Francisco Javier Hernández Castro

Expediente 582/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
582/2021
Año
2021
Actuaciones
28
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier Hernández Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de julio de dos mil veintidós. FIRME FALLO. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. Ahora bien, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 18, fracción I, inciso a) normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente el proveído y resolución donde se concedió la medida cautelar. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con artículo 20, fracción II, inciso a), de la normativa de que se trata, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo tanto, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a la autoridad responsable Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, dos tomos, de pruebas, el primero consistente en copias certificadas de la averiguación previa A.P./PGR/DGCAP/ZC-XIX/072/2015 y el segundo, consistente en un tomo, misma que se resguardó en sigilo. Ahora, toda vez que quejoso Francisco Javier Hernández Castro, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán, Michoacán de Ocampo, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida para que por su conducto, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya en el referido Centro de Reclusión notifique la presente determinación. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal con sede en la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de julio de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 1419 enviado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal con residencia en Apatzingán, Michoacán, a través del cual acusa recibo del oficio 12813/2022 del índice de este Juzgado Federal, por medio del cual se hizo de su conocimiento la sentencia definitiva de fecha treinta de junio de la presente anualidad, dictada dentro de los autos del presente juicio de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de octubre de dos mil veintiuno, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y recibido por el Juzgado Octavo de Distrito por encontrarse de guardia activa, Francisco Javier Hernández Castro, por conducto de su defensora particular Rosalba Arlette Arruel Caraveo, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades responsables siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: TIENEN EL CARÁCTER COMO ORDENADORAS: 1. C. Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con domicilio en. Uruapan, Michoacán." 2. Juez Penal en Apatzingán, con domicilio en. Apatzingán, Michoacán." TIENEN EL CARÁCTER COMO EJECUTORAS: 3. C. Director de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General de la República, con domicilio en. Ciudad de México. 4. CC. Agentes Federales Ministeriales. de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General de la República, con domicilio en. Ciudad de México." "IV. ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A) La ilegal incomunicación a la que fue expuesto el quejoso, desde su detención hasta el día de la fecha, llevada a cabo por la autoridad ordenadora. B) La privación ilegal de la libertad del quejoso por parte de la autoridad ejecutora, del día 30 de agosto del año en curso, al día primero de septiembre del año en curso en el que fueron puestos a disposición ente el Juzgado Octavo de Distrito en Michoacán, con sede en Uruapan. C) La violación a los derechos de toda persona imputada, por parte de la autoridad ejecutora, al no informarle el motivo de la detención, al llevarlo con engaños para ser detenido. D) La violación a los derechos de toda persona imputada por parte de la autoridad ordenadora, al no recibirle medios de prueba para su adecuada defensa. E) La violación a los derechos de toda persona imputada, por parte de la autoridad ordenadora, ante la negativa de acceso al expediente físico y electrónico, que contiene todos los datos de prueba con los que se pretende ejercitar acción penal en contra del quejoso, tanto al quejoso como a los familiares del mismo. F) La violación a los derechos de todo imputado de tener acceso a una adecuada defensa, esto ante la negativa de la autoridad ordenadora de otorgar a la suscrita, acceso mediante una plataforma digital para estar presente vía remota en la audiencia constitucional correspondiente, aún cuando el quejoso así lo solicitó. G) La privación ilegal de la libertad del quejoso por parte de la autoridad ordenadora, así como el debido proceso, al NO RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA del mismo en tiempo y forma, según lo ordena la legislación aplicable." La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, relató los antecedentes del caso que estimó pertinentes. II. Trámite del juicio de amparo. En auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, el Juez Octavo de Distrito tuvo por recibida la demanda, la que se registró bajo el número 561/2021; se concedió la suspensión de plano respecto de la incomunicación que adujo la promovente era objeto el quejoso, así como cualquier otro acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, dicho juzgador determinó declinar competencia al habérsele designado con el carácter de autoridad responsable, por lo que, remitió los autos del mencionado juicio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, quien al recibirlos los turnó a este Juzgado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, acordando su recepción el diecinueve siguiente, formándose el expediente 582/2021, en ese auto se mandó prevenir al quejoso, para que si era su deseo ratificara la demanda, al no advertirse el carácter que ostentó la promovente en cuanto su defensora; ratificación que una vez satisfecha, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención al Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, así como a su homólogo adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; se emplazó a los terceros interesados; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 8/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modificó, el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; porque el quejoso reclama actos de naturaleza penal, relacionados con su libertad personal, amén de que se encuentra recluido en el CEFERESO 17 "CPS MICHOACÁN", ubicado en Buena Vista Tomatlán, Michoacán, territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención del quejoso al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 255, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso, del contexto de la demanda y de la causa de pedir, se advierte que el quejoso Francisco Javier Hernández Castro, por conducto de su defensora particular Rosalba Arlette Arruel Caraveo (sin tomar en cuenta las expresiones que forman parte de los conceptos de violación que hace valer), en esencia reclama: 1. Del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad; y, 2. Del Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán. (en cuanto autoridades ordenadoras). a) La incomunicación del quejoso a partir del momento de su detención. b) La negativa a recibir medios de prueba para la defensa del quejoso al momento de resolver su situación jurídica, así como otorgarle acceso al expediente físico y electrónico, y negarle a su defensora estar presente vía remota mediante una plataforma digital, en la audiencia constitucional. c) La suspensión del procedimiento en la causa penal 2/2021, así como del plazo constitucional de setenta y dos horas, para resolver la situación jurídica del quejoso, lo que aconteció el ocho de septiembre de dos mil veintiuno. 3. Del Director de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General de la República. 4. Los Agentes Federales Ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General de la República. Ambas residentes en la Ciudad de México. (en cuanto autoridades ejecutoras). d) La ejecución de la incomunicación de la que se dice fue objeto el quejoso. e) La privación de la libertad del quejoso, del día treinta de agosto de dos mil veintiuno al primero de septiembre de ese año, sin que se le haya informado el motivo de su detención. TERCERO. Sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Las autoridades responsables Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y Juez de Primera Instancia en Materia Penal, residente en Apatzingán, Michoacán, al rendir sus informes justificados manifestaron que no son ciertos los actos que se les atribuye, los que así deberán tenerse, con excepción del precisado en el inciso c) y únicamente por lo que hace al Juez Octavo de Distrito en mención. Sin que el peticionario del amparo (o por medio de su defensora) haya aportado medio de convicción alguno tendente a desvirtuar la negativa de tal acto reclamado, considerando que a él le corresponde la carga de la prueba en tal supuesto, como lo indica la tesis VI.20.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 903, Registro digital 187728, del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Consecuentemente, al ser inexistentes los referidos actos reclamados por el quejoso a las citadas autoridades responsables, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley que rige el juicio constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia VI.2.J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 627, tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a diciembre de 1989, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor literal: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." Negativa que se hace extensiva respecto de los actos que se reclaman a las autoridades responsables Director de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General de la República y a Los Agentes Federales Ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General de la República, ambas residentes en la Ciudad de México, en razón de que, mediante auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se tuvieron por inexistentes, por lo que, en vía de consecuencia, deben tenerse también como inexistentes los actos que a ellas se atribuyen. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por su parte, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, si bien, manifestó en su informe de ley que no son ciertos los actos reclamados, sin embargo, de su propio contenido se advierte la certeza del acto precisado en el inciso c) de los que a él se le atribuyen; esto es, la suspensión del procedimiento, así como del plazo constitucional de setenta y dos horas, para resolver la situación jurídica del quejoso; lo que efectivamente aconteció, en razón de que giró requisitoria al Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio de la Justicia Federal llevara a cabo el desahogo de la declaración preparatoria del quejoso y otros, a efecto de que la misma se les recibiera de manera presencial, al encontrarse el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal a media hora aproximada del Centro Federal de Readaptación Social 17-CPS Michoacán, donde se encuentra recluido el quejoso. En ese tenor, debe tenerse como cierto tal acto reclamado para los efectos legales conducentes, de conformidad con la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, con registro digital 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que se corrobora con las copias certificadas que al efecto remitió, relativas al proceso penal 2/2021, que se instruye en contra del quejoso y otros, las cuales tienen plena eficacia probatoria, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto segundo, al haber sido expedidas por funcionario en ejercicio de sus atribuciones. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia del mencionado acto reclamado, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. De las constancias que integran el presente juicio, específicamente del cuaderno de pruebas que remitió el Juez Federal responsable, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Asimismo, el numeral 18 de la Ley de materia dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" De los preceptos legales transcritos se prevén tres momentos a partir de los cuales debe computarse el término de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Las anteriores reglas operan siempre y cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción que la propia Ley de Amparo establece en el artículo 17. En el caso concreto, el quejoso reclama esencialmente, la suspensión del procedimiento, así como del plazo constitucional de setenta y dos horas, para resolver su situación jurídica, respecto del proceso penal 2/2021, que se le instruye por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio previsto en el artículo 302 y sancionado por el 307, en relación con el 64 bis, a su vez en concordancia con los diversos 7, fracción I (delito instantáneo), 8 (hipótesis de acción dolosa), 9 párrafo primero (hipótesis de conocer y querer), 13 fracciones V (los que determinen dolosamente a otro a cometerlo); suspensión que a su parecer trajo consigo las consecuencias que le ocasionaron vulneración a sus derechos fundamentales, como lo manifiesta en el contexto de la demanda y de manera específica en el apartado de los conceptos de violación. Ahora bien, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo del que contaba el quejoso para promover la demanda de amparo es de 15 días, porque no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que contempla dicho numeral. Esto es así, pues no se reclama una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición; no se controvierte la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión; el acto reclamado no priva total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; no es un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; ni la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales. En ese contexto, se concluye que en el caso se surte la primera hipótesis que contempla el artículo 18 de la Ley de Amparo, que supone el conocimiento a través de una notificación, lo que implica la certeza de que el impetrante del amparo tuvo conocimiento en determinada fecha del acto reclamado, debido precisamente a que se le notificó conforme a la normatividad que rige el acto. En tal caso, el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, inicia a partir del día siguiente al en que hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo a la ley que lo regula. En ese sentido, el artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Penales dispone que los plazos empiezan a correr desde el día siguiente de la fecha de notificación, pues textualmente indica: "Artículo 71.- Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en los plazos, los sábados, los domingos ni los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria, o de resolver la procedencia de su prisión, sujeción a proceso, o libertad." Así, de las constancias del proceso penal de origen se advierte que obra la notificación personal practicada al quejoso el día siguiente a la emisión del respectivo auto de formal prisión, es decir, el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, fecha en la que se enteró del dictado de ese auto motivado, por así haberlo hecho de su conocimiento de manera personal, la Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán. Entonces, si el quejoso se enteró el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, del auto de formal prisión dictado en su contra, del que deriva precisamente el acto reclamado y las afectaciones y consecuencias que a su parecer le ocasionó la tardanza de su emisión, resulta inconcuso que el plazo para promover el juicio de amparo indirecto, empezó a correr el día hábil siguiente, al en que fue notificado de ese auto, es decir, a partir del diez de septiembre de dos mil veintiuno, para concluir el cinco de octubre de dos mil veintiuno, descontándose los días once, doce, catorce, quince, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de septiembre, así como el dos y tres de octubre de esa anualidad, por ser inhábiles conforme a lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si el quejoso presentó su demanda por conducto de quien se ostentó su defensora, el ocho de octubre de dos mil veintiuno, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, como se desprende de la respectiva papeleta expedida por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, es indudable que a esa data ya había fenecido el término de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa pudiera promover la demanda de amparo; por lo que es evidente que su presentación resulta extemporánea. Por los motivos expuestos, es de concluirse que el peticionario del amparo consintió tácitamente el acto reclamado, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente y por tanto, procede sobreseer en el juicio, en términos del diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento jurídico. Sin que la anterior determinación se considere denegación de justicia, porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita la legitimación de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, por similitud de razón, la tesis XVI.1o.A.T.2 K del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, página 1167, con Registro digital 2000365, del rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". SEXTO. Notificación al quejoso. Tomando en consideración que el quejoso Francisco Javier Hernández Castro, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en dicho centro penitenciario y le notifique el contenido de la presente resolución, para lo cual se instruye al Actuario judicial para que al momento de la diligencia le corra traslado con copia simple de la misma. En el entendido que la salida y regreso del Actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación al secretario ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para en caso necesario, practicar la respectiva diligencia. SÉPTIMO. Se requieren acuses de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable foránea para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedo debidamente notificada de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. OCTAVO. Publicidad de la sentencia. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 63 fracción IV, 73, 74, 75, 76, 124, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 582/2021, promovido por Francisco Javier Hernández Castro, respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Notifíquese al quejoso en términos del considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. En términos del último considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de abril de dos mil veintidós. CONSTANCIA DE EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE LA PARTE TERCERO INTERESADA. Glósese el oficio con firma electrónica suscrito por el Secretario adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, por medio del cual y en atención al proveído de veintiuno de abril del presente año, se le tiene remitiendo copia certificada del acta de emplazamiento a juicio de veintiséis de los actuales, realizada a la Agente del Ministerio Público Federal que tiene intervención en la causa penal 2/2022, de la estadística de dicho Tribunal, de donde emanan los actos reclamados, en su carácter de tercera interesada. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, téngase por legalmente emplazada al presente sumario a tal parte procesal, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

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