Gloria Duarte Peñaloza
Expediente 704/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 704/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gloria Duarte Peñaloza
- Gloria Duarte Peñaloza y Otros.
- Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente expediente, así como su valoración, relevancia documental y destino, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito; sin embargo, el mismo debió ser valorado en cuanto a su relevancia documental y destino en términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, cuyo artículo quinto transitorio señala: 04/08/21 13:06:37 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.f6.76 CESAR IVAN RENDON PATRICIO2 QUINTO. Los expedientes que sean valorados con posterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo serán depurados y, en su caso, resguardados o destruidos, de conformidad con las reglas establecidas en éste. Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de subsanar dicha inconsistencia; se ordena regularizar el presente procedimiento y valorar el expediente en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que, se determina: En consecuencia, de acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia 04/08/21 13:06:37 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.f6.76 CESAR IVAN RENDON PATRICIOJUICIO DE AMPARO: 704/2020 3 documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente.
- Principal
En principio, visto el estado de los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se aprecia que el presente juicio de amparo se encontraba suspendido por las razones ahí precisadas; sin embargo, en la circular SECNO/13/2021, de veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, firmada electrónicamente por la Jueza Ileana Moreno Ramírez, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que, mediante sesión celebrada en esa misma data por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse en Los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el cual se determinó que en relación a Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Guerrero (Vigesimoprimer Circuito), los días dos y tres de marzo de dos mil veintiuno, será aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, periodo durante el cual se suspenden plazos y términos, y a partir del cuatro de marzo de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. En consecuencia en el presente asunto, en términos de la circular SECNO/13/2021, de veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, en relación al artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se estableció la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que constriñe a reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, mediante la reactivación de los plazos procesales, tramitación de promociones y desahogo de las diligencias que requieran la presencia física de las partes, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del uno de febrero al tres de marzo de dos mil veintiuno. Por otra parte, visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Gloria Duarte Peñaloza, por propio derecho y en representación de Arminda Romero Duarte y Aquiles Romero Duarte; ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el cuaderno de antecedentes transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica. Notifíquese por vía electrónica.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo indirecto promovida por Gloria Duarte Peñaloza por sí y en representación de la menor Arminda Romero Duarte; y Aquiles Romero Duarte, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Penal de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 704/2020 y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". La jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, que se advierte en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de lo previsto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 de esa misma ley, como a continuación se demostrará. Falta de actualización de principio de instancia de parte agraviada. Como se adelantó, se actualiza de manera manifiesta e indudable esta causa de improcedencia, pues la demanda de cuenta fue presentada vía electrónica (mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación), sin haberse firmado electrónicamente por la aparente parte quejosa-tal como se advierte de la certificación del Secretario adscrito a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, y no se está en el caso de excepción previsto en la parte final del artículo 3, en relación con el diverso 15, ambos de la Ley de Amparo. Así, el artículo 107, fracción I, de la Constitución establece: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. (.)" Por su parte, los artículos 3 y 6 de la ley de la materia disponen: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.) No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De lo anterior se advierte que el artículo 107, fracción I, de la Constitución, es determinante al disponer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y en relación con esa disposición el diverso 6° de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia; asimismo, el artículo 3 del ordenamiento legal antes citado establece que la demanda de amparo se puede promover mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Razón por la cual se emitió el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que en su artículo 2, fracción II, establece: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General Conjunto, se entenderá por: (.) II. Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL): El Documento Electrónico expedido por alguna de las Autoridades Certificadoras Intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico remitido mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación; (.)". Precisado lo anterior, se destaca que en el procedimiento la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma ya sea autógrafa o electrónica, lo que no acontece en la especie, toda vez que la demanda de amparo se promovió mediante el empleo de las tecnologías de la información, sin firma electrónica certificada. Por lo que, es inconcuso que si la demanda carece de la firma de quien la promueve, debe considerarse como un simple papel, en el que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer, en el caso, la firma electrónica del promovente, ya que la firma es el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del escrito que signan. Por tanto, ante la ausencia de firma electrónica de la promovente en el escrito de demanda, debe considerarse que no hay instancia de parte agraviada; consecuentemente, los actos que se contienen en él, no afectan los intereses jurídicos de quien aparece como promovente, razón por la cual procede desechar la demanda de amparo, al surtirse la causa de improcedencia que se plantea. Es aplicable la jurisprudencia 8/20191, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Así, como se adelantó, está demostrado que la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación de la directa parte quejosa, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 de esa misma ley. Por ello, al quedar acreditada la notoria actualización de la causa de improcedencia a que hizo referencia esta determinación, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida, aparentemente, por Gloria Duarte Peñaloza por sí y en representación de la menor Arminda Romero Duarte; y Aquiles Romero Duarte, por propio derecho. Sin que pase desapercibido para el suscrito juzgado que la demanda de amparo aporte una firma electrónica de la autorizada de la parte quejosa, es decir, de María Elena Acuña Luviano; sin embargo, ello no es impedimento para que dicha demanda sea desechada, toda vez que no se debe soslayar el principio de instancia de parte agraviada, como se dijo anteriormente, contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo; por tanto, al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia, de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Lo anterior, tiene aplicación en la Jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época dentro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, que establece lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". DOMICILIO. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica para tal efecto. AUTORIZADOS. Se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a María Elena Acuña Luviano, Elías Fierro Rivera y Amador Bahena Bahena, toda vez que cuenta con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos.
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