Hernán Lizárraga González
Expediente 345/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 23 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 14/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Hernán Lizárraga González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta de la que se advierte que en el libro electrónico de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron la sentencia dictada por este juzgado el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que las partes fueron notificadas el veintiséis siguiente, quedando comprendido dicho plazo del veintinueve de mayo al doce de junio de dos mil veintitrés. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Ahora bien, de conformidad con el artículo 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE, toda vez que se sobreseyó en el juicio en que se actúa. Finalmente, provéase lo conducente en la incidencia derivada de este asunto, para que se realice su valoración documental conforme a los lineamientos contenidos en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal.
- Incidental
Visto el estado de los autos y a fin de ordenar el destino del incidente de suspensión en que se actúa, se estima necesario remitirse a los autos del juicio de amparo 345/2023 del cual deriva dicha incidencia, mismo que se tiene a la vista y constituye un hecho notorio para quien esto provee, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que en esta fecha se ordenó el archivo como asunto concluido. En consecuencia, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, procede hacer la indicación en el sentido de que el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa es conservable por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada. Ahora bien, de los propios autos se aprecia que en diverso acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se recibió el escrito signado por el quejoso Hernán Lizárraga González, mediante el cual exhibió el billete de depósito con número de folio N 950324, expedido por el Banco del Bienestar, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), a fin de cumplir con la garantía que se le fijó para que surtiera efectos la suspensión provisional que le fue concedida el veinticuatro de abril del propio año, certificado que obra en la caja de valores de este juzgado, bajo el folio 13/2023. En consecuencia, atento a lo establecido en el artículo 19, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, considerando que a la fecha transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que acuda a este juzgado, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger el referido certificado de depósito. Resulta oportuno precisar a la parte quejosa, que de no presentarse a recoger el certificado de depósito de mérito, el lapso en que prescribirá a favor del erario federal, es de dos años, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, que a letra dice: "Los depósitos al cuidado o constituidos ante la Tesorería a que se refiere el artículo 29 de esta Ley, inclusive los rendimientos que en su caso generen, prescribirán a favor del erario federal en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que pudo ser exigida jurídicamente su devolución o entrega por el depositante o por sus legítimos beneficiarios."; los cuales se computarán a partir del dieciséis de junio de dos mil veintitrés, esto es, partiendo del día siguiente al en que surte efectos la notificación a las partes la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Téngase recibido el oficio 3273/2023, firmado autógrafamente por la Jueza de Primea Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se reciben las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable. Ahora bien, del análisis de dichas constancias, se desprende, en lo que interesa, que el veintidós de los cursantes, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, dentro de la causa penal 258/2023 en la que se le vinculó a proceso al quejoso Hernán Lizárraga González, por los delitos: I. Lesiones Culposas, previsto y sancionado por los artículos 135 y 136 fracción V, del Código Penal Vigente para el Estado de Sinaloa. II. Usurpación de Profesiones, previsto y sancionado por el artículo 272 del Código Penal Vigente para el Estado de Sinaloa; y III. Responsabilidad Profesional, previsto y sancionado por el artículo 272 del Código Penal Vigente para el Estado de Sinaloa. En ese contexto, se advierte que en la demanda de amparo que dio origen a este juicio, Hernán Lizárraga González hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: "IV.- Acto Reclamado. Reclamo de las autoridades señaladas, La Órdenes de Presentación, Comparecencia, Aprehensión, Detención, Privación de mi Libertad, y en General las Órdenes Restrictivas de mi Libertad Personal y Deambulatoria, dictada en mi contra y su ejecución, sin que hubiese cometido hecho antijurídico, típico y culpable, es decir, sin haber cometido delito alguno. Pero además fuera de toda formalidad procedimental o procesal, sin haberme previamente citado en mi domicilio a efecto de comparecer voluntariamente y coadyuvar, con la procuración y la administración de justicia." El suscrito juzgador estima que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. .". Del numeral transcrito se desprende la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo efectos, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de amparo, al quedar sustituido por otro cuya sola existencia introdujo un cambio de situación jurídica que imposibilita el estudio de la que prevalecía con el primer acto y que provoca que las posibles violaciones cometidas en este deban estimarse irreparablemente consumadas por no poder decidir en el procedimiento constitucional de que se trate, sin afectar la nueva situación jurídica originada por el acto superveniente. Ese cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En la especie el quejoso reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra el veinticuatro de abril del año en curso, por el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en la causa penal 258/2023 de su índice, por los delitos de Lesiones Culposas, Usurpación de Profesiones y Responsabilidad Profesional, previsto y sancionado por los artículos 135, 136 fracciones V, 272, 279 y 280 fracción I, todos del Código Penal del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 272 bis de la Ley General de Salud, cometido en agravio de Phaul Michel Vega Agüero. Lo que se corrobora del contenido del informe con justificación rendido por la aludida autoridad judicial responsable y las pruebas documentales y disco compacto que acompañó al mismo -los cuales cuentan con pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que fueron emitidos por una autoridad legalmente facultada para ello-. Lo que pone de manifiesto el cambio en la situación jurídica del justiciable, que torna improcedente el análisis de las determinaciones que inicialmente fueron reclamadas en el presente juicio de amparo. Esto es así, toda vez que la orden de aprehensión (que motivó este juicio de amparo) fue sustituida en virtud de la emisión del auto de vinculación a proceso, propiciando que sea ahora esa nueva determinación, es decir, el auto de vinculación a proceso, la que se traduce en un acto de molestia para el quejoso y no la referida orden de aprehensión, cuyas posibles violaciones -en caso de que hubieran existido- deben considerarse irreparablemente consumadas, puesto que esa decisión jurisdiccional es la que actualmente rige el procedimiento natural. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo III, Página: 2482, registro 2017544, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." Así como la tesis aislada II.2o.P.20 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 2, página 1287, registro 2002240, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados." En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio cuerpo normativo, se SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, y de deja sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Tiene aplicación en la especie la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". De igual manera, brinda apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Página 387, sin que su contenido contravenga lo previsto en la normatividad vigente, conforme al artículo sexto transitorio del decreto aludido, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, hágase saber a las partes que los criterios invocados en el presente auto no contravienen lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto que se expidió la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
- Principal
Téngase recibido y agréguese a los autos el oficio 3126/2023, firmado autógrafamente por la Jueza de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el quejoso se acogió a la duplicidad del término constitucional y se fijaron las quince horas del veintidós de mayo del año en curso para la continuación de la audiencia inicial. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se reciben las pruebas documentales ofrecidas por la autoridad responsable ?entre las que obran un disco versátil digital certificado?, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional, en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.
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