Heylin Salazr Lahera

Expediente 273/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
273/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Heylin Salazr Lahera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, de los que se advierte que el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual concluyó con sentencia, en la que se sobreseyó, negó y concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Heylin Salazar Lahera. En auto de catorce de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. Luego, el quince de los cursantes, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días formulara las manifestaciones pertinentes en torno al cumplimiento dado al fallo protector, sin que hiciera uso de ese derecho. Así, mediante oficio INM/ORS/DJ/2389/2022, enviado vía correo electrónico institucional por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Sinaloa, con sede en esta ciudad, recibido en proveído de quince de junio de dos mil veintidós, comunicó la manera en que dio cumplimiento al aludido fallo. Ahora bien, se aprecia que los efectos del fallo protector y la forma en que la responsable dio cumplimiento a éste, se realizó de la siguiente manera: Efectos de la ejecutoria de amparo. Forma en que se acató dicha sentencia. OCTAVO. Efectos del fallo protector. En atención a las consideraciones que anteceden, en términos de lo previsto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo a Heylin Salazar Lahera, para efecto de que la autoridad responsable Subdirector de control de Verificación de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sinaloa, resuelva el procedimiento administrativo y determine la situación migratoria del quejoso, en el término de tres días. Mediante oficio INM/ORS/DJ/2389/2022, enviado vía correo electrónico institucional por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Sinaloa, con sede en esta ciudad, comunicó que el veintisiete de mayo del año en curso, declaró concluido el procedimiento administrativo migratorio E.A/1S.9/ORSIN/SCVM/0401/31-03-2022, iniciado en favor de la quejosa Heylin Salazar Lahera, en virtud de que esta última ya no acudió a dar cumplimiento al control de asistencias. Lo anterior revela que, la responsable no formuló determinación alguna respecto a la situación migratoria de la quejosa, es decir, legalizar o no su estancia en el país, por no contar con documentos vigentes que amparen su permanencia en el mismo o por haber realizado actividades distintas a las autorizadas; sin embargo, declaró concluido dicho procedimiento en virtud de que dicha impetrante ya no acudió a dar cumplimiento al control de asistencias que fue establecido como medida cautelar. Medida que, precisamente, tenía por objeto garantizar el alojamiento temporal de la quejosa extranjera en un albergue establecido para personas migrantes, para la regularización de su estancia y estatus migratorio o la asistencia para el retorno a su país de origen. Por consiguiente, se declara cumplida la sentencia acorde a lo establecido en el numeral 196 de la Ley de Amparo, sin exceso ni defecto, únicamente en lo que respecta a la resolución del procedimiento administrativo migratorio a cargo de las responsables y sin materia el cumplimiento al aludido fallo, en lo que atiende a la determinación de la situación migratoria de la quejosa. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 2/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Tomo XXVII, Enero de 2008, página 431, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Se ordena archivar el presente asunto como definitivamente concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, el sumario en que se actúa es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, al haberse concedido el amparo solicitado.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio INM/ORS/DJ/2389/2022, recibido vía correo electrónico institucional, signado por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Sinaloa, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, remitido vía correo electrónico, por medio del cual informa sobre la manera en que dio cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo y allega diversa constancia para acreditar su dicho; memorial y anexo que en atención a su contenido se ordena agregar en autos para que obren como corresponda. Atento a lo anterior, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el citado comunicado y anexo, para que en el término de tres días contado legalmente, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que, en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional declarará si la sentencia está cumplida o no, si las responsables incurrieron en exceso o defecto para ello, o si existe imposibilidad para cumplirla, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad de mérito. Por otra parte, la responsable de mérito indicó que la información contenida en el comunicado de cuenta tiene el carácter de reservada y confidencial, acorde con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; sin embargo, por ser dicha pieza documental la continente de lo relativo al cumplimiento de la sentencia aquí emitida, no puede válidamente censurarse su acceso a las partes en este cuaderno, pues de su análisis se advierte que su conocimiento resulta esencial para éstas. No obstante lo anterior, es indispensable precisar que tal circunstancia tiene como límite las disposiciones normativas en materia de acceso a la información pública, concretamente, en los casos en los que el ocurso respectivo incluya información reservada o confidencial. Así lo estimó el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 121/2014, de cuya ejecutoria derivó el criterio jurisprudencial P./J. 26/2015 (10a.), el cual resulta aplicable por las razones que informa, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, registro 2009916, cuyos rubro y texto indican: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. En consonancia con el criterio anterior y, en puntual observancia de la jurisprudencia transcrita a fin de salvaguardar la reserva y confidencialidad de los datos contenidos en el oficio del cual se provee, se precisa que aun cuando el promovente tiene expedito su derecho para consultar en su totalidad esa información dentro de las instalaciones que ocupa este recinto judicial, en presencia del personal de la adscripción, no podrá bajo ninguna circunstancia ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron la sentencia emitida en este asunto el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que las partes fueron notificadas el veintisiete siguiente, quedando comprendido dicho lapso del treinta de mayo al trece de junio del presente año. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. En razón de lo expuesto, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Titular y Subdirector de Control, ambos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, para que en el término de tres días contado legalmente, acaten el fallo protector. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se harán acreedoras por lo que a cada una corresponde a una multa de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 192 y 258 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito competente para seguir el trámite de inejecución previsto en el diverso 193, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación por el delito a que se refiere el numeral 267, fracción I, de la ley reglamentaria en cita. En el entendido de que si se cumple con la sentencia amparadora en forma extemporánea, sin justificación, se harán efectivos los apercibimientos indicados en el párrafo que antecede, con apoyo en el ordinal 195 de la mencionada Ley de Amparo.

  4. Principal

    PRIMERO. Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por Heylin Salazar Lahera, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Heylin Salazar Lahera, contra los actos consistente en el libre tránsito en todo el territorio nacional que reclamó del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad y otra autoridad, por los motivos especificados en el considerando séptimo de esta resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Heylin Salazar Lahera, contra el acto consistente en la omisión de dictar la resolución en el procedimiento que reclamó del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad y otra autoridad, por los motivos especificados en el considerando séptimo de esta resolución, para los efectos del octavo. CUARTO. En términos del último considerando de este fallo, se ordena su publicación con supresión de datos personales.

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