Gloria Aguilar Antúnez

Expediente 72/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
72/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Gloria Aguilar Antúnez

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en recurso de queja 23/2022; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien y apareciendo que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: ".ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; glósese a los presentes autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se dictó un proveído que sin decidirlo en lo principal, concluyó el presente juicio. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio enviado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual informa que ese órgano jurisdiccional admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, mismo que quedó registrado con el número 23/2022; lo que comunica en vía de notificación y para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de febrero de dos mil veintidós. Visto el escrito firmado por Mateo Cruz Guzmán, apoderado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, párrafo primero, 100 y 101 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de enero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, y ríndase informe justificado, para lo cual se manifiesta que es cierto el acto reclamado, toda vez que éste órgano jurisdiccional emitió el proveído de veintisiete de enero de dos mil veintidós. Para justificar lo anterior, se remiten copias certificadas de las constancias relativas. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovido por ***************************, por propio derecho, quienes promueven contra actos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese en el Libro de Gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 72/2022 y fórmese expediente. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juzgador examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esta etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que Gloria Aguilar Antúnez **************************************** por propio derecho, promueven demanda de amparo contra actos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con residencia en esta ciudad y otras dependencias, de quienes reclaman esencialmente la omisión y negativa de dar cumplimiento a la recomendación 035/2019, emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Ahora bien, quién ahora resuelve, considera que se actualiza de manera evidente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al 5 fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos 102 apartado B y 103, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.]. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "ARTÍCULO 102. [.] B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las Legislaturas de éstas" "ARTÍCULO 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Transcripciones de las cuales se obtiene que, el juicio de amparo es improcedente contra actos de un órgano del Estado que no tenga el carácter de autoridad para efectos del amparo. El artículo 5 de la ley de la materia prevé que es autoridad, para efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso, omita un acto que de realizarse produciría estas situaciones. El legislador enumeró descriptivamente los actos que puede realizar una autoridad, pero no precisó las características que deben reunir para que sean susceptibles de un control de la constitucionalidad, a través del juicio de amparo; esta situación, originó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación -como máximo intérprete de la Carta Magna y de los demás ordenamientos de nuestro sistema jurídico- delimitara el concepto de autoridad en la jurisprudencia 2a./J.164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Luego, se considera como "autoridad responsable" para los efectos del juicio de amparo, a la autoridad (y en ciertos casos a un particular) únicamente cuando los una con la parte quejosa, una relación de supra a subordinación, en la cual, dicha parte promovente tenga incorporada en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que, lo ubican en una específica situación jurídica que crea, modifica o extingue, sus derechos en forma unilateral y obligatoria. En ese orden de ideas, uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia de un acto de autoridad, sea omisivo o positivo; pues, no es posible analizar la procedencia de la instancia, y en su caso, el fondo del asunto, si no existe la conducta atribuida a la responsable. Cuando los actos reclamados no sean susceptibles de someterse a control de la constitucionalidad, el amparo será improcedente, pues los actos deben ser aptos para su conocimiento y escrutinio en sede jurisdiccional, a la luz de los derechos humanos. En el caso concreto, los actos destacados como reclamados, no son justiciables en sede judicial. Para justificar lo anterior, se debe precisar que la Constitución Federal prevé mecanismos de control de constitucionalidad o control de regularidad constitucional, lo cual consiste en que ciertos órganos realicen una comparación entre la Constitución y determinadas normas de carácter inferior o actos, a efecto de analizar si se contraponen o no, y entre los cuales se encuentra el juicio de amparo. Adicionalmente, es posible advertir de nuestro texto constitucional la existencia de garantías constitucionales de índole no jurisdiccional, y que no implican el ejercicio de un control de constitucionalidad, entre las cuales se encuentran las recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos. Dichas garantías constitucionales -tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales-, no guardan una relación de prevalencia o jerarquía entre sí, sino de complementariedad, toda vez que cada una de estas garantías responde a una lógica específica, es decir, a su razón dentro de la ingeniería constitucional. Así las cosas, al no existir jerarquía entre tales garantías constitucionales, sino un principio de complementariedad entre las mismas, debe concluirse que, la validez de la determinación que se adopte a través de cada una de éstas o el cumplimiento de las mismas no podrá encontrarse sujeta a un posterior análisis a través de otro de estos mecanismos de control. De ahí que el presente juicio sea improcedente, ya que mediante el amparo no se puede someter a control de constitucionalidad la aceptación, cumplimiento o incumplimiento, por parte de las autoridades destinatarias, así como el ejercicio de las facultades conferidas al referido organismo para conminar a estas a cumplir el contenido de sus recomendaciones. Pues, ello encierra el ejercicio de una facultad de apreciación de la Comisión de Derechos Humanos, cuyo ejercicio le está reservado constitucionalmente, como un mecanismo de control de índole no jurisdiccional. Al respecto, se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al haber ejercido su facultad de atracción, a efecto de resolver el amparo en revisión 426/2013, interpuesto contra el fallo de ocho de febrero de dos mil trece, emitido por el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el entonces Distrito Federal, en el juicio de amparo indirecto 1328/2012; en la resolución del medio de impugnación en comento, se confirmó el sobreseimiento decretado en primera instancia, al considerar que la omisión en el cumplimiento de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, no es un acto susceptible de ser analizado a través del juicio de amparo. Lo anterior al haber sostenido las consideraciones siguientes: Abordó únicamente si el incumplimiento parcial o total de las recomendaciones emitidas por comisiones de derechos humanos -una vez aceptadas por las autoridades ahí vinculadas- son o no impugnables vía amparo, y de manera adicional, si incide en dicha determinación el hecho que, la normativa interna de dicha comisión establezca la obligatoriedad de las mismas. De igual forma acotó que, en esa decisión no se pronunció -pues no era la litis del caso- si las comisiones estatales de derechos humanos son autoridades responsables para efectos de amparo, ni si sus recomendaciones, por sí mismas, son actos de autoridad. Tampoco se abordó las posibles sanciones administrativas respecto de las personas que laboraran en dichas comisiones por su alegado mal desempeño en sus funciones. La Primera Sala consideró que el Poder Judicial, aun en ejercicio de sus poderes de control constitucional, no estaba facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento o incumplimiento (acciones u omisiones) por parte de las autoridades de las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, pues ello encierra el ejercicio de una facultad de apreciación, cuyo ejercicio está reservado constitucionalmente a dichos organismos, por lo que cualquier acto que exigía el despliegue de esa facultad debía entenderse como un acto no justiciable en sede judicial. De lo anterior se desprendió que, las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos eran obligatorias para las autoridades a las que se dirigen desde las obligaciones de respeto y garantía reconocidas en el artículo 1 constitucional. Una vez recibidas, las autoridades están obligadas a considerarlas, aceptarlas, o desecharlas, fundando y motivando su oposición. Así, la obligatoriedad de ciertas decisiones no depende, de si son o no impugnables en amparo. Entenderlo de dicha manera es no entender la naturaleza de los ombudsperson, y aceptar que ante lo que se percibe como falto de fuerza sea "mejorado" al ser recurrible vía judicial, abriendo la puerta con ello a la pérdida de autonomía e independencia de las comisiones estatales de derechos humanos, puesto que podría suceder, incluso, que una autoridad judicial tuviera una determinación diversa sobre el cumplimiento de las recomendaciones por parte de ciertas autoridades ante una diversidad de reparaciones dirigidas directamente a las víctimas y otras más como garantías de no repetición. Las recomendaciones emitidas por estas comisiones, establecen una amplia gama de reparaciones integrales que incluyen indemnización, actos de disculpa pública, investigación a servidores públicos involucrados en las violaciones a derechos humanos, así como garantías de no repetición. En relación con estas últimas, apuntó que no están destinadas directamente a la persona o personas respecto de quienes se ha declarado una violación de derechos humanos, sino de manera más general, a reparar una situación estructural con la intención de que las violaciones ocurridas en el caso concreto no se repitan. En ese sentido, si el incumplimiento total o parcial por parte de una autoridad fuera recurrible vía amparo implicaría, además, que las autoridades judiciales pudieran determinar, en asuntos por demás complejos en temas de garantías de no repetición, que las recomendaciones respectivas se encuentran cumplidas cuando no lo estén, mermando con ello la capacidad instalada de las comisiones para incidir en el cumplimiento de las mismas. Considerar que la omisión de las autoridades sea impugnable vía amparo cuando éstas no cumplan o acepten una recomendación de una comisión estatal de derechos humanos desnaturalizaría la propia institución, puesto que entonces dichas instituciones no podrían llevar a cabo una de las funciones torales de las comisiones, que es actuar de oficio en las violaciones de derechos humanos; sino que tendrían que hacerlo sólo a petición de parte y, además, tendrían la obligación de dar debida audiencia a la autoridad que emitió el acto que se investiga, mermando con ello la función ágil, autónoma y no jurisdiccional que está llamada a cumplir. La no justiciabilidad en el ámbito judicial del cumplimiento de las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, no implica una incoherencia con el modelo de estado constitucional de derecho, pues la labor de las comisiones de derechos humanos son parte de un diseño institucional que tiene un medio de control no jurisdiccional o cuasi jurisdiccional por el que se pueda tutelar. Tal como se ha destacado, el pronunciamiento sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte de una autoridad referida en las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos -hayan cumplido parcialmente o incumplido en su totalidad- es una facultad exclusiva de dichas comisiones que tiene como parámetro justamente la tutela de los derechos humanos desde una perspectiva política y cuasi jurisdiccional. La improcedencia del juicio de amparo para someter a escrutinio actos de autoridad, cuya regularidad pasa por la respuesta a la interrogante de si se cumple o no la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, era una exigencia de la estructura de relaciones de coordinación entre ramas, poderes u órganos, en específico, al tener que respetar un obstáculo técnico cuya teleología es evitar una inapropiada interferencia del poder judicial en las facultades exclusivas de las comisiones de derechos humanos, para desplegar sus facultades de cumplimiento, sobre todo cuando este dispositivo tiene justamente como finalidad la protección de los derechos humanos y la reparación de las violaciones de éstos. El poder judicial está imposibilitado de revisar el cumplimiento o incumplimiento de una recomendación emitida por una comisión de derechos humanos, independientemente de que en su normativa interna se estipule que dichas recomendaciones son obligatorias. Considerar lo contrario no sólo era desconocer la naturaleza de dichas instituciones, sino que además traería, como posible consecuencia, por un lado, desincentivar la aceptación de las recomendaciones y el avance en el cumplimiento de las mismas y, por otro, como ya se dijo, arribar a decisiones contradictorias en donde el poder judicial pudiera dar por cumplida una recomendación, o considerarla de imposible cumplimiento, contrariando una posición de la comisión estatal. Concluyó que, existía un impedimento técnico que convierte el reclamo de incumplimiento de una recomendación de una comisión de derechos humanos, en una cuestión no justiciable en sede jurisdiccional. Una vez precisado lo anterior, en la especie los actos reclamados consisten esencialmente en la omisión, dilación o negativa, de las dependencias que las aquí quejosas señalaron como responsables; porque afirman que debido a su actitud evasiva no dan cumplimiento a la recomendación 35/2019, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, lo cual deben efectuar para que según su dicho se logre la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen; sin embargo, el incumplimiento de la recomendación que dio origen a este asunto, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. La omisión que la parte quejosa atribuyó a la [1] Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Guerrero, [2] Congreso del Estado de Guerrero, [3] Integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Teloloapan, Guerrero y la negativa por parte del [4] Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; se funda en la recomendación 35/2019, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero; autoridad cuyas determinaciones, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, carecen de imperio, dado que, por sí mismas no crean, modifican o extinguen una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al gobernado, pues sus recomendaciones no tienen efectos vinculantes para las partes; por consiguiente, resulta evidente que, la omisión de que se duele la parte quejosa proviene de un acto que no es obligatorio ni vinculante. Apoya a lo anterior, la tesis VI.3o.16 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y nueve, página 507, que establece lo siguiente: "COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. SUS RECOMENDACIONES NO TIENEN EL CARÁCTER DE ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo con la ley que la regula es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es el de conocer, e investigar aun de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos y formular recomendaciones; éstas no pueden ser exigidas por la fuerza o a través de otra autoridad en los términos de lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que establece: "La recomendación será pública y autónoma, no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia ...". Por tanto la resolución final que dicte la citada comisión en las quejas y denuncias correspondientes no tiene el carácter de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que de acuerdo con la normatividad que la rige carece de los atributos esenciales que caracterizan a todo acto de esa naturaleza; puesto que además de que dichas recomendaciones no pueden ser exigidas por la fuerza no anulan o modifican los actos contra los que se haya formulado la queja o denuncia; pues las autoridades a las que se dirigen pueden abstenerse de realizar lo que se les recomienda; careciendo por tanto la recomendación de fuerza compulsora." Al no existir el supuesto de obligación para normar la actuación de las autoridades responsables, no puede verificarse un incumplimiento o de una transgresión formal o material a una obligación constitucional; por tanto, la conducta positiva u omisiva del ente público no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo. En consecuencia, si las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos (que tampoco constituyen actos de autoridad para efectos del amparo), no tienen el carácter de vinculantes, al no existir una obligación legal de su acatamiento forzoso, ni un procedimiento constitucionalmente creado hasta el momento para lograr asignarles ese carácter, es evidente entonces que el comportamiento indiferente o de omisión respecto de acatar o no el contenido de las sugerencias (no órdenes) contenidas en la recomendación de que se trate, no representa el incumplimiento a un deber por parte las autoridades señaladas como responsables. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis II.2o.P.76 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Novena Época, tomo XVIII, julio de dos mil tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1120, cuyo rubro y sinopsis son: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1o., AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA POR SÍ MISMO EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE UNA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR ALGUNA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONAL O INTERNACIONAL. De acuerdo con la estructura constitucional orgánica, el ejercicio de las funciones de autoridad está supeditado a la regulación de su propio desempeño emanado de la Ley Fundamental y de las derivadas de esas disposiciones fundamentadoras. Así, las autoridades como tales están obligadas a cumplir con sus obligaciones surgidas de la ley, sean éstas de carácter positivo o negativo. En tal virtud, la autoridad debe acatar su obligación de hacer aquello que la ley le ordena, o de abstenerse de realizar lo que la ley le prohíbe. El potencial incumplimiento a esas obligaciones (traducido en actos positivos o negativos), que repercute en la esfera jurídica de los particulares, es lo que da lugar al surgimiento de un derecho público subjetivo a favor de éstos, que les permite, en términos del marco constitucional de la nación, acudir al juicio de amparo, instrumento de control constitucional que garantiza el respeto, tutela o reparación, según el caso, de los derechos fundamentales reconocidos y jurídicamente provistos de esa garantía de protección; de tal manera que de no existir un supuesto de obligación para una determinada autoridad, no puede hablarse entonces de un incumplimiento o de una transgresión formal o material respecto de precepto legal o disposición constitucional alguna y, por tanto, en esos casos el actuar, por parte de la autoridad, queda al margen de su actividad jurídicamente regulada y sujeta a control, lo que se traduce en que, en tales supuestos, la conducta o comportamiento del agente o ente público no constituya un acto de autoridad para efectos del amparo, tal es el caso de los actos de índole personal o del estricto ámbito ético y moral que no quedaron comprendidos por la normatividad aplicable. En consecuencia, es de concluirse que si las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos (que tampoco constituyen actos de autoridad para efectos del amparo), no tienen el carácter de vinculantes, al no existir una obligación legal de su acatamiento forzoso, ni un procedimiento constitucionalmente creado hasta el momento para lograr asignarles ese carácter, es evidente entonces que el comportamiento indiferente o de omisión respecto de acatar o no el contenido de las sugerencias (no órdenes) contenidas en la recomendación de que se trate, no representa el incumplimiento a un deber por parte del órgano estatal o Estado mismo al que se dirija, como acto de autoridad para los efectos del amparo, de acuerdo con la normatividad constitucional y legal existente en este país, hasta este momento; de manera que la pretensión de reclamar mediante el juicio de garantías, por sí mismo y genéricamente, un posible "incumplimiento" al contenido de una recomendación de alguna comisión de derechos humanos, sea nacional o internacional, produce la actualización de la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 1o., ambos de la Ley de Amparo." Concomitante a lo anterior, cabe precisar que en otros asuntos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido similares criterios, como a continuación se citan: 1. La Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 448/2015, estableció que las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no son actos que puedan ser cuestionados mediante el juicio de amparo, ni lo son los actos relacionados con su cumplimiento o incumplimiento, tal y como se aprecia de la siguiente transcripción: "[.] De lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala considera que el Poder Judicial, aún en ejercicio de sus poderes de control constitucional, no está facultado para pronunciarse sobre el contenido de una recomendación formulada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni menos sobre el cumplimiento o incumplimiento (acciones u omisiones) por parte de las autoridades o servidores públicos destinatarios de dicha recomendación, pues ello encierra el ejercicio de una facultad de apreciación, cuyo ejercicio está reservado constitucionalmente a dichos organismos, por lo que cualquier acto que exija el despliegue de esa facultad debe entenderse como un acto no justiciable en sede judicial. [...] En todo caso, es la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como órgano autónomo, la única facultada para determinar el contenido de sus recomendaciones, y en su caso, para analizar su cumplimiento por parte de las autoridades referidas en las mismas. [...] Esta Primera Sala estima, además, que de considerar la posibilidad de que el contenido, cumplimiento o incumplimiento de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pudieren ser impugnables vía amparo, desnaturalizaría la naturaleza de la propia Comisión, puesto que entonces la misma no podría llevar a cabo una de sus funciones torales, que es actuar de oficio en las violaciones de derechos humanos; sino que tendría que hacerlo sólo a petición de parte y, además, tendría la obligación de dar debida audiencia a la autoridad que emitió el acto que se investiga, mermando con ello la función ágil, autónoma y no jurisdiccional que está llamada a cumplir [...]." 2. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 1066/2015, estableció que el juicio de amparo es improcedente en contra de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en contra de su cumplimiento: "[...] Así, para que opere a plenitud el sistema de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no se requiere de la existencia de un mecanismo de revisión posterior, pues inclusive dicha garantía, atendiendo a su naturaleza, opera bajo una lógica no recursal, por lo que la apertura de una vía para reclamar tales recomendaciones, representaría un obstáculo para el desenvolvimiento de las funciones que por mandato constitucional tiene a su cargo la citada Comisión Nacional, en especial, en el tema del cumplimiento de las recomendaciones, cuando éstas han sido aceptadas por las autoridades, situación que inclusive se traduciría en un escenario no deseable para las víctimas de violaciones a derechos humanos. En efecto, en el supuesto de que se estimara que es procedente analizar, vía juicio de amparo, el contenido material de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tal situación desnaturalizaría la función de dicho organismo, pues ello implicaría no sólo la posibilidad de promover un juicio de amparo, sino potencialmente, la de interponer en contra de tal sentencia el recurso de revisión previsto en la Ley de Amparo, por lo que se obstaculizaría que la Comisión Nacional realice su función de manera ágil y autónoma, pues el posible cumplimiento a la recomendación emitida, en caso de que sea aceptada por la autoridad o servidor, se encontraría sujeta a su posterior validación por parte de los órganos de amparo". Así, siguiendo los criterios del Máximo Tribunal, este órgano jurisdiccional concluye que, tanto las recomendaciones como su aceptación, cumplimiento o incumplimiento, no pueden ser cuestionadas mediante el juicio de amparo, pues su escrutinio está reservado constitucionalmente a la Comisión de los Derechos Humanos, en ejercicio de un mecanismo de control de índole no jurisdiccional. En tales condiciones, ante la actualización de la causal de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano la presente. DOMICILIO. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mateo Cruz Guzmán, toda vez que cuenta con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Asimismo, se tiene como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que designa, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Patricia Elizabeth Bautista Ávila, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho, por licencia concedida al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial, que actúa ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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