacio Rosas Castellanos
Expediente 409/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 409/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/08/2019
Partes del expediente
- Ignacio Rosas Castellanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual remite testimonio certificado de la ejecutoria de dos de agosto año en curso, pronunciada dentro del conflicto competencial 8/2019, relativa al juicio de garantías 409/2019 del índice de este órgano jurisdiccional. Ahora, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado se aprecia que se determinó que el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, debería seguir conociendo de la demanda promovida por Ignacio Rosas Castellanos, contra actos del Juez Quinto de lo Civil, con sede en Tijuana, Baja California; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro relativo. Por otra parte, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y que en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con mas de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo. Ahora bien, se establece que el presente expediente se ubica en la fracción I, señalada en el citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, toda vez que este Órgano de Control Constitucional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por Ignacio Rosas Castellanos; máxime que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en el Estado de Nayarit, determinó que el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, es legalmente competente para conocer del juicio de garantías del cual se deriva el presente cuaderno de antecedentes y no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, el presente cuaderno de antecedentes carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida el siete de marzo de la presente anualidad, en el recurso de queja 303/2018, interpuesto por Dinora Georgina Ortega Cervantes, de la que se aprecia que, por una parte, ese tribunal colegiado dejó firme el desechamiento contenido en veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (fojas 22 a 35), respecto de los actos reclamados al: Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. Titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nayarit. Titular de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nayarit. Consistentes en: La orden verbal de dejar sin efectos nuestros nombramientos y sus consecuencias: privarnos de nuestras prestaciones económicas y de destinar los recursos etiquetados en el presupuesto estatal para el pago de nuestras bases a otros conceptos. La instrucción u orden verbal de emitir el oficio para cancelar el movimiento administrativo de asignación de la plaza de base (sic). Y, por otra parte, declaró fundado el medio de impugnación de referencia, respecto de los diversos actos reclamados y, en consecuencia revocó el auto de previa mención, que desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; así como los autos originales de este sumario constitucional en un tomo y las copias certificadas del diverso juicio 1077/2018 del índice de este juzgado federal; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y acúsese el recibo de estilo. En ese sentido, atento a lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, con apoyo a lo dispuesto por los ordinales 103, fracción I, 107 fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 115 y demás aplicables de la Ley de Amparo, SE ADMITE en sus términos la demanda de amparo promovida contra actos reclamados a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit y otras autoridades, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente electrónico respectivo, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 87, 88, 89, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión respectivo. Pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les requiere, ello de conformidad a lo previsto en el precepto 117 de la Ley de la Materia en comento; apercibidas que en caso contrario se presumirá la certeza de los actos que se les reclaman, de acuerdo al cuarto párrafo del arábigo en mención; se les hace de su conocimiento que no se les remite copia de la demanda de amparo, porque la misma se les enviará al solicitarles el informe previo en el incidente derivado de este juicio. Asimismo, con fundamento en los dispositivos 75 y 117, párrafo quinto, de la Ley en comento, requiérase a las autoridades responsables para que juntamente con su respectivo informe, remitan copia certificada, completa y legible de las constancias en que apoyen el acto que se les reclama, incluyendo las que se tengan al momento de recibir el oficio de notificación de mérito, apercibidas que en caso de ser omisas; esto es, en caso de no rendir el informe aludido o de no remitir las constancias indicadas en líneas precedentes, se les impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo que establece el ordinal 260, fracción II y 238 de la actual Ley de Amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. Con base en los dispositivos 64 y 251 de la Ley en cita, se requiere a las partes para que tan pronto como tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a esta autoridad, se les impondrá una multa equivalente a treinta valores diarios en los términos precisados en los párrafos que anteceden. Luego, con fundamento en el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que acompaña, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al verificarse la audiencia constitucional correspondiente. Además, de las aludidas probanzas que se exhibieron en copia certificada, se ordena la compulsa al incidente de suspensión que se tramite, a efecto de que tengan el valor probatorio que les corresponda al momento de resolverse la suspensión solicitada. Cobra aplicación, por analogía, la Jurisprudencia número 71/2010, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus sesiones privadas de quince de enero de dos mil siete y tres de noviembre de dos mil nueve, aprobada el doce de julio de dos mil diez, cuyo rubro versa al tenor siguiente:
- Principal
**TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto en el arábigo 86 de la ley de la materia, a fin de que recurriera la sentencia definitiva emitida en autos, sin que la parte quejosa lo hubiera realizado; por tanto, en razón de que no se interpuso medio de impugnación contra la citada resolución; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 214 de la Ley de Amparo, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se sobreseyó, no contiene documentos originales y carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, la Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas, que autoriza y da fe. Doy fe.- Mirg*
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Delegado del Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit mediante el cual anexa el original del oficio de notificación con firma de recibida por la quejosa en el que, entre otras cosas, le informa los horarios en que puede hacerse presente en la oficina de la Dirección Jurídica del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit a efecto de que se le haga la devolución del impuesto predial de la cuenta catastral R006526 materia de la concesión del fallo protector en el presente sumario constitucional; sin embargo, de dicho anexo no se desprende título crédito o información sobre el registro y control con el cual la parte quejosa pueda cobrar el pago de lo indebido. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, emita a favor de la parte quejosa el título de crédito o la información de registro y control con la cual ésta podrá reclamar el pago de lo indebido y le notifique tal circunstancia, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a ciento cincuenta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. De igual manera, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la ley citada.
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