Hermila Angulo Burgos
Expediente 886/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 886/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Hermila Angulo Burgos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se tiene registro de promoción alguna que indique que la parte promovente de amparo, recurrió el auto de doce de enero del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda constitucional, dictado por este juzgado, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo. Esto considerando que la parte promovente fue notificada por lista publicada en los estrados de este órgano jurisdiccional, el trece de enero de la presente anualidad, quedando comprendido dicho plazo del diecisiete al veintitrés de los citados mes y año. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es destruible, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente expediente.
- Principal
Téngase recibido y agréguese para que obre como corresponda el oficio 3097/2022, signado autógrafamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, a través del cual informa que hizo disponible el juicio de amparo 1561/2021-VII-B de su estadística interna. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos de los cuales se advierte que en proveído de once de noviembre de dos mil veintidós, se reservó acordar lo relativo a la admisión o no de la demanda de amparo que nos ocupa hasta en tanto la autoridad oficiante informara lo atinente a lo solicitada por este juzgado federal en oficio 21708/2022 de veinte de octubre de dos mil veintidós, hecho procesal ya ocurrido, en consecuencia se procede a realizar el pronunciamiento respectivo. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Conforme lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda de amparo y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resulten improcedentes. En la inteligencia de que, por manifiesto, se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por consiguiente y tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien esto provee estima que en la especie se surte la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo establecido en los ordinales 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, por las razones siguientes: De los dispositivos en cita se obtiene que, para efectos del procedimiento constitucional, tienen el carácter de autoridades aquellas entidades o particulares que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese contexto, las autoridades para efectos del juicio de amparo, están dotadas conforme a la ley, de facultades de decisión, ejecución y de competencia legal necesaria para realizar actos de naturaleza jurídica que afectan la esfera de los particulares. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad, al sustentar con posterioridad la tesis del rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." de la que, en síntesis, debe destacarse que para los efectos del juicio de amparo es autoridad aquella que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: i). Que tenga particularidades de órgano público. ii). Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y iii). Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente público que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero siempre partiendo de la premisa fundamental de que no debe tratarse de un particular. En ese sentido, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad. Por lo que resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. En ese orden de ideas, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario, laboral, etcétera. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/99, precisó como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Las anteriores consideraciones, dieron lugar a la tesis 2a./J. 164/2011 visible a página 39 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Noviembre de 2001, cuyo rubro dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." En el caso, la quejosa reclamó del Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México, entre otras autoridades, la orden y ejecución de la retención o descuentos a su salario, como trabajadora activa, que aparecen plasmados en su recibo de nómina derivados de créditos administrados por las empresas identificadas como Famsa, Consupago y Finmart. Sin embargo, dichas dependencias, no actúan como autoridades para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, los descuentos impugnados, no son combatibles a través del juicio constitucional, sino que se está en presencia de reclamos que guardan relación con la relación laboral existente entre la quejosa como trabajadora activa de la Secretaría de Educación Pública Federal, subrogado a Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, está última en su carácter de patrón, particularmente por los descuentos o deducciones que se aplican a su salario. Es por ello, que dichos entes señalados como autoridades responsables sólo actúan en su función de patrón, y así se encuentran en un plano de igualdad con la quejosa, sin la posibilidad de actuar con imperio; de manera tal que sus actos, en todo caso, pueden cuestionarse ante las autoridades comunes de la materia, en términos de lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Así, la relación jurídica surgida entre la parte trabajadora y las dependencias públicas para las que presta sus servicios no corresponden al ámbito de supra subordinación, sino que se trata de una relación laboral de coordinación. En efecto, no debe perderse de vista que los actos reclamados se hacen consistir, en las retenciones o descuentos que se hacen a las percepciones que como trabajadora activa de la Secretaría de Educación Pública Federal, federalizada y administrada por Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa (SEPDES); es decir, según menciona ésta en su escrito de demanda, actualmente labora como servidor público (maestra activa) para dicha dependencia, por lo que no cabe duda que dicha dependencia y el Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública, no actuaron como autoridad para efectos del juicio de amparo, es decir, de manera unilateral, coercitiva e imperativamente. Sino que ciertamente operaron en su carácter de patrón, puesto que las deducciones o descuentos impugnados, las verificaron, precisamente, atendiendo a la relación laboral existente con la quejosa como trabajadora de la educación a cargo del Estado de Sinaloa, por lo que, al encontrarse en un plano de igualdad con éstas, tales reclamos, ciertamente no son susceptibles de controvertirse mediante el juicio constitucional, y así, en todo caso, pueden cuestionarse ante las autoridades comunes de la materia, en términos de lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. No es obstáculo para lo anterior que la parte quejosa sea maestra a cargo de la Secretaría de Educación Pública Federal, sin embargo, como se ha precisado, la administración y responsabilidades solidarias recaen en Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa (SEPDES), Resulta aplicable, por el principio jurídico que desarrolla, la tesis aislada 2a.LXXII/97, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro digital 198463, de rubro siguiente: COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CONOCER DE LOS CONFLICTOS EN QUE SE DEMANDE A LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL. En efecto, al tratarse de una relación laboral esta segunda función del Gobierno del Estado de Sinaloa, es que se instituye un órgano jurisdiccional local denominado Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, ante la cual deberán resolverse los conflictos laborales entre el referido organismo y sus trabajadores, así se advierte del referido artículo 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Con lo anterior se demuestra que en la referida relación laboral, el Gobierno del Estado de Sinaloa no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón, es decir desde un plano de igualdad con la quejosa, aquí recurrente. Ello es así porque una nota distintiva de las relaciones de coordinación, en la cual las partes actúan en un plano de igualdad, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 10/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, página 92, Octava Época, registro digital 205876, que estatuye: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Una vez destacado lo anterior, si como ya se dijo, los actos en reclamo se hicieron consistir en los descuentos o deducciones al salario realizados por el Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública, a la nómina de la trabajadora activa adscrita al Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa (SEPDES), es inconcuso entonces que dichos funcionarios no tienen el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo, en tanto que éstos derivan de su calidad de patrón de la quejosa. Verbigracia, si la Corte ha sostenido que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social actúa en sustitución del patrón no es autoridad para el juicio de amparo, es evidente que los actos que deriven de la relación laboral entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y el quejoso -por analogía- tampoco pueden considerarse como de autoridad. Máxime, que -como se dijo- el artículo 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa vigente, prevé que las controversias surgidas entre este órgano y sus trabajadores serán resueltas por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, donde aquel organismo acude en su carácter de parte patronal y no como autoridad. Similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosegundo Circuito con sede en esta ciudad al resolver el amparo en revisión laboral 129/2021. En las condiciones apuntadas, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, relacionada con los ordinales 1° y 5°, fracción II, éste último interpretado en sentido contrario, ambos de la misma legislación.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que por oficio 21708/2022, se solicitó al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, la vinculación de los juicios de amparo 1035/2022 y 1561/2021, sin que a la fecha haya informado lo pertinente. En consecuencia, requiérase nuevamente al citado Juzgado Federal, para que, de no existir inconveniente legal o material alguno, ordene a quien corresponda a fin de que realice las gestiones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el propósito de que los anotados juicios de amparo indirecto sean vinculados al presente juicio. Hecho lo anterior, deberá comunicarlo a este juzgado, dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación; lo anterior, a fin de proveer lo que corresponda en el presente asunto.
- Principal
Téngase recibido el escrito signado por la quejosa Hermila Angulo Burgos, y copias que acompaña, a través del cual desahoga la prevención formulada en proveído de veinte de octubre del año en curso, por lo que en tiempo y forma se tiene desahogado el citado requerimiento. No obstante, se reserva proveer sobre la admisión o no de la demanda de amparo, hasta en tanto el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, desahogue el requerimiento formulado en el oficio 21708/2022 y habilite para su vinculación al presente juicio, los amparos 1035/2022 y 1561/2021 de su índice administrativo.
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