Francisco Javier Estrada Lua

Expediente 593/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
593/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
07/04/2021

Partes del expediente

  • Francisco Javier Estrada Lua
  • Director General del Centro de Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruiz", Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, siete de abril de dos mil veintiuno RAZÓN ACTUARIAL. Vista la razón actuarial levantada el seis de abril de dos mil veintiuno, por el licenciado Martín Monroy Maldonado, Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad con la que conto a efecto de llevar a cabo la notificación de la parte quejosa Francisco Javier Estrada Luna, del proveído de treinta de marzo de la presente anualidad, en el Centro de Readaptación Social "Lic. Eduardo Ruiz", con sede en esta ciudad; en ese contexto, y toda vez que del expediente en que se actúa no se advierte otro domicilio en el que el citado quejoso pueda ser notificado. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracción III, de la ley de amparo, se ordena notificar a la parte quejosa de mérito el proveído de fecha treinta de marzo de dos mil veintiuno, así como las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, conforme a las reglas de notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto sea señalado nuevo domicilio para los efectos legales referidos, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. 30 de marzo 2021. ANÁLISIS CUMPLIMIENTO. Atento el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Posteriormente, mediante auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la sentencia protectora. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por la responsable Director del Centro de Readaptación Social, con residencia en esta ciudad, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA. ANÁLISIS DE LA RESPONSABLE. Ordene el cese inmediato de cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, en relación con el quejoso, es decir: Implemente los mecanismos adecuados para asegurar que el quejoso no sea objeto de tortura o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Realice una supervisión directa y constante, a efecto de verificar el cumplimiento de los derechos humanos del quejoso, en relación con los actos alegados. a) Mediante oficio CSPEMO/CPU/195/2021, el Director del Centro de Readaptación Social "Lic. Eduardo Ruíz", con sede en esta ciudad, remitió copia de la boleta libertad, oficio CSPEMO/CPU/2386/2021 dirigido al Jefe de Seguridad y Vigilancia de dicho centro, del que se advierte que el dieciséis de agosto de dos mil veinte, el quejoso egresó por libertad de dicho centro, al haber compurgado la pena, dentro de la causa penal a la que se encontraba sujeto. Del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, no existe materia para la ejecución de la sentencia que concedió la protección constitucional. Lo anterior, porque el efecto protector consistente en el cese inmediato de cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, implementar los mecanismos adecuados para asegurar que el quejoso no sea objeto de tortura o realizar una supervisión directa y constante, a efecto de verificar el cumplimiento de los derechos humanos del quejoso, no puede materialmente, toda vez que al haber egresado del Centro en que se encontraba, con motivo de la libertad que se otorgó en la causa, impide jurídica y materialmente a la autoridad responsable Director del Centro de Readaptación Social "Lic. Eduardo Ruíz", con sede en esta ciudad, acatar en su totalidad los alcances del fallo protector. En consecuencia, dadas las condiciones antes apuntadas y al haberse comprobado fehacientemente la imposibilidad legal de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoría dictada en el presente juicio de garantías, se declara sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, por imposibilidad legal para ejecutarla. Sin que pase inadvertida la obligación que impone el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en el sentido de que cuando una sentencia no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, se deberán remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el diverso numeral 193, de la legislación en consulta. No obstante, este Juzgado de Distrito advierte que la imposibilidad que tiene la autoridad responsable no deviene de alguna de las circunstancias previstas en el mencionado artículo 193, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, o bien, que se actualice alguna conducta que demuestre su omisión o evasiva en el debido cumplimiento; por tanto, no está justificado legalmente proceder conforme a lo establecido en las porciones normativas invocadas. Tampoco resulta razonable volver a requerir el debido cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable, puesto que a ningún fin practico conduciría, habida cuenta que, se reitera, existe imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, derivada de una consecuencia legal gestionada por el quejoso, relacionada con su libertad personal, ajena a la potestad reglamentaria de la autoridad en cuestión. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia 1ª/J90/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 140, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." ARCHIVO. Tomando en consideración lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. OTRAS CONSIDERACIONES NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, treinta de marzo de dos mil veintiuno. ANÁLISIS CUMPLIMIENTO. Atento el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Posteriormente, mediante auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la sentencia protectora. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por la responsable Director del Centro de Readaptación Social, con residencia en esta ciudad, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA. ANÁLISIS DE LA RESPONSABLE. Ordene el cese inmediato de cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, en relación con el quejoso, es decir: Implemente los mecanismos adecuados para asegurar que el quejoso no sea objeto de tortura o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Realice una supervisión directa y constante, a efecto de verificar el cumplimiento de los derechos humanos del quejoso, en relación con los actos alegados. a) Mediante oficio CSPEMO/CPU/195/2021, el Director del Centro de Readaptación Social "Lic. Eduardo Ruíz", con sede en esta ciudad, remitió copia de la boleta libertad, oficio CSPEMO/CPU/2386/2021 dirigido al Jefe de Seguridad y Vigilancia de dicho centro, del que se advierte que el dieciséis de agosto de dos mil veinte, el quejoso egresó por libertad de dicho centro, al haber compurgado la pena, dentro de la causa penal a la que se encontraba sujeto. Del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, no existe materia para la ejecución de la sentencia que concedió la protección constitucional. Lo anterior, porque el efecto protector consistente en el cese inmediato de cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, implementar los mecanismos adecuados para asegurar que el quejoso no sea objeto de tortura o realizar una supervisión directa y constante, a efecto de verificar el cumplimiento de los derechos humanos del quejoso, no puede materialmente, toda vez que al haber egresado del Centro en que se encontraba, con motivo de la libertad que se otorgó en la causa, impide jurídica y materialmente a la autoridad responsable Director del Centro de Readaptación Social "Lic. Eduardo Ruíz", con sede en esta ciudad, acatar en su totalidad los alcances del fallo protector. En consecuencia, dadas las condiciones antes apuntadas y al haberse comprobado fehacientemente la imposibilidad legal de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoría dictada en el presente juicio de garantías, se declara sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, por imposibilidad legal para ejecutarla. Sin que pase inadvertida la obligación que impone el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en el sentido de que cuando una sentencia no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, se deberán remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el diverso numeral 193, de la legislación en consulta. No obstante, este Juzgado de Distrito advierte que la imposibilidad que tiene la autoridad responsable no deviene de alguna de las circunstancias previstas en el mencionado artículo 193, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, o bien, que se actualice alguna conducta que demuestre su omisión o evasiva en el debido cumplimiento; por tanto, no está justificado legalmente proceder conforme a lo establecido en las porciones normativas invocadas. Tampoco resulta razonable volver a requerir el debido cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable, puesto que a ningún fin practico conduciría, habida cuenta que, se reitera, existe imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, derivada de una consecuencia legal gestionada por el quejoso, relacionada con su libertad personal, ajena a la potestad reglamentaria de la autoridad en cuestión. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia 1ª/J90/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 140, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." ARCHIVO. Tomando en consideración lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. OFICIO [1161]. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio suscrito por el Director del Centro Penitenciario "Lic. Eduardo Ruíz", con sede en esta ciudad, la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a la sentencia protectora; lo anterior, toda vez que manifiesta que el aquí quejoso salió en libertad por compurgada la pena el dieciséis de agosto de dos mil veinte, asimismo, anexa las constancias de boleta de libertad y certificado médico de libertad. REQUERIMIENTO. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con los oficios y las constancias en cuestión, dése vista a las partes para que dentro de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por las autoridades en cuestión. Resulta aplicable a lo anterior, el siguiente criterio: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 2 de 2 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y MEDIANTE OFICIO A LA CITADA AUTORIDAD.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS. Tomando en consideración que se encontraban suspendidas las actividades laborales de este órgano jurisdiccional hasta el once de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con la Circular CAP/3/2020, que determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus Covid-19. REACTIVACIÓN. Sin embargo, mediante la diversa Circular SECNO/1/2021, se estableció en el punto "II" que el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en el que se determinó la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Por lo tanto, se ordena la reactivación del juicio en que se actúa, en el estado procesal en que se encuentra; por lo que, se hace del conocimiento de las partes que los plazos y términos legales que se encontraban suspendidos, en relación a los requerimientos y/o vistas concedidas en autos, se reanudan a partir de la notificación de la presente determinación, en términos de lo dispuesto por el artículo 2, del citado Acuerdo General 21/2020; en el entendido de que subsisten los apercibimientos decretados en autos. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de autos, del que se advierte que en proveído de doce de marzo de dos mil veinte, se requirió al Director del Centro Penitenciario "Lic. Eduardo Ruiz", con sede en esta ciudad, para que informara las gestiones que realizó para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, sin que a la fecha haya comunicado el seguimiento dado a los efectos del fallo protector. REQUERIMIENTO. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del plazo de tres días hábiles, computado legalmente, informe qué acciones desplegó y ha llevado a cabo para cumplir cabalmente con la sentencia de amparo. APERCIBIMIENTO. Apercibida que no hacerlo en el plazo concedido para ello, se hará efectivo el apercibimiento contenido en proveído de veinticuatro de febrero del dos mil veinte. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y MEDIANTE OFICIO A LA CITADA AUTORIDAD.

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