Héctor Sosa Moreno

Expediente 451/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
451/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/05/2023

Partes del expediente

  • Héctor Sosa Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la Directora del Centro Penitenciario de Puebla, por medio del cual, en cumplimiento al auto de tres del presente mes y año, informa que a fin de garantizar y salvaguardar la vida y la integridad del quejoso Héctor Sosa Moreno, solicitó la intervención del área del Criminología del centro penitenciario a su cargo, para analizar la problemática del citado quejoso y de ser necesario, sea reubicado. Lo cual justifica través del memorándum SSP/SUBCP/DCPP/SSC/297/2023, y dela tarjeta informativa SSP/SUBCP/DCPP/SSC/1144/2023, mediante las cuales se instruyó al personal de ese Centro, para que acaten de manera inmediata lo ordenado en el proveído indicado; de lo que este juzgado toma conocimiento. Notifíquese.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, tres de mayo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Carolina Ofelia Moreno Morales en favor de su hijo Héctor Sosa Moreno, contra los actos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 451/2023. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el juez de distrito que conozca del juicio de amparo indirecto, deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad."4 Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. En principio, conviene señalar que en el apartado correspondiente de la demanda de cuenta, la parte promovente indicó que reclama de: 1.- Comisión Nacional de Derechos Humanos 2.- Directora del Centro Penitenciario de Puebla 3.- Gobernador Constitucional del Estado de Puebla 4.- Policía Estatal del Estado de Puebla Sustancialmente lo siguiente: ".que han sido amenazado por internos que infieren picarlo cuando lo ingresen a patio, le pregunto angustiadamente que paso por que lo amenazan solo me dice lo tienen amenazado, a lo que salgo llorando del penal por lo que ante esta situación tomé la decisión de solicitar el amparo y auxilio de la justicia de la unión en contra de actos de posible tortura, malos tratos." En ese sentido, respecto de los citados actos reclamados se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, este último a contrario sensu, de la Ley de Amparo, mismos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." (.)" 4 Registro digital: 193379, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: I.6o.C. J/19, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Septiembre de 1999, página 730, Tipo: Jurisprudencia.. Como se aprecia de los preceptos transcritos, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos u omisiones de la autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por lo que no es suficiente que se reclame una violación a dichas garantías o derechos para que el juicio de amparo se vuelva procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad". La noción de acto "de autoridad" ineludiblemente involucra la actuación y abstención de ésta frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad; debido a lo siguiente, son: -Unilaterales: porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; -Imperativos: en razón de que se imponen, aún en contra de la voluntad del gobernado; y, -Coercitivos: ya que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo, mediante el uso de la fuerza pública. Por su parte, debe decirse que el párrafo segundo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo establece que los "particulares" tendrán la calidad de autoridad responsable; sin embargo, ello sólo opera cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En suma, el término del acto de autoridad involucra una persona física (oficial) o un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio; actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión o con la ejecución de la misma. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." 5 De ahí que las manifestaciones de la promovente en el sentido de que el quejoso es amenazado por parte de sus compañeros internos, cuando ingrese al patio, no se advierten reclamadas a entes que puedan considerase autoridades para efectos del juicio de amparo, concretamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y restantes autoridades que se señalan en la demanda como responsables. Es así, porque el acto reclamado fundamental versa, según se advierte de la demanda, sobre amenazas por parte de diversos internos del CERESO de Puebla; sin embargo, no tienen naturaleza de actos de autoridad. En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de la referida ley reglamentaria, se desecha la demanda de derechos fundamentales. 5 Época: Novena Época, Registro: 161133, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 164/2011, Página: 1089. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir sus notificaciones el que indica en su demanda de amparo y autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Adolfo Damián Rosas Bermejo, quien tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. Asimismo, téngase a la diversa persona por autorizada de manera restringida, esto es, únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones, en conformidad con lo previsto en la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO CELULAR No se tiene señalado para recibir notificaciones los números celulares ni el correo electrónico personal que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. REQUERIMIENTO A LA DIRECTORA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PUEBLA Finalmente, mediante oficio que al efecto se gire, con copia de la demanda de amparo, requiérase a la Directora del Centro Penitenciario de Puebla, para que de inmediato, tome las medidas necesarias para garantizar y salvaguardad la vida y la integridad del quejoso Héctor Sosa Moreno; pues la promovente aduce que el mismo está siendo víctima de amenazas y actos de tortura por parte de diversos internos en el centro penitenciario, lo cual deberá informar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, siguientes a la notificación del presente proveído, remiendo las constancias que acrediten la forma y términos en que dé cumplimiento a lo requerido. Ello al tomar en consideración que es tal autoridad la que tiene bajo su custodia y resguardo a la persona privada de la libertad a nombre de quien se promueve este juicio, de ahí que es la encargada de salvaguardad su integridad corporal y su vida; requerimiento que se formula con independencia de que haya desechado este medio extraordinario de defensa, pues corresponde también a este juzgado contribuir a la salvaguarda de la integridad del quejoso, lo cual se logra en los términos indicados. APERCIBIMIENTO Apercibida que de no dar cumplimiento en el término concedido se le impondrá una multa a la autoridad responsable, de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. MEDIOS PARA FACILITAR LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES Se hace de su conocimiento que el secretario autorizado para recibir fuera del horario de labores de la Oficialía de Partes del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, así como en días inhábiles es José Eduardo Nochebuena Trujillo, con número de teléfono 22 24 86 91 88 y que por tratarse de un asunto urgente podrán remitir su correspondiente informe vía correo electrónico a la dirección siguiente: Correo electrónico oficial: jose.nochebuena.trujillo@correo.cjf.gob.mx Debiendo confirmar su recepción. Notifíquese; personalmente al quejoso por conducto de sus autorizados y por oficio a la Directora del Centro Penitenciario.

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