Iker Javier Morales Gutiérrez
Expediente 1755/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1755/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 11/12/2018
Partes del expediente
- Iker Javier Morales Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se advierte que la notificación del proveído de quince de noviembre del actual año (foja 95), fue practicada a la parte quejosa el dieciséis siguiente (foja 97), surtiendo sus efectos al posterior día hábil, esto es, el veintiuno del mes próximo pasado; por lo que el término de diez días que prevé el ordinal 86 de la actual Ley de Amparo, transcurrió como se indicó en dicha certificación; sin que se haya interpuesto recurso alguno contra ese auto; luego, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el precepto 214 de la Ley de Amparo vigente aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se concluye que el presente expediente es destruible en la forma y términos indicados en el propio Acuerdo General, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con su punto vigésimo primero, fracción I, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo. Con sustento en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Primero, fracción III, último párrafo, del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que se concedió la suspensión de los actos reclamados (fojas 18 a 23 y 28 a 33 del cuaderno original del incidente de suspensión); previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y las resoluciones incidentales, las cuales deberán conservarse, por ende, déjese por separado para su conservación; en tanto que, el duplicado respectivo, es susceptible de destrucción; una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el Libro de Gobierno que corresponda.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por la Actuaria de Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a la que se acompaña la evidencia criptográfica del archivo magnético, a través del cual informa que el referido Órgano Colegiado admitió el recurso de queja interpuesto por "Desarrollos Banderas", Sociedad Anónima de Capital Variable por conducto de su autorizado legal José Refugio Becerra Ramírez, dentro del juicio de amparo 2161/2015, registrándolo bajo el número 540/2018 de su índice; en tal virtud, agréguese el oficio de cuenta, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la constancia actuarial que antecede, se advierte que *, en representación del menor de edad con iniciales I. J. M. G., en su calidad de parte quejosa ratificó ante la presencia judicial el contenido del escrito recibido en este Órgano Federal el seis de este mes (foja 85), en el que desiste de la acción de amparo que dio origen al presente juicio de garantías 1755/2018. En ese sentido y en virtud del desistimiento formulado por la parte quejosa Daniela Estefanía Gutiérrez Duarte, previo a proceder conforme al artículo 63, fracción I de la actual Ley de Amparo, atendiendo a que la persona con iniciales I. J. M. G., es menor de edad y lo que se resuelva en el presente juicio de amparo incidirá directamente en los intereses de éste; entonces, ante la posibilidad de que se llegue a afectar el derecho del menor, que prevalece incluso por encima de cualquier litigio de los padres, con fundamento en los artículos 8 de la Ley de Amparo y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, requiérase al licenciado Armando García Pérez, en su carácter de representante especial del referido menor, a fin de que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto del desistimiento planteado, apercibido que de no hacerlo se procederá en términos del precepto 63, fracción I de la legislación de amparo.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos signados por la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 308 a 333), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de tres de octubre del año que transcurre (foja 334), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria; haciendo manifestaciones respecto al cumplimiento la parte quejosa. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ** Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veinticinco de noviembre de dos mil quince (fojas 104 a 123), en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ** De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Dejar insubsistente la determinación de siete de abril de dos mil quince, emitida dentro del procedimiento administrativo de queja 29/2010 de su índice y, con plenitud de jurisdicción, dictar otra en la que de manera fundada y motivada resolviera la situación del agraviado; en el entendido de que si consideraba que se actualizaba el mismo sentido que tomó en la primera debía exponer por qué se demostraba ese supuesto y con qué pruebas lo determinó. Por otro lado, por auto de dieciséis de diciembre de dos mil quince (foja 130), causó ejecutoria la sentencia emitida en el presente juicio biinstancial. Luego, el veinte de enero de dos mil diecisiete (foja 187), la autoridad responsable informó a este juzgado que dejó insubsistente la determinación emitida el siete de abril de dos mil quince, dentro de los autos del procedimiento administrativo CD-PAQ-29/2010 de su estadística, así como que turnó el expediente para su resolución. Así pues, en proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete (198 a 230), se recibió, en la oficialía de este juzgado, copia certificada de la resolución emitida por el Pleno de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el cual dicha autoridad informó el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en los presentes autos. Entonces, el siete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 241 a 244), se analizó respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito y se declaró cumplida la sentencia concesoria del juicio en que se actúa. Asimismo, inconforme a lo anterior, en auto de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete (foja 265), se tuvo al quejoso poniendo recurso de inconformidad contra la determinación precisada antelativamente, el cual fue tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, quien por ejecutoria de veintiséis de julio de dos mil dieciocho (fojas 279 a 293), lo declaró fundado y, por ende, revocó el auto recurrido. Luego, por auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (fojas 294), se tuvo por recibida la ejecutoria precisada en el párrafo que antecede y, en consecuencia, se requirió al ente responsable por el cumplimiento total a al fallo protector emitido en autos. En atención a lo anterior, a través del oficio presentado por la autoridad responsable (fojas 308 a 333), informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, es decir, que el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho dictó una resolución en el procedimiento administrativo de origen y, para corroborar su dicho, adjuntó copia certificada de ésta. Ahora, de la citada resolución se advierte, en lo que aquí interesa que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad determinó que Iván Eliut Rodríguez Martínez no era responsable de infringir el artículo 54, fracción XIV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, pues consideró que con el material probatorio no se acreditaba que la conducta realizada por éste tuviera como finalidad que se abstuviera o realizara alguna conducta relacionada con sus atribuciones en beneficio de quien le otorgó un beneficio adicional el cual, se entiende como la dádiva u obsequio otorgada por un particular a solicitud de aquél. Sin embargo, sí estimaron que el aquí quejoso había infringido el artículo 123, fracción III, de la Constitución Estatal, en relación con los diversos 53 y 54, fracción XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, pues la conducta que realizó repercutía en el principio de honradez que deben guardar los servidores públicos hacia sus labores y; por tanto, lo sancionaron destituyéndolo del cargo de Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Unidad de Amparo del Poder Judicial del Estado; asimismo, lo inhabilitaron para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de seis años. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos humanos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado, pues, atendiendo a que la ejecutoria de amparo, la cual, como se dijo, se concedió para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución combatida y emitiera otra, en la que, con libertad de jurisdicción, resolviera la situación del agraviado, en el entendido de que si insistía en con el argumento de que la infracción reprochada al inconforme exige que la pretensión u obtención de un beneficiario adicional, debía fundar y motivar porqué se daba dicho supuesto y con qué elementos de prueba, a efecto de satisfacer los requisitos exigidos por los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que aconteció en la especie, toda vez que de las constancias que obran en autos, como se dijo, se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, dado que, por una parte, dejó insubsistente la resolución que constituye el acto reclamado y, por otra, en términos de la ejecutoria de amparo, emitió diversa resolución en los términos precisados en el párrafo que antecede. Lo expuesto teniendo como directriz que se otorgó plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para resolver lo que estimara pertinente, por lo que el fondo de las consideraciones vertidas resulta ajeno a la materia del cumplimiento en análisis, por lo que se colige que la resolución en análisis contiene el argumento mínimo pero suficiente para conocer las razones que determinaron su sentido. Por tanto, las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en relación con el cumplimiento en análisis resultan inoperantes, porque se dirigen a controvertir el fondo del asunto, pues éstas van dirigidas a demostrar que la autoridad responsable sobrepasó la facultad concedida por esta juzgadora al pronunciarse sobre un nuevo tópico dentro de la determinación atacada, pues, entre otras cosas, la autoridad responsable analizó de oficio que se acreditaba una causa de responsabilidad distinta a la imputada inicialmente, asimismo, alega una violación a su derecho de audiencia; sin embargo, al no haberse limitado la jurisdicción de la autoridad responsable en cuanto al fondo del asunto, basta que en la resolución dictada se encuentre fundada y motivada; lo que, en conformidad con lo expuesto, acontece en la especie; por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. En conclusión, dicha determinación se encuentra fundada y motivada, tal como se evidenció en párrafos que anteceden, máxime que, como se vio, la protección constitucional se concedió por vicios formales sin que se constriñera a la responsable resolver en determinado sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: ** Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, por una parte, se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en el artículo vigésimo primero, fracción III, último párrafo, del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, debido a que se concedió la suspensión de los actos reclamados, por ende, déjese el mismo por separado y una vez transcurridos cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno que corresponda, empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa; en tanto que en términos del ordinal vigésimo, fracción III del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de ahí que, en su momento, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. Finalmente, devuélvanse al Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, cinco legajos de constancias relativos al juicio de origen, dado que resulta innecesaria la retención de los mismos. **
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