Hector Vazquez Báez

Expediente 917/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 42 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
917/2020
Año
2020
Actuaciones
42
Última actuación
30/09/2021

Partes del expediente

  • Hector Vazquez Báez
  • HECTOR VAZQUEZ BÁEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Vista la razón de cuenta del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante la cual informa la imposibilidad existente a fin de notificar a la parte quejosa en su lugar de reclusión el auto de veinticuatro de septiembre del año en curso, por los motivos que expone en la misma; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista el proveído de mérito, así como los subsecuentes autos aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio correcto en la ciudad de Puebla para tal efecto. Máxime que mediante diligencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno se notificó a David Roldán Bravo, autorizado para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Auto de veinticuatro de septiembre del año en curso: Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, de lo que se advierte que la parte quejosa ha hecho uso de ese derecho, de lo cual este juzgado toma conocimiento; empero, como el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES, CON SEDE EN EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL ESTADO DE PUEBLA, LIC. ANA ALICIA PONCE FRIAS, DE LA CIUDAD DE PUEBLA, en el expediente de ejecución 408/2017/JESI/E, realizara lo siguiente: I. Deje insubsistente el acto reclamado. II. Emita una nueva resolución, en la que conforme a sus facultades se pronuncie respecto al inicio del procedimiento de ejecución, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la Ley Nacional de Ejecución Penal. III. Recabe la documentación correspondiente, relacionada con la ejecución de otras sanciones penales impuestas al quejoso. IV. Una vez que cuente con las constancias necesarias, con libertad de jurisdicción, realice el cómputo de la pena de prisión impuesta en el proceso 42/2011 del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, la que podrá ser en el mismo sentido o en sentido diverso, pero sin que pueda agravar la situación del quejoso conforme al cómputo realizado en el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte reclamado. Concesión de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido a la Directora del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, al ser consecuencia del acuerdo que se declaró inconstitucional. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, el responsable, realizó dentro del proceso 42/2011, de su índice, lo siguiente: 1. Mediante resolución de quince de abril de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la diversa de nueve abril del año en curso. 2. Emitió una nueva resolución de fecha quince de abril de dos mil veintiuno en la que se pronunció respecto al inicio del procedimiento de ejecución, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 3. Recabo las constancias respecto de las diversas sanciones penales impuestas al aquí quejoso. 4. Determinó que la pena de prisión impuesta en el proceso 42/2011 de su índice, será compurgada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, para lo cual giró oficio a la Directora del Centro Penitenciario de Cholula, Puebla, para que llegada la fecha proceda poner en libertad al aquí quejoso. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones del quejoso contenidas en el ocurso presentado en este juzgado el veintiuno de septiembre pasado, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no está cumplida, por los motivos que se citan a continuación. NO ESTOY CONFORME con la resolución de fecha 3 de septiembre del año en curso, dictada por el juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante, señalado como autoridad responsable dentro del presente juicio de garantías y con la cual el dicha autoridad, pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual se me otorgó el Amparo y Protección de la justicia federal; lo anterior si analizamos el resolutivo QUINTO punto f de dicha resolución, pues para el Juez ad quo y de acuerdo a su razonamiento plasmado en dicha resolución, la fecha de compurgación de la sentencia penal materia de la Carpeta de ejecución 408/2017/JESI-E, sería la del 27 de septiembre del 2021, es decir sigue siendo la misma fecha de compurgación por la cual me vi en la necesidad de promover el presente juicio de garantías por lo que considero y sin mayor razonamiento lógico jurídico, que si se toma esta fecha como la de compurgación de la sentencia penal en cuestión, el juicio de garantías promovido, así como el fallo protector de la justicia federal, no tuvieron ningún sentido; ya que después de más de 11 meses de litigar el presenté juicio, el mismo no tuvo razón de ser, pues quede en la misma situación que al principio de promover mi demanda constitucional; ya que no hubo ningún beneficio a mi favor a pesar de contar con el Amparo y Protección de la justicia federal, pues como lo he precisado la fecha de compurgación de la sentencia penal en cuestión sigue siendo la misma fecha contenida el acuerdo de fecha 19 de Octubre del 2020 dictada dentro de la Carpeta de ejecución 408/20177JESI-E es decir en ambos acuerdos tanto con el que se pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, como en contra del cual me amparé la fecha de compurgación de la pena es la del 27 de septiembre del 2021; motivo por el cual y oda vez que a simple vista no se obtiene beneficio alguno en favor del suscrito a pesar de contar con el Amparo y Protección de la Justicia Federal. NO SE PUEDE DAR POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL PRESENTE JUICIO CONSTITUCIONAL; más aún cuando el juez ad quo, no realiza un cómputo conforme a derecho y apegado a la resolución donde se me concede el Amparo y protección de la justicia federal, por los que mis garantías constitucionales siguen siendo transgredidas con esta nueva resolución con la cual se pretende dar cumplimiento a la ejecutoria Federal.. ADEMAS DE QUE JAMAS SE ORDENA SE EXPIDA BOLETA DE LIBERTAD A MI FAVOR APESAR DE QUE EL JUEZ DE EJECUCIÓN YA FIJO COMO FECHA DE COMPURGACIÓN DE MI SENTENCIA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, pues tal situación me deja en completo estado de indefensión pues como puede verse para recabar la información que ya constaba en autos de la carpeta de ejecución en cuestión para realizar el computo de mi sentencia, se llevó más de nueve meses para realizar un simple computo, cometiendo de manera intencional diversos errores que lo llevaron a señalar diversas fechas para indicar el día en que compurgaría la sentencia materia de la carpeta de ejecución, situación que me lleva a tener el temor fundado de que para emitir mi BOLETA DE LIBERTAD el Juez de ejecución vuelva a realizar la misma acción de equivocarse en la fecha de compurgación de la sentencia, si esta autoridad federal da por cumplida la sentencia de amparo; motivo por el cual solicito a esta autoridad federal que para efectos de dar por cumplida la sentencia de amparo, se le solicite al juez de Ejecución emita la boleta de libertad a mi favor y la envié al departamento jurídico del CERESO DE CHOLULA, para que una vez llegada la fecha de 27 de septiembre del 2021, se ordene mi inmediata libertad. Al respecto, debe decirse que dichas manifestaciones son cuestiones de fondo que resultan ajenas a los lineamientos establecidos en el fallo protector, pues la concesión de la protección constitucional implicó que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado y recabara las constancias necesarias para otorgar certeza al cómputo de la pena de prisión realizado, pues al carecer de la documentación correspondiente el mismo carecía de sustento. Lo que en el caso aconteció, pues de la resolución de tres de septiembre de este año se advierte que la autoridad responsable, previo a dejar insubsistente la determinación reclama y recabar la información relativa a la situación del inconforme, con libertad de jurisdicción, tomando en consideración la información recabada y descontando el tiempo de prisión preventiva, así como la de la sanción privativa de libertad transcurrida, realizó el cómputo correspondiente, determinando que el quejoso Héctor Vázquez Báez compurgará la pena impuesta en el proceso 42/2011 del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, lo cual no contraviene lo establecido en la ejecutoria de amparo, pues los aspectos a los que alude el inconforme son cuestiones de legalidad o fondo que no fueron materia de la ejecutoria de amparo, pues, como se indicó, dicha determinación cumple con la totalidad de los lineamientos que se indicaron en el fallo, de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes. En esa medida, las manifestaciones aducidas por el quejoso Héctor Vázquez Báez, en su caso, constituyen materia de una diversa litis constitucional, de modo que quedan expeditos sus derechos para hacerlos valer del modo que estime pertinente. En ese sentido, se estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa no se hace pronunciamiento alguno del destino de éstos. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, debiendo subsistir el folio respecto del cuaderno principal en que se actúa; y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DEPURABLE de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso b) del acuerdo general citado porque se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, debiéndose conservar por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En relación al original del cuaderno incidental, ES DEPURABLE de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso a) del acuerdo general aludido, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, debiéndose conservar por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del mencionado del acuerdo general citado, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    REMITIR ANEXO Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que por proveído de trece de septiembre del año en curso el Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerantes de Puebla, remitió diversas constancia como justificante al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; así como en diverso auto de veintitrés de septiembre del año en curso, se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto; sin que exista trámite pendiente por desahogar; en tales condiciones, devuélvanse las referidas constancias a la autoridad responsable ordenadora, sin que sea el caso solicitar el acuse respecto, toda vez que al ser entregado de manera física por el Actuario Judicial, el sello de entrega-recepción hace las veces de acuse de recibo.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, de lo que se advierte que la parte quejosa ha hecho uso de ese derecho, de lo cual este juzgado toma conocimiento; empero, como el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES, CON SEDE EN EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL ESTADO DE PUEBLA, LIC. ANA ALICIA PONCE FRIAS, DE LA CIUDAD DE PUEBLA, en el expediente de ejecución 408/2017/JESI/E, realizara lo siguiente: I. Deje insubsistente el acto reclamado. II. Emita una nueva resolución, en la que conforme a sus facultades se pronuncie respecto al inicio del procedimiento de ejecución, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la Ley Nacional de Ejecución Penal. III. Recabe la documentación correspondiente, relacionada con la ejecución de otras sanciones penales impuestas al quejoso. IV. Una vez que cuente con las constancias necesarias, con libertad de jurisdicción, realice el cómputo de la pena de prisión impuesta en el proceso 42/2011 del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, la que podrá ser en el mismo sentido o en sentido diverso, pero sin que pueda agravar la situación del quejoso conforme al cómputo realizado en el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte reclamado. Concesión de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido a la Directora del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, al ser consecuencia del acuerdo que se declaró inconstitucional. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, el responsable, realizó dentro del proceso 42/2011, de su índice, lo siguiente: 1. Mediante resolución de quince de abril de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la diversa de nueve abril del año en curso. 2. Emitió una nueva resolución de fecha quince de abril de dos mil veintiuno en la que se pronunció respecto al inicio del procedimiento de ejecución, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 3. Recabo las constancias respecto de las diversas sanciones penales impuestas al aquí quejoso. 4. Determinó que la pena de prisión impuesta en el proceso 42/2011 de su índice, será compurgada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, para lo cual giró oficio a la Directora del Centro Penitenciario de Cholula, Puebla, para que llegada la fecha proceda poner en libertad al aquí quejoso. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones del quejoso contenidas en el ocurso presentado en este juzgado el veintiuno de septiembre pasado, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no está cumplida, por los motivos que se citan a continuación. NO ESTOY CONFORME con la resolución de fecha 3 de septiembre del año en curso, dictada por el juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante, señalado como autoridad responsable dentro del presente juicio de garantías y con la cual el dicha autoridad, pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual se me otorgó el Amparo y Protección de la justicia federal; lo anterior si analizamos el resolutivo QUINTO punto f de dicha resolución, pues para el Juez ad quo y de acuerdo a su razonamiento plasmado en dicha resolución, la fecha de compurgación de la sentencia penal materia de la Carpeta de ejecución 408/2017/JESI-E, sería la del 27 de septiembre del 2021, es decir sigue siendo la misma fecha de compurgación por la cual me vi en la necesidad de promover el presente juicio de garantías por lo que considero y sin mayor razonamiento lógico jurídico, que si se toma esta fecha como la de compurgación de la sentencia penal en cuestión, el juicio de garantías promovido, así como el fallo protector de la justicia federal, no tuvieron ningún sentido; ya que después de más de 11 meses de litigar el presenté juicio, el mismo no tuvo razón de ser, pues quede en la misma situación que al principio de promover mi demanda constitucional; ya que no hubo ningún beneficio a mi favor a pesar de contar con el Amparo y Protección de la justicia federal, pues como lo he precisado la fecha de compurgación de la sentencia penal en cuestión sigue siendo la misma fecha contenida el acuerdo de fecha 19 de Octubre del 2020 dictada dentro de la Carpeta de ejecución 408/20177JESI-E es decir en ambos acuerdos tanto con el que se pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, como en contra del cual me amparé la fecha de compurgación de la pena es la del 27 de septiembre del 2021; motivo por el cual y oda vez que a simple vista no se obtiene beneficio alguno en favor del suscrito a pesar de contar con el Amparo y Protección de la Justicia Federal. NO SE PUEDE DAR POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL PRESENTE JUICIO CONSTITUCIONAL; más aún cuando el juez ad quo, no realiza un cómputo conforme a derecho y apegado a la resolución donde se me concede el Amparo y protección de la justicia federal, por los que mis garantías constitucionales siguen siendo transgredidas con esta nueva resolución con la cual se pretende dar cumplimiento a la ejecutoria Federal.. ADEMAS DE QUE JAMAS SE ORDENA SE EXPIDA BOLETA DE LIBERTAD A MI FAVOR APESAR DE QUE EL JUEZ DE EJECUCIÓN YA FIJO COMO FECHA DE COMPURGACIÓN DE MI SENTENCIA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, pues tal situación me deja en completo estado de indefensión pues como puede verse para recabar la información que ya constaba en autos de la carpeta de ejecución en cuestión para realizar el computo de mi sentencia, se llevó más de nueve meses para realizar un simple computo, cometiendo de manera intencional diversos errores que lo llevaron a señalar diversas fechas para indicar el día en que compurgaría la sentencia materia de la carpeta de ejecución, situación que me lleva a tener el temor fundado de que para emitir mi BOLETA DE LIBERTAD el Juez de ejecución vuelva a realizar la misma acción de equivocarse en la fecha de compurgación de la sentencia, si esta autoridad federal da por cumplida la sentencia de amparo; motivo por el cual solicito a esta autoridad federal que para efectos de dar por cumplida la sentencia de amparo, se le solicite al juez de Ejecución emita la boleta de libertad a mi favor y la envié al departamento jurídico del CERESO DE CHOLULA, para que una vez llegada la fecha de 27 de septiembre del 2021, se ordene mi inmediata libertad. Al respecto, debe decirse que dichas manifestaciones son cuestiones de fondo que resultan ajenas a los lineamientos establecidos en el fallo protector, pues la concesión de la protección constitucional implicó que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado y recabara las constancias necesarias para otorgar certeza al cómputo de la pena de prisión realizado, pues al carecer de la documentación correspondiente el mismo carecía de sustento. Lo que en el caso aconteció, pues de la resolución de tres de septiembre de este año se advierte que la autoridad responsable, previo a dejar insubsistente la determinación reclama y recabar la información relativa a la situación del inconforme, con libertad de jurisdicción, tomando en consideración la información recabada y descontando el tiempo de prisión preventiva, así como la de la sanción privativa de libertad transcurrida, realizó el cómputo correspondiente, determinando que el quejoso Héctor Vázquez Báez compurgará la pena impuesta en el proceso 42/2011 del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, lo cual no contraviene lo establecido en la ejecutoria de amparo, pues los aspectos a los que alude el inconforme son cuestiones de legalidad o fondo que no fueron materia de la ejecutoria de amparo, pues, como se indicó, dicha determinación cumple con la totalidad de los lineamientos que se indicaron en el fallo, de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes. En esa medida, las manifestaciones aducidas por el quejoso Héctor Vázquez Báez, en su caso, constituyen materia de una diversa litis constitucional, de modo que quedan expeditos sus derechos para hacerlos valer del modo que estime pertinente. En ese sentido, se estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa no se hace pronunciamiento alguno del destino de éstos. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, debiendo subsistir el folio respecto del cuaderno principal en que se actúa; y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DEPURABLE de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso b) del acuerdo general citado porque se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, debiéndose conservar por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En relación al original del cuaderno incidental, ES DEPURABLE de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso a) del acuerdo general aludido, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, debiéndose conservar por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del mencionado del acuerdo general citado, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de la quejosa HECTOR VAZQUEZ BÁEZ; visto su contenido, téngasele realizando diversas manifestaciones con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable ordenadora, las cuales serán tomadas en consideración al momento de dictar la resolución que determine si la ejecutoria está cumplida o no.

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