Francisco Javier Hernández Castillo

Expediente 692/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
692/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier Hernández Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. SOLICITA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito signado por el licenciado ********************, endosatario en procuración de la parte quejosa ********************, en atención a su contenido, se autoriza la devolución de los documentos que solicita; lo anterior, al resultar innecesaria su retención, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido. Sin embargo, atendiendo a las medidas para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), dentro de las cuales se destaca la adopción de medidas estrictas de distanciamiento social y esquemas para evitar la exposición innecesaria tanto del personal del Consejo de la Judicatura Federal, así como de abogados, justiciables y público en general, se hace del conocimiento de la parte solicitante que para la entrega de las documentales solicitadas deberá atenderse a las reglas que más adelante se precisaran para obtener cita para acudir a este órgano jurisdiccional. ATENCIÓN PRESENCIAL BASADO EN CITAS. Se hace del conocimiento de las partes en general que para ingresar a las instalaciones que ocupan este juzgado federal a fin de consultar el expediente (electrónico) o desahogar comparecencias y requerimientos, se debe generar cita en el micrositio de servicios jurisdiccionales disponible en el Portal de Servicios en Línea, el que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR intransferible que, a su vez, permitirá que ella, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingresen al órgano jurisdiccional por un máximo de veinticinco minutos, previa identificación con documento oficial, registro y pase en filtros sanitarios. Por lo tanto, se hace del conocimiento de las partes que sin cita no se les permitirá la entrada a las instalaciones que ocupan este juzgado de distrito, de conformidad con el numeral 21 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal. Sin perjuicio de lo anterior, las partes pueden consultar en la lista electrónica la síntesis del acuerdo publicada o simple consulta electrónica del expediente previa solicitud y usuario electrónico que proporcione conforme el asignado por el Portal relativo, opción última que evita mayores molestias o exposición innecesaria. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de julio de dos mil veintidós. FIRME FALLO. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 21, inciso c) normativa invocada, procede su destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con artículo 20, fracción II, inciso a), de la normativa de que se trata, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo tanto, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conservación devuélvanse al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, los tomos de pruebas que acompañaron a su informe justificado, solicitándose el acuse de recibo de estilo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O: I. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, residentes en esta ciudad y turnado por el Jefe de dicha Oficina el nueve siguiente a este Juzgado Quinto, Francisco Javier Hernández Castillo, por conducto de su endosatario en procuración Lauriano Villaseñor Diaz Barriga, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE: Tiene tal carácter el C. Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia de este distrito judicial de Uruapan, Michoacán." "ACTO RECLAMADO. Reclamo de la autoridad responsable la suspensión de la diligencia de entrega de inmueble de fecha 16 dieciséis de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, mediante la cual personal del Juzgado Tercero de Primera instancia en Materia Civil de este distrito judicial debidamente integrado en diligencia pública, con el fin de llevar a cabo la diligencia de entrega de inmueble decretada mediante proveído de fecha 1 uno de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno." Acto que, a su parecer, es violatorio de los artículos 1, 4, 14, 16, 17, y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Trámite del juicio de amparo. Por auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó su informe de ley a la autoridad responsable; se ordenó emplazar a los terceros interesados, quienes quedaron debidamente emplazados; se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de haberse diferido, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, ello, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, relativo a la "determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito"; porque el acto reclamado se materializó en la ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención del quejoso al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De acuerdo con lo anterior, en el presente caso debe tenerse como acto reclamado: Del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Uruapan, Michoacán. La diligencia celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la etapa de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil 368/2020, relativa a la entrega de inmueble en favor del quejoso, la que fue suspendida al oponerse a su culminación un tercero ajeno a la litis. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado admitió la existencia del acto reclamado. Lo cual se corrobora con los autos originales del juicio ejecutivo mercantil 368/2020, enviados por el juez de origen; constancias que gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al análisis de fondo de la litis constitucional planteada, es necesario estudiar de oficio, las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia 940, visible a fojas 1538 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Sala y Tesis Comunes, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea de que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En la especie, se estima que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en razón de que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia; tal precepto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. (.) Del último numeral invocado, se advierte, en lo relevante, que el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos derivados de la etapa de ejecución de sentencia, solamente procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; y, con relación a qué debe entenderse como la última resolución en ejecución de sentencia, el propio numeral en consulta es claro en establecer que se trata de aquella en la que: 1. Se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; 2. Se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, 3. La que ordena el archivo definitivo del expediente. Lo anterior implica, a sentido contrario, que si se trata de actos de órganos jurisdiccionales, emitidos en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando éstos no se traten de la última resolución, es decir, no se ubiquen en alguna de las hipótesis previamente indicadas. Establecido lo anterior, es menester precisar que, de las constancias remitidas por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, consistentes en los originales del juicio ejecutivo mercantil 368/2020, de su índice, con el cual se ordenó formar tres cuadernos de prueba, a los cuales previamente se otorgó valor probatorio, se advierten esencialmente y en lo que aquí interesa, los siguientes antecedentes: 1. Ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, se tramita el juicio ejecutivo mercantil 368/2020, promovido por el aquí quejoso Francisco Javier Hernández Castillo, por conducto de sus endosatarios en procuración Lauriano Villaseñor Diaz Barriga y Sandy Berenice Ayala Amezcua, en contra de Carlos Hernández Castillo. 2. Una vez que fue admitida la demanda y seguido en sus etapas procesales el juicio, se dictó sentencia el nueve de diciembre de dos mil veinte, condenando al demandado, entre otras cuestiones, a pagar en favor de la parte actora la cantidad de trecientos mil pesos moneda nacional, por concepto de suerte principal, así como el pago de intereses moratorios, a razón del dos por ciento mensual; asimismo, se determinó hacer trance y remate del bien inmueble embargado en autos de ese juicio y con su producto se haga el pago al acreedor de las prestaciones a que resultó condenado a cubrir el demandado. 3. En la etapa de ejecución de sentencia, y en audiencia de remate en primera almoneda celebrada el dos de agosto de dos mil veintiuno, se adjudicó al quejoso el inmueble embargado, consistente en el predio rustico denominado Santa Catarina, ubicado en el rancho de Toreo el Bajo, del municipio y distrito de esta ciudad (inscrito en el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, en favor de Carlos Hernández Castillo, bajo el número 37, tomo 588, del libro de propiedad correspondiente al distrito de Uruapan, Michoacán). 4. En auto de doce de agosto de dos mil veintiuno, se declaró firme la audiencia de remate, y como la parte demandada no cumplió con la entrega voluntaria del bien adjudicado a la parte actora dentro del término previamente concedido, ésta solicitó al juez se le pusiera en posesión real, material y jurídica del referido bien inmueble, acordando favorable su petición en auto de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, autorizando para ello al personal del Juzgado para que a las catorce horas del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, procediera a realizar la desocupación del inmueble y le sea entregado a la actora, autorizando el uso de la fuerza pública y de un cerrajero, para en caso de ser necesario romper cerraduras. 5. Un día antes de la fecha programada para la diligencia de desocupación de inmueble, el quejoso proporcionó al Juez la ubicación correcta del inmueble a desocupar, lo que fue acordado en auto de uno de noviembre de dos mil veintiuno, señalándose nueva fecha para la diligencia de desocupación de que se habla, para ahora programar las doce horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno para tal efecto. 6. Llegada la fecha señalada para la diligencia en cuestión (dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno), el personal del juzgado debidamente integrado en audiencia pública de derecho (secretaria y Juez), a la hora programada iniciaron la misma, sin que se haya logrado la entrega del inmueble a la parte actora, aquí quejoso, en razón de que en ese momento hizo acto de presencia Ignacio Magaña Pérez, quien se opuso a la entrega que se pretendía, manifestando que el inmueble a entregar es de su señora madre María Alicia Pérez Morfín, exhibiendo en ese acto la escritura número once mil setecientos ochenta y cuatro, por lo cual, ante tal circunstancia, el juez determinó: ".es patente hacer constar que el opositor indica que su madre es la propietaria y dichas personas de manera alguna son parte formal de la relación jurídica sustancial del juicio de antecedentes y ante ello obviamente que no son personas que hayan sido vencidas en este juicio, mucho menos que se haya determinado judicialmente en procedimiento que el titulo que exhibieron no corresponde al inmueble materia de ejecución o que el mismo se haya declarado nulo, ante esta circunstancia y considerando lo previsto por el artículo 1063 del Código de Comercio, 427 y 429 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no es posible continuar de momento con esta actuación, amén de que la acción de origen no fue real sino personal." Actuación esta última que constituye la materia del acto reclamado en este sumario. 7. Posteriormente la aquí tercero interesada María Alicia Pérez Morfín, compareció al juicio de origen haciendo las manifestaciones que consideró pertinentes, exhibiendo los documentos en los que se apoyó, y al efecto solicitó al Juez textualmente que ".suspenda toda actuación legal de ejecución hasta en tanto haga valer mis derechos jurídicos y legales ante las instancias correspondientes y estar en condiciones de proteger mi patrimonio." 8. Ante tal petición de la tercera interesada, el juez emitió el proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en los términos siguientes: ".dígase a la promovente que no ha lugar a ordenar la suspensión que pide, ya que tal determinación no se encuentra establecida por la ley de la materia, por lo que se le dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la forma y términos que estime pertinentes." Atento a lo anterior, el acto reclamado del cual se inconforma la parte quejosa (la diligencia celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno), de ninguna forma puede ser impugnable a través del juicio biinstancial, pues, de acuerdo con el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los procedimientos de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución dictada en el mismo, entendiéndose por ésta la que: 1. Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; 2. Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; u, 3. Ordena el archivo definitivo del expediente; sin embargo, como se aprecia de los antecedentes reseñados, aún no acontece ninguna de las tres hipótesis en el caso concreto con el acto señalado como reclamado. Por tanto, como se indicó, el juicio de amparo es improcedente, toda vez que el acto reclamado no constituye la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución respectivo; pues el hecho de que no haya sido posible continuar con la diligencia de desocupación de inmueble y su entrega real, material y jurídica al aquí quejoso, no significa que se actualiza alguno de los tres supuestos mencionados, inclusive, en esa diligencia el juzgador determinó que de momento no fue posible su continuación, más no que estuviera imposibilitado para que en otro momento se ejecutara la desocupación y entrega de que se habla. Tan es así, que la aquí tercero interesada al apersonarse en el juicio ejecutivo de origen, solicitó al Juez que suspendiera toda actuación legal de ejecución hasta en tanto hiciera valer sus derechos ante las instancias correspondientes y estar en condiciones de proteger su patrimonio; petición que en auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, no le fue acordada de manera favorable a sus intereses, bajo el argumento de que no ha lugar a ordenar la suspensión que pide, ya que tal determinación no se encuentra establecida por la ley de la materia, por lo que se le dejaron a salvo sus derechos para que los haga valer en la forma y términos que estime pertinentes. De lo anterior se pone de manifiesto que, en ningún momento el Juez responsable ordenó la suspensión del procedimiento de ejecución, ni declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a lo sentenciado, sólo acordó que en ese momento no era factible continuar con la diligencia, más no que con posterioridad no fuera posible ejecutar el fallo condenatorio, tampoco ordenó el archivo del expediente y obviamente no aprobó o reconoció el cumplimiento total de lo sentenciado. Tiene sustento a lo anterior la tesis P./J.32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 190035, del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO, SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ULTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." No obstante lo anterior, la fracción V del citado numeral 107 de la ley de la materia, dispone la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales define como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de modo tal que, tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos exclusivamente cuando: El acto reclamado infrinja directamente derechos sustantivos, y, Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan vulnerar por la propia ejecución de la sentencia. Esto es, el acto que se reclame en la etapa de ejecución deberá reunir esas dos características: afectar directamente algún derecho sustantivo y también deberá estar desvinculado de lo resuelto en la ejecutoria que se cumplimenta; es decir, que no sea consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. En ese sentido, si bien, la diligencia que constituye el acto reclamado es susceptible de afectar derechos de la parte quejosa, lo cierto es que, con la misma se pretendió lograr el cumplimiento de la sentencia que resolvió el juicio de origen; es decir, dicha diligencia o acto no goza de autonomía y, por tanto, no puede ser impugnada de forma autónoma, razón por la cual, no es idóneo para justificar el caso de excepción analizado, conforme al cual, el juicio de amparo sería procedente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P./J.108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, Registro digital 163152, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En consecuencia, se itera, es evidente la improcedencia del presente juicio de amparo, virtud a que cuando se trata de autos emitidos en la etapa de ejecución, el juicio de amparo únicamente procede en contra de la última resolución dictada en dicho período, lo cual no aconteció en el caso concreto. Por tanto, al demostrarse plenamente la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a sentido contrario, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del propio ordenamiento legal, procede sobreseer en el presente juicio Constitucional, respecto del acto reclamado. Finalmente existe impedimento para analizar el fondo del mismo, es decir, si el acto reclamado es inconstitucional, de conformidad con los conceptos de violación expuestos en la demanda de mérito; así, en atención a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, volumen 24, tercera parte, materia común, del Semanario judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". QUINTO. Acuerdo de Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XXI, 73, 74, 75, 76, y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Javier Hernández Castillo, por conducto de su endosatario en procuración, en contra de la autoridad responsable y acto precisados en el considerando segundo, en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En términos del último considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridade responsable.

  4. Principal

    I. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AVISO DE FECHA CUATRO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS LA SENTENCIA DE TREINTA DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, SENTENCIA DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: E S U L T A N D O: I. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, residentes en esta ciudad y turnado por el Jefe de dicha Oficina el nueve siguiente a este Juzgado Quinto, Francisco Javier Hernández Castillo, por conducto de su endosatario en procuración Lauriano Villaseñor Diaz Barriga, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE: Tiene tal carácter el C. Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia de este distrito judicial de Uruapan, Michoacán." "ACTO RECLAMADO. Reclamo de la autoridad responsable la suspensión de la diligencia de entrega de inmueble de fecha 16 dieciséis de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, mediante la cual personal del Juzgado Tercero de Primera instancia en Materia Civil de este distrito judicial debidamente integrado en diligencia pública, con el fin de llevar a cabo la diligencia de entrega de inmueble decretada mediante proveído de fecha 1 uno de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno." Acto que, a su parecer, es violatorio de los artículos 1, 4, 14, 16, 17, y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Trámite del juicio de amparo. Por auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó su informe de ley a la autoridad responsable; se ordenó emplazar a los terceros interesados, quienes quedaron debidamente emplazados; se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de haberse diferido, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, ello, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, relativo a la "determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito"; porque el acto reclamado se materializó en la ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención del quejoso al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De acuerdo con lo anterior, en el presente caso debe tenerse como acto reclamado: Del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Uruapan, Michoacán. La diligencia celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la etapa de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil 368/2020, relativa a la entrega de inmueble en favor del quejoso, la que fue suspendida al oponerse a su culminación un tercero ajeno a la litis. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado admitió la existencia del acto reclamado. Lo cual se corrobora con los autos originales del juicio ejecutivo mercantil 368/2020, enviados por el juez de origen; constancias que gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al análisis de fondo de la litis constitucional planteada, es necesario estudiar de oficio, las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia 940, visible a fojas 1538 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Sala y Tesis Comunes, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea de que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En la especie, se estima que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en razón de que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia; tal precepto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. (.) Del último numeral invocado, se advierte, en lo relevante, que el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos derivados de la etapa de ejecución de sentencia, solamente procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; y, con relación a qué debe entenderse como la última resolución en ejecución de sentencia, el propio numeral en consulta es claro en establecer que se trata de aquella en la que: 1. Se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; 2. Se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, 3. La que ordena el archivo definitivo del expediente. Lo anterior implica, a sentido contrario, que si se trata de actos de órganos jurisdiccionales, emitidos en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando éstos no se traten de la última resolución, es decir, no se ubiquen en alguna de las hipótesis previamente indicadas. Establecido lo anterior, es menester precisar que, de las constancias remitidas por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, consistentes en los originales del juicio ejecutivo mercantil 368/2020, de su índice, con el cual se ordenó formar tres cuadernos de prueba, a los cuales previamente se otorgó valor probatorio, se advierten esencialmente y en lo que aquí interesa, los siguientes antecedentes: 1. Ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, se tramita el juicio ejecutivo mercantil 368/2020, promovido por el aquí quejoso Francisco Javier Hernández Castillo, por conducto de sus endosatarios en procuración Lauriano Villaseñor Diaz Barriga y Sandy Berenice Ayala Amezcua, en contra de Carlos Hernández Castillo. 2. Una vez que fue admitida la demanda y seguido en sus etapas procesales el juicio, se dictó sentencia el nueve de diciembre de dos mil veinte, condenando al demandado, entre otras cuestiones, a pagar en favor de la parte actora la cantidad de trecientos mil pesos moneda nacional, por concepto de suerte principal, así como el pago de intereses moratorios, a razón del dos por ciento mensual; asimismo, se determinó hacer trance y remate del bien inmueble embargado en autos de ese juicio y con su producto se haga el pago al acreedor de las prestaciones a que resultó condenado a cubrir el demandado. 3. En la etapa de ejecución de sentencia, y en audiencia de remate en primera almoneda celebrada el dos de agosto de dos mil veintiuno, se adjudicó al quejoso el inmueble embargado, consistente en el predio rustico denominado Santa Catarina, ubicado en el rancho de Toreo el Bajo, del municipio y distrito de esta ciudad (inscrito en el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, en favor de Carlos Hernández Castillo, bajo el número 37, tomo 588, del libro de propiedad correspondiente al distrito de Uruapan, Michoacán). 4. En auto de doce de agosto de dos mil veintiuno, se declaró firme la audiencia de remate, y como la parte demandada no cumplió con la entrega voluntaria del bien adjudicado a la parte actora dentro del término previamente concedido, ésta solicitó al juez se le pusiera en posesión real, material y jurídica del referido bien inmueble, acordando favorable su petición en auto de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, autorizando para ello al personal del Juzgado para que a las catorce horas del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, procediera a realizar la desocupación del inmueble y le sea entregado a la actora, autorizando el uso de la fuerza pública y de un cerrajero, para en caso de ser necesario romper cerraduras. 5. Un día antes de la fecha programada para la diligencia de desocupación de inmueble, el quejoso proporcionó al Juez la ubicación correcta del inmueble a desocupar, lo que fue acordado en auto de uno de noviembre de dos mil veintiuno, señalándose nueva fecha para la diligencia de desocupación de que se habla, para ahora programar las doce horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno para tal efecto. 6. Llegada la fecha señalada para la diligencia en cuestión (dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno), el personal del juzgado debidamente integrado en audiencia pública de derecho (secretaria y Juez), a la hora programada iniciaron la misma, sin que se haya logrado la entrega del inmueble a la parte actora, aquí quejoso, en razón de que en ese momento hizo acto de presencia Ignacio Magaña Pérez, quien se opuso a la entrega que se pretendía, manifestando que el inmueble a entregar es de su señora madre María Alicia Pérez Morfín, exhibiendo en ese acto la escritura número once mil setecientos ochenta y cuatro, por lo cual, ante tal circunstancia, el juez determinó: ".es patente hacer constar que el opositor indica que su madre es la propietaria y dichas personas de manera alguna son parte formal de la relación jurídica sustancial del juicio de antecedentes y ante ello obviamente que no son personas que hayan sido vencidas en este juicio, mucho menos que se haya determinado judicialmente en procedimiento que el titulo que exhibieron no corresponde al inmueble materia de ejecución o que el mismo se haya declarado nulo, ante esta circunstancia y considerando lo previsto por el artículo 1063 del Código de Comercio, 427 y 429 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no es posible continuar de momento con esta actuación, amén de que la acción de origen no fue real sino personal." Actuación esta última que constituye la materia del acto reclamado en este sumario. 7. Posteriormente la aquí tercero interesada María Alicia Pérez Morfín, compareció al juicio de origen haciendo las manifestaciones que consideró pertinentes, exhibiendo los documentos en los que se apoyó, y al efecto solicitó al Juez textualmente que ".suspenda toda actuación legal de ejecución hasta en tanto haga valer mis derechos jurídicos y legales ante las instancias correspondientes y estar en condiciones de proteger mi patrimonio." 8. Ante tal petición de la tercera interesada, el juez emitió el proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en los términos siguientes: ".dígase a la promovente que no ha lugar a ordenar la suspensión que pide, ya que tal determinación no se encuentra establecida por la ley de la materia, por lo que se le dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la forma y términos que estime pertinentes." Atento a lo anterior, el acto reclamado del cual se inconforma la parte quejosa (la diligencia celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno), de ninguna forma puede ser impugnable a través del juicio biinstancial, pues, de acuerdo con el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los procedimientos de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución dictada en el mismo, entendiéndose por ésta la que: 1. Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; 2. Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; u, 3. Ordena el archivo definitivo del expediente; sin embargo, como se aprecia de los antecedentes reseñados, aún no acontece ninguna de las tres hipótesis en el caso concreto con el acto señalado como reclamado. Por tanto, como se indicó, el juicio de amparo es improcedente, toda vez que el acto reclamado no constituye la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución respectivo; pues el hecho de que no haya sido posible continuar con la diligencia de desocupación de inmueble y su entrega real, material y jurídica al aquí quejoso, no significa que se actualiza alguno de los tres supuestos mencionados, inclusive, en esa diligencia el juzgador determinó que de momento no fue posible su continuación, más no que estuviera imposibilitado para que en otro momento se ejecutara la desocupación y entrega de que se habla. Tan es así, que la aquí tercero interesada al apersonarse en el juicio ejecutivo de origen, solicitó al Juez que suspendiera toda actuación legal de ejecución hasta en tanto hiciera valer sus derechos ante las instancias correspondientes y estar en condiciones de proteger su patrimonio; petición que en auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, no le fue acordada de manera favorable a sus intereses, bajo el argumento de que no ha lugar a ordenar la suspensión que pide, ya que tal determinación no se encuentra establecida por la ley de la materia, por lo que se le dejaron a salvo sus derechos para que los haga valer en la forma y términos que estime pertinentes. De lo anterior se pone de manifiesto que, en ningún momento el Juez responsable ordenó la suspensión del procedimiento de ejecución, ni declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a lo sentenciado, sólo acordó que en ese momento no era factible continuar con la diligencia, más no que con posterioridad no fuera posible ejecutar el fallo condenatorio, tampoco ordenó el archivo del expediente y obviamente no aprobó o reconoció el cumplimiento total de lo sentenciado. Tiene sustento a lo anterior la tesis P./J.32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 190035, del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO, SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ULTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." No obstante lo anterior, la fracción V del citado numeral 107 de la ley de la materia, dispone la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales define como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de modo tal que, tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos exclusivamente cuando: El acto reclamado infrinja directamente derechos sustantivos, y, Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan vulnerar por la propia ejecución de la sentencia. Esto es, el acto que se reclame en la etapa de ejecución deberá reunir esas dos características: afectar directamente algún derecho sustantivo y también deberá estar desvinculado de lo resuelto en la ejecutoria que se cumplimenta; es decir, que no sea consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. En ese sentido, si bien, la diligencia que constituye el acto reclamado es susceptible de afectar derechos de la parte quejosa, lo cierto es que, con la misma se pretendió lograr el cumplimiento de la sentencia que resolvió el juicio de origen; es decir, dicha diligencia o acto no goza de autonomía y, por tanto, no puede ser impugnada de forma autónoma, razón por la cual, no es idóneo para justificar el caso de excepción analizado, conforme al cual, el juicio de amparo sería procedente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P./J.108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, Registro digital 163152, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En consecuencia, se itera, es evidente la improcedencia del presente juicio de amparo, virtud a que cuando se trata de autos emitidos en la etapa de ejecución, el juicio de amparo únicamente procede en contra de la última resolución dictada en dicho período, lo cual no aconteció en el caso concreto. Por tanto, al demostrarse plenamente la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a sentido contrario, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del propio ordenamiento legal, procede sobreseer en el presente juicio Constitucional, respecto del acto reclamado. Finalmente existe impedimento para analizar el fondo del mismo, es decir, si el acto reclamado es inconstitucional, de conformidad con los conceptos de violación expuestos en la demanda de mérito; así, en atención a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, volumen 24, tercera parte, materia común, del Semanario judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". QUINTO. Acuerdo de Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XXI, 73, 74, 75, 76, y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Javier Hernández Castillo, por conducto de su endosatario en procuración, en contra de la autoridad responsable y acto precisados en el considerando segundo, en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En términos del último considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridade responsable.

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