Heladio Alejandro Cruz Castillo

Expediente 775/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
775/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/08/2022

Partes del expediente

  • Heladio Alejandro Cruz Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    ... Vistos; el recurso de queja no fue interpuesto en contra del auto de desechamiento de veinte de julio de dos mil veintidós; por ende, causó estado. Al no haber materia para ejecución este asunto está concluido; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese; háganse las anotaciones respectivas VALORACION DOCUMENTAL Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden a ese cuerpo normativo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 se determina: Relevancia documental El cuaderno principal carece de ésta al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15. Juicio principal Es DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso d), porque la demanda fue DESECHADA; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. CARATULA En conformidad con lo establecido en el artículo 35 háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la determinación dictada en el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto del Agente del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, Lic. Ernesto Jesús Ramírez Jiménez. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 775/2022. Ahora bien, antes de admitir la demanda de amparo debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ***, señala como acto reclamado destacado la omisión de devolver el vehículo asegurado marca chevrolet, línea beat, color blanco, modelo 2018, con numero de MA6CB5CD1JT076541 y placas de circulación UBG7542 del Estado de Puebla, solicitado dentro de la carpeta de investigación 5152/2019/TEHUA, Agente del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, Lic. Ernesto Jesús Ramírez Jiménez. Sentado lo anterior, debe decirse que respecto de dicho acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior a virtud de que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé un medio de defensa mediante el cual el quejoso esta en aptitud de acudir ante la autoridad judicial ordinaria a solicitar que se le restituyera en sus derechos de víctima, antes de promover el juicio de amparo. En el caso, a la parte quejosa le reviste carácter de víctima dentro de la indagatoria 5152/2019/TEHUA, misma que conforme al relato del quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, señaló que el diecisiete de noviembre del año dos mil diecinueve presentó denuncia por robo de vehículo ante el agente del Ministerio Público Orientador, radicándose la NUAT 1659/2019/TEHUA, que al haber sido recuperado su vehículo se acumuló a la carpeta de investigación 5152/2019/TEHUA del índice de la autoridad responsbale; manifestación que constituye una confesión expresa y tiene valor probatorio peno conforme a los artículos 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su artículo 2. Además, refiere que en dicha indagatoria obran datos de prueba suficientes y que, a la presentación de esta demanda de amparo no ha recaído acuerdo a sus peticiones respecto de la devolución de su vehículo lo que estima transgrede sus derechos ya que existe una demora en la procuración de justicia y un detrimento en su patrimonio, toda vez que refiere ser el legítimo propietario y haber acreditado la propiedad del mismo, pues han trascurrido casi tres años desde su aseguramiento y hasta la fecha no se ha pronunciado respeto a la devolución. Esto es, la parte quejosa plantea la omisión de acordar la devolución del vehículo que refiere es de su propiedad. Ahora bien, el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en favor de las víctimas y de los ofendidos de los delitos, la posibilidad del restablecimiento de las cosas al estado previo, para lo cual, en cualquier estado del procedimiento pueden solicitar al órgano jurisdiccional, como medida provisional y cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. En congruencia con lo anterior, se observa que en términos del artículo 3º, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de control es el órgano jurisdiccional que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Conforme al diverso 211, fracción I, inciso a) de esa misma codificación, el procedimiento penal comprende desde la investigación inicial. Luego, es indiscutible la posibilidad de intervención del juez de control desde que inicia la investigación, claro, a petición de las partes. Por tanto, es innegable que el Juez de Control puede intervenir a ejercer control en la etapa de investigación, desde que ésta inicia; intervención que debe realizar con miras a proteger los derechos de las partes, entre ellos, de las víctimas y de los ofendidos, tal como expresamente está previsto en el artículo 134, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior se robustece y corrobora con las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, en donde analizó, entre otros, los temas siguientes: I. La etapa de investigación - inicial y complementaria- en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y las omisiones del Ministerio Público en dicha etapa; II. La figura del juez de control; III. Los derechos de la víctima u ofendido y particularmente el relativo a impugnar ante autoridad judicial las decisiones del Ministerio Público. De ello, destaca que la Primera Sala observó que en el artículo 16 constitucional, con motivo de las reformas de junio de dos mil ocho que implementaron el sistema de justicia penal acusatorio, se prevé la existencia de los jueces de Control, quienes resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, de las solicitudes de distintos actos y garanticen los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos; el párrafo es del texto siguiente: ".Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." Ejecutoria en la que, en cuanto a la tarea que deben desempeñar los jueces de Control en todas las fases desde la investigación hasta antes de iniciar juicio, la Primera Sala identificó que el legislador permanente estableció en su exposición de motivos de la reforma aludida, que los jueces de Control también deben conocer las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. La Primer Sala destacó que los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales y que por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. De igual manera dijo que el juez de Control tiene dos principales funciones, una de carácter cautelar y otra de cognición. Las primeras implican, entre otra, garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas, versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes. Todo ello puede observarse en la transcripción conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis citada: II. La figura del juez de control 54.- Con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció en el artículo 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Federal, la figura del juez de control, en los siguientes términos: "Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." 55.- En el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, de once de diciembre de dos mil siete, se puntualizó lo siguiente: "Se prevé la inclusión de un juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho." 56.- Además, en el Dictamen de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: "Conscientes de la realidad compleja que vive nuestro país y particularmente de la rapidez con que varían las circunstancias propicias para la realización de una diligencia de las antes mencionadas, se coincide con la preocupación de apoyar el Estado de Derecho y de manera sobresaliente el combate a la delincuencia de alto impacto, por lo que sin perjuicio de la responsabilidad del Ministerio Público, se estima necesario establecer la existencia de jueces de control que se aboquen a resolver las medidas provisionales y demás diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones, que podrán ser comunicadas por cualquier medio fehaciente y contengan los datos requeridos. (.) Otra atribución del juez de control sería conocer las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. Este tipo de jueces podrán ser los que substancien las audiencias del proceso, preliminares al juicio, las cuales desde luego que se regirán por los principios generales del proceso, previstos en el artículo 20 propuesto en la minuta, ya que dependerá de la organización que las leyes establezcan pero también de las cargas laborales y los recursos disponibles, en razón de que seguramente en circuitos judiciales de alta incidencia delictiva, se requerirá de algún o algunos jueces que se aboquen sólo a resolver las medidas, providencias y técnicas señaladas, otros jueces que se constriñan a revisar las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, que pueden ser miles, y otros jueces más que se responsabilicen de substanciar el proceso hasta antes del juicio, incluso los procesos abreviados.(.) Por lo que estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora y determinan procedente incluir jueces de control, que se responsabilizarán de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión, y las demás que requieran control judicial, asimismo, resolver las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, y realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial." 57.- Como puede observarse, la Norma Suprema prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. 58.- A su vez, el legislador permanente estableció en su exposición de motivos, que los jueces de control también deben conocer las impugnaciones contra resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil -sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones-, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. 59.- Ciertamente, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes, como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso o bien al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado. Así, los jueces de control estarán fáctica y jurídicamente más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos. Con base en lo anterior, este juzgado observa que quedó definido por la Primera Sala que durante la investigación inicial, complementaria y etapa intermedia, existe una jurisdicción que se debe ejercer ante el juez de Control, pues éste tiene la obligación de conocer de las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público para controlar la legalidad de éstas, al tiempo que tiene del deber de velar por los derechos de las partes procesales, entre ellos el las víctimas - como es la calidad del quejoso quien refirió que se indica es víctima del delito -, quienes le deberán formular sus solicitudes y aquél tendrá la obligación de resolver de manera ágil y rápida, desde luego, de manera fundada y motivada y conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, entre ellos los principios que lo rigen, como es el de contradicción e igualdad de las partes. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente, pues en el caso en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales se prevé un medio de defensa que implica acudir ante la jurisdicción ordinaria a solicitar ante el juez de Control que las cosas sean restituidas al estado en el que se encontraban. Esto es, a través del medio de defensa citado, el quejoso está en aptitud de lograr que los actos reclamados sean modificados y que la devolución de su vehículo se efectúe. Control judicial que el quejoso debió solicitar antes de acudir al juicio de amparo. De ahí la improcedencia por la vía indirecta del presente juicio de amparo por lo que procede desechar la demanda de amparo plantada en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XX, de la misma ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. AUTORIZADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a David Pérez García, quien tiene registrada su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. AUTORIZACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Se tiene a la parte quejosa señalando correo electrónico juridico12020@outlook.com, previo cercioramiento que de su recepción realice el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, pues no es un medio de comunicación procesal, porque para eso se necesita que solicite la notificación a través del juicio en línea. Cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente; lo anterior, con fundamento en el ordinal 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Al margen de lo anterior, téngasele proporcionando el nombre de usuario "davidpg", para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Y, como lo solicita, notifíquese por vía electrónica las resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar de manera personal, a través del usuario que precisa, de conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia.

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