Gloria Duarte Peñaloza

Expediente 703/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
703/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
04/03/2021

Partes del expediente

  • Gloria Duarte Peñaloza
  • Gloria Duarte Peñaloza y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de los que se aprecia que el juicio en que se actúa se encontraba suspendido por las razones ahí precisadas; sin embargo, de acuerdo a las circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, SECNO/12/2021 y SECNO/13/2021, de treinta de enero, seis, trece, veinte y veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, firmadas electrónicamente por la jueza Ileana Moreno Ramírez, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó que se determinó adoptar como medida especial para salvaguardar la salud de las y los justiciables, así como de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1 fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, y se suspendieron las labores para el periodo comprendido del uno de febrero al tres de marzo de dos mil veintiuno. Luego, por Acuerdo General 1/2021, que reforma el similar 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se constriñe a reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, mediante la reactivación de los plazos procesales, tramitación de promociones y desahogo de las diligencias que requieran la presencia física de las partes. En ese contexto, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del uno de febrero al tres de marzo de dos mil veintiuno y se reanuda el presente juicio en el punto en que quedó pausado. Por otra parte, en acatamiento al artículo 22º del citado Acuerdo, se exhorta a las partes para que de ser posible y estimarlo pertinente transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De igual forma, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales; en el entendido de que su contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Se ordena al Actuario Judicial adscrito realice la notificación del presente proveído vía electrónica, con independencia de los medios acostumbrados. Por otro lado, visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Gloria Duarte Peñaloza, por sí y en representación de la menor identificada como A. R. D., sin haberlo acreditado fehacientemente y Aquiles Romero Duarte, contra actos del Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bravos, residente en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de derechos. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Gloria Duarte Peñaloza, por sí y en representación de la menor de iniciales A. R. D. (que en adelante así se identificará a fin de salvaguardar su identidad y datos sensibles), y Aquiles Romero Duarte, contra actos del Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bravos, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 703/2020 y fórmese expediente. DESECHAMIENTO. Ahora, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". La jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, que se advierte en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de lo previsto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 6 de esa misma ley, como a continuación se demostrará. Falta de actualización de principio de instancia de parte agraviada. Como se adelantó, se actualiza de manera manifiesta e indudable esta causa de improcedencia, pues la demanda de cuenta fue presentada vía electrónica (mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación), sin haberse firmado electrónicamente por los aparentes quejosos, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, y no se está en el caso de excepción previsto en la parte final del artículo 3, en relación con el diverso 15, ambos de la Ley de Amparo. Así, el artículo 107, fracción I, de la Constitución establece: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (.)" Por su parte, los artículos 3 y 6 de la ley de la materia disponen: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.) No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De lo anterior se advierte que el artículo 107, fracción I, de la Constitución, es determinante al disponer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y en relación con esa disposición el diverso 6° de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia; asimismo, el artículo 3 del ordenamiento legal antes citado establece que la demanda de amparo se puede promover mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Razón por la cual se emitió el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que en su artículo 2, fracción II, establece: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General Conjunto, se entenderá por: (.) II. Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL): El Documento Electrónico expedido por alguna de las Autoridades Certificadoras Intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico remitido mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación; (.)". Precisado lo anterior, se destaca que en el procedimiento la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma ya sea autógrafa o electrónica, lo que no acontece en la especie, toda vez que la demanda de amparo se promovió mediante el empleo de las tecnologías de la información, sin firma electrónica certificada. Por lo que, es inconcuso que si la demanda carece de la firma de quien la promueve, debe considerarse como un simple papel, en el que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer, en el caso, la firma electrónica de los promoventes, ya que la firma es el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del escrito que signan. Por tanto, ante la ausencia de firma electrónica de los promoventes en el escrito de demanda, debe considerarse que no hay instancia de parte agraviada; consecuentemente, los actos que se contienen en él, no afectan los intereses jurídicos de quien aparece como promovente, razón por la cual procede desechar la demanda de amparo, al surtirse la causa de improcedencia que se plantea. Es aplicable la jurisprudencia 8/2019, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". (El resaltado es propio). Así, como se adelantó, está demostrado que la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación de los directos quejosos, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 de esa misma ley. Por ello, al quedar acreditada la notoria actualización de la causa de improcedencia a que hizo referencia esta determinación, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida, aparentemente, por Gloria Duarte Peñaloza, por sí y en representación de la menor A. R. D., sin haberlo acreditado fehacientemente y Aquiles Romero Duarte. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Elena Acuña Luviano y Elías Fierro Rivera, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Amador Bahena Bahena, Eduardo Fierro Rivas, Ramiro Salgado González y Ángel Daniel Dionicio Fierro, en virtud de no tener registrada su cédula profesional en el consabido Sistema Computarizado y por así haberlo solicitado expresamente, respectivamente. Por otro lado, en acatamiento al artículo 2º del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que de ser posible y de así considerarlo, continúen con la tramitación del juicio en línea. Asimismo, se tiene a la parte quejosa por señalando el correo electrónico des_jur_fierro@hotmail.com. y número celular 74 71 59 99 33. Por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico proporcionado con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. De igual manera, téngase como autorizada para consultar Expedientes Electrónicos a María Elena Acuña Luviano, con nombre de usuarios LUVIANO, en virtud que cumple con lo que establece el artículo 3º de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, así como el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos.

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