Gloria Duarte Peñaloza
Expediente 710/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 710/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gloria Duarte Peñaloza
- Gloria Duarte Peñaloza y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Gloria Duarte Peñaloza, por si y en representación de la menor Arminda Romero Duarte; y Aquiles Romero Duarte, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Gloria Duarte Peñaloza, por si y en representación de la menor Arminda Romero Duarte; y Aquiles Romero Duarte, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 710/2020 y fórmese expediente físico y electrónico. Ahora, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de los promoventes de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia. En tal sentido, se tiene que Gloria Duarte Peñaloza, por si y en representación de la menor Arminda Romero Duarte; y Aquiles Romero Duarte, por su propio derecho, reclaman el auto de dieciséis de octubre de dos ml veinte, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, en autos de la causa penal 09/2016-II, instruida a Rafael Pineda Chávez, por el cual señaló como fecha para el desahogo de la diligencia de careos procesales entre el procesado Rafael Pineda Chávez, con los testigos de cargo Gloria Duarte Peñaloza, la menor Arminda Romero Duarte; y Aquiles Romero Duarte, las once horas del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, con el apercibimiento que de no comparecer sin causa justificada, en posterior ocasión serían presentados bajo la fuerza pública. En tales circunstancias, este juzgador advierte que el juicio de amparo intentado deviene improcedente respecto del acto reclamado expresamente, al actualizarse las causales previstas en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es Improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Entonces, el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En el caso, del análisis del auto de dieciséis de octubre de dos ml veinte, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, en autos de la causa penal 09/2016-II, instruida a Rafael Pineda Chávez, (que fue acompañado como anexo a la demanda), se aprecia que tenía como finalidad el desahogo de la diligencia de careos procesales entre el procesado Rafael Pineda Chávez, con los aquí quejosos Gloria Duarte Peñaloza, la menor Arminda Romero Duarte; y Aquiles Romero Duarte, para las once horas del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, fecha que a la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio ya había transcurrido. Bajo esa óptica, se aprecia que, en el caso, existe una imposibilidad jurídica para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto reclamado, ello porque de considerarlo violatorio de derechos fundamentales no se podría restituir a los quejosos en el pleno goce del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la demanda de amparo se presentó a las trece horas con veinticinco minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veinte, esto es, con posterioridad a la señalada en el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte, en el que se señalaron las once horas del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la diligencia de careos, en autos de la causa penal 09/2006-II. En efecto, resulta evidente que la mencionada determinación jurídicamente produjo todos sus efectos legales, en la medida de que la hora y fecha en que se citó a los quejosos para el desahogo de los careos, ya había acaecido al momento en que presentó la demanda de amparo; por ende, de considerar que el acto reclamado a estudio fuese violatorio de derechos fundamentales, sería física y materialmente imposible restituir a los agraviados en los derechos que se consideraran transgredidos, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, dado que, con independencia de que se hayan o no presentado ante el Juez responsable, tal cuestión no puede ser analizada, en razón de que la hora y data para su verificativo ocurrió antes de que presentara la demanda de amparo. Tiene aplicación al caso por analogía la tesis I.6o. P118 P (10a), Décima Época, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017798, que establece lo siguiente: "CITATORIO PARA ACUDIR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL A UNA DILIGENCIA RELACIONADA CON LOS HECHOS INVESTIGADOS EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI SE IMPUGNA EN AMPARO INDIRECTO, Y NO SE ADVIERTE QUE CONTENGA APERCIBIMIENTO O MEDIDA DE APREMIO ALGUNO, DE NO COMPARECER, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si el acto reclamado se hizo consistir en el citatorio que se giró en relación con los hechos investigados en una averiguación previa, emitido por el agente del Ministerio Público Federal, y en éste no se advierte apercibimiento o medida de apremio alguno, en caso de no comparecer para el esclarecimiento de los hechos, es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no afecta su interés jurídico, pues se encuentra en libertad de acudir o no al llamado, por lo que si no lo hace, ello no causa efecto alguno." Ello sin soslayar el apercibimiento decretado por la autoridad responsable, en el sentido que de no comparecer sin causa justificada, en posterior ocasión serían presentados bajo la fuerza pública, ya que en el citado caso, la parte quejosa no acreditó fehacientemente la actualización de un perjuicio a un derecho que tenga jurídicamente tutelado, por lo que es inconcuso que no se materializa el interés jurídico, que es necesario como presupuesto fundamental para la procedencia del juicio de amparo, pues tal circunstancia resulta ser futura e incierta que a la postre no se está en posibilidad de saber si habrán o no de llevarse a cabo. Tiene aplicación al caso por analogía la Jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), visible en la Décima Época de la instancia Plenos de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, a página 2321 que dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." Esto es así, dado que el artículo 6° de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo únicamente debe promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, lo que implica que uno de los presupuestos indispensables que debe concurrir para la procedencia constitucional es la demostración de la afectación del interés jurídico de los quejosos, entendiéndose como interés jurídico, el derecho reconocido en favor de su titular por el ordenamiento jurídico vigente, que cuando es violentado por la autoridad, legitima a su titular para comparecer ante los Tribunales Federales encargados del control constitucional, haciendo surgir el interés jurídico del afectado que debe estar plenamente acreditado y no inferirse a base de presunciones. Lo anterior se sostiene, dado que la instauración del juicio de amparo ante los órganos de jurisdicción federal tiene como requisito sine qua non, que el sujeto de derecho que promueve resienta en su perjuicio la aplicación del acto que estima inconstitucional, esto es, la legitimación para poder instar la protección constitucional respecto de actos que se vinculen directamente con él; es decir, la condición particular y concreta que se deriva del objeto del proceso en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la tesis IV.3°.A.T.29 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable a página 1675, Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO FUTURO E INCIERTO. NO SIEMPRE ES NECESARIA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOBRE EL PARTICULAR, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA NARRA HECHOS QUE ASÍ LO INDICAN.". En mérito de lo expuesto, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con apoyo en el diverso numeral 113, de la propia ley. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la quejosa el que indica en el escrito que se provee. AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Elena Acuña Luviano y Elías Fierro, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a las diversas personas que relaciona, por así haberlo señalado La parte quejosa señala el correo electrónico des_jur_fierro@hotmail.com, con número celular 7471599933. Por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico proporcionado con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. Por otra parte, como lo solicita y de conformidad con la certificación de cuenta se autoriza a María Elena Acuña Luviano con nombre de usuario "LUVIANO", el acceso al expediente electrónico del presente asunto, con fundamento en los artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; en consecuencia vincúlese dichos usuarios a la parte quejosa y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano jurisdiccional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por otro lado, en acatamiento al artículo 2º de citado Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que de ser posible y de así considerarlo, continúen con la tramitación del juicio en línea. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos.
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