Hernán Barrón López

Expediente 519/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
519/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • Hernán Barrón López

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que no se encuentra registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), ninguna promoción que indique que los quejosos recurrieron el auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda de amparo, dentro del término previsto por el artículo 98 de la ley de la materia, considerando que este fue notificado el veintiuno siguiente, quedando comprendido dicho plazo del veintitrés al veintinueve de los citados mes y año; por consiguiente, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 20, fracción IV, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que transcurra el periodo de conservación; toda vez que se desechó la demanda al ser notoriamente improcedente.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por Hernán Barrón López; contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por violación a diversos preceptos constitucionales. El Juez acuerda:********************SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.********************REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 519/2023.********************INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde.********************IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.********************En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es.********************Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO."********************Expuesto lo anterior, en el caso particular que se atiende se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo primero, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y el ordinal 107, fracción III, Constitucional, al ser patente que el acto reclamado que se hace consistir en la orden de desalojo y lanzamiento del lote de terreno ubicado en la Carretera Internacional al Sur, sin número, colonia Urías, Ejido de Urías, en esta ciudad, en ejecución al fallo condenatorio dictado en el juicio reivindicatorio número ******************** del índice interno del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad de Mazatlán, en consecuencia, dicha determinación y su materialización, no constituyen la última resolución dictada en la etapa de ejecución al fallo definitivo ahí emitido. ********************En efecto, de los dispositivos antes mencionados se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia y gocen de autonomía a la cosa juzgada o vulneren derechos sustantivos de las partes, en las siguientes hipótesis:********************a) Contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y********************b) En los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados.********************En la inteligencia de que, en ambos supuestos, se harán valer las violaciones cometidas durante dichos procedimientos. ********************Al respecto, resulta oportuno citar el criterio emitido en la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." ********************Ahora bien, la parte quejosa pretende a través del juicio de amparo que promueve, que se analice la orden de desalojo y lanzamiento del lote de terreno ubicado en la Carretera Internacional al Sur, sin número, colonia Urías, Ejido de Urías, en esta ciudad, en ejecución al fallo condenatorio dictado en el juicio reivindicatorio número ******************** del índice interno del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad de Mazatlán; actos que no encuadran dentro de los supuestos de excepción antes precisados, pues su finalidad es impedir la ejecución de la sentencia, por lo cual es un acto que, interpretado a contrario sensu, comparte la naturaleza de aquellos que se han considerado dentro de la regla general (que tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia), ya que pretende impedir la ejecución alegando violaciones en el procedimiento, cuya finalidad es lograr el cumplimiento de la sentencia.********************Por lo que, no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto de actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia.********************Cabe señalar que si bien es cierto los actos dictados en la fase de cumplimiento de la sentencia no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan; también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia se determina no por el aspecto procesal formal de haber dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio.********************En consecuencia, si la finalidad de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, es evidente que ello opera también respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado; y por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia.********************Además, tampoco afecta derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada, ya que al tratar de combatir el auto que ordena el desalojo y lanzamiento del lote de terreno ubicado en la Carretera Internacional al Sur, sin número, colonia Urías, Ejido de Urías, en esta ciudad, dictado en el juicio reivindicatorio número ******************** del índice interno del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad; es con motivo de la ejecución de la sentencia definitiva; esto es, la referida orden no es ajena a la cosa juzgada en la sentencia de fondo que le puso fin al juicio de origen y en el que tienen la calidad de parte demandada; con dicho acto, no se está privando a la parte quejosa de ningún derecho fundamental, pues la orden de desalojo o lanzamiento, únicamente tiene como finalidad lograr la entrega del bien que ya fue materia de la sentencia definitiva, ante el desacato de la parte demandada en el cumplimiento.********************Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción IV, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, contrario sensu.********************Bajo esas premisas es dable concluir que la orden de lanzamiento o desalojo y su ejecución previamente descritas, no constituyen la última determinación emitida en la etapa de ejecución a la sentencia dictada en el expediente ******************** del índice interno del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. ********************Es aplicable a lo anterior, por las consideraciones que la sustentan la jurisprudencia VI.2o.C. J/253, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1331, del tomo XXI, mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, publicada bajo el rubro: ""ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN." ********************Aunado a lo anterior, de las propias manifestaciones vertidas por el promovente en el escrito inicial se aprecia que fue oído y vencido en el juicio de origen; sin desatender, desde luego, las diversas alegaciones vertidas en torno a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, pues al asistirle la calidad de parte formal, válidamente puede oponer los medios de defensa que estime pertinentes contra dicha diligencia.********************Asociado a lo antes expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293, que interpreta el artículo 107, fracción IV, de la legislación vigente y que determina que, en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo ante el desacato del ejecutado constituye un acto de la etapa de ejecución contra el que no procede el juicio de amparo.********************En la ejecutoria que dio origen a ese criterio, en lo que interesa, se determinó lo siguiente: ********************"80. Así, de los tres precedentes que aquí se han descrito no obstante fueron emitidos en análisis de preceptos de la Ley de Amparo abrogada, al referir a principios esenciales del juicio de amparo en la vía indirecta es que resultan vigentes conforme la Ley de Amparo actual, así como de los criterios emitidos por esta Primera Sala al fallar las contradicciones de tesis 74/2015 y 29/2019, se pueden establecer como reglas básicas de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados fuera o después de concluido el juicio, conforme las reglas establecidas para los actos de ejecución de sentencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente que: ********************a. Los actos judiciales dictados después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia porque no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, actos que encuadran en la hipótesis del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Ahora, si ese acto autónomo forma parte de un procedimiento, el amparo, en estos casos procede contra la última resolución y una vez que se agotaron los medios ordinarios de defensa, esto es, que se cumpla con el principio de definitividad. ********************b. Se exceptúa de cumplir con el principio de definitividad cuando el acto fuera o después de juicio, sin importar sea un acto judicial intermedio, genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos del quejoso; excepción que opera solo cuando los actos son genuinamente autónomos, esto es, independientes de la propia ejecución y que no pretenden impedirla, máxime que de ser un acto que pende de la ejecución de sentencia ya no se ubica en el primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, sino en el párrafo segundo. ********************c. Por otra parte, si se trata de actos relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, entendidos éstos como los actos que sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, el amparo procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los 3 siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. ********************d. Y, si se trata de la etapa de remate del bien materia del juicio principal, sólo podrá promoverse el juicio de amparo en contra del acto que ordene, -esto es requiera al ejecutado- indistintamente de la escrituración y/o entrega del bien adjudicado. ********************81. Una vez aclaradas las reglas de procedencia conforme la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, y conociendo cuáles son las características de los actos fuera o después de juicio que se consideran autónomos a la ejecución se responde a la interrogante principal de la presente contradicción referente a si ¿la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de la etapa de ejecución de sentencia o un acto emitido después de concluido el juicio? que se responde con la conclusión que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado constituye un acto de ejecución de la sentencia porque todos sus esfuerzos se dirigen precisamente en eso, en lograr el cumplimiento de lo sentenciado y, por ende, no puede desvincularse de la ejecución. ********************82. Máxime que los derechos y bienes que afecta ya fueron materia de juicio y constituyen cosa juzgada, por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el Juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien.********************83. Sin que la coacción que reviste la naturaleza de dichos actos pueda considerarse autónoma a la fase de ejecución de sentencia, porque dicha coacción no tiene la misma naturaleza de los medios judiciales de apremio para hacer cumplir las determinaciones del Juez, la que si bien constituye un ejercicio del apercibimiento realizado con anterioridad, éste se vincula directamente a la ejecución de lo logrado en sentencia, y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado, posee autonomía trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva********************84. Por lo que, al ser la etapa de ejecución de sentencia una garantía para el goce de ese derecho fundamental no es posible entorpecer la fase de ejecución sobre lo ya juzgado, porque finalmente lograr la ejecución de lo ya fallado y rematado viene a ser precisamente la culminación del goce exhaustivo de derecho de acceso a la justicia en una de sus vertientes." ****************************************Con base en esas consideraciones se emitió la tesis de jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que se habla: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORMELA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN.********************En esa tesitura, se concluye que el acto reclamado se sitúa en la hipótesis prevista en la jurisprudencia invocada, pues lo que reclama la parte quejosa es el auto que ordenó el lanzamiento, en ejecución de sentencia de un juicio reivindicatorio, el cual es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial que así lo ordenó y al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya.****************************************DESECHAMIENTO. Por consiguiente, al ser patente que ********************no es tercero extraño a la contienda de origen, entonces, es dable concluir que la orden de lanzamiento o desalojo que reclama no es la última determinación emitida en la etapa de ejecución a la sentencia dictada en el juicio reivindicatorio número ******************** del índice interno del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad y, por ende, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107, fracción IV, de la ley de la materia, y con el ordinal 107, fracción III, constitucional, entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113, del propio ordenamiento legal. ********************Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, intitulada: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO."********************Hágase la aclaración al peticionario de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.********************DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado calle ********************de esta ciudad y como autorizado para tales efectos en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ******************** quien tiene su cédula profesional número ********************, reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho.********************Se le tiene señalando el correo electrónico Lic.perazamo@hotmail.com, como medio no procesal.********************COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las actuaciones que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado les da la característica de inalterables.********************COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio.********************PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, del preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea".********************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. ********************LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.********************NOTIFIQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE.

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE DIECISEIS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO EN EL QUE: RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por Hernán Barrón López; contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por violación a diversos preceptos constitucionales. El Juez acuerda:********************SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.********************REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 519/2023.********************INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde.********************IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.********************En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es.********************Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO."********************Expuesto lo anterior, en el caso particular que se atiende se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo primero, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y el ordinal 107, fracción III, Constitucional, al ser patente que el acto reclamado que se hace consistir en la orden de desalojo y lanzamiento del lote de terreno ubicado en la Carretera Internacional al Sur, sin número, colonia Urías, Ejido de Urías, en esta ciudad, en ejecución al fallo condenatorio dictado en el juicio reivindicatorio número ******************** del índice interno del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad de Mazatlán, en consecuencia, dicha determinación y su materialización, no constituyen la última resolución dictada en la etapa de ejecución al fallo definitivo ahí emitido. ********************En efecto, de los dispositivos antes mencionados se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia y gocen de autonomía a la cosa juzgada o vulneren derechos sustantivos de las partes, en las siguientes hipótesis:********************a) Contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y********************b) En los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados.********************En la inteligencia de que, en ambos supuestos, se harán valer las violaciones cometidas durante dichos procedimientos. ********************Al respecto, resulta oportuno citar el criterio emitido en la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." ********************Ahora bien, la parte quejosa pretende a través del juicio de amparo que promueve, que se analice la orden de desalojo y lanzamiento del lote de terreno ubicado en la Carretera Internacional al Sur, sin número, colonia Urías, Ejido de Urías, en esta ciudad, en ejecución al fallo condenatorio dictado en el juicio reivindicatorio número ******************** del índice interno del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad de Mazatlán; actos que no encuadran dentro de los supuestos de excepción antes precisados, pues su finalidad es impedir la ejecución de la sentencia, por lo cual es un acto que, interpretado a contrario sensu, comparte la naturaleza de aquellos que se han considerado dentro de la regla general (que tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia), ya que pretende impedir la ejecución alegando violaciones en el procedimiento, cuya finalidad es lograr el cumplimiento de la sentencia.********************Por lo que, no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto de actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia.********************Cabe señalar que si bien es cierto los actos dictados en la fase de cumplimiento de la sentencia no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan; también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia se determina no por el aspecto procesal formal de haber dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio.********************En consecuencia, si la finalidad de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, es evidente que ello opera también respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado; y por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia.********************Además, tampoco afecta derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada, ya que al tratar de combatir el auto que ordena el desalojo y lanzamiento del lote de terreno ubicado en la Carretera Internacional al Sur, sin número, colonia Urías, Ejido de Urías, en esta ciudad, dictado en el juicio reivindicatorio número ******************** del índice interno del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad; es con motivo de la ejecución de la sentencia definitiva; esto es, la referida orden no es ajena a la cosa juzgada en la sentencia de fondo que le puso fin al juicio de origen y en el que tienen la calidad de parte demandada; con dicho acto, no se está privando a la parte quejosa de ningún derecho fundamental, pues la orden de desalojo o lanzamiento, únicamente tiene como finalidad lograr la entrega del bien que ya fue materia de la sentencia definitiva, ante el desacato de la parte demandada en el cumplimiento.********************Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción IV, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, contrario sensu.********************Bajo esas premisas es dable concluir que la orden de lanzamiento o desalojo y su ejecución previamente descritas, no constituyen la última determinación emitida en la etapa de ejecución a la sentencia dictada en el expediente ******************** del índice interno del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. ********************Es aplicable a lo anterior, por las consideraciones que la sustentan la jurisprudencia VI.2o.C. J/253, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1331, del tomo XXI, mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, publicada bajo el rubro: ""ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN." ********************Aunado a lo anterior, de las propias manifestaciones vertidas por el promovente en el escrito inicial se aprecia que fue oído y vencido en el juicio de origen; sin desatender, desde luego, las diversas alegaciones vertidas en torno a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, pues al asistirle la calidad de parte formal, válidamente puede oponer los medios de defensa que estime pertinentes contra dicha diligencia.********************Asociado a lo antes expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293, que interpreta el artículo 107, fracción IV, de la legislación vigente y que determina que, en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo ante el desacato del ejecutado constituye un acto de la etapa de ejecución contra el que no procede el juicio de amparo.********************En la ejecutoria que dio origen a ese criterio, en lo que interesa, se determinó lo siguiente: ********************"80. Así, de los tres precedentes que aquí se han descrito no obstante fueron emitidos en análisis de preceptos de la Ley de Amparo abrogada, al referir a principios esenciales del juicio de amparo en la vía indirecta es que resultan vigentes conforme la Ley de Amparo actual, así como de los criterios emitidos por esta Primera Sala al fallar las contradicciones de tesis 74/2015 y 29/2019, se pueden establecer como reglas básicas de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados fuera o después de concluido el juicio, conforme las reglas establecidas para los actos de ejecución de sentencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente que: ********************a. Los actos judiciales dictados después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia porque no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, actos que encuadran en la hipótesis del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Ahora, si ese acto autónomo forma parte de un procedimiento, el amparo, en estos casos procede contra la última resolución y una vez que se agotaron los medios ordinarios de defensa, esto es, que se cumpla con el principio de definitividad. ********************b. Se exceptúa de cumplir con el principio de definitividad cuando el acto fuera o después de juicio, sin importar sea un acto judicial intermedio, genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos del quejoso; excepción que opera solo cuando los actos son genuinamente autónomos, esto es, independientes de la propia ejecución y que no pretenden impedirla, máxime que de ser un acto que pende de la ejecución de sentencia ya no se ubica en el primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, sino en el párrafo segundo. ********************c. Por otra parte, si se trata de actos relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, entendidos éstos como los actos que sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, el amparo procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los 3 siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. ********************d. Y, si se trata de la etapa de remate del bien materia del juicio principal, sólo podrá promoverse el juicio de amparo en contra del acto que ordene, -esto es requiera al ejecutado- indistintamente de la escrituración y/o entrega del bien adjudicado. ********************81. Una vez aclaradas las reglas de procedencia conforme la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, y conociendo cuáles son las características de los actos fuera o después de juicio que se consideran autónomos a la ejecución se responde a la interrogante principal de la presente contradicción referente a si ¿la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de la etapa de ejecución de sentencia o un acto emitido después de concluido el juicio? que se responde con la conclusión que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado constituye un acto de ejecución de la sentencia porque todos sus esfuerzos se dirigen precisamente en eso, en lograr el cumplimiento de lo sentenciado y, por ende, no puede desvincularse de la ejecución. ********************82. Máxime que los derechos y bienes que afecta ya fueron materia de juicio y constituyen cosa juzgada, por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el Juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien.********************83. Sin que la coacción que reviste la naturaleza de dichos actos pueda considerarse autónoma a la fase de ejecución de sentencia, porque dicha coacción no tiene la misma naturaleza de los medios judiciales de apremio para hacer cumplir las determinaciones del Juez, la que si bien constituye un ejercicio del apercibimiento realizado con anterioridad, éste se vincula directamente a la ejecución de lo logrado en sentencia, y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado, posee autonomía trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva********************84. Por lo que, al ser la etapa de ejecución de sentencia una garantía para el goce de ese derecho fundamental no es posible entorpecer la fase de ejecución sobre lo ya juzgado, porque finalmente lograr la ejecución de lo ya fallado y rematado viene a ser precisamente la culminación del goce exhaustivo de derecho de acceso a la justicia en una de sus vertientes." ****************************************Con base en esas consideraciones se emitió la tesis de jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que se habla: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORMELA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN.********************En esa tesitura, se concluye que el acto reclamado se sitúa en la hipótesis prevista en la jurisprudencia invocada, pues lo que reclama la parte quejosa es el auto que ordenó el lanzamiento, en ejecución de sentencia de un juicio reivindicatorio, el cual es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial que así lo ordenó y al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya.****************************************DESECHAMIENTO. Por consiguiente, al ser patente que ********************no es tercero extraño a la contienda de origen, entonces, es dable concluir que la orden de lanzamiento o desalojo que reclama no es la última determinación emitida en la etapa de ejecución a la sentencia dictada en el juicio reivindicatorio número ******************** del índice interno del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad y, por ende, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107, fracción IV, de la ley de la materia, y con el ordinal 107, fracción III, constitucional, entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113, del propio ordenamiento legal. ********************Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, intitulada: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO."********************Hágase la aclaración al peticionario de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.********************DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado calle ********************de esta ciudad y como autorizado para tales efectos en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ******************** quien tiene su cédula profesional número ********************, reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho.********************Se le tiene señalando el correo electrónico Lic.perazamo@hotmail.com, como medio no procesal.********************COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las actuaciones que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado les da la característica de inalterables.********************COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio.********************PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, del preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea".********************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. ********************LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.********************NOTIFIQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE.

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