Heinz Joachim Paul Schneider Elsner
Expediente 1401/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1401/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 06/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Heinz Joachim Paul Schneider Elsner
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Puebla, Puebla, seis de julio de dos mil veintitrés. TRIBUNAL CONFIRMA SENTENCIA Agréguese el oficio del secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintidós de junio de este año, dictada dentro del recurso de revisión número R-101/2023, el expediente de amparo 1401/2022, con dos discos versátiles digitales integrados; de la cual se advierte que dicho Tribunal Colegiado resolvió confirmar la sentencia emitida por este juzgado, por la cual se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa y declarar si materia la revisión adhesiva. ANOTACIONES, ACUSE DE RECIBO Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, acúsese recibo a la superioridad de la ejecutoria antes mencionada, así como de los autos devueltos y archívese el presente asunto como totalmente concluido. INTEGRACIÓN DE CUADERNO ÚNICO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Y DE CONSTANCIAS DERIVADAS DEL CUADERNILLO Glósese a los presentes autos, el cuaderno único original del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías, debiendo subsistir el folio respecto del cuaderno principal en que se actúa; también glósese el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior a fin de hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Y SU DESTINO Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado. En virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 14, se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes 1. Expediente principal. Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15; por tanto, se declara que: Es CONSERVABLE de conformidad con el diverso 17, fracción III, inciso a), porque se negó la protección constitucional en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados. Por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, contados a partir del hoy y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracción II. Sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo. 2. Incidente de suspensión único. En relación al cuaderno incidental, es DESTRUIBLE de conformidad con artículo 20, fracción III, del acuerdo general aludido, pues se negó la medida cautelar solicitada en forma definitiva, debiéndose conservar en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el ya citado artículo 20, párrafo tercero. ANOTACIONES EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34, y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad. DATOS PERSONALES Las partes no ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS Finalmente, devuélvase a la jueza de oralidad responsable los discos ópticos en formato DVD que remitió como justificante de su informe. Sin ser necesario requerir el acuse respectivo, atendiendo a que dicha autoridad tiene su residencia en esta ciudad y al entregarse físicamente tales constancias, el oficio con sello de recibo, hace las veces de acuse de esa circunstancia. NOTIFÍQUESE
- Principal
Puebla, Puebla, a catorce de marzo de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, toda vez que en proveído de trece de marzo del presente año se omitió generar los oficios correspondientes, por tanto, se ordena girar los mismos a las autoridades responsables, agente del Ministerio Público tercera interesada y a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, así como notificarlo electrónicamente al tercero interesado, para que tengan conocimiento de dicho auto, cuyo contenido es el siguiente: "Puebla, Puebla, a trece de marzo de dos mil veintitrés. INTERPONE REVISIÓN VS SENTENCIA Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa Heinz Joachim Paul Schneider Elsner, atento al contenido del primero de los mismos, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo el recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciséis de febrero del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo. Con una copia simple del escrito de agravios fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original, córrase traslado a las partes, y una vez integrado sin previo acuerdo remítase el original y copia del escrito que contiene el recurso y los presentes autos, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, para la substanciación del recurso interpuesto. NOTIFÍQUESE, VÍA ELECTRÓNICA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA." Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables, agente del Ministerio Público tercera interesada y a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, así como electrónicamente al tercero interesado.
- Principal
Puebla, Puebla, a trece de marzo de dos mil veintitrés. INTERPONE REVISIÓN VS SENTENCIA Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa Heinz Joachim Paul Schneider Elsner, atento al contenido del primero de los mismos, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo el recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciséis de febrero del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo. Con una copia simple del escrito de agravios fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original, córrase traslado a las partes, y una vez integrado remítase el original y copia del escrito que contiene el recurso y los presentes autos, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, para la substanciación del recurso interpuesto. NOTIFÍQUESE, VÍA ELECTRÓNICA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 1401/2022 para dictar sentencia, y R e s u l t a n d o. Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado ese mismo día y recibido en este juzgado el día veintidós siguiente, ******************** Joachim Paul Schneider Elsner solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, adscrita a la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, a quien reclamó la determinación de uno de diciembre de dos mil veintidós dictada en la carpeta de control judicial previo ********************/2022/CJP/PUEBLA, con la que negó revocar la resolución ministerial de no ejercicio de la acción penal de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro de la carpeta de investigación ********************/2019/ZC, por considerarla violatoria de los artículos 1º, 14 y 16 constitucionales. Segundo. Radicación y tramitación. Al día siguiente a aquel en que fue recibida la demanda, este juzgado ordenó formar y registrar el juicio de amparo 1401/2022, lo admitió a trámite, pidió el informe justificado, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación, señaló día y hora para la audiencia constitucional la que, previó emplazamiento de los terceros interesados, fue celebrada como antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. COMPETENCIA Este juzgado la tiene en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, y 37 de la Ley de Amparo; y, 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; esto es: por materia que en el caso es penal porque se reclaman una decisión judicial que confirma la determinación de archivo de una investigación del orden criminal; por territorio, porque ese acto carece de ejecución y la demanda de amparo fue presentada ante este órgano jurisdiccional; y, por grado, porque a este juzgado de Distrito corresponde conocer del amparo indirecto en primera instancia. SEGUNDO. FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija como tal: La determinación de uno de diciembre de dos mil veintidós, dictada en la carpeta de control judicial previo ********************/2022/CJP/PUEBLA, con la que fue confirmada la resolución ministerial de no ejercicio de la acción penal de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro de la carpeta de investigación ********************/2019/ZC; decisión que es reprochada a la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, adscrita a la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla. TERCERO. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO En el caso sí existe. Lo anterior porque el juzgado responsable así lo reconoció al rendir el informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que aportó. CUARTO. ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Los conceptos de violación son infundados y no se observa deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo. El quejoso sostiene que la jueza responsable no se percató de que la representación social incumplió con las obligaciones que le corresponden en términos de los artículos 21, constitucional, 212 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que ésta no investigó a fondo el delito de responsabilidad de abogados, patronos y litigantes previsto en el artículo 234, fracción VIII, del Código Penal para el estado de Puebla, de manera que al "consentir" el archivo de la "representación social", la jueza permite que una persona, no obstante haber celebrado un convenio de prestación de servicios, no esté pendiente sobre su situación legal ni haga lo posible para promover acciones para prevenir que lo sorprendieran con una orden de aprehensión. Por ello afirma que el acto reclamado incumple el imperativo de investigar y de ministrar justicia conforme a los artículos 17 y 21 constitucionales, además de no cubrir los requisitos de fundamentación y motivación debida que prevén los artículos 14 y 16 de la Carta Fundamental, pues no realizó un análisis exhaustivo de la omisión del órgano ministerial y decidió atender lo argumentado por la representación social, con lo que vulneró lo dispuesto en los artículos 68, 134, fracciones I, II, VII y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es infundado. Internamente, en términos del artículo 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución, el Ministerio Público es el órgano encargado de la investigación y persecución de los delitos, cuyo fin es, de ser procedente, el ejercicio de la acción penal. Facultad sujeta a la protección de los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y acceso a la justicia, previstos en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, y 17, párrafo segundo, constitucionales, reconocidos en favor de las víctimas y los ofendidos, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identifica de la manera siguiente: a) El derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, para la determinación de sus derechos. b) El derecho a un recurso efectivo, que incluye, inter alia, el derecho a una investigación. c) El derecho a la verdad. d) El derecho a obtener reparación. Lo que a su vez se refleja de manera expresa en el artículo 20, apartado C, constitucional, en el que se establecen las garantías mínimas que goza toda persona que ha sido víctima u ofendido en un delito, a efecto de que ésta pueda participar en igualdad de circunstancias que el inculpado dentro del proceso de investigación y enjuiciamiento del ilícito que le afectó. Esto es, internamente se reconocen expresamente los derechos de la víctima u ofendido para que coadyuven con la autoridad ministerial y se les legitima para actuar ante la autoridad judicial, respecto de los hechos que vulneraron su persona o patrimonio. En el ámbito externo, en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reconoce como derecho de las víctimas que la investigación y persecución de los delitos debe instrumentarse como el recurso efectivo que, en su momento y dentro del plazo razonable, se resuelva sobre la reparación del daño en un juicio. No obstante ese reconocimiento de derechos fundamentales, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la tesis jurisprudencial 1a./J. 23/2019 (10a.), la carga que corresponde a la víctima u ofendido al cuestionar la actuación ministerial a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Analizó los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principios que debe observar el juez de control al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Destacó que para ello, la autoridad jurisdiccional no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en esa audiencia. Reconoció que excepcionalmente pueda consultar los registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pero que en esos casos excepcionales la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. A partir de lo anterior determinó que la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones, ya que el sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Por lo que concluyó, que la víctima u ofendido, por sí o a través de su asesor, corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, porque de otro modo el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse. No sobra decir que ha sido también la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que ha establecido que el artículo 258 citado, cumple con los principios de igualdad a que se contraen los artículos 1º constitucional y 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales; igualdad previsto en el diverso 20, apartado A, fracción V, de la Carta Fundamental; y, acceso a la justicia previsto en el diverso 17 de la Ley Suprema de este país. Con base en los lineamientos antes precisados, se resuelve que la jueza responsable no violentó los artículos 21, constitucional, 212 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a los cuales la representación social tiene la obligación de investigar los delitos, pues de acuerdo con lo expuesto en la audiencia del medio de defensa a que se refiere el artículo 258 de esa ley adjetiva, no quedó evidenciado que la representación social al archivar la carpeta de investigación, haya incumplido su obligación de investigar, sino que asiste la razón a la juez al considerar que los señalamientos de que las causas penales no fueron debidamente analizadas, no están orientadas a una falta de fundamentación y motivación o de razones o argumentos por parte del agente del ministerio público, sino más bien denotan una falta de coincidencia en la apreciación de los elementos de análisis. Ello, porque puede escucharse en la audiencia de uno de diciembre de dos mil veintidós que el asesor jurídico, en esencia: No cuestionó la determinación de archivo de cuatro de octubre de dos mil veintidós, respecto del delito de fraude, pues al respecto expuso: ".si bien leyendo las carpetas no existen datos suficientes datos de prueba necesarios para demostrar un fraude, sí existen datos necesarios para demostrar que el licenciado ********************tuvo intervención dentro de hechos con apariencia del delito de responsabilidad de abogados patronos y litigantes." Solamente cuestionó lo relativo al delito de responsabilidad de abogados patronos y litigantes; para ello, expresó: No obstante tener las copias certificadas de los procesos ********************/2017 del Juzgado de Huejotzingo y del proceso ********************/2016 del Juzgado de lo Penal de Atlixco, "al que dio origen el" proceso ********************9/2014 radicado en el entonces Juzgado Octavo de lo Penal, la representación social nunca analizó el hecho con apariencia del delito de responsabilidad de abogados patronos y litigantes, se limitó a decir no existen datos con los que se pueda acreditar la existencia de la comisión de ese hecho. De los procesos penales se advierte que Ernesto Roberto ********************celebró un convenio de prestación de servicios y no estuvo pendiente sobre la situación legal, ni hizo lo posible para promover acciones para prevenir que lo sorprendieran con una orden de aprehensión. Destacó que en el asunto de Atlixco, fue absuelto sin la intervención de ********************, sino que fue asesorado por otra persona. En el proceso de Huejotzingo, la representación social indicó que Ernesto Roberto ********************estuvo presente en la declaración preparatoria, pero que si se revisaba bien, estuvieron presentes otros abogados. Al final de "este" proceso se obtuvo una sentencia absolutoria por haber prescrito el delito, en el que Ernesto Roberto ********************en nada intervino, lo dejó pendiente, pese a que firmó un contrato de veinte de noviembre de dos mil once, en el que se comprometió a llevar todo tipo de demandas en contra de la sociedad mercantil "********************", así como de cualquier acción que en contra del quejoso ********************. Existe un proceso ********************9/2014, donde existe una orden de reaprehensión en contra del señor ********************, en donde la Sala, para poder otorgar la libertad bajo caución, exige la cantidad de un millón y medio de dólares; asunto que también dejó pendiente. Cuando se le preguntó [a ********************] por qué no estuvo pendiente de ese asunto, lo único que manifestó fue que no es su obligación investigar y menos pedir información al Ministerio Público que, según él, se encuentra bajo reserva, como lo prohíbe la fracción IV del artículo 51 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social. Si bien el ministerio público citó al quejoso en varias ocasiones para que compareciera a aportar mayores pruebas y exhibiera un contrato "que no existió o por lo menos lo extravió", lo cierto es que no puede comparecer porque tienen orden de reaprehensión. Destacó que las averiguaciones previas que dieron origen a los tres procesos, fueron iniciadas cuando el señor ******************** tenía contratados los servicios del licenciado ********************, con la obligación de estar pendiente: cosa que no hizo. Expresiones que se reducen a meras afirmaciones pues no están soportadas con datos de prueba que de manera racional generen convicción. Ello, porque los datos de prueba son la referencia al contenido de un determinado medio de convicción -aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional-, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, tal como lo establece el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para lo cual, el alcance valorativo que la persona juzgadora debe dar a cada dato de prueba, se limita al contenido referenciado del medio de convicción, pues a partir de esa información es que la autoridad jurisdiccional está en aptitud de valorar si es idóneo para justificar el hecho que se trata de justificar y analizar si es pertinente a ese hecho, pues solamente en caso afirmativo estará en aptitud de concatenarlo de manera libre y lógica con los demás datos de prueba, y así poder establecer que arrojan una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual se pueda considerar, de manera fiable, que se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en el momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor. En el caso, lejos de expresar esas referencias aptas que engendrar convicción, el asesor jurídico se limitó a afirmar que no fueron analizadas las causas penales, cuyas copias certificadas fueron agregadas a la carpeta de investigación, con las que afirmó, se justifica el hecho identificado en la ley como delito responsabilidad de abogados patronos y litigantes previsto en el artículo 234, fracción VIII, del Código Penal para el Estado de Puebla, que es del texto siguiente: Artículo 234.- Incurren en responsabilidad delictiva las personas físicas, los asesores jurídicos particulares de las víctimas, los abogados, patronos o litigantes sin título profesional de licenciatura en derecho y los representantes de personas jurídicas, estén o no ostensiblemente patrocinados por abogados, por la comisión sin causa justificada de los actos siguientes: (.) VIII.- Admitir patrocinar o representar a una de las partes en un procedimiento jurisdiccional o administrativo, sin dirigirla en la tramitación del procedimiento ni promover lo necesario en beneficio de su representado o cliente. Supuesto que exige la existencia del compromiso de una persona con calidad de abogado, patrono o litigante, frente a otra, para patrocinar o representar a ésta en un procedimiento jurisdiccional o administrativo, sin dirigirla en la tramitación del procedimiento ni promover lo necesario en beneficio de su representado o cliente. En el caso el asesor jurídico, no justificó debidamente la existencia de ese compromiso. Ello, porque el asesor jurídico solamente afirma que con la copias de esas causas penales se justifica que el tercero interesado abandonó los asuntos pese a tener firmado un contrato con el quejoso de que llevaría todos los asuntos en su contra. Sin embargo, el propio asesor jurídico pone en duda la existencia de ese contrato "firmado" que obligaba al tercero interesado a ocuparse de todos los asuntos del quejoso, pues al parecer en la resolución de archivo se expresó que el querellante no lo exhibió pese a que fue requerido en varias ocasiones para ello, ya que, al respecto, el asesor jurídico externó que su representado fue requerido de: un contrato "que no existió o por lo menos lo extravió". Por tanto, el asesor jurídico no justificó la existencia de ese contrato, que a decir de él, era la fuente de obligación del servicio que debió prestar el tercero interesado y, por ende, se desconoce el alcance de la obligación que contrajo el tercero interesado dentro de cada una de las averiguaciones previas respectivas y de los procesos, pues solamente con el conocimiento de la obligación se puede contrastar con la actuación del abogado patrono o litigante y de esa manera identificar qué es lo que se dejó de hacer y de esa manera definir en qué se dejó de dirigir a la parte interesada o si se trató de un dejar de promover en su beneficio. Ahora el quejoso alega que la jueza no advirtió que la representación social no investigó; sin embargo, no se escuchó en audiencia, por parte del asesor jurídico, la referencia de que dentro de la carpeta de investigación obrara información relativa a la existencia del contrato o contratos que omitió mandar a traer, para que de esa manera la jueza ponderara la necesidad de ordenar que se agotaran los actos de investigación correspondientes y concordantes con esa información, para corroborar la existencia de los contratos y así poder establecer el alcance de la obligación a la que quedó sometido el prestador de servicios. Por el contrario, fue el mismo asesor jurídico quien informó que el contrato requerido no existió o por lo menos lo extravió. Es por ello que los señalamientos genéricos y abstractos en el sentido de que con las copias certificadas de las causas penales se justifica que las averiguaciones previas que dieron origen a los tres procesos, fueron iniciadas cuando el señor ******************** tenía contratados los servicios del licenciado ********************, con la obligación de estar pendiente: cosa que no hizo, son expresiones ineficaces porque no se trata de auténticos datos de prueba que identifiquen en lo individual el contenido de una o varias actuaciones que deriven de esos documentos-indagatoria o proceso-, que permiten identificar el momento en el que el prestador de servicios fue comunicado de existencia de la indagatoria o en que comenzó a participar en la misma en defensa de los derechos del quejoso. Además, no basta afirmar que determinada persona, en este caso el tercero interesado, estaba obligado a estar pendiente de esas indagatorias y que pese a ser esa su obligación de "estar pendiente", no lo hizo, pues como se dijo, es necesario conocer el alcance de la obligación, incluso para verificar si el prestador de servicios se obligó a que con su asesoría, el quejoso jamás sería aprehendido. Ello, porque solamente después de conocer de manera precisa los pormenores de la obligación a cargo del prestador de servicios, surge la necesidad de conocer los pormenores de las actuaciones de la indagatoria y del proceso, así como la conducta procesal de aquel frente a aquellas. Extremos que, como se dijo, no fueron justificados; tampoco se planteó por parte del asesor jurídico la necesidad de ordenar determinados actos de investigación para justificar esos extremos. Sino que el mérito de la impugnación se limitó que la representación social no estudio esos procesos penales para justificar el hecho identificado en la ley como delito de responsabilidad de abogados, patronos y litigantes, lo que a decir del asesor jurídico, se justificó con esos documentos porque demuestran que el tercero interesado abandonó esos asuntos. Todo lo cual, se dijo en esta sentencia, no orienta a identificar que era necesario revocar el archivo de la carpeta de investigación para continuar con la investigación o para ejercer la acción penal. De esta manera, dada esa deficiente exposición del asesor jurídico, la jueza estuvo en lo correcto al estimar que realmente no fue controvertida la determinación de archivo en cuanto a su fundamentación y motivación o sus razones o argumentos, sino que la exposición de la parte ofendida denotan una falta de coincidencia en la apreciación de los elementos de análisis, es decir, su exposición se redujo a lo que él cree que se justifica con los documentos, pero en audiencia no quedó evidenciado que la información de cada uno de esos procesos orienta a identificar la existencia del hecho delictivo que alega el quejoso. Al resultar infundados los conceptos de violación y no advertir motivos deficientes que suplir, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia de la unión. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Esta sentencia es de interés público, por lo que, con el objeto darle publicidad y al tiempo salvaguardar la información reservada o confidencial de su contenido, se ordena la elaboración de la versión pública y ponerla a disposición del público para su consulta en los mecanismos establecidos para tal efecto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y para cuando se efectúe la solicitud correspondiente en conformidad con el procedimiento de acceso a la información. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO ampara NI protege a ******************** Joachim Paul Schneider Elsner, en contra del acto de la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, adscrita a la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, a quien reclamó la determinación de uno de diciembre de dos mil veintidós dictada en la carpeta de control judicial previo ********************/2022/CJP/PUEBLA, con la que negó revocar la resolución ministerial de no ejercicio de la acción penal de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro de la carpeta de investigación ********************/2019/ZC; por los motivos y razones expuestos en el considerando penúltimo. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia como se indica en el considerando último. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa en el domicilio que designó para ese efecto; electrónicamente: al tercero interesado -inculpado-; por oficios: a la agente del Ministerio Público tercera interesada, a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. Así lo resolvió y firma Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Édgar Moreno González, secretario que autoriza hoy dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe. EDGAR MORENO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, HACE CONSTAR QUE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUE CELEBRADA EN LA HORA Y FECHA EN QUE SE ASENTÓ EN EL ACTA RESPECTIVA, SEGUIDA DEL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, LA CUAL ES AUTORIZADA Y FIRMADA ELECTRÓNICAMENTE POR EL SUSCRITO Y EL TITULAR DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, EN LA HORA Y FECHA QUE SE REFLEJA EN LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, UNA VEZ QUE LO PERMITIERON LAS LABORES DEL JUZGADO. DOY FE DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. 1401/2022
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,898 expedientes
- Héctor Tobón Luna52/2023
- Hector Vazquez Báez917/2020
- Hector Vazquez Baez781/2020
- Hector Veytia Perez483/2018
- Héctor Yamil López Castellanos1608/2016
- Heinz Joachim Paul Schneider Elsner176/2020
- Heladio Alejandro Cruz Castillo775/2022
- Helio Boris Huerta Sanchez899/2018
- Helio Boris Huerta Sánchez749/2018
- Helio Homero Laguna Estrada869/2023
- HENRRY FABREGAT VEITIA y Otros.867/2022
- Henry David Betancourth Morales819/2017