Higinio Lizárraga Lizárraga

Expediente 320/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
320/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Higinio Lizárraga Lizárraga

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el registro electrónico de oficialía de partes de este juzgado, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la parte quejosa recurrió el auto de desechamiento dictado por este juzgado el diecisiete de abril del año en curso, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que ésta fue notificada el veinte siguiente, quedando comprendido dicho plazo del veinticuatro al veintiocho de los citados mes y año. Sentado lo anterior, se declara que el auto de desechamiento dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por ********************, por su propio derecho, contra actos de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Sinaloa "2", con residencia en esta ciudad. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 320/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Del estudio integral realizado al planteamiento de reclamo contenido en el manuscrito inicial de demanda, así como de los antecedentes del mismo, se desprende que la parte quejosa reclama la negativa emitida a través de la respuesta de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, por el Servicio de Administración Tributaria, a la solicitud de modificación de su Registro Federal de Contribuyentes, por contener datos erróneos. Ahora bien, el suscrito estima que en el caso se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, la jurisprudencia ha establecido que por la palabra "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexos. Por la palabra "indudable", implica que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En el caso, la demanda que se atiende es improcedente respecto al acto que se analiza, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el juicio de amparo en materia administrativa procederá únicamente contra actos definitivos; es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificados, revocados o anulados, ya que de ser así, el medio de impugnación correspondiente debe agotarse antes de acudir a la jurisdicción constitucional. Asimismo, el citado precepto y la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo establecen como excepciones al principio de definitividad, las siguientes: i) El acto reclamado carezca de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. ii) La legislación ordinaria no prevea la suspensión de los actos reclamados. iii) La medida cautelar establecida en el ordenamiento respectivo, no tenga los mismos alcances o se exijan mayores requisitos para concederla que en la Ley de Amparo. iv) El plazo para otorgar la suspensión sea mayor en la normatividad ordinaria que el previsto en la Ley de Amparo. De actualizarse alguno de los supuestos especificados, el juicio de amparo podrá promoverse en forma inmediata, sin que sea necesario agotar los recursos ordinarios. Sobre el tema es oportuno citar los artículos 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como los numerales 1, 2, 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De la intelección de los preceptos mencionados se obtiene que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan, entre otros actos, contra las resoluciones y actos administrativos dictados por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, que causen un agravio en esa materia. En ese contexto, si la parte quejosa reclama la negativa emitida a través de la respuesta de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, por el Servicio de Administración Tributaria, a la solicitud de modificación de su Registro Federal de Contribuyentes, por contener datos erróneos, se ubica en la hipótesis referida y por ende debió agotar el aludido medio ordinario de defensa. Lo anterior, porque en la especie no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad, como se explica enseguida: 1) El acto reclamado no carece de fundamentación. La exigencia de fundamentación del acto reclamado encuentra justificación en la amplia gama de legislaciones existentes en materia administrativa; lo que implica la necesidad de que el particular conozca de manera exacta cuál ley es la aplicable al caso concreto, y por ende, el medio idóneo para impugnar el acto de autoridad. Por tanto, resulta indispensable que en el acto reclamado se citen los preceptos legales que sirvieron de fundamento para emitirlo. Además, para considerar que se configura esta excepción al principio de definitividad, la ausencia de fundamentación debe ser absoluta, no sólo indebida o insuficiente, pues en este supuesto, aun y cuando el acto carezca en parte de tales requisitos o hechos inadecuados para fundar el acto, deben interponerse los medios de defensa correspondientes. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, Volumen 175-180, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, que se transcribe a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION." Así, de la lectura de la negativa reclamada se advierte como fundamento el siguiente: "Disposiciones Jurídicas Aplicables: Artículo 27, apartado C, fracciones V y VIII del Código Fiscal de la Federación. Artículos 29, fracción III y Artículo 30, fracción II del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Regla 2.5.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022. Ficha de Trámite 250/CFF 'Solicitud de modificación de la clave en el RFC asignada por el SAT, para asalariados', contenida en el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2022". En consecuencia, no resulta aplicable esta excepción, pues como se apuntó, para que opere es necesaria la omisión absoluta de preceptos legales, lo cual no acontece. 2) La legislación ordinaria prevé la suspensión de los actos reclamados. Para relevar a la parte quejosa de agotar el medio ordinario de defensa, se requiere que la norma jurídica respectiva no prevea la suspensión del acto reclamado; sin embargo, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo sí prevé esta figura, como se expondrá enseguida, por lo que tampoco opera esta excepción. 3) La medida cautelar prevista en el ordenamiento respectivo tiene los mismos alcances y no prevé mayores requisitos para concederla que la Ley de Amparo. Los dispositivos 24 y 28 del ordenamiento invocado prevén lo siguiente: "Artículo 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, salvo en los casos en que se ocasione perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y con el fin de asegurar la eficacia de la sentencia, el Magistrado Instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentra, así como todas las medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá exclusivamente de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 28 de esta Ley. Las demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de conformidad con el procedimiento previsto en la presente disposición jurídica y los artículos 24 Bis, 25, 26 y 27 de esta Ley. Durante los periodos de vacaciones del Tribunal, en cada región un Magistrado de Sala Regional cubrirá la guardia y quedará habilitado para resolver las peticiones urgentes sobre medidas cautelares o suspensión del acto impugnado, relacionadas con cuestiones planteadas en la demanda." "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." En ese sentido, al resolver la Contradicción de Tesis 222/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que: a) La legislación ordinaria prevé la suspensión del acto impugnado, concretamente en su artículo 28. b) Los alcances que otorga la ley federal en comento, a la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, en esencia, son los mismos que tiene la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. c) Por otra parte, para la procedencia de la medida cautelar, la legislación ordinaria invocada no prevé mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión del acto reclamado. d) En ambas legislaciones se estipula que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, la suspensión otorgada surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora o ejecutora, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. e) De igual manera, ambos ordenamientos contemplan la posibilidad de reducir el monto de la garantía, cuando la suma de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso y si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. f) Asimismo, existe similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros y los casos en que la medida cautelar quedará sin efectos. g) Aunado a que las legislaciones comparadas son coincidentes en señalar que la suspensión se tramitará por cuerda separada y podrá ser pedida en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Las anteriores consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 27/2016, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, localizable con el registro electrónico 2011289, que se reproduce a continuación. "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." Circunstancias que permiten considerar que el medio de defensa ordinario prevé la suspensión de los actos reclamados con mayores alcances y sin más requisitos para obtener la suspensión, que los artículos 128, 131, 132 y 136, de la Ley de Amparo ; por lo que no se actualiza esa hipótesis de excepción al principio de definitividad. 4) El plazo para otorgar la suspensión no sea mayor en la normatividad ordinaria que el establecido en la Ley de Amparo. En cuanto al plazo para proveer respecto de la medida cautelar, en la diversa contradicción de tesis 177/2014, se determinó que la fracción III, inciso c), del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que el Magistrado Instructor debe conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. Plazo que es coincidente con el establecido en los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la Jurisprudencia 19/2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro 2008807, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Por lo razonado, se concluye que no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo que la parte quejosa debió promover el juicio contencioso federal antes de instar el presente juicio de amparo. DESECHAMIENTO. Por consiguiente, al ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113, del propio ordenamiento legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ******************** número********************, colonia ********************, en esta ciudad, y como autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado ********************, quien tiene su cédula profesional ********************, reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a ********************y ********************, en términos de la parte final del numeral citado en segundo orden. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, del preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. NOTIFIQUESE; PERSONALMENTE AL PROMOVENTE.

  3. Principal

    De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte quejosa, la determinación de fecha diecisiete de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual en síntesis se acordó: RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por ********************, por su propio derecho, contra actos de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Sinaloa "2", con residencia en esta ciudad. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 320/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Del estudio integral realizado al planteamiento de reclamo contenido en el manuscrito inicial de demanda, así como de los antecedentes del mismo, se desprende que la parte quejosa reclama la negativa emitida a través de la respuesta de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, por el Servicio de Administración Tributaria, a la solicitud de modificación de su Registro Federal de Contribuyentes, por contener datos erróneos. Ahora bien, el suscrito estima que en el caso se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, la jurisprudencia ha establecido que por la palabra "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexos. Por la palabra "indudable", implica que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En el caso, la demanda que se atiende es improcedente respecto al acto que se analiza, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el juicio de amparo en materia administrativa procederá únicamente contra actos definitivos; es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificados, revocados o anulados, ya que de ser así, el medio de impugnación correspondiente debe agotarse antes de acudir a la jurisdicción constitucional. Asimismo, el citado precepto y la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo establecen como excepciones al principio de definitividad, las siguientes: i) El acto reclamado carezca de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. ii) La legislación ordinaria no prevea la suspensión de los actos reclamados. iii) La medida cautelar establecida en el ordenamiento respectivo, no tenga los mismos alcances o se exijan mayores requisitos para concederla que en la Ley de Amparo. iv) El plazo para otorgar la suspensión sea mayor en la normatividad ordinaria que el previsto en la Ley de Amparo. De actualizarse alguno de los supuestos especificados, el juicio de amparo podrá promoverse en forma inmediata, sin que sea necesario agotar los recursos ordinarios. Sobre el tema es oportuno citar los artículos 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como los numerales 1, 2, 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De la intelección de los preceptos mencionados se obtiene que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan, entre otros actos, contra las resoluciones y actos administrativos dictados por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, que causen un agravio en esa materia. En ese contexto, si la parte quejosa reclama la negativa emitida a través de la respuesta de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, por el Servicio de Administración Tributaria, a la solicitud de modificación de su Registro Federal de Contribuyentes, por contener datos erróneos, se ubica en la hipótesis referida y por ende debió agotar el aludido medio ordinario de defensa. Lo anterior, porque en la especie no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad, como se explica enseguida: 1) El acto reclamado no carece de fundamentación. La exigencia de fundamentación del acto reclamado encuentra justificación en la amplia gama de legislaciones existentes en materia administrativa; lo que implica la necesidad de que el particular conozca de manera exacta cuál ley es la aplicable al caso concreto, y por ende, el medio idóneo para impugnar el acto de autoridad. Por tanto, resulta indispensable que en el acto reclamado se citen los preceptos legales que sirvieron de fundamento para emitirlo. Además, para considerar que se configura esta excepción al principio de definitividad, la ausencia de fundamentación debe ser absoluta, no sólo indebida o insuficiente, pues en este supuesto, aun y cuando el acto carezca en parte de tales requisitos o hechos inadecuados para fundar el acto, deben interponerse los medios de defensa correspondientes. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, Volumen 175-180, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, que se transcribe a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION." Así, de la lectura de la negativa reclamada se advierte como fundamento el siguiente: "Disposiciones Jurídicas Aplicables: Artículo 27, apartado C, fracciones V y VIII del Código Fiscal de la Federación. Artículos 29, fracción III y Artículo 30, fracción II del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Regla 2.5.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022. Ficha de Trámite 250/CFF 'Solicitud de modificación de la clave en el RFC asignada por el SAT, para asalariados', contenida en el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2022". En consecuencia, no resulta aplicable esta excepción, pues como se apuntó, para que opere es necesaria la omisión absoluta de preceptos legales, lo cual no acontece. 2) La legislación ordinaria prevé la suspensión de los actos reclamados. Para relevar a la parte quejosa de agotar el medio ordinario de defensa, se requiere que la norma jurídica respectiva no prevea la suspensión del acto reclamado; sin embargo, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo sí prevé esta figura, como se expondrá enseguida, por lo que tampoco opera esta excepción. 3) La medida cautelar prevista en el ordenamiento respectivo tiene los mismos alcances y no prevé mayores requisitos para concederla que la Ley de Amparo. Los dispositivos 24 y 28 del ordenamiento invocado prevén lo siguiente: "Artículo 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, salvo en los casos en que se ocasione perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y con el fin de asegurar la eficacia de la sentencia, el Magistrado Instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentra, así como todas las medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá exclusivamente de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 28 de esta Ley. Las demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de conformidad con el procedimiento previsto en la presente disposición jurídica y los artículos 24 Bis, 25, 26 y 27 de esta Ley. Durante los periodos de vacaciones del Tribunal, en cada región un Magistrado de Sala Regional cubrirá la guardia y quedará habilitado para resolver las peticiones urgentes sobre medidas cautelares o suspensión del acto impugnado, relacionadas con cuestiones planteadas en la demanda." "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." En ese sentido, al resolver la Contradicción de Tesis 222/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que: a) La legislación ordinaria prevé la suspensión del acto impugnado, concretamente en su artículo 28. b) Los alcances que otorga la ley federal en comento, a la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, en esencia, son los mismos que tiene la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. c) Por otra parte, para la procedencia de la medida cautelar, la legislación ordinaria invocada no prevé mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión del acto reclamado. d) En ambas legislaciones se estipula que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, la suspensión otorgada surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora o ejecutora, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. e) De igual manera, ambos ordenamientos contemplan la posibilidad de reducir el monto de la garantía, cuando la suma de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso y si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. f) Asimismo, existe similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros y los casos en que la medida cautelar quedará sin efectos. g) Aunado a que las legislaciones comparadas son coincidentes en señalar que la suspensión se tramitará por cuerda separada y podrá ser pedida en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Las anteriores consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 27/2016, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, localizable con el registro electrónico 2011289, que se reproduce a continuación. "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." Circunstancias que permiten considerar que el medio de defensa ordinario prevé la suspensión de los actos reclamados con mayores alcances y sin más requisitos para obtener la suspensión, que los artículos 128, 131, 132 y 136, de la Ley de Amparo ; por lo que no se actualiza esa hipótesis de excepción al principio de definitividad. 4) El plazo para otorgar la suspensión no sea mayor en la normatividad ordinaria que el establecido en la Ley de Amparo. En cuanto al plazo para proveer respecto de la medida cautelar, en la diversa contradicción de tesis 177/2014, se determinó que la fracción III, inciso c), del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que el Magistrado Instructor debe conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. Plazo que es coincidente con el establecido en los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la Jurisprudencia 19/2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro 2008807, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Por lo razonado, se concluye que no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo que la parte quejosa debió promover el juicio contencioso federal antes de instar el presente juicio de amparo. DESECHAMIENTO. Por consiguiente, al ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113, del propio ordenamiento legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ******************** número********************, colonia ********************, en esta ciudad, y como autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado ********************, quien tiene su cédula profesional ********************, reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a ********************y ********************, en términos de la parte final del numeral citado en segundo orden. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, del preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

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