Hector Vazquez Baez
Expediente 781/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 781/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 06/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Hector Vazquez Baez
- Juez de Ejecución de Sentencias Penales, del Estado de Puebla, Lic. Ana Alicia Ponce Frias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Puebla, Puebla, seis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: DESTINO PRINCIPAL Es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso a) del acuerdo general citado porque se sobreseyó en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. DESTINO ORIGINAL DE INCIDENTE En relación al cuaderno incidental, es destruible de conformidad con el inciso c) del citado artículo 21, del acuerdo general aludido, pues se negó la medida cautelar solicitada, debiéndose conservar por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste. DESTINO DUPLICADO DEL INCIDENTE Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del mencionado del acuerdo general citado, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincidan en totalidad. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
En Puebla, Puebla, a las nueve horas con treinta y seis minutos del treinta de noviembre de dos mil veinteen el expediente relativo al juicio de amparo 591/2020, promovido por Héctor Vázquez Báez; en audiencia pública Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, quien actúa asistido de José Doger Amador, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional, sin asistencia de las partes. Al efecto, el secretario certifica y hace constar que las partes no manifestaron su deseo de que la presente audiencia se realice a través de videoconferencia, conforme al requerimiento contenido en el acuerdo de catorce de octubre de dos mil veinte, esto es, manifestar su interés por asistir a la presente audiencia a través de video conferencia. El juez provee: vista la certificación secretarial, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo aludido y se procede a desahogar la audiencia en la forma tradicional. Enseguida, con fundamento en el numeral 123 de la ley de la materia el juez abre el periodo probatorio, el secretario da cuenta con la documental que remitió la Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante, consistente en copia certificada de actuaciones deducidas de la carpeta de ejecución 408/2017/JESI/E de su índice. El juez acuerda: Se tienen por admitidas y desahogadas las citadas documentales en razón de su propia naturaleza, al no existir prueba pendiente por ofrecer, ni desahogar, se cierra la etapa respectiva. Luego, el juez declara abierta la fase de alegatos, en la que el secretario da cuenta con los formulados por la parte quejosa y hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo tanto, el juez, tiene al impetrante formulando alegatos y cierra este periodo. A continuación, se dicta la siguiente sentencia.Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 781/2020, promovido por Héctor Vázquez Báez; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por demanda presentada el nueve de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y remitida a este juzgado federal en el veinticuatro siguiente, Héctor Vázquez Baez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de la Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante y otras autoridades, por considerar que los actos reclamados infringen los artículos 18, 21 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos actos los hizo consistir en el acuerdo de once de mayo de dos mil veinte a través del cual se realizó el cómputo de la pena impuesta en el proceso 42/2011, del índice del juzgado Penal de Cholula, Puebla, y en el que como consecuencia se le indicó que era improcedente su petición de que obtuviera su boleta de libertad, pues dicha sanción la compurgaría hasta el veintiocho de septiembre de dos mil veintisiete; emitida dentro de la carpeta de ejecución 408/2017/JESI/E y su ejecución. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de catorce de octubre de dos mil veinte, este juzgado federal formó, registro y admitió a trámite el juicio de amparo 781/2020; solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación de esta adscripción; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Puebla, entidad en la que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene indicar con precisión los actos combatidos, para lo cual debe decirse que del estudio integral de la demanda de amparo así como de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: - El acuerdo de once de mayo de dos mil veinte a través del cual se realizó el cómputo de la pena impuesta en el proceso 42/2011, del índice del juzgado Penal de Cholula, Puebla, y en el que como consecuencia se le indicó que era improcedente su petición de que obtuviera su boleta de libertad, pues dicha sanción la compurgaría hasta el veintiocho de septiembre de dos mil veintisiete; y su ejecución. Acto que se emitió en la carpeta de ejecución 408/2017/JESI/E, del índice del juzgado responsable. TERCERO. Certeza de los actos. Es cierto el acto reclamado a la Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante, consistente en el acuerdo de once de mayo de dos mil veinte a través de la que determinó improcedente su petición de expedirle su boleta de libertad respecto de la pena privativa de la libertad cuya ejecución se tramita en la carpeta de ejecución 408/2017/JESI/E, por así reconocerlo al rendir su respectivo informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada del referido expediente que dicho juez remitió en apoyo a su informe; de las cuales es posible advertir que el órgano jurisdiccional responsable en ejercicio de sus funciones emitió el acto reclamado, de ahí que debe desvirtuare la negativa del acto de ejecución reclamado al Director del Centro de Reinserción Social del Cholula, en tanto que le corresponde ejecutar la prisión del aquí quejoso. Por otra parte, debe presumirse cierto el acto de ejecución reclamado a la Directora General de Sanciones y Medidas Cautelares del Estado, en conformidad con el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, en virtud de que a pesar de ser notificado el veintiséis de octubre del actual, ha sido omisa en rendir su correspondiente informe justificado. CUARTO. Sobreseimiento ante la actualización de causales de improcedencia. En cumplimiento a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo se actualiza una causa de improcedencia que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio. En el caso, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en tanto que han cesado los efectos del acto reclamado. Para precisar los alcances de la expresión "cesado los efectos" resultan útiles las consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar lo dispuesto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, por que dicha disposición y la transcrita son idénticas. La sala en cita estimó que la improcedencia del juicio por cesación de efectos ocurre cuando éstos fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo a la parte quejosa; esto es, como si el acto no hubiera invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, ya que la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá en la esfera de derechos del quejoso. La interpretación aludida puede advertirse en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". En el caso, el quejoso reclama el acuerdo de once de mayo de dos mil veinte a través del cual se realizó el cómputo de la pena impuesta en el proceso 42/2011, del índice del juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, y como consecuencia determinó improcedente su petición de expedirle su boleta de libertad, bajo el argumento de que la compurgaría hasta el veintiocho de septiembre de dos mil veintisiete. Ahora bien, de autos se advierte que el juez responsable mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete, tuvo por recibida la sentencia dictada en el proceso 42/2011 por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, y dio inicio al expediente generador del acto reclamado indicando que la pena sería compurgada el once de mayo de dos mil dieciocho. Posteriormente, en diverso de nueve de octubre de ese mismo año indicó que toda vez que el impetrante de amparo se encontraba compurgando la pena impuesta en el proceso penal 35/2011 del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, la pena impuesta en la diversa causa penal 42/2011 la iniciaría a compurgar del veinte de septiembre de dos mil vente misma que fenecería el veintiocho de septiembre de dos mil veintisiete. Mediante escrito presentado ante la juez responsable el veinticuatro de enero de dos mil veinte el quejoso solicitó al juez responsable le expidiera la boleta de liberad por estimar que había trascurrido en exceso la pena impuesta en el citado proceso 42/2011. Petición que la responsable declaró improcedente en proveído de once de mayo del presente, al estimar que la pena impuesta en el proceso 42/2011 empezaría a contar a partir del veintiocho de julio del actual y la compurgaría hasta el veintiocho de septiembre de dos mil veintisiete; determinación que constituye el acto reclamado. Finalmente, la juez de ejecución de sentencias en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte, realizó un nuevo cómputo de la pena impuesta indicando que la pena impuesta al quejoso dentro del proceso 42/2011 quedará compurgada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, determinación que el quejoso ya impugnó en el diverso juicio de amparo 917/2020 del índice de este órgano jurisdiccional. Por tanto, lo resuelto el once de mayo del actual fue sustituido por la diversa determinación de diecinueve de octubre del actual y, en consecuencia, cesaron sus efectos. Lo que implica que la determinación por la cual se negó al quejoso la obtención de su boleta de libertad respecto de la sentencia impuesta en el proceso 42/2011, pues de acuerdo al computó ahí establecido la pena quedaría purgada el veintiocho de septiembre del año dos mil veintisiete, fue remplazada por el diverso de diecinueve de octubre del actual, en la que se estableció que dicha sanción quedaría compurgada el veintisiete de septiembre del próximo año, lo que implica que los efectos de la determinación reclamada dejaron de afectar los derechos fundamentales del quejoso, como si esta no hubiese existido. Ante ello, resulta inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado; por lo que procede sobreseer en el juicio de garantías en conformidad con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, mismo que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras al no haberse reclamado por vicios propios QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 63, fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Amparo se, RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Héctor Vázquez Báez, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso cuarto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo.
- Incidental
Puebla, Puebla, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez de Ejecución de Sentencias Penales itinerante mediante el cual rinde su informe previo; sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento en razón a que se resolvió lo conducente respecto de dicha autoridad en interlocutoria de veinte de octubre de dos mil veinte.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta con anexo de la parte quejosa ******************** y de la Directora del Centro Penitenciario Regional de Cholula, Puebla, visto su contenido se provee: Respecto del escrito de la parte quejosa ******************** tiene por anunciada la documental que acompañó a su escrito de cuenta, sin perjuicio de que se haga relación de esta y se provea sobre su admisión al momento de celebrar la audiencia constitucional; en el mismo sentido se tienen por formulados los alegatos sobre los que se proveerá en el desahogo de la audiencia de mérito. Respecto del oficio con anexo de la autoridad responsable a través del cual rinde su informe con justificación, se da vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo para que manifiesten lo que a su interés convenga.
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