Gloria Alejandra Castillo Flores

Expediente 1364/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1364/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Gloria Alejandra Castillo Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Gloria Alejandra Castillo Flores y firmado por Enrique Juayerk Herrera autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual desahoga la prevención que se le realizó en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo existen dos vías por las cuales se puede presentar una demanda de amparo: (a) de manera impresa; y, (b) de forma electrónica. En la segunda hipótesis, el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación requiere que las personas cuenten con la Firel y el registro en el sistema, que constituye un acto personal que exige nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única del Registro de Población (CURP), nombre de usuario, contraseña y vinculación del registro a la Firel, lo cual revela que no es del dominio generalizado de los ciudadanos llevar a cabo ese tipo de trámite ante los múltiples requisitos que se exigen. De ahí que, si de la imagen digitalizada de la demanda o de su ampliación se observa que obra la firma autógrafa de la quejosa y la firma electrónica de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, entonces, en dicho documento se encuentra plasmada la voluntad de aquélla para dar trámite a su escrito. Expuesto lo anterior, en razón de que el ocurso de cuenta fue firmado autógrafamente por la quejosa y electrónicamente por su autorizado es evidente que se plasmó su voluntad para dar el trámite correspondiente a su escrito de cuenta; por tanto, provéase lo conducente. Se cita de manera orientadora la Tesis: XVI.1o.A.1 K (11a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Tomo IV, visible a página 3841, registro digital 2026158, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO O SU AMPLIACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE DESECHARLA SI SE PROMOVIÓ CON FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA, PERO EN EL ESCRITO DIGITALIZADO SE ADVIERTE LA FIRMA AUTÓGRAFA DE ÉSTA, PUES DEBE PRIVILEGIARSE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19). Hechos: Durante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), la autorizada de la parte quejosa presentó electrónicamente, mediante el uso de su firma electrónica, en un caso una demanda de amparo indirecto y, en otro, su ampliación, en las que en su parte final se observan las firmas autógrafas de la quejosa. La Jueza de Distrito las desechó con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al estimar que se encontraban firmadas electrónicamente por persona diversa a esta última. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en los asuntos recibidos durante la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), los operadores judiciales deben actuar con la mayor flexibilidad y amplitud posibles, orientando su labor conforme al párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución General, es decir, "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia", a efecto de proteger los derechos humanos de los justiciables; de ahí que es improcedente desechar la demanda de amparo o su ampliación presentada con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel) del autorizado de la parte quejosa, si en el escrito digitalizado se advierte la firma autógrafa de ésta, a fin de privilegiar el derecho de acceso a la justicia. Justificación: Lo anterior, porque conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo existen dos vías por las cuales se puede presentar una demanda de amparo: (a) de manera impresa y (b) de forma electrónica. En la segunda hipótesis, el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación requiere que las personas cuenten con la Firel y el registro en el sistema, que constituye un acto personal que exige nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única del Registro de Población (CURP), nombre de usuario, contraseña y vinculación del registro a la Firel, lo cual revela que no es del dominio generalizado de los ciudadanos llevar a cabo ese tipo de trámite ante los múltiples requisitos que se exigen. Por tanto, si de la imagen digitalizada de la demanda o de su ampliación se observa que obra la firma autógrafa de la quejosa y la firma electrónica de su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, entonces, en dicho documento se encuentra plasmada la voluntad de aquélla para dar trámite a su escrito y, por lo tanto, se colma el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio constitucional." El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que es procedente desechar de plano una demanda de amparo, por actualizarse un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se aprecia que la parte quejosa reclama el auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro de la reclamación administrativa CFE-DIST-9MFWK/ZALT/07/2023, por la Gerencia Divisional de Distribución Centro Sur, Zona Altamirano, de CFE Distribución, por el que desechó la reclamación administrativa presentada el treinta uno de mayo de dos mil veintitrés. Este órgano jurisdiccional de oficio advierte que se actualiza el supuesto previsto por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa no agotó el recurso o medio de defensa legal por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. El artículo dispone: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". La hipótesis normativa de dicho precepto, dispone que el juicio de amparo es improcedente, cuando contra el acto reclamado -que se atribuye a una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo- proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; siempre y cuando conforme a las leyes que rigen el acto, con la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, sean susceptibles de suspenderse los efectos del acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo prevé para conceder la suspensión definitiva. De esta manera, el principio de definitividad del juicio de amparo, impone a la parte quejosa la carga procesal de agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo; pues el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con el artículo 2° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es el medio de defensa legal por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Los artículos disponen: "Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir un resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. III. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración; VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal; IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado; XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior; XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos; XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos; XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley." El artículo 2° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone que el juicio contencioso administrativo federal, procede contra los actos administrativos que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De acuerdo con lo establecido por el artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la quejosa tiene a su alcance el juicio contencioso administrativo para recurrir el auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro de la reclamación administrativa CFE-DIST-9MFWK/ZALT/07/2023, por la Gerencia Divisional de Distribución Centro Sur, Zona Altamirano, de CFE Distribución, por el que desechó la reclamación administrativa presentada el treinta uno de mayo de dos mil veintitrés. Es así, pues de acuerdo con tales preceptos normativos compete al Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocer de los juicios que se promuevan en contra de actos administrativos; hipótesis en la que es factible encuadrar el acto reclamado. De esta manera, se evidencia que la quejosa, previamente a instar la acción de amparo, debió acudir al juicio contencioso administrativo, que constituye el medio de defensa ordinario mediante el cual podría obtener la declaratoria de ilegalidad del acto combatido. Además, el requisito consistente en que el acto reclamado, sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se colma en razón de que fue emitido por autoridad administrativa, como lo es, la Gerencia Divisional de Distribución Centro Sur, Zona Altamirano, de CFE Distribución. El artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en los preceptos 128 y 129 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.3o.A. J/5(10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, décima época, tomo III, visible en la página mil cuatrocientos setenta, número de registro 2004254, que establece: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad." Por lo expuesto, es indudable que la parte quejosa tiene la carga procesal de promover el juicio contencioso administrativo, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, pues a través de él, podía lograr que el acto reclamado quedara sin efectos, o bien, modificado, tal como lo dispone el precepto 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En las condiciones apuntadas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, como se anticipó, con apoyo en el numeral 113 transcrito, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida del Secretario Omar García Leyva, que da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible desahogar, en virtud de que en autos no obran los informes justificados de las autoridades responsables: [1] AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE AYALA, MORELOS. [2] AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO SISTEMA TRADICIONAL, CUAUTLA, MORELOS. [3] AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO TLAYACAPÁN, MORELOS. Asimismo, no obran en autos los acuses de recibo de los oficios 29264/2023 de siete de septiembre de dos mil veintitrés, dirigido al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía de Delitos Sexuales -Yazmin Aparicio Lagunas-, con residencia en Temixco Morelos -a través del cual se le requirió el domicilio de la víctima-, en la carpeta JC/309/2023 de su índice, aquí tercera interesada de identidad reservada V.C.R. Ahora bien, al no tener la certeza de que dichos oficios hayan sido entregados a sus destinatarios, pues como se dijo en el párrafo que antecede no obran los acuses respectivos; se solicita al actuario de la adscripción y encargado del presente asunto para que a la mayor brevedad verifique si conforme al código de rastreo proporcionado por la empresa de mensajería, se llevó a cabo la entrega de los oficios antes mencionados y asiente la razón correspondiente. En razón de lo anterior, la referida audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción a este juzgado federal de la licenciada Maribel Castillo Moreno, a partir del uno de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida de la Secretaria Paulina Elizabeth Olascuaga Sánchez, que da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo y anexos promovida por Gloria Alejandra Castillo Flores, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales L. F. C., J. F. C., J. F. C., y D. F. C., y en su carácter de progenitora del finado Jason Flores Castillo., contra actos de la Gerencia Divisional de Distribución Centro Sur, Zona Altamirano de CFE Distribución, con domicilio en Primera Calle del P.R.I., sin número, Colonia del P.R.I. de esta ciudad. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 1364/2023-A que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese expediente físico y electrónico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. Prevención. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que le surta efectos la notificación de este proveído, exhiba las constancias que acrediten la representación que aduce ostentar, esto es, como representante de los menores de iniciales L. F. C., J. F. C., J. F. C., y D. F. C., y en su carácter de progenitora del finado Jason Flores Castillo. Lo anterior, en razón de que no es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, se debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda. Por tanto, se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior en los términos establecidos y el lapso indicado, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo. Autorizados. Téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Enrique Juayerk Herrera, Margarito de la Paz Méndez, Ranferi Buenaventura Herrera y Jesús Alberto Jouhayerk Rodríguez, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Arnaldo Jovanny Alderete Herrera y Sheyla Krstel Rosas Hernández, por así haberlo solicitado expresamente. Consulta de expediente electrónico. Como lo solicita la promovente, y toda vez que proporciona el usuario: "EnriqueJH", se autoriza la consulta del expediente electrónico, formado con motivo del presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con el nombre de usuario que proporciona. Con independencia de que la parte quejosa haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, dado que existe solicitud expresa de que las mismas se realicen a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, atendiendo a las razones jurídicas expuestas en la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes catorce de junio de dos mil diecinueve, Décima Época, tomo III, página 2247, de rubro: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO."; se autoriza que por dicho medio se le realicen únicamente las notificaciones personales. Toda vez que la parte quejosa señala el correo electrónico enrique_juayerk@hotmail.com y número telefónico 7471476254, con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones a la quejosa; atento a ello, comuníquese a la sección de actuaría únicamente con el fin de obtener un medio alternativo de contacto no procesal. ( Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. ( Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia. De conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. ( Habilitación. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida del Secretario Omar García Leyva, que da fe.

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